sábado, julio 30, 2011

Luis del Pino - Zapatero y el 11-M

vía www.libertaddigital.com el 29/07/11

El 12 de mayo de 2009, en plena celebración del debate sobre el estado de la Nación, Zapatero reprochaba a Rajoy sus derrotas electorales y su pasado apoyo a las investigaciones del 11-M, comparando a quienes cuestionan la versión oficial de aquellos atentados con los que todavía piensan que Elvis Presley vive:

¡Si se ha pasado desde que perdió las elecciones tratando de justificar en las cosas más insólitas, como las teorías del 11-M que abrazó durante un tiempo, su derrota electoral! Esas teorías que afortunadamente el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. También es verdad que habrá gente que siga pensando en las cosas más abobinables (sic) que se dijeron y formularon sobre el 11-M, igual que todavía hay gente que piensa que Elvis Presley vive o que hay gente que no cree que el hombre llegó a la Luna.

Hace poco más de dos años de aquellas palabras del actual presidente de Gobierno; muy poco tiempo. Pero parece que hubiera transcurrido una eternidad. Porque Zapatero, que llegó al poder gracias a masacre que influyó de manera decisiva en las elecciones de 2004, abandona su puesto siete años después dejando sin cerrar la herida del 11-M.

De nada valió una sentencia –la de la Audiencia Nacional– que lo único que consiguió fue acabar con el prestigio profesional de su perpetrador, el juez Gómez Bermúdez. De nada sirvió tampoco el apaño con el que el Tribunal Supremo intentó contentar a tirios y a troyanos, sin conseguirlo... Las mentiras y las falsificaciones en la investigación oficial de los atentados del 11-M eran demasiado evidentes como para que las víctimas y la sociedad aceptaran sin más que se arrumbara aquella masacre al cajón de los misterios históricos sin resolver.

Menos de dos meses después de aquellas infames palabras de Zapatero en el Congreso de los Diputados, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, dirigida por Ángeles Domínguez, presentaba una querella por falsificación de pruebas y falso testimonio contra el ex­jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, y su jefa de laboratorio.

Y desde entonces, la lenta marea de la opinión pública ha experimentado un progresivo reflujo, a medida que salían a la luz cada vez más datos que ponían en cuestión tanto la instrucción sumarial efectuada por el juez Juan Del Olmo, como la prueba pericial sobre los explosivos ordenada por el juez Gómez Bermúdez. Datos que apuntaban a algo ciertamente tenebroso: que en el 11-M operó una auténtica trama de destrucción y falsificación de pruebas, encaminada a poder achacar el mayor atentado de nuestra historia al terrorismo islamista.

La cruzada judicial emprendida por las víctimas del 11-M ha estado repleta de obstáculos a lo largo de toda la legislatura. Desde el primer momento quedó claro que el Ministerio de Interior iba a tratar de obstruir por todos los medios las investigaciones sobre la posible falsificación de pruebas en la instrucción sumarial. Más de un año tardó el ministro Rubalcaba en responder, por ejemplo, a los requerimientos de la juez Coro Cillán para la entrega de documentos relativos a los protocolos de actuación de los Tedax. Quedaba así clamorosamente en evidencia ese ministro – y actual candidato - que se atrevió a decir el 13-M aquello de "España se merece un gobierno que no mienta, que diga toda la verdad".

Pero, a pesar de los pesares, las investigaciones judiciales fueron progresando y permitieron constatar que tenían razón los medios de comunicación independientes que habían denunciado las falsedades en que se asentaba la versión oficial del 11-M. Tenían razón aquellos que señalaron que los escenarios del crimen se destruyeron con una celeridad inusitada; que las muestras tomadas en los trenes se desvanecieron como por arte de magia; que las pruebas del caso se sustituyeron por otras fabricadas ad hoc...

Y hoy, esos dos mandos policiales contra los que se querelló hace ahora dos años la principal de las asociaciones de víctimas del 11-M se enfrentan a la próxima resolución de la juez Coro Cillán, que podría decidir su procesamiento a la vuelta del verano.

Así que Zapatero, el que no tuvo reparo en ofender a las víctimas de la masacre de Madrid al comparar las dudas sobre el 11-M con las teorías conspiratorias acerca de la muerte de Elvis, se va a ahora de Moncloa dejando en la estacada a dos mandos policiales, al igual que deja a otros tres en similar situación por el caso Faisán.

Pero, sobre todo, Zapatero se marcha sin haber conseguido ahogar las ansias de verdad de las víctimas del 11-M y de todos los españoles. Zapatero es ya historia; las investigaciones del 11-M, no.

viernes, julio 29, 2011

Ahora llega lo más difícil - El blog de Federico

vía blogs.libertaddigital.com el 29/07/11

Un Gobierno muerto en vida o con la Parca en la puerta tiene muchos inconvenientes. El primero es que hiede: su función residual o deporte vitando es el "Sálvese quien pueda" y ese espectáculo nunca resulta agradable de ver, oír, tocar, oler y paladear. Lo peor de la condición humana se manifiesta en forma de ingratitudes y de homenaje a las célebres ratas que son las primeras en abandonar el barco, aunque, por la cantidad de veces que las vemos hacerlo, diríase que nunca dejan de empezar a huir porque jamás las vemos concluir su hazaña. Pero el inconveniente más grave de un Gobierno sin enterrar es que, por muy necesario que sea tomar decisiones importantes, nunca suele tomarlas; porque no puede, porque no sabe o porque no le dejan. El primer síntoma de la muerte política es la catatonia.

El espectáculo de las bibianas y los ibarras agenciándose un futuro mollar a costa del Presupuesto no puede sorprendernos. Por lo que ya sabíamos y por lo que vamos sabiendo en materia de déficit oculto –corrupción al por mayor con el agravante de ocultamiento, alevosía y nocturnidad–, la época de Zapatero es la más corrupta de la historia moderna de España. Sólo la corrupción de las instituciones políticas supera la criminalidad civil de robar a los ciudadanos cuando no pueden defenderse, es decir, cuando han pagado impuestos y el dinero público está en manos de parlamentos y ayuntamientos, creados para el control pero fosas comunes del descontrol. En el zapaterismo se ha robado tanto que ni siquiera sabemos todo el dinero que falta, aunque será más que el anunciado y el barruntado. ¿Cabe mayor corrupción?

Cabe, cuando un país está en quiebra y sus acreedores le perdonan temporalmente lo que debe a cambio de poner orden en sus ingresos y gastos, de sanear su Hacienda. Esa es la situación de España desde mayo de 2010 y, pese a todas las promesas de este Gobierno, ni una sola de las reformas anunciadas se ha llevado hasta el final. Algunas, ni siquiera han empezado. Y acaso la más importante, la del mercado laboral, ha sido precautoriamente suspendida poniendo a un sindicalista a cuidar de los desmanes del sindicalismo oficial. Ahorraré la referencia a la zorra y las gallinas. Mucho y muy malo es lo que ha hecho Zapatero pero muchísimo peor es lo que no ha hecho, lo que, tras perder año y medio, deja sin hacer.

Sin embargo, un Gobierno tan hediondo, tan desacreditado, tan impotente, tan de risa como el de ZP tiene una ventaja: genera y generaliza la ilusión de que, con su desaparición física, empezarán a arreglarse las cosas. Y esa es, en mi opinión, la última herencia ruinosa del zapaterismo: creer que tras él todo tiene remedio; que bastará cambiar de Gobierno para que esto que antiguamente llamábamos España cambie a mejor. Ahora es cuando empieza la cuesta arriba. Y ya veremos si la situación puede mejorar y si dejan que mejore los que la han dejado inerte, los que han muerto matando, los enterradores de la nación.

Yo no espero milagros de Rajoy, porque en política rara vez los hay y en política económica no los hay nunca. Pero lo primero con que tendrá que lidiar el líder del PP es que empiecen a exigirle acciones de Gobierno antes de ganar las elecciones. Los cuatro meses que faltan para las urnas se harán eternos, y como nadie va a pedirle cuentas al muerto, o sea, a Zapatero, se las pedirán al vivo, o sea, a Mariano. Psicológicamente –y también desde el punto de vista electoral– será un proceso de desgaste brutal. Eso, antes de empezar siquiera a gobernar.

