miércoles, febrero 29, 2012

Las víctimas, a los sindicatos: "Que salgan a vociferar lo que quieran pero que no se acuerden de las víctimas"

29/02/12
www.libertaddigital.com
esradio

Ángeles Domínuez y Ángeles Pedraza han denunciado la "falta de respeto" de los sindicatos al salir a la calle en el aniversario de los atentados.

Ángeles Domínguez, presidenta de la asociación de ayuda a las víctimas del 11-M, ha respondido en los micrófonos de esRadio a la propuesta de manifestación conjunta de UGT y CCOO contra la Reforma Laboral del Gobierno prevista para el 11 de marzo.

Domínguez considera respecto a la manifestación conjunta que "no se pueden juntar churras con merinas" y que si los sindicatos "quieren apoyar a las víctimas" deben convocar de forma clara y unánime un acto "independiente".

El 11-M fue, según dijo en declaraciones a esRadio, "un acontecimiento cruento y doloroso y no podemos hacer un compendio de cosas". Para Domínguez, esto supone "desvirtuar el sentido del aniversario".

Por otra parte, también en una entrevista en esNoticia, de esRadio, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha calificado de "indignante" y "una falta de respeto" que los sindicatos se aferren al aniversario del 11-M para hacer sus protestas contra la reforma laboral. "Este señor podía haber empezado hace ocho años, le pido que no mezcle la reforma laboral con las víctimas del terrorismo", ha dicho en alusión al anuncio de los sindicatos.

"Nunca han estado con nosotros", ha añadido Pedraza en alusión a los sindicatos, antes de pedir "que no se cuelguen medallas, que salgan a vociferar lo que quieran pero que no se acuerden para nada de las víctimas. Es una falta de respeto total".

En la entrevista, Pedraza también se ha vuelto a referir al hallazgo de uno de los focos de explosión del 11-M. Según ha dicho, su asociación "está viendo la posibilidad" de si se pueden abrir nuevas diligencias, para averiguar "quién tiene que pagar esa culpa de no haber avisado de que eso estaba allí". Añadió que espera que se "depuren responsabilidades" y apuntó a políticos y jueces.

Ángeles Domínuez y Ángeles Pedraza han denunciado la "falta de respeto" de los sindicatos al salir a la calle en el aniversario de los atentados.
29/02/12

29/02/12
www.libertaddigital.com
Los sindicatos protestarán contra la Reforma Laboral del Gobierno en el aniversario de los atentados de Madrid.

29/02/12
www.abc.es
La Confederación Europea de Sindicatos está llevando a cabo este miércoles movilizaciones en toda la UE.

29/02/12
www.libertaddigital.com
El juez no duda de las personas que integran el Supremo, que poseen "solvencia jurídica y personal". Insiste en que "no hay nada detrás" del caso.

www.rtve.es

Entrevista (minuto 16:40) al invitado Fernando Grande-Marlaska, Pte. Sala Penal de la Audiencia Nacional. Aborda temas que marcan la actualidad política y judicial, con la directora del programa, Ana Pastor.


29/02/12
www.esradio.fm
El perito independiente del 11-M ha hablado en esRadio sobre el foco de explosión hallado por Libertad Digital. 

29/02/12
www.esradio.fm
Ángeles Pedraza y Ángeles Domínguez han expresado a esRadio su indignación tras conocerse el hallazgo de uno de los focos de explosión del 11-M. 
29/02/12
www.esradio.fm
Jiménez Losantos ha comentado la exclusiva de Luis del Pino y Carlos Sánchez de Roda sobre uno de los trenes que explotó el 11-M.


La AAV11-M quiere compartir con la opinión pública su hartazgo e indignación

28/02/12
Asociación Ayuda11-M

28.02.2012 - La AAV11-M quiere compartir con la opinión pública su hartazgo e indignación por la noticia del hallazgo de uno de los focos de explosión de los atentados terroristas del 11-M que se encontraba oculto y que nunca se puso a disposición de la autoridad.

Las víctimas nos preguntamos cómo es posible que tras casi 8 años transcurridos de los atentados nos encontremos con este tipo de descubrimientos que dejan en evidencia comportamientos y actitudes que, por el momento, nos abstendremos de calificar, pero que exigimos sean investigados y depuradas las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias.

