- EL MUNDO MADRID
- 30/05/2013 PORTADA
Las testigos del 11-M acusaron 'con total falta de fundamento'
La Audiencia avala «la labor de investigación periodística» de EL MUNDO, que ha permitido imputar a las dos mujeres rumanas por falso testimonio en la identificación de ZougamLa Audiencia de Madrid ha despachado en los términos más contundentes la denuncia por coacciones contra el vicedirector de EL MUNDO Casimiro García-Abadillo y el redactor Joaquín Manso que interpusieron dos testigos rumanas imputadas por falso testimonio contra Jamal Zougam en el juicio del 11-M.
La falsedad del relato que hicieron las dos mujeres –y muy singularmente una de ellas– se pone de manifiesto en las expresiones rotundas que utiliza el tribunal para acreditar «la total falta de fundamento del contenido de la denuncia» y confirmar el infrecuente sobreseimiento libre, definitivo y con valor de cosa juzgada que había decretado el juez instructor.
La Audiencia avala que los reporteros llevaron a cabo «exclusivamente una labor de investigación periodística» –que ha permitido que se abra un procedimiento para aclarar si las testigos mintieron cuando identificaron a Zougam en los trenes– y constata «sin ningún genero de dudas la falta absoluta de fundamento para la imputación» de los dos periodistas.
Las dos denunciantes exhibieron sus acusaciones en sendos manuscritos, cuyo contenido se ha revelado como un embuste, pero que fueron propalados con gran boato por el diario El País sin contrastarlos con los afectados. En esos documentos, aseguraban que los periodistas les habían conminado bajo presiones y chantaje a que efectuasen una declaración exculpatoria de Zougam.
Pues bien, la testigo identificada como J-70 se retractó ante el juez y admitió que no había sufrido coacciones. La numerada como C-65, sin embargo, insistió en un relato falsario en el que incluyó amenazas durante una cita con los periodistas en una cafetería. Como recuerda la Audiencia, ella misma señaló esa reunión como «correspondiente al momento en el que sufrió los más graves ataques contra su libertad».
Este diario presentó la grabación de ese encuentro, cuya autenticidad confirmó la Policía Científica, para demostrar que ni una sola de sus aseveraciones era cierta. Esa mentira ya fue subrayada por el juez instructor: «Contrariamente a lo que la testigo señaló», la cinta «no recoge en absoluto una conversación en la que los denunciados intimidasen u obligasen, o intentasen hacerlo de algún modo, a la testigo para que colaborase con ellos».
La resolución justificaba que no se tomase ninguna iniciativa de oficio contra las denunciantes en que sus acusaciones, aunque hubieran sido ciertas, no incluían la imputación de conductas que alcanzasen la categoría de delito.
El juez concluía que este diario pudo acreditar que «en ningún caso se les requirió [a las testigos] para decir algo diferente a lo que era verdad ni en absoluto se les intimidó para que lo hicieran», por lo que, como solicitaba el abogado de EL MUNDO, Juan Luis Ortega, acordó un inhabitual sobreseimiento libre.
Al resolver ahora los recursos del abogado Gonzalo Boye –que fue colaborador de ETA en los 80– y de un letrado de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo –que preside Pilar Manjón–, la Sección Penal Segunda considera que aquel sobreseimiento libre se adoptó «de forma muy acertada» y se muestra «absolutamente acorde». El auto, redactado por el magistrado Luis Martínez de Salinas, remata con que «no hay en la causa el más mínimo indicio de la comisión de un hecho delictivo».
Por si no ha quedado claro, y a buen entendedor: «Total falta de fundamento del contenido de la denuncia»; «exclusivamente una labor de investigación periodística»; «sin ningún genero de dudas la absoluta falta de fundamento para la imputación»; «no hay en la causa el más mínimo indicio». Sobre la credibilidad de estas dos mujeres se sostiene, casi exclusivamente, la condena como único autor vivo del 11-M de Zougam, del que nunca se encontró ningún vínculo con la célula islamista.
La revelaciones de EL MUNDO provocaron que otra Sección Penal de la Audiencia, la Cuarta, ordenase imputar a las dos mujeres para investigar si «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral».
J-70 no acudió a declarar contra Zougam hasta 11 meses después del atentado y lo hizo sólo 15 días después de que Interior le cerrase las puertas a las indemnizaciones, ya que los técnicos no la creyeron cuando dijo que fue herida en los trenes.
C-65 fue remitida a la Policía el 1 de abril de 2004 desde el Consulado, adonde había acudido con otra mujer, que dijo que iba con ella en el tren y también afirmó que había visto a Zougam. La Audiencia ya ha establecido que la citación del cónsul es «trascendental» para aclarar si esa acompañante era o no la testigo J-70 –las fuentes consultadas por este diario aseguran que no– pero la Embajada bloquea su comparecencia.