Va a ser tan largo, tan aburrido, tan desesperante este tiempo bobo de la espera electoral que fatalmente irá menguando esa esperanza irracional, pero real, difusa pero poderosa que todo cambio trae consigo. Zapatero se va, pero dejándonos un último regalo envenenado: perder la ilusión en lo nuevo, en lo que ha de venir, en lo que debería pasar. Por robar, han robado hasta la esperanza modesta, razonable, limitada, de que España mejore. Y no es fácil que podamos recuperarla.

jueves, julio 28, 2011

Bermúdez escribe al CGPJ para explicar su decisión de llevar al Pleno el 'Faisán'

vía www.elmundo.es el 28/07/11

Efe | Madrid

Actualizado jueves 28/07/2011 18:53 horas  

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha remitido una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, para explicarle su decisión de la resolución de los recursos contra los procesamientos por el caso Faisán.

Según han informado fuentes del CGPJ, Gómez Bermúdez, que se ha dirigido al presidente del Poder Judicial por propia iniciativa ante lo publicado en medios de comunicación a raíz de su decisión, relata en esta carta que ha decidido remitir este asunto al Pleno para evitar dejar en manos del azar un asunto tan complejo.

En su exposición destaca que la Sala encargada en un primer momento de resolver este asunto, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, está compuesta por cinco magistrados que ya se han pronunciado sobre cuestiones que afectan a los recursos.

Se han pronunciado fundamentalmente en si hubo o no delito de colaboración por parte de los tres mandos policiales a los que se atribuye el chivatazo a ETA con el que se desbarató una operación policial contra su aparato de extorsión en mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).

Según Gómez Bermúdez, dos de estos magistrados -Fernando García Nicolás y Julio de Diego- ya manifestaron su criterio a favor de mantener la imputación por colaboración mientras que otros dos, uno de ellos José Ricardo de Prada, se han opuesto a esa calificación jurídica.

Con el objeto de resolver ahora los recursos contra el procesamiento, la composición de la Sala de la sección segunda (en la que debe haber tres magistrados) se hubiera hecho a través de un sistema aleatorio, precisa el magistrado, con lo que sería "la suerte" la que determinaría el fondo de la resolución.

Quitar presión

Por ello y, dada la importancia del caso, Gómez Bermúdez señala que no ha considerado prudente que sea el azar el que resuelva un recurso de apelación tan delicado como este.

Ese ha sido el principal motivo, según expone en su misiva, para tomar esta decisión que además dice que la ha adoptado antes de que se conozca la composición exacta de la Sala para que nadie interprete que se trata de una iniciativa para cambiar el resultado.

Lo que ha tratado además con esta iniciativa de elevar al Pleno la resolución de los recursos es quitar la presión que hubiera habido sobre esos magistrados para que recaiga sobre él, según su propio relato.

La resolución, en septiembre

Añade además que el Pleno, que en septiembre resolverá estos recursos, estará finalmente formado por 14 magistrados, ya que se han excluido los magistrados de la sección tercera, que preside Alfonso Guevara, por ser a la que correspondería celebrar el juicio a los tres manos policiales procesados de permanecer la causa en la Audiencia Nacional.

Por tanto, prosigue Gómez Bermúdez, de esos 14, los cinco magistrados de la sección segunda representan en el Pleno más de la tercera parte, por lo que tienen un peso cuantitativo y cualitativo importante.

En la carta también pretende aclarar el presidente de la Sala de lo Penal que no sólo se va a resolver si hubo o no voluntad de colaboración con banda armada, sino que también hay que interpretar si esa colaboración tiene relación con el delito de encubrimiento por el que también se ha procesado a los tres mandos policiales, así como estudiar la suficiencia de los indicios y la validez de las pruebas negativas directas.

Bermúdez, alineado con el Gobierno

jueves 28 de julio de 2011
BERMÚDEZ, EL JUEZ DEL 11-M: ¿Dispuesto a ayudar a los malhechores del faisán en agradecimiento a las medallas pensionadas de Rubalcaba?


Bermúdez, alineado con el Gobierno

El PP acusa al juez del 11-M de «echar una mano» al Ejecutivo en el 'caso Faisán'

El PP situó ayer como nunca en su punto de mira al presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, por haber impuesto el traslado al Pleno de la decisión sobre el futuro judicial del caso Faisán. Sólo el ya suspendido Baltasar Garzón había merecido alguna vez el oprobio que para un juez de carrera representa que el principal partido de la oposición le atribuya públicamente una alineación política al servicio del Ejecutivo.

Fue el diputado Ignacio Gil Lázaro, habitual encargado en el PP de ejecutar la estrategia dialéctica de trazo más grueso en relación al chivatazo a ETA, quien acusó a Bermúdez de «echar una mano al Gobierno» y de «proteger sus intereses políticos en este asunto». En declaraciones a Europa Press, descalificó como «ciertamente lamentable» la actuación del juez del 11-M.

La Fiscalía pretende que los tres mandos policiales del chivatazo no puedan ser procesados por colaboración con banda armada -hasta 10 años de cárcel-, lo que implicaría trasladar la causa a los juzgados de Irún y reducirla a una revelación de secretos, con un tope de tres años de prisión. De no haber intervenido Bermúdez, la decisión habría correspondido a la Sección Segunda, que en abril ya había concluido que los hechos constituyen un posible delito de colaboración y era del todo improbable que se retractase. Ahora, lo debatirán 14 magistrados en Pleno (se excluyen los cuatro de la Sección Tercera, que es la que enjuiciaría el caso si se mantiene en la Audiencia, para evitar contaminarse).

En este sentido, Gil Lázaro recordó que el propio Bermúdez reconoce en la sentencia del 11-M que «no hace falta comulgar con la ideología de una organización terrorista para incurrir en el tipo de colaboración con banda armada». «Eso es exactamente lo mismo que sostiene el juez Ruz en sus autos de procesamiento, así que, ¿dónde está esa complejidad técnica y jurídica a la que alude Gómez Bermúdez?», se preguntó el diputado del PP, que cree que, con esa «frase altisonante», lo que busca el presidente del tribunal del 11-M es «echar un cable al Gobierno por la enorme complejidad política, y también penal, con la que se enfrenta».

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, cargó las tintas contra la Fiscalía, de la que dijo que actúa «en una clara posición partidista y a favor del Gobierno» para «tratar de rebajar el delito». Asimismo, anunció que volverá a pedir la comparecencia del fiscal general del Estado, para que explique por qué dictó la circular que impone la interpretación del delito de colaboración con banda armada que favorece a los procesados. En todo caso, expresó su confianza en que las «gravísimas» acusaciones se juzguen en la Audiencia.

También ayer, el portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, consideró que si la causa -en la que su asociación ejerce la acción popular- se traslada a Irún, «no sólo se favorece al PSOE o al Gobierno, sino a Bildu y a todo el entorno proetarra, y eso es lo preocupante».

A la medida del ministro. El ministro del Interior, Antonio Camacho, se prueba en la imagen una tradicional chechia en el zoco de Túnez, adonde viajó para tratar sobre cooperación policial. Allí, nadie le preguntó por los procesamientos del Faisán, aunque su teléfono aparece repetidamente en el sumario.


Rubalcaba Vs. Bermúdez




Como en los chistes de antaño:
¡ SIN PALABRAS !



miércoles, julio 27, 2011

"El delito de colaboración con banda armada no exige compartir los fines"

vía www.libertaddigital.com el 27/07/11
r. vilas (Comentarios)

Gómez Bermúdez, presidente de la sala que decidirá si hubo colaboración con ETA en el chivatazo, definió en la sentencia del 11-M en qué consiste ese delito.