A estas alturas, no es posible permanecer indiferente, pues las posturas tibias denotan más complicidad con los infractores y presuntos delincuentes, que apoyo y empatía con las propias víctimas, y con los deseos generalizados de la opinión pública que siempre hemos sentido tan cercana.

Por eso, instamos a los poderes públicos y a los partidos políticos, que dicen representar a los ciudadanos, a actuar de manera firme y decidida y a situarse con nosotras ante los nuevos hechos que se van conociendo de los atentados del 11-M. De lo contrario, mucho nos tememos que poco a poco los ciudadanos no nos podremos sentir representados por dirigentes cuya sensibilidad y concepto de justicia dista mucho del sentimiento generalizado de los ciudadanos que se niega a olvidar que “en esos trenes íbamos todos”

Por eso queremos también manifestar que si en las próximas fechas, coincidiendo con el  VIII aniversario de la masacre, escuchamos de responsables políticos loas, alabanzas y cariñosas palabras hacia nosotras, las víctimas preferimos hechos y actuaciones contundentes a ánimos y gestos cariñosos una vez al año. Porque de no acompañar los hechos a las intenciones, es preferible que guarden silencio pues es una forma inequívoca de retratarnos todos, ante todos, y conocer cada uno de nosotros dónde estamos y con quién podemos contar.

28/02/12
www.libertaddigital.com
El valor probatorio de este hallazgo puede ser enorme si lo ponemos en relación, no con los atentados del 11M, sino con los posibles delitos perpetrados con posterioridad y encaminados a destruir u ocultar pruebas durante la investigación de la masacre.

28/02/12
www.intereconomia.com
Antonio Huertas, autor de ‘Madrid, trama de un jueves siniestro', reflexiona en su novela sobre los atentados terroristas.

28/02/12
vozpopuli.com
El PSOE continúa con su reestructuración interna y ha informado este lunes de que su nuevo 'dircom' será Rodolfo Irago, exdirector de informativos de la Cadena Ser. Sucede al también periodista Carlos Hernández quien se reincorporó a la dirección de comunicación socialista en abril del año pasado.

28/02/12
www.intereconomia.com
El periodista es el nuevo director de Comunicación del PSOE. El partido le contrató en julio de 2011.

28/02/12
blogs.libertaddigital.com
Hace escasas semanas, el Grupo Interconomía publicaba en exclusiva la noticia del hallazgo de un vagón del 11-M en un hangar de Renfe. Se trataba de uno de los vagones donde NO había estallado ninguna bomba el 11 de marzo de 2004...

28/02/12
Federico ha contado con Luis del Pino cómo han llegado al hallazgo de uno de los vagones de tren que estallaron el 11-M.
28/02/12
Dieter Brandau ha entrevistado en esRadio al perito independiente del 11-M, Antonio Iglesias, sobre el foco de explosión hallado por Libertad Digital.
fonoteca.esradio.fm

28/02/12
www.libertaddigital.com
Poco después de la exclusiva de Libertad Digital, el cobertizo está siendo tapado y vigilado para evitar que se vean los restos del tren.

martes, febrero 28, 2012

Hallado uno de los focos de explosión del 11-M

27/02/12
blogs.libertaddigital.com
No hay aspecto del 11-M sobre el que fijemos la vista, en el que no aparezca, omnipresente, la sombra de la ocultación.

- Al sumario no se adjuntaron las actas de los restos recogidos en cada foco de explosión.
- Los restos recogidos en los trenes desaparecieron a toneladas, hasta verse reducidos a 23 míseros fragmentos, que fueron todo lo que llegó a la pericial de explosivos del juicio.
- Esos restos de los trenes no fueron entregados a la Policía Científica para su análisis, contraviniendo los protocolos vigentes para el caso de atentado terrorista.
- Los análisis realizados en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos no fueron incorporados al sumario: ni las pruebas químicas analíticas, ni los estudios sobre posibles restos de los artefactos hallados en los focos de explosión.
- Todos los vagones, menos uno, en los que habían explosionado las bombas fueron desguazados en cuestión de pocos días, contraviniendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Restos que podían haber servido para determinar la estructura de los artefactos o la composición de los explosivos fueron reducidos a chatarra.
- Las prendas de ropa no reclamadas por ningún familiar de las víctimas fueron incineradas, pocas semanas después del 11-M, en el vertedero de Valdemingómez. Y ello a pesar de que la ropa hubiera podido utilizarse para la realización de análisis químicos.
- Los restos no reclamados de artefactos electrónicos encontrados en los trenes fueron reducidos a polvo en una trituradora industrial del este de Madrid, también pocas semanas después de la masacre.
- El único vagón explosionado que no se desguazó - el vagón número 4 del tren de Santa Eugenia - fue reparado y puesto en circulación, tras cortar del mismo toda la zona correspondiente al foco de explosión.

Hoy publicamos en Libertad Digital la noticia de que los restos correspondientes al foco de explosión del tren de Santa Eugenia han permanecido arrumbados durante ocho años en la empresa encargada de la reparación de aquel vagón.

La Policía sabía que esos restos existían. Renfe estaba también al corriente. El juez instructor era consciente, según la dirección de la empresa, de que allí se conservaban esos restos extraídos del vagón explosionado.

Y, sin embargo, en el sumario del 11-M no hay rastro de su existencia: ningún informe policial, ni ningún auto judicial, menciona esos restos. No existe constancia tampoco de que el tribunal presidido por Gómez Bermúdez fuera informado de que en una empresa de Madrid habían quedado vestigios de uno de los focos de explosión.

¿Con qué objeto se conservaron esos restos? No lo sabemos, aunque está claro que esos restos se quisieron mantener deliberadamente hasta después de acabado el juicio.

Pero, sobre todo, ¿por qué se mantuvo en secreto la existencia de esos restos?

27/02/12
www.libertaddigital.com
Toda la chatarra correspondiente al foco de explosión del tren que estalló en Santa Eugenia ha permanecido durante 8 años en la empresa Tafesa.

27/02/12
www.libertaddigital.com
Ángeles Pedraza tiene claro que la causa contra Sánchez Manzano por la posible destrucción de pruebas del 11-M "no era cosa juzgada".

lunes, febrero 27, 2012

EDUARDO TORRES-DULCE Fiscal general del Estado

El Fiscal debe ser más que un buen intelectual

EL MUNDO
EDITORIAL
27/02/2012

De todos los nombramientos que ha realizado el Gobierno de Rajoy en las altas instancias, el que ha causado más expectación y ha generado también más expectativas ha sido el de Eduardo Torres-Dulce como Fiscal General del Estado. Se trata de un hombre de una gran talla intelectual que extiende sus conocimientos más allá del Derecho -es un reconocido experto en cine-, y alguien a quien nadie discute su integridad personal.

Él mismo reconoce hoy en nuestras páginas que llevaba media vida predicando qué hacer con la Fiscalía y ahora ha llegado el momento de pasar de las ideas a los hechos. Es aquí donde, en su primera entrevista a un medio de comunicación, genera sentimientos contradictorios. Porque aunque compartimos algunas de sus valoraciones -como su respaldo a la sentencia condenatoria a Garzón y su implícita decisión de no recurrirla al Constitucional-, y aun cuando nos felicitamos por su negativa a legalizar Sortu y por su apoyo a los fiscales del caso Urdangarin, nos parece que se equivoca gravemente al decidir no recurrir el archivo de las investigaciones sobre la actuación del ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano en el 11-M. Más aún por cuanto el propio Torres-Dulce coincide con el fiscal del caso en que el asunto «no es cosa juzgada», en contra del criterio de la Audiencia Provincial de Madrid.

Llama la atención que el Fiscal General arroje la toalla con tanta facilidad basándose en el argumento de que, tras estudiar el caso, cree que técnicamente no es posible interponer recurso, aun cuando al mismo tiempo asegura con rotundidad que no existen los elementos «ni subjetivos ni objetivos para apreciar la cosa juzgada». En realidad, lo que Torres-Dulce nos viene a decir es que la Audiencia Provincial ha tomado una decisión injusta desde el punto de vista del Derecho, pero que nada se puede hacer ya.