El argumento de la Fiscalía y de los tres altos cargos procesados en el caso Faisán – el ex director general de la Policía y dirigente del PSE, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros– para que no se les impute un delito de colaboración armada, y así el caso salga de la Audiencia Nacional a un juzgado ordinario de Irún, es afirmar que este tipo penal exige que el colaborador comparta los fines con la banda terrorista.

El juez Pablo Ruz ha rechazó los recursos este martes y dejaba la decisión de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, compuesta por cuatro jueces, proclives a mantener la imputación por colaboración con banda armada. Sin embargo, Javier Gómez Bermúdez decidía por sorpresa, tras conocer el auto de Ruz, que la decisión correspondiese al Pleno de la Sala de lo Penal, que él preside y componen 18 magistrados. Una artimaña que se ha interpretado como un intento de Bermúdez para sacar el Faisán de la Audiencia Nacional, y complacer así a Rubalcaba.

Sin embargo, la doctrina del propio Javier Gómez Bermúdez, que explicó con detalle en la famosa sentencia del 11-M, contradice los intereses de los imputados y su aplicación supondría el procesamiento de los tres acusados por el delito de colaboración con banda armada en la Audiencia Nacional.

En dicha sentencia, en sus fundamentos jurídicos, Gómez Bermúdez señalaba con rotundidad que "el delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad". Una definición que, a priori, parece perfectamente aplicable a un caso como el del soplo a la ETA en el Bar Faisán.

Texto original de la sentencia del 11-M de 31-10-2007. Fundamentos jurídicos (8) - II. Calificación jurídica. II.1:

Nótese que al ser el delito de colaboración un tipo penal residual que sólo exige que se realice voluntariamente una acción oaportación a la banda terrorista que facilite su actividad criminal, en él se incluyen no sólo las acciones armadas, sino cualquier otra actividad -facilitación de documentación falsa, desplazamiento de vehículos, contribución económica, préstamo de equipos de comunicación, etc- y no solamente las acciones armadas.

Y ello prescindiendo de la coincidencia de fines, pues lo que aquí se sanciona no es la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos o ideológicos, sino el poner a disposición de la banda armada determinadas aportaciones, conociendo que los medios y métodos empleados por la organización consisten en hacer uso de la violencia, es decir del terror y de la muerte, cuando en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, existen cauces pacíficos y democráticos para la prosecución de cualquier finalidad política.

Se trata en suma, de un delito que es aplicable precisamente cuando no está relacionado específicamente con otros delitos..." (STS de 22 de febrero de 2006 que cita la 532/03 y la 240/2004).

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Dicho de otro modo, el delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber
que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad, no siendo preciso conocer el delito.

Réquiem por el juez de instrucción

miércoles 27 de julio de 2011

EL               MUNDO

Réquiem por el juez de instrucción

El pasado viernes, el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, caso de ser aprobada por las Cortes, habrá de sustituir a la vetusta, pero magistral, de 1882. Entre otras novedades, el texto contempla que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación. Según la «exposición de motivos», el juez pasa a ser un tercero imparcial ajeno a la investigación, con lo cual, y es literal, «investigará el fiscal, pero habrá más juez».

De entrada, quisiera corregir o, al menos, matizar, la afirmación de que la instrucción por los fiscales «ocurre en la práctica totalidad de los países democráticos». No es del todo cierto. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Francia los planes del Gobierno, con Sarkozy a la cabeza, de eliminar el juez de Instrucción -con implantación del juge de l´enquête et des libertés o juez de garantías- en beneficio del Ministerio Fiscal, están en suspenso merced a la frontal oposición de las asociaciones de jueces y de los colegios de abogados. Unas y otros consideraron que la reforma suponía someter la investigación penal a los designios de la política. «Si el Poder Ejecutivo, con todos sus recursos, dirigiese las pesquisas criminales, la balanza se inclinaría en contra de los reos hasta pervertir la equidad de todo el sistema», dijeron. Y eso pese a reconocer a los fiscales el «derecho de desobediencia» si, de manera fundada, entendían que las órdenes del superior eran «manifiestamente ilegales».

No pocas han sido las veces que he defendido encargar a los fiscales la investigación penal -quede claro de una puñetera vez que la investigación de un hecho con apariencia delictiva no la hace ni un juez ni un fiscal sino la policía- y, de este modo, liberar a los jueces de un trabajo que no es completamente, ni en sentido estricto, jurisdiccional. Pero en las mismas ocasiones, también he señalado que tal modificación no puede llevarse a cabo sin cambiar la estructura del Ministerio Fiscal.

La actual configuración de la institución sitúa al fiscal en un permanente riesgo de perder la imparcialidad típica del juez. Hoy por hoy, lo que tenemos es un Ministerio Fiscal siempre bajo el mando del fiscal general del Estado que, a su vez, es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial -artículo 124 de la Constitución Española- y que, en buen número de ocasiones -las de trascendencia política- acusa o no acusa cuando y como le parece.

Soy consciente de que este artículo de nada ha de servir a quienes piensan que con fiscales de los nuestros la investigación penal está dominada. Para ellos, controlar el proceso penal y hacerlo mediante una policía fiel es el objetivo. Pero a eso se le llama traficar con la justicia, envenenarla. Comprendo que el señor ministro de Justicia, que, además, es catedrático de Derecho Constitucional, se moleste porque se pueda pensar que el Ministerio Fiscal no va a actuar ajustándose a la legalidad e imparcialidad en la investigación, cuando la CE le exige objetividad y que a quienes así opinamos nos reproche que eso es cuestionar la rectitud de una institución básica del Estado. Personalmente, no es esto lo que cuestiono. No; de lo que dudo es que los hombres y mujeres que la componen y sirven, por independientes de juicio y de corazón que sean, estén en condiciones de sustraerse a las instrucciones e indicaciones del Poder Ejecutivo del que Caamaño forma parte o de cualquier otro. Ignorar esto es cerrar los ojos a la evidencia.

Hace años, Perfecto Andrés Ibáñez señalaba, no sin cierta ironía, que la mayor parte de los fiscales, cuando se les habla de su «dependencia», contestaban que sólo era formal, pero sólo mientras no se necesitase que dejara de serlo. Soy de los primeros en lamentarse, pero si con la Constitución en la mano se ven, o pueden verse, las cosas que se ven, no hace falta ser un lince para dibujar el panorama de la instauración del fiscal del instructor. La búsqueda del fiscal imparcial es tarea ardua y su hallazgo, cuando menos, un objetivo que queda demasiado lejos para quienes tenemos bastante edad. Se trata de tener los pies sobre la tierra y reconocer que no podemos aspirar a lo que de momento parece inalcanzable. Todos, o casi todos, sabemos que a los políticos les sobran los fiscales imparciales. Eso sin contar que vivimos en un país en el que la independencia se premia con la moneda del desprecio y la obediencia ciega es lo que gusta. Digo esto y lo digo a sabiendas de lo que digo, porque, desgraciadamente, no es corriente llegar a una jefatura o a la categoría máxima de la carrera fiscal si en la hoja de servicios del aspirante no figura algún gesto de sintonía política. Casos hay de fiscales cuyos ascensos no parece que fueran únicamente por méritos científicos y profesionales y sí, más bien, por sus aficiones y lealtades políticas.

A mi juicio, la propuesta, tal y como acaba de plantearse, carece de cualquier probabilidad de éxito y hasta los más fervientes partidarios de ver a los fiscales haciendo de instructores reconocen que los hechos se oponen a ese cambio. Ni siquiera El País -editorial de 26/09/88- fue partidario cuando el PSOE lanzó su primer globo sonda: «(...) La pretensión de atribuir al fiscal la instrucción de las causas penales no es un tema menor que deba pasar inadvertido entre las fuerzas políticas y entre los ciudadanos (…); si esta iniciativa llega a tomar cuerpo, es una reducción de las garantías del detenido y un debilitamiento de su posición en el proceso. Es imposible que una instrucción en manos del Ministerio Fiscal garantice los principios de contradicción e igualdad, cuyo respeto es esencial para no provocar la indefensión del detenido y sentar las bases para un juicio justo e imparcial». Y añadía que «los propios fiscales no deberían sentirse felices ante la posibilidad de ser instrumentalizados en una operación de debilitamiento del poder judicial (…) lo que entronca con las teorías de los ideólogos de la muerte de Montesquieu. Así cabe interpretar su intención de que la función instructora de los jueces (...), sea atribuida a una institución que como el Ministerio Fiscal está ubicada en el área de influencia del Gobierno (...)».