El mensaje resulta particularmente doloroso por cuanto los demandantes son las víctimas del terrorismo y el asunto de fondo es el 11-M. El mayor atentado de nuestra historia se cerró en el Tribunal Supremo con una sentencia con muchas sombras. Buen ejemplo de ello son los hechos que la magistrada Coro Cillán ha acreditado judicialmente en torno a la actuación de Manzano y la inquietante posibilidad de que las testigos rumanas mintieran al identificar a Jamal Zougam como autor material de los atentados.

La resignación del Fiscal resulta sorprendente, además, por cuanto el debate sobre el sobreseimiento libre y el recurso de casación es de una gran complejidad jurídica y provoca división entre los expertos. De la redacción del artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cabe colegir que el sobreseimiento libre equivale a una absolución cuando se entiende que los hechos sumariales no son constitutivos de delito. Sin embargo, en el archivo de la investigación a Manzano no se entra en los hechos. El falaz argumento para tomar esa decisión es que la cosa ha sido juzgada como consecuencia del archivo de una burda querella anterior de carácter general. Por tanto, podría interpretarse que sí cabe recurso y, de hecho, la propia Audiencia Provincial ofrece a las partes esa posibilidad en el fallo.

Por todo ello, nos parece frustrante, decepcionante y desalentador que un Fiscal General se conforme a las primeras de cambio con una situación que considera injusta, pese a tener al alcance, cuando menos, la posibilidad de intentar remediarla. Bien está tener un Fiscal abierto de mente, una persona que actúa sin dogmatismo, pero Torres-Dulce ha de ser consciente de que ocupa un puesto de designación política y que de él no se esperan diagnósticos, sino actuaciones.

EDUARDO TORRES-DULCE Fiscal general del Estado

«La actuación de Manzano no es cosa juzgada pero no cabe recurso»

MARÍA PERAL MADRID
27/02/2012 ESPAÑA

«Cuenta usted con nuestro respeto, consideración, aprecio y estima». El político que dirigió estas palabras a Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950) el pasado 25 de enero en el Congreso no era miembro del Gobierno. Tampoco el portavoz del PP. Era el representante del PSOE. La escena ilustra bien que el nuevo fiscal general es una rara avis en nuestro país: todos, incluidos sus adversarios, reconocen su prestigio profesional y su talla intelectual y jurídica. Él dice que tenía que aceptar el cargo porque lleva media vida predicando sobre lo que había que hacer con la Fiscalía «y ahora que me dan la oportunidad de hacerlo no podía decir que no».

Pregunta.- El PP criticaba a su antecesor por ser 'el fiscal general del PSOE'. Ahora el PP le ha elegido a usted. ¿Cómo convencer a los ciudadanos de que la Fiscalía no va a ser un apéndice del Gobierno?

Respuesta.- Si hay algo que a un jurista le puede llevar a no aceptar este cargo es precisamente eso. He aceptado el cargo porque el Ejecutivo ha asegurado -y lo ha hecho públicamente- que eso no va a ser así con este Gobierno. Le he pedido al ministro de Justicia un cambio en el estatuto para reforzar nuestra independencia: la singularización de nuestro presupuesto, eliminar los rastros que pueda haber de conexión con los ejecutivos central o autonómicos y potenciar el papel de la Junta de Fiscales de Sala y, sobre todo, del Consejo Fiscal para que limiten el omnímodo poder que tiene el fiscal general. Y, en el plano personal, mi disposición a no aceptar ninguna injerencia. Si yo pido autonomía frente a los poderes públicos, voy a autoexigirme la autonomía de los fiscales frente a mí. Mi criterio será que decidan los fiscales del caso y yo lo respetaré o, en caso de discrepancia, pondré en marcha los mecanismos estatutarios para examinarla en la Junta de Fiscales de Sala o en el Consejo Fiscal. Los fiscales actuarán sin interferencias.

P.- Eso va a conllevar una continua exhibición de los desacuerdos.
R.- ¿Por qué? Hay que presumir que todo el mundo va a actuar de acuerdo con el principio de legalidad. En el mes que llevo aquí no he tenido ningún punto de fricción.

P.- ¿Ha estado de acuerdo en no recurrir el archivo de las diligencias sobre el ex comisario de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano por su actuación en el 11-M, pese a que la Fiscalía había rechazado que haya cosa juzgada?
R.- Estoy de acuerdo y lo podemos explicar. La posición del fiscal del caso y de la Fiscalía de Madrid era agotar la investigación y rechazar que haya cosa juzgada. Tras el auto de archivo que dicta la Audiencia de Madrid, seguimos pensando y sigo pensando que es más que dudoso que haya cosa juzgada, porque lo que se vio en el Juzgado de Instrucción número 6 y lo que se ha investigado en el Juzgado número 43 no tienen los puntos de identificación ni subjetivos (respecto a las personas) ni objetivos (respecto a los hechos) para apreciar la cosa juzgada. Pero hemos estudiado, tanto la Fiscalía de Madrid como la del Supremo, la posibilidad de recurrir ese auto en casación y, desde nuestro de vista, no cabe interponer ese recurso.

P.- En el asunto del 11-M, ¿hay flecos que merecen ser investigados o para el fiscal general es un tema cerrado?
R.- El tema cerrado son los hechos declarados probados en firme. Cualquier otro hecho respecto al que se pusiera de manifiesto la necesidad de investigar el fiscal general está abierto a hacerlo.

P.- ¿Ha dado alguna indicación a los fiscales que llevan el proceso que afecta a Iñaki Urdangarin?
R.- No. Tengo un informe del fiscal del caso en el que se pone de manifiesto el íter procesal y nuestra posición en la fase de instrucción. En líneas generales, ese informe lo encuentro plenamente aceptable. El fiscal tiene autonomía absoluta tanto respecto a Urdangarin como al resto de los imputados. Hasta el momento no tengo ningún motivo para intervenir en ese proceso.

P.- ¿La Fiscalía contempla el escenario de tener que dirigir la acusación contra Urdangarin?
R.- Hasta que no se cierre la investigación y hasta que por parte del fiscal adscrito al caso y del fiscal jefe Anticorrupción no se me someta esa decisión, no estoy en condiciones -ni yo ni creo que nadie- de poder admitir con certeza determinadas circunstancias. Hay que ser respetuoso con la fase de instrucción, que significa respeto a la presunción de inocencia y reunir tanto las pruebas positivas como las negativas respecto a una persona.

P.- Pero la contundencia de los escritos ya presentados por la Fiscalía respecto a Urdangarin ha generado una expectativa en la opinión pública respecto a los indicios existentes contra él. De manera que, si a la postre, la Fiscalía decide no hacer nada, la conclusión a la que muchos pueden llegar es que de nuevo se acaba protegiendo a los poderosos.
R.- No. Las actuaciones que hasta ahora ha realizado la Fiscalía me parecen correctas y, por lo tanto, hay que insistir en las líneas de investigación, con las consecuencias de calificación penal a las que se llegue en su momento. No preveo un cambio de la posición procesal de la Fiscalía en este momento. Lógicamente, hay que estar abiertos a los resultados de la investigación. Pero insisto en que todo lo que se me ha sometido por la Fiscalía Anticorrupción me parece correcto jurídica y procesalmente.

P.- ¿Le preocupa la incidencia que ese proceso puede tener en la imagen de la Corona? ¿O la Fiscalía debe aplicar el principio de legalidad sin más consideraciones (fiat justitia et pereat mundus)?
R.- La primera consideración del fiscal general y del fiscal que lleva el asunto es el sometimiento estricto y por completo al principio de legalidad, porque es un mandato constitucional. Un asunto así puede preocupar, pero la imagen de la Corona está firmemente arraigada. Desde luego, en el fiscal general y en el fiscal del caso ninguna otra consideración que no sea el principio de legalidad va a hacer mella.

P.- ¿Ha hablado con el Rey sobre este asunto?
R.- No.

P.- ¿Y con el presidente Rajoy?
R.- Tampoco.

P.- ¿Y con el ministro de Justicia?
R.- Con el ministro he hablado de éste y de otros asuntos por la información general que él debe tener, pero con el respeto debido a la reserva procesal.

P.- ¿La Fiscalía cree que la Infanta Cristina debe declarar como imputada?
R.- Presentaremos un escrito el martes. Es una decisión de la Fiscalía Anticorrupción que respetaré. Pero, en principio, lo que se me transmite es que no hay motivos.