Aunque la cita es larga, he considerado que merecía la pena, sobre todo si esa opinión la comparamos con la que el mismo periódico nos ofrecía al sostener, en defensa de la investigación de los delitos por el fiscal, que «la dependencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno es un argumento que ha perdido peso (…) pues su autonomía e independencia (…) tienen hoy mayor sustento legal». A mi juicio esa apreciación es errónea. No niego que ha habido fiscales generales más leales y obedientes al Gobierno que el actual y sus nombres están en la memoria de muchos, pero al día de hoy el sentimiento mayoritario de la gente -sean juristas o no- es que Conde-Pumpido es un fiel depositario de los intereses del partido que gobierna. Aún están recientes las palabras que pronunció a raíz de su toma de posesión, cuando anunció que una de sus primeras obligaciones era «equilibrar una carrera que se había escorado en una determinada dirección».

Mas puestos a recordar, quizá sea recomendable recuperar la advertencia que el 07/06/04, en estas mismas páginas, hacía el profesor Enrique Gimbernat. Escribía entonces y a no dudar que hoy se ratifica, que «es fácil de imaginar el abismo de impunidad que podría abrirse si ahora se le atribuyese al Ministerio Fiscal, además de la facultad de ser parte en el procedimiento, también el monopolio de la investigación de las causas penales (...)». Luego, a renglón seguido, preguntaba si «¿alguien puede pensar, en serio, que un fiscal instructor habría reclamado también del Gobierno -y que en el caso improbable de que lo hubiera hecho, sus superiores lo habrían permitido- los llamados papeles del Cesid?».

Con estas mimbres, entiendo que la independencia del Ministerio Fiscal no se convertirá en honesta realidad hasta que quiera el legislador y, por ahora, según salta a la vista, no quiere. Repase el lector los casos judiciales en los que, de un modo u otro, directa o indirectamente, los políticos, sean del signo que sean, están implicados y pregúntese si el fiscal general del Estado de turno y sus obedientes funcionarios actúan con libertad de criterio. No confundamos. El fiscal más que un eficaz medio de realización de la legalidad, viene siendo el tutor de los intereses del partido en el poder. La historia nos ofrece demasiados casos como el de aquel fiscal que llegó a ser ministro de Justicia y que presumía, públicamente, de ser apóstol de una ideología política. En España ha existido siempre la obsesión de utilizar al fiscal como instrumento de contienda política, algo que está muy lejos de la idea que Platón expone en Las leyes cuando sentencia que «la acusación pública vela por los ciudadanos: ella actúa y éstos están tranquilos».

Y OTRA CUESTIÓN. Me refiero a que sin una modificación de las plantillas de la carrera fiscal cualquier reforma resultará superflua. Porque sucede que los fiscales en España son menos de la mitad que los jueces de instrucción. No siendo posible ni deseable hacer nuevos fiscales de la noche a la mañana, resulta impensable que hagan bien lo que no pueden hacer bien el doble número de jueces. En España hay en activo poco menos de 2.300 fiscales y de ellos muchos en situación de servicios especiales, es decir sirviendo a la Administración en otros puestos. Si restamos los fiscales destinados en la Fiscalía General del Estado, los fiscales del Tribunal Supremo, los del Tribunal Constitucional, los del Tribunal de Cuentas, los de la Secretaría Técnica y del Servicio de Inspección, los de familia, los de seguridad vial, los dedicados a la jurisdicción penal no llegan a 900. Con este escalafón no creo que las fiscalías pudieran dar respuesta a lo que se anuncia.

Termino, pues el espacio no da para más. Creo que, en las actuales circunstancias, mucho mejor que la oferta del Gobierno sería un sistema en el que al lado del juez instructor hubiera otro magistrado, éste de garantías y que fuera el competente para autorizar todas aquellas diligencias de investigación que supusieran una invasión o restricción de los derechos fundamentales; verbigracia, las interceptaciones telefónicas, la intervención de la correspondencia, las entradas y registros domiciliarios y, por supuesto, cualquier medida cautelar, sea personal, como la prisión preventiva, sea real como el embargo de bienes o bloqueo de cuentas corrientes.

De no ser así, si la reforma emprendida por el Gobierno saliera adelante, entonces habría que esperar a que, en respuesta al oportuno recurso de inconstitucionalidad o, en su caso, de amparo, nuestro Tribunal Constitucional se pronunciase en el mismo sentido que la Corte de Casación en el informe a la reforma procesal emprendida por el Gobierno francés y que significó el tiro de gracia a su intentona procesalista: «Ne garantit suffisamment les équilibres institutionneles et l´exercice des drotis de la défense et de la victime» y que en español -en este caso, español mejor que castellano-, puede traducirse como que el modelo «no garantiza suficientemente los equilibrios institucionales ni el ejercicio de los derechos de la defensa ni de la víctima».

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.

Pedraza, sobre el Faisán: "No vivamos otro 11-M, que los culpables paguen"

vía www.libertaddigital.com el 27/07/11
LIBERTAD DIGITAL

Ángeles Pedraza ha hablado con esRadio tras las maniobras del juez Gómez Bermúdez en el caso Faisán y ha visto evidentes paralelismos con otro gran caso en el que el magistrado fue el protagonista: "Espero que no vivamos otro 11M, que en el Faisán paguen los culpables".

La presidenta de la asociación de víctimas ha recalcado que el asunto servirá para que Bermúdez "se retrate" y para ver si sufre un difícilmente justificable cambio de opinión, ya que en la propia sentencia del 11-M argumentaba, de acuerdo con toda la jurisprudencia, que para caer en el delito de colaboración con banda armada no es necesario que se compartan ni la ideología ni los fines de los terroristas.

Precisamente, Pedraza ha criticado con dureza la instrucción de Gómez Bermúdez en el juicio del 11M: "Las víctimas sufrimos mucho y Bermúdez fue el juez que mejor lo llevó, pero hasta un momento determinado, entonces le dio vuelta a todo y al final nos quedamos solamente en un acusado. Eso me hizo dejar de creer en la justicia", ha dicho.

Además, la presidenta de la AVT ve con claridad las motivaciones políticas tras la decisión de Gómez Bermúdez: "Sé que es maniobra de Rubalcaba, de Camacho y de toda la gente que ha estado supuestamente implicados y que no quieren que se llegue al final", ha asegurado, "espero que no hayan hecho este movimiento para ayudarles". 

Gómez de Liaño, sorprendido

También en declaraciones a esRadio, el exmagistrado Javier Gómez de Liaño se ha mostrado extrañado por la decisión de Gómez Bermúdez, que ha calificado "cuanto menos de sorprendente desde el punto de vista jurídico".

Además, no ha dudado en señalar que el auto del juez Ruz es "técnicamente perfecto" y ha explicado que "reclamar para un pleno" un asunto que "puede llevarse a una sección es llamativo" dentro de los usos habituales en la Audiencia Nacional.

martes, julio 26, 2011

Bermúdez decide que los recursos del chivatazo los resuelva el Pleno de la AN

vía www.libertaddigital.com el 26/07/11
ÁNGELA MARTIALAY

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha decidido este martes que sea el pleno de este tribunal el que resuelva en apelación los recursos interpuestos contra los tres altos mandos policiales procesados por el chivatazo a ETA.

Según han señalado fuentes jurídicas, Bermúdez ha adoptado esta decisión dada "la complejidad e importancia" del caso. De esta forma, los 18 jueces de lo Penal la Audiencia Nacional serán los encargados de responder a los recursos interpuestos por el ex director general de la Policía y dirigente del PSE, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros.