P.- ¿Es partidario de que el fiscal dirija la investigación de los delitos?
R.- Se puede atribuir un mayor rol, un rol predominante al fiscal en la fase de instrucción siempre que se refuerce su autonomía frente a las decisiones del fiscal general, que se le dote de peritos y unidades de Policía Judicial exclusivamente dependientes del fiscal y que se resuelvan dos problemas técnicos: que todo lo que investigue el fiscal tenga eficacia sin necesidad de reproducirlo ante el juez y que se garantice la igualdad de armas en el proceso. Lo que no aceptaré es que la investigación esté en manos de la Policía, no del fiscal o del juez.

P.- A la vista de cómo evoluciona la situación, si usted tuviera que decidir, ¿legalizaría Sortu?
R.- No, en modo alguno. La posición de la Fiscalía tanto ante el Supremo como ante el Constitucional -postura que se tomó por unanimidad y con la que estoy de acuerdo- fue contraria a la legalización.

P.- Pero las circunstancias pueden haber cambiado.
R.- No tengo a fecha de hoy ningún motivo para modificar esa postura.

P.- ¿Ha hablado sobre Sortu con algún miembro del Gobierno? ¿Quizá con el ministro del Interior?
R.- Con nadie. Me someto estrictamente al criterio de legalidad. He pedido un informe a la Fiscalía del Supremo que me ha ratificado en que no hay ningún motivo para cambiar nuestra postura.

P.- El informe de la Fiscalía sobre el primer recurso examinado por el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la doctrina Parot llevaba su firma. Proponía amparar al etarra por vulneración de los derechos fundamentales a la libertad y a la tutela judicial efectiva. ¿Piensa que la doctrina Parot es inconstitucional?
R.- La postura de la Fiscalía se debatió en Junta de Fiscales y se asumió por mi antecesor. La posición que prosperó fue que la doctrina Parot no es inconstitucional en sí misma, pero su aplicación retroactiva en los casos en los que exista una decisión firme refundiendo las condenas podría afectar al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, y entonces hay que solicitar el amparo. Pero examinando cada caso concreto.

P.- ¿Usted se suma al ministro de Justicia en ser un verso suelto y cree también que el matrimonio homosexual es constitucional?
R.- No voy a dar ninguna opinión personal. La Fiscalía del TC consideró en su momento que es constitucional y hay que respetarlo.

P.- ¿Le parece justa la condena a Baltasar Garzón?
R.- La postura de la Fiscalía fue fijada antes de que yo llegara aquí. La sentencia del Supremo está redactada por un magistrado al que admiro. Es una sentencia jurídicamente muy bien construida.

P.- ¿Hubiera adoptado la postura mantenida la Fiscalía de haber sido entonces el fiscal general?
R.- No lo sé, porque no conozco los datos que había entonces en el proceso. Cuando llego me encuentro con una posición ya expuesta en juicio oral y lo único que puedo decir es que siempre hay que acatar y respetar las decisiones judiciales aunque nos sean muy desfavorables, como en este caso.

P.- ¿Hay motivos para recurrir ese fallo en amparo al TC?
R.- La legitimación para que la Fiscalía pueda recurrir en amparo es muy complicada a la vista de la propia doctrina del TC, que no nos la reconoce.

P.- ¿Qué opinión le merecen las críticas de quienes dicen que ni acatan ni respetan la sentencia?
R.- Se daña al Estado de Derecho. La crítica, incluso contundente, es sana. Pero rechazo plenamente que se llegue al punto de atacar lo que significa la independencia de los jueces en la toma de decisiones.

domingo, febrero 26, 2012

Los porteros de la ley - Carta del director PEDRO J. RAMÍREZ

EL MUNDO

Los porteros de la ley

Carta del director PEDRO J. RAMÍREZ
26/02/2012

No hay nada tan kafkiano en El proceso de Kafka como la historia que le cuenta a Josef K. un sacerdote que se presenta como «capellán de la prisión» en la oscuridad de la catedral vacía. No en vano Orson Welles extrajo ese «relato dentro del relato» del final del libro y lo convirtió en una especie de preámbulo onírico a su película. Las palabras del narrador aún resuenan en mis oídos como trasfondo de una solemne puerta abierta hacia la luz:

«Ante la ley hay un portero. A este portero se le acerca un hombre del campo y le pide que le deje entrar en la ley. Pero el portero le dice que en ese momento no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta entonces si podrá entrar más tarde. 'Es posible', dice el portero, 'pero ahora no'. Como la puerta de la ley está abierta igual que siempre y el portero se echa a un lado, el hombre se asoma para ver en su interior».