Originalmente, le correspondía a la Sección Segunda de la Audiencia -compuesta por los magistrados Fernando García Nicolás, Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada- resolver estos recursos.

En un auto fechado el 4 de abril, esta misma Sección ya señaló que "no es necesario comulgar con las finalidades de ETA para la existencia del tipo delictivo" de colaboración con banda armada. Además, estos jueces subrayaron de forma literal que "no puede descartarse la existencia de un delito de colaboración con grupo terrorista como consecuencia de la información suministrada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía al dueño del bar Faisán en Irún".

En los recursos contra el procesamiento, los agentes se oponían al mismo por diversos motivos como, por ejemplo, que se han vulnerado sus derechos de defensa o que se ha realizado una calificación jurídica improcedente de los hechos.

El pasado día 13, Ruz procesó a los tres agentes al apreciar que se pudieron cometer dos delitos: uno, de revelación de secretos y, otro, de colaboración con banda armada o encubrimiento. Estos delitos llevan aparejadas penas de hasta 13 años de prisión.

Este martes el juez instructor del chivatazo ha confirmado esta decisión al entender que existen "indicios racionales de criminalidad que aparecen recogidos sobradamente en la causa" contra García Hidalgo, Pamies y Ballesteros.

Sin embargo, la causa ha dado un vuelco tras las decisión comunicada por Bermúdez y la clave del chivatazo radica ahora en la calificación jurídica que la Sala de lo Penal haga de los hechos al estudiar dichos recursos.

En primer lugar, porque el Ministerio Fiscal se adhirió al recurso de reforma García Hidalgo pidiendo al instructor Ruz que retirara la acusación que pesa contra él por colaborar supuestamente con ETA. Desde el pasado mes de marzo, el Ministerio Público viene defendiendo que para colaborar con una organización terrorista se "exige como punto de partida una mínima afinidad, adhesión o sintonía ideológica" y "la conciencia del favorecimiento de la organización terrorista y de la finalidad perseguida por ésta" por lo que para la Fiscalía de la Audiencia Nacional procesar a Pamies, Ballesteros y García Hidalgo por colaborar con ETA es "forzar la interpretación de la norma penal sustantiva".

Y en segundo lugar, porque de no haber colaboración con banda armada el caso podría pasar a los juzgados de Irún –a la justicia ordinaria- y abandonar la Audiencia al no tener que juzgarse ningún delito relacionado con el terrorismo.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario advierten de que cabe otra posibilidad: que el Pleno entienda que se ha producido un delito de encubrimiento pero con fines terroristas por lo que el caso podría mantenerse en la Audiencia aunque en todo caso la futura y supuesta condenas por el soplo sería mucho menores.

En estos momentos, todo está en el aire. Por ahora, Gómez Bermúdez ya ha comunicado a Ruz su decisión y también al presidente de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás. Está previsto que esté pleno se convoque después del verano.

vía www.libertaddigital.com el 26/07/11
libertad digital (comentarios)

 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha insistido en un auto hecho público este martes en que el ex director general de la Policía Víctor García-Hidago, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros tenían "conocimiento" y "voluntad" de facilitar a ETA 54.000 euros "procedentes del cobro de la extorsión ejercida sobre particulares por parte de la organización terrorista ETA". 

El magistrado ha desestimado los recursos presentados por las defensas los tres policías contra su procesamiento por la comisión de delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos en el marco de la causa que investiga el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA.

Ruz especifica en su escrito que el interés de García-Hidalgo, Pamiés y Ballesteros era que este dinero "no fuera interceptado por la Fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista".

Explica que todos los indicios investigados llevan a concluir que esta cantidad económica se puso "a disposición de la propia organización terrorista o de alguno de sus presuntos integrantes para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas por tal organización".

En opinión del magistrado, las alegaciones vertidas por las defensas de los recurrentes no "debilitan" ni "desvirtúan" la participación de los tres procesados en delitos de colaboración o encubrimiento. "La resolución recurrida no puede sino confirmarse por este instructor", indica el juez en un auto hecho público este martes.

Ruz se reafirma así en el contenido de su auto de procesamiento en el que especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones. Ballesteros fue, en opinión del magistrado, el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.

Hace también referencia a las críticas vertidas por las defensas de Ballesteros y Pamíes contra el equipo investigador de la delación y su responsable, Carlos Germán, y destaca que "las sospechas vertidas en su contra" –que apuntaban a que pudo ser él quien advirtió por teléfono a Elosúa de los próximos arrestos- "carecen de sustento".

Los recursos rechazados, de reforma y subsidiarios de apelación, recaerán ahora en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que deberá valorar su pertinencia.

El Gobierno presiona a los jueces para sacar el caso Faisán de la Audiencia

vía www.libertaddigital.com el 26/07/11
LIBERTAD DIGITAL

El caso Faisán se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para el ahora candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Un escándalo que podría salpicarle aún más directamente durante la campaña electoral si finalmente el proceso sigue adelante y fuera llamado a declarar en calidad de ministro del Interior en el momento en el que se produjo la delación a la banda terrorista ETA.

Según informa La Razón, desde el Ejecutivo se han puesto manos a la obra para intentar evitar "cueste lo que cueste" la apertura del juicio en la Audiencia Nacional. Para ello, están "contactando" y presionando a los integrantes del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia para que admitan el conflicto de competencias planteado por la Fiscalía y acepten trasladar el caso al juzgado de Irún.

De hecho, en el Gobierno estarían muy confiados en que finalmente el chivatazo a ETA será juzgado en Irún consiguiendo así su objetivo de evitar un "juicio sumarísimo" al proceso de paz y que podría llevar al banquillo a algunos de sus negociadores. Hasta el momento, tres negociadores del Gobierno, el ex ministro Moscoso, Jesús Eguiguren y el vocal del CGPJ Gómez Benítez ya han declarado ante el juez Ruz.

Del mismo modo, fuentes del Ejecutivo no descartan que éstos volvieran a ser llamados a declarar y también que en caso de que el juicio se celebre en la AN se citase finalmente como testigo a Pérez Rubalcaba y a Antonio Camacho, ministro y secretario de Estado respectivamente durante el chivatazo.

domingo, julio 24, 2011

25V Mañana, lunes, tienes una cita para defender la vida



De: Tania Fernández | HO-DAV Barcelona <barcelona@hazteoir.org>
Fecha: 24 de julio de 2011 14:51:52 GMT+02:00

Hola, 

Mañana, lunes 25, de nuevo tienes una cita. Para defender la vida.

Esta gran defensa  pro-vida  cada vez más fuerte, más grande, que toca más corazones, ha de seguir. Así es que NO vamos a parar hasta que la población española sea sabedora y consciente de lo que es un "aborto" y de todas las consecuencias que el mismo implica. Una sociedad con leyes como el aborto, la eutanasia,  etc.  que convierten a toda una nación en marionetas viles, sin sentidos, sin moral, sin FUTURO;  haciendo de cada ser humano una presa fácil de la manipulación de políticos-gobernantes sin escrúpulos.

En nuestras manos está decir ¡BASTA YA! y no permitir que se sigan matando niños; así es, se matan niños cada día. Esta cruel realidad debe de acabar lo antes posible, y solo juntos daremos la batalla. Y nuestros hijos, nietos  y bisnietos, recordarán la entereza y lucha de sus antepasados que jamás se rindieron ante los depredadores de uno de los principales derechos, el derecho a la vida.

A una sola voz, clamaremos "VIDA SÍ" este lunes en Barcelona y en muchas otras ciudades de toda España.

Te animo a traer el mejor cartel por la vida, con mensajes positivos y que hagan conciencia. Habrá "premio para el mejor".

Este lunes 25V ¡Te esperamos!

Saludos en nombre de todo el equipo,

Tania, Daniel, Jaume, Mariano, Marcos, Iván, Juan, y todo el equipo HO-DAV Barcelona
Comprometidos con el derechoavivir.org 

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Escríbenos un mensaje en http://www.hazteoir.org/contacto o llámanos al +34-91 554 71 89.