Es sólo el comienzo. El peticionario cree que la suya es una causa justa y que «la ley debe ser accesible siempre y a cualquiera». Pero como el portero con «su gran abrigo de piel, su gran nariz puntiaguda y su barba de tártaro larga, rala y negra» le impone mucho, decide sentarse en un taburete junto a la puerta de la ley a esperar que cambie el viento. Todo es en vano. «Allí permanece sentado días y años». Lo intenta por todas las vías, incluso entregando cosas, tal vez dinero, al portero que recibe sus ofrendas de forma displicente: «Sólo lo acepto para que no te creas que te has dejado pasar algo por alto». Pero la entrada continúa infranqueable.

Aporto estos antecedentes literarios para que los amigos y familiares de la juez Belén Sánchez Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que acaba de rechazar la admisión a trámite de la querella por falso testimonio de Jamal Zougam contra las dos rumanas que declararon haberle visto en uno de los trenes del 11-M, entiendan por qué a Su Señoría está creciéndole el apéndice nasal y en sus mejillas empieza a aparecer mucho más que pelusilla.

En auto de 19 de enero, la juez Sánchez Hernández contestó a la demanda del condenado a 42.917 años de prisión con ese primer «es posible» del portero de la ley o más concretamente con la apreciación de que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos». Sin embargo, un mes después le ha dado con las puertas del «pero ahora no» en las narices.

¿Con qué argumentos? Con dos que producen vergüenza ajena a cualquier ciudadano con un sentido elemental de la lógica. Por un lado, el de que la descripción de los hechos no incorpora el elemento subjetivo del «dolo» -o sea la voluntad de mentir por uno u otro motivo- que requiere el tipo penal del falso testimonio.

Esto es directamente falaz, pues la querella, basada en las revelaciones de EL MUNDO, detalla cómo la testigo protegida J-70 fue rechazada como falsa víctima por el tribunal de evaluación del Ministerio de Interior 15 días antes de que se le iluminara la memoria y recordara -al cabo de un año del atentado- haber visto a Zougam en un vagón; y cómo tanto ella como la camaleónica C-65 -que tanto iba con una amiga como con otra en aquel tren- obtuvieron papeles, dinero y trabajo como consecuencia de su crucial apoyo a la decisión policial de endosarle los 191 asesinatos al único detenido al que podían relacionar con lo ocurrido, vía mochila de Vallecas. Si esto no es una base para abrir un procedimiento, iniciar una investigación y tomar declaración a las dos rumanas para someterlas por primera vez con conocimiento de causa al principio de contradicción, que venga Dios y lo vea.

El segundo argumento de la juez aún es más patético pues alega que no le corresponde a un juzgado de instrucción «contradecir o impugnar la valoración efectuada por el tribunal -del 11-M- de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa». Si fuera así no existiría el artículo 458 del Código Penal que tipifica el falso testimonio y habría por lo tanto un motivo menos para pagarle a ella el sueldo como funcionaria.

Tamaña estolidez resulta en este caso doblemente hiriente a la inteligencia y a la moralidad en la medida en que, tal y como apunta el susodicho 458, la demostración del perjurio es la única vía que podría llevar a un juicio de revisión de la condena de Zougam; y en la medida en que su defensa desconocía en el momento del juicio oral todas estas circunstancias sobre las testigos protegidas que EL MUNDO ha podido averiguar al cabo de años de laboriosa investigación. ¿Alguien duda de que al menos la credibilidad de J-70 se habría desmoronado con estrépito si un letrado hubiera exhibido un expediente en el que las propias autoridades acababan de darla por falsaria?