El SUP dice que la X del 'Faisán' está en «Ferraz o en Moncloa»

EL MUNDO
sábado 23 de julio de 2011

El SUP dice que hay un 'señor X' en el chivatazo

Es el sindicato del policía procesado Ballesteros

UN COMUNICADO sobre el caso Faisán difundido por el Sindicato Unificado de Policía advierte con rotundidad: «Hubo chivatazo y fue por orden política». El documento es de interés porque uno de los procesados, Ballesteros, es afiliado de este sindicato. Es lógico suponer que antes de un pronunciamiento tan contundente este policía habrá sido consultado e incluso que podría llegar a mantener esa tesis en el juicio. Lo que ocurre es que la tesis del SUP es compatible con la culpabilidad de los procesados y, de hecho, las pruebas contra Ballesteros y el jefe superior Pamies son abrumadoras. El escrito contiene otras afirmaciones reveladoras, como que se está acusando a «policías inocentes» para proteger a personas que podrían «facilitar el nombre del político que está en la X» del caso, e incluso que las instrucciones pudieron darse «desde Moncloa o desde Ferraz», la sede del PSOE. El comunicado del SUP confirma lo que es de sentido común: que unos policías no ayudan a unos terroristas motu proprio, y que el chivatazo tiene un origen político que el Gobierno y el PSOE siguen negándose a admitir.


¡ALARMA! El gobierno quiere desplazar al juez y ser él quien instruya los sumarios

Jueces contra el fiscal investigador

Las asociaciones judiciales mayoritarias dudan de la autonomía política de la Fiscalía

Las asociaciones de jueces más representativas están en contra de la atribución a los fiscales de la facultad de investigar los delitos, tal como se establece en el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (FV) reclaman un nuevo Estatuto del Ministerio Público para dotar a los fiscales de una mayor autonomía e independencia del Gobierno y ponen en duda que la reforma pueda aprobarse en esta legislatura.

El portavoz de la mayoritaria APM, Pablo Llanera, se mostró en contra de que el fiscal general, un cargo de designación política, pueda tener el control de la investigación de los hechos delictivos que tengan repercusión política.

Además, dijo a Efe que le parece «inoportuno» entregar la dirección de la investigación penal al fiscal en el actual contexto de crisis económica porque obligaría a contratar alrededor de 1.000 fiscales y unos 100.000 funcionarios, además de habilitar las dependencias necesarias para los nuevos investigadores.

Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, apoyó la investigación de los delitos por el fiscal siempre y cuando se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Público para dotarlo de autonomía, dado el principio de jerarquía y la dependencia del fiscal general respecto del Gobierno.

Sexmero coincidió en la dificultad de aprobar una ley de tanto calado en esta legislatura, incluso si no se convocan las elecciones hasta el próximo mes de marzo, e instó a los partidos políticos a hacer un esfuerzo de consenso.

Por el contrario, el portavoz de Jueces para la Democracia (JD), José Luis Ramírez Ortiz, destacó la oportunidad política de esta reforma para subsanar las deficiencias y las lagunas del actual sistema procesal penal.

Señaló que la atribución al fiscal de la investigación está en línea con lo que sucede en otros países de la Unión Europea, donde actualmente España es la excepción. El representante de JD resaltó que lo fundamental no es qué sujeto institucional investigue (el juez instructor o el fiscal), sino que se establezca un sistema que evite cualquier abuso en la investigación.

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, resaltó que el primer paso para la atribución de la investigación al fiscal sería que el Ministerio Público tuviese un estatuto con mayor autonomía del Gobierno y no dependiera del Ejecutivo de forma tan marcada como en la actualidad, para evitar su utilización partidista o política.

De esta misma opinión es la Asociación de Fiscales (AF), de representación mayoritaria en esta carrera. José Hidalgo, dirigente de la AF, se mostró partidario de que el fiscal lleve la investigación siempre que se respete su autonomía, lo que a su juicio requiere una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, se mostró de acuerdo con el anteproyecto y defendió la autonomía de los fiscales para tomar decisiones. Moreto dijo que los fiscales no dependen jerárquicamente del Gobierno, sino del fiscal general del Estado, que «no puede dar una orden ilegal».

El anteproyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros será ahora examinado por distintas instituciones (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, Abogacía, universidades). En él se encomienda al fiscal la dirección de la investigación de los hechos delictivos y la Policía Judicial estará a sus órdenes.

Un nuevo juez de garantías controlará la investigación del fiscal y autorizará o no las medidas cautelares y las diligencias de investigación restrictivas de derechos. Concluida la investigación, el juez de la audiencia preliminar decidirá si el caso merece o no ir a juicio. Un juez distinto será, finalmente, el que juzgue y dicte sentencia.



MANUEL MARRACO / Madrid

El SUP dice que la X del 'Faisán' está en «Ferraz o en Moncloa»

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) no tiene «ninguna duda» de que el chivatazo fue una «orden política» y de que «la X» hay que buscarla en «Ferraz o en La Moncloa».

La rotunda afirmación del SUP resulta especialmente significativa no sólo porque proviene del sindicato mayoritario en la Policía, sino porque se trata de la organización que ha asumido la defensa del último eslabón del chivatazo, el inspector José María Ballesteros.

El comunicado del SUP, firmado por su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, responde así a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de procesar a los tres implicados en el soplo. El SUP los considera «inocentes», al menos a los dos policías: su afiliado Ballesteros y el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies. «Se está acusando a dos policías inocentes (y a un ex director general [Víctor García Hidalgo]) de hechos graves de manera interesada, para impedir que se identifique a los responsables políticos últimos del chivatazo», dice el escrito.

«Es una instrucción viciada y teledirigida desde su origen que parece pretender ocultar a los verdaderos autores del chivatazo, que sí podrían facilitar el nombre del político que está en la X del mismo. Porque de eso no tenemos ninguna duda: hubo chivatazo y fue por orden política», añade.

En cuanto Al origen de esa orden, el sindicato se aleja de la vía que apunta a Antonio Camacho y Alfredo Pérez Rubalcaba. «Cualquiera que investigue y conozca lo que acontecía en aquel momento en el Gobierno sabrá que hay más posibilidades [de] que las instrucciones políticas del chivatazo se dieran desde Moncloa o desde Ferraz que desde Castellana, 5 [sede de Interior]».

Es más, la nota considera que hay una preferencia de los investigadores en señalar al Ministerio del Interior porque es la manera más directa de arremeter contra el hoy candidato socialista. «Si el candidato a presidente del Gobierno hubiese sido Zapatero, es posible que estas líneas de investigación se hubiesen potenciado y el juez Ruz habría recibido presión mediática y política en tal sentido, pero al ser el candidato Rubalcaba, como él mismo ha dicho, hay razones ajenas a lo jurídico y a la verdad de los hechos que impulsan la instrucción viciada de este sumario», dice el SUP.

Las abundantes referencias al elemento político del chivatazo -11 en total- llegan tras la muy significativa mención a las «interferencias políticas» que Pamies hizo ante el juez esta misma semana. De hecho, el texto incluye un párrafo que aúna ese trasfondo político con uno de los argumentos que Pamies adujo para restar importancia al soplo: que la operación Urogallo hubiera sido más fructífera si se hubiera aplazado.

«Los que lo hicieron cometieron un error, siguieron órdenes políticas y lo hicieron en la creencia de que con ello conseguirían mejores objetivos y más pruebas contra esta rama del entramado de extorsión de ETA, conocida desde hace años y controlada para conocer el recorrido del dinero, pero no para ayudar a los terroristas».

El extenso escrito del SUP también encuentra un hueco para reprochar la falta de apoyos a los procesados en su simbólica comparecencia ante el juez. Ese es el único momento en el que se menciona el nombre del ex director general de la Policía. «Hubo muchos que debían haber estado y no fueron, unos porque huyen ante los problemas y otros porque huelen el cambio de Gobierno. [...] No hubo ni un solo responsable político apoyando a García Hidalgo».



MANUEL MARRACO / Madrid

El fiscal insiste en llevar el caso a Irún

Rechaza el delito de colaboración terrorista que mantiene el chivatazo en la Audiencia.

La Fiscalía ha vuelto a aprovechar los recursos de los procesados por el chivatazo para reclamar que la investigación salga de la Audiencia Nacional y vaya al juzgado ordinario que corresponda, en este caso Irún (Guipúzcoa), donde se ubica el bar Faisán.

En un escrito de 18 páginas dirigido al Juzgado, el Ministerio Público mantiene la tesis de que resulta imposible jurídicamente que los tres implicados en el soplo pudieran cometer el delito de colaboración con la organización terrorista, el que conlleva una pena más grave de los que se barajan (de cinco a 10 años) y el único que justifica la competencia de la Audiencia Nacional. Así pues, pide a Ruz y subsidiariamente a la Sala, que acuerden la inhibición.

El escrito del fiscal Carlos Bautista formula de múltiples maneras la misma idea clave: que el delito de colaboración «exige como punto de partida una mínima afinidad, adhesión o sintonía ideológica» con la banda. Y repasa abundante jurisprudencia en apoyo de su tesis, incluida la recogida en la última circular de la Fiscalía General, que deslinda la pertenencia de la colaboración señalando que la segunda requiere una cierta «adhesión ideológica» que, tirando de sinónimos, el fiscal también denomina «sintonía», «afinidad», «solidaridad»...

Nada de eso se da, obviamente, en los dos policías de carrera y el ex director del cuerpo que han resultado procesados. Si bien el informe policial final era claro al afirmar que el móvil del soplo fue «político» y el juez, más prudente, lo dejaba entrever en el auto, el fiscal no se anima a concretar qué otra finalidad fue la que movió a los autores del chivatazo. «Es obvio que tanto la condición de los sujetos activos [policías], como la intencionalidad y la finalidad que perseguían los mismos no pueden conducirnos al absurdo de afirmar el carácter terrorista de la acción», dice, sin hacer referencia alguna al proceso de paz.

La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza mantiene que la jurisprudencia empleada por el juez Ruz para decantarse por la tesis de que sí pudo cometerse un delito terrorista «no avala», en realidad, las tesis del magistrado: «Una lectura objetiva, neutral, imparcial, desinteresada y sin omisiones de tales resoluciones, tanto de sus fundamentos jurídicos como del contexto fáctico al que se refieren, nos ofrece conclusiones radicalmente distintas de las alcanzadas por el instructor», dice el Ministerio Público.

En concreto, sobre la jurisprudencia que condena por colaboración «prescindiendo de la coincidencia de fines», el fiscal dice que debe interpretarse que esa coincidencia no es condenable per se, sino que necesita sumar un acto concreto de ayuda a la banda.

Tal y como informó este diario al día siguiente del procesamiento, la Fiscalía ha resuelto no recurrir la decisión del juez y adherirse únicamente a la petición de la defensa de Hidalgo de sacar el caso de la Audiencia. Aunque el trámite está en puridad dirigido a comprobar si hay o no indicios suficientes para procesar, y no a cuestionar la calificación jurídica, la Fiscalía estima que las consecuencias de mantener un delito terrorista -la Audiencia y no Irún, un sumario y no un procedimiento abreviado- justifican un pronunciamiento al respecto de la Sala de lo Penal.

martes, julio 19, 2011

Concentración en defensa de la vida

CONCENTRACIÓN Y MANIFESTACIÓN POR LA VIDA

LUNES 25 DE JULIO 20:30 HORAS

AVDA. DE GAUDÍ

DEL HOSPITAL DE SANT PAU A LA PLAZA DE gAudí

CONVOCA:  PLATAFORMA CATALUÑA VIDA SÍ 

 

domingo, julio 17, 2011

El arreglo - PEDRO J. RAMÍREZ


El arreglo

domingo 17 de julio de 2011
CARTA DEL DIRECTOR / PEDRO J. RAMÍREZ


Si los autos judiciales fueran multimedia todos los ciudadanos interesados en el caso Faisán habrían podido escuchar ya el audio de los fragmentos transcritos por el juez Ruz, correspondientes al anonadado monólogo en el que Joseba Elosua le cuenta a su cuñado lo nunca visto, lo que jamás pudo imaginar ni desde lo más hondo de sus vapores etílicos, la fantasía más grande que vieron los siglos: ¡la txakurrada, ayudándole a él, al recaudador de ETA, a no ser detenido!

Habrá que esperar sin embargo al juicio oral -varias emisoras de radio han dramatizado la lectura de estos textos, pero no es lo mismo- para constatar la autenticidad de ese asombro, lo genuino de esa estupefacción, incompatible con la alambicada penúltima cortina de humo, según la cual Elosua llevaba ya mucho tiempo trabajando para la Policía y el chivatazo trataba en realidad de preservarlo como confidente. Bullshit.

Será tal la elocuencia del sonido ambiente que ay de los jueces o fiscales que, desviándose por mor de sus querencias políticas de la doctrina del Supremo sobre la colaboración con banda armada, se hubieran atrevido a calificar los hechos de otra manera. Si avisar a ETA de lo que debía y no debía hacer para conservar incólume su trama de extorsión no es colaborar con ETA, que quiten entonces ese delito del Código Penal.

Seguro que, cuando llegue el momento, la atención de la opinión pública se repartirá, como ya ha ocurrido ahora, entre el sobreentendido vinatero según el cual cada millón de pesetas extorsionado era «una botella», la sarta de expresiones blasfemas y homófobas -«o maricones o maderos», sabiniano tenía que ser este faisán- que jalonan la jadeante incredulidad de Elosua y las elocuentes referencias políticas a ese «proceso que hay quien quiere que se rompa».

Mi pasaje favorito volverá a ser, sin embargo aquel que sirve de caja de resonancia a una variante mucho más modesta de las palabras de quien presuntamente era el Jefe Superior del País Vasco, Enrique Pamies, arrastrando su brillante historial por el ignominioso fango de una excusatio non petita extraída de la noche de los tiempos: «Yo no soy político… yo lo que quiero es que esto se arregle… no sé, oye, si se arreglará… pero que se arregle».

Es la frase culminante del sumario. No sólo porque resume el utilitarismo chapucero que latía bajo ese aviso de emergencia que los policías daban a los delincuentes que durante décadas habían financiado los asesinatos de sus compañeros para que eludieran el cerco de la Justicia, sino porque refleja a la perfección el desistimiento moral y la abdicación democrática de quienes tenían ya interiorizado el empate como único resultado posible de su lucha contra ETA.

Había que arreglar lo de la redada en marcha contra el grupo del Faisán y se arregló. Chapucera y atropelladamente, pero se arregló. No en vano este era ya el Gobierno del como sea. Ahí queda para la posteridad la imagen del inspector Ballesteros captada por las cámaras de vigilancia cuando se disponía a entrar, teléfono en ristre, para servir de mensajero de la infamia. Nunca sabremos con qué nivel de precisión y claridad se expresó Pamies a lo largo de los ocho minutos durante los que consumó la acción más vil achacable a un policía, pero en lo inaudito de su pecado ha encontrado a la postre su penitencia, pues fue tal el aturullamiento que sus palabras provocaron en Elosua que pocos minutos después nos lo encontramos a bordo del Ford Focus, diciéndole a su yerno entre una retahíla de frases inconexas que «en el coche y por teléfono… nada».

Si el recaudador de ETA no hubiera dicho en el coche que la Policía le había avisado de que no hablara en el coche, el chivatazo habría pasado desapercibido y quedaría impune para siempre. Pero todo quedó registrado para eterna vergüenza y oprobio de los implicados y sus superiores por la chicharra colocada por orden judicial en el vehículo desde hacía dos meses.

Una de las principales aportaciones del auto del juez Ruz -al margen naturalmente de su demoledora carga probatoria contra los procesados- es la minuciosa reconstrucción de las pesquisas contra esta trama específica de ETA cuya importancia y envergadura aconsejaron la firma en París de un protocolo ad hoc, por el que se creó un equipo policial conjunto que trabajó a las órdenes de los jueces Grande Marlaska y Levert. Sólo esto, y no una iniciativa policial o política para enmendar el yerro como pretende Rubalcaba, explica que seis semanas después del chivatazo se procediera a la detención de los etarras extorsionadores cuando ya habían podido destruir todo tipo de pruebas.

Si hubiera sido por el Ministerio del Interior Elosua y compañía no habrían sido detenidos nunca, o al menos no durante la tregua y las negociaciones de aquella primavera. Así queda bochornosamente documentado en las actas incautadas al entonces jefe de ETA Thierry, quien tomó nota de cómo el 22 de junio de 2006 uno de los interlocutores enviados por el Gobierno se refirió así a la redada: «Es un accidente grave… Es un asunto que viene del juez… Cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis».

Todo indica que el irritado solidario con la banda de matarifes era José Manuel Gómez Benítez, el letrado amigo de Garzón que incomprensiblemente sigue siendo hoy vocal del Poder Judicial después de que Rubalcaba lo convirtiera en una especie de representante personal en aquellas oprobiosas negociaciones. Pero daría lo mismo que hubiera sido el ex fiscal general Moscoso o el patético Eguiguren. El sentido del comentario y la aclaración sobre quién llevaba ya las riendas queda perfectamente nítido cuando, aludiendo al nombramiento de Rubalcaba como titular de Interior, el enviado de Madrid añade que se han hecho «cambios en el Gobierno con la intención de blindar el proceso».

De ahí que la pregunta que quepa hacerse en este momento es si el episodio del Faisán, además de un execrable acto delictivo que debería llevar a prisión a sus ejecutores y artífices, es también un hito coherente dentro del itinerario que ha desembocado no ya en la legalización sino en la glorificación de Bildu, hasta el extremo de permitir a ETA encaramarse al altar de su triunfo, utilizando como peana el cadáver de Miguel Ángel Blanco.

El hecho de que ese recorrido esté jalonado por importantes logros policiales frente a ETA puede parecer que desbarata esa interpretación, a menudo llevada hasta el extremo por Jaime Mayor. Cada vez que se ha visto en apuros, Rubalcaba ha recurrido a un estribillo que no deja de impactar a las almas sencillas: tantas detenciones en tantos meses, ningún asesinato o atentado en esos meses. Pero la verdad de lo ocurrido es más compleja y nada ayuda a entenderlo mejor que la frase de Pamies sobre el arreglo.

Rubalcaba se ganó la gratitud eterna de Zapatero -y probablemente la disparatada oportunidad de la que disfruta ahora- durante los meses posteriores al atentado de la T-4 y al final formal de la tregua, pues en lugar del reguero de asesinatos que debió soportar Aznar en 2000, le ofreció el desfile hacia la cárcel de los cabecillas etarras. Eso y el control de daños que supuso admitir en la entrevista que le hice entonces que los contactos habían continuado tras la voladura de Barajas -para él habría sido letal que lo hubiera descubierto Ángeles Escrivá por su cuenta-, permitieron a Zapatero eludir en 2008 el castigo que merecía en las urnas por haber mantenido una negociación política sin precedentes con los terroristas.

Pero desde el mismo momento en que el PSOE soslayó ese escollo, Rubalcaba comenzó a explicar por doquier -yo mismo lo escuché en más de una ocasión- que a ETA había que darle una salida política a la vez que se la derrotaba policialmente. Nada podía convenir más al ansia de inmortalidad de alguien como Zapatero, incapaz de conformarse en ningún ámbito con la correcta gestión de los problemas de los españoles. No, el destino que unía a estos dos hombres que siguen sin enterarse de que murieron, codo con codo, acribillados a balazos el pasado 22 de mayo, no podía limitarse a perseverar en el acoso a ETA hasta convertirla en un tigre de papel sin otra expectativa que la rendición. Ellos tenían que pasar a la Historia como los artífices del fin de la violencia en el País Vasco. Zapatero pondría las palabras grandilocuentes; Rubalcaba, el arreglo.

¿Cuántas veces no habremos escuchado desde la banalidad de la barra del bar expresiones del estilo de «esto hay que arreglarlo como sea», «que se vayan si quieren», «que les den la independencia, pero que nos dejen en paz»? Nada tan español como lo del arreglo. Te arreglan el reloj, te arreglan los frenos del coche, te arreglan la nevera o el aire acondicionado, para que al cabo de un tiempo todo se vuelva a estropear. Un arreglo no es una solución, es un parche, un remiendo para ir tirando y luego Dios dirá. Y para eso Rubalcaba se las pinta solo: nadie le atribuye una visión del Estado o un proyecto para España, pero todos le consideran un hábil operador político. Jamás ha compuesto una sola melodía original, pero como arreglista de la música ajena resulta de lo más apañado.

Ese fue su papel en el encubrimiento de los GAL. No pudo impedir que Barrionuevo y Vera fueran condenados, pero logró que no inculparan a González a cambio de hacerles el pasillo en Guadalajara y de chantajear al PP para que les indultara. Su rol en la obstrucción de la investigación del 11-M viene siendo parecido, recurriendo sin el menor escrúpulo a la mentira para apuntalar a Sánchez Manzano y con él a la insostenible versión oficial basada en la arreglada mochila de Vallecas. Y entre tanto su aportación a la cuestión de ETA fue convencer a Zapatero de que había que sustituir la negociación por el arreglo.

Rubalcaba se dio cuenta de que con la oposición del PP y la movilización de las víctimas era imposible que la sociedad española aceptara unos acuerdos entre los poderes públicos y ETA equivalentes a los de Blair con el IRA. Sobre todo, porque en nuestro caso cualquier compromiso que afectara a la soberanía y la territorialidad -lo único aceptable para la banda- supondría una vulneración de la Constitución y tendría un coste político abrumador para quien hiciera esas concesiones.

Había que sustituir el esquema de las negociaciones de paz de la primera legislatura en pos de la foto de la entrega de las armas por el del deslizamiento hacia una situación de hecho que permitiera a las dos partes cantar victoria sin haberla realmente conseguido. Y era además requisito imprescindible que el Gobierno pareciera ajeno a los beneficios políticos que obtuviera la banda terrorista a cambio de dejar de matar y de aceptar estoicamente las detenciones de algunos de sus miembros mientras otros fueran excarcelados con todo tipo de argucias.

Pocos episodios ilustran mejor lo ocurrido que el momento en que, barruntándose la jugada, el presidente del Supremo Carlos Dívar plantea a Rubalcaba que si el Gobierno quería que la izquierda abertzale se presentara a las municipales, lo que tenía que hacer era aceptar la inscripción de Sortu, a expensas de lo que pudiera decir la sala de lo Contencioso ante un eventual recurso. La respuesta fue que no, que el Gobierno prefería poner directamente el asunto en manos de los tribunales y, de hecho, movilizó a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para escenificar un rechazo que de sobra sabía que al final quedaría neutralizado en el Constitucional por su Pascual, criado leal. En esa peripecia estuvo el cursus honorum de Bildu: cada día de incertidumbre y notoriedad añadió miles de votos a su zurrón.

El problema de todo remiendo es su carácter efímero. Sobre todo, si se basa en intentar engañar a varios a la vez. Nunca sabes por dónde van a reventar las costuras de lo tan precariamente hilvanado. Además, Rubalcaba ha desplazado a Zapatero, sin darse cuenta de que políticamente está tan muerto como él, y ahora su nivel de exposición es máximo. La poca credibilidad que en apariencia le queda se evaporará el día en que, una vez que la chicharra del Faisán ha sentado a sus colaboradores en el banquillo, las chicharras del arreglo con ETA le dejen a él en evidencia.

pedroj.ramirez@elmundo.es