Son tan ridículos e inanes los dos motivos de inadmisión que parece lógico que la decisión sea revocada a nada que el recurso recaiga sobre una sala normal de la Audiencia Provincial. Pero, claro, la instrucción volvería entonces a la juez Sánchez y, vista su disposición, muy poco podría esperarse de ella. Sobre todo por un detalle que sugiere una especial malevolencia, un cierto sadismo hacia la familia del querellante. Me refiero a su insólito requerimiento de fianza -nada menos que 3.000 euros- incluido en aquel auto de 19 de enero en el que abrió diligencias previas.

La madre de Zougam, cofirmante de la querella, tuvo que pedir un crédito al banco; pero al propio reo, sometido desde hace ocho años a un implacable régimen de confinamiento solitario, se le saltaron las lágrimas cuando interpretó, como nosotros mismos también lo hicimos, que aquella inusual demanda económica sólo podía anticipar la admisión de la querella. Nadie estaba en condiciones de imaginar que, visto lo visto, la juez sólo la pidió «para que no creas que te has dejado pasar algo por alto».

Sí, ya sé, la Justicia no es una ciencia exacta; unas veces se gana y otras se pierde; los jueces o los jurados, como los árbitros, aciertan y se equivocan. Me he hecho tantas veces esas reflexiones, analizando condenas que como la de Garzón caían por su propio peso pero había que ver para creer, absoluciones tan estupefacientes como la de Camps o comparecencias tan cargadas de futuro como la de Blanco o la de ayer de Urdangarin, que tengo por norma no dar nada por zanjado mientras los dados rueden. Por eso lo único intolerable es que te impidan jugar el partido. Cuando lo que se relata en una querella tiene apariencia de delito, como reconoció la propia juez Sánchez, su inadmisión vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva que la Constitución otorga hasta al más miserable de los seres. No digamos nada si de ese tenue hilo pende la reclusión de por vida de alguien a quien cada vez más personas informadas consideramos inocente.

En el relato del «capellán de la prisión» el «hombre del campo» va extinguiéndose lentamente en su solitario taburete. Al borde de la muerte expresa su última perplejidad: «¿Cómo es posible que en todos estos años nadie excepto yo haya pedido que le dejen entrar?». El portero desvela entonces su cruel secreto: «Nadie más podía tener acceso por aquí, pues esta entrada estaba destinada sólo para ti. Ahora me voy y la cierro».

Jamal Zougam no es, sin embargo, el único que se encuentra hoy ante las puertas de la ley. Desde hace unos días, cual si de un macabro sarcasmo se tratara, dos de las tres asociaciones de víctimas del 11-M han sido expulsadas del recinto en el que a duras penas habían logrado penetrar y se han visto obligadas a amontonarse en un duro banco al otro lado del quicio de la entrada. Han descubierto amargamente que, incluso después de dos años de fructífera instrucción en los que la juez Cillán había acumulado elementos más que suficientes para llevar a juicio al comisario Manzano, podía ocurrirles que un segundo portero hiciera tabla rasa de todo ello y, como en el juego de la oca, les mandara otra vez a la casilla de salida.

El surrealista motivo esgrimido para abortar su querella es en el fondo el mismo que indolentemente ha deslizado Belén Sánchez en su paupérrimo auto: la «cosa juzgada». Si hay una figura jurídica más detestable que la prescripción cuando los delitos son flagrantes, es la «cosa juzgada». Con el agravio adicional de que en este caso la sección 17 de la Audiencia Provincial no se refiere a la vista oral del 11-M sino a la inadmisión de otra querella mucho más genérica en la que ya estaba incluido Manzano.

Aquella fue una decisión correcta porque un grupo de ultraderecha se limitó a presentar un ejemplar del libro Titadyne, disparando a bulto contra todos los funcionarios que pasaban por allí. Pero aplicar el principio del non bis in idem a la mucho más concreta y acotada acción legal de la Asociación de Víctimas del 11-M, a la que se adhirió la AVT, cuando gracias a ella ya habíamos comprobado que el jefe de los Tedax manipuló unas pruebas y ocultó otras, o cuando estábamos a punto de averiguar de qué covachuela policial partió la consigna de que Renfe destruyera los vagones, es una infamia jurisdiccional pues ni el objeto ni el sujeto del pleito eran el mismo.

Como bien ha argumentado el abogado de los querellantes José María de Pablo, esto supondría que la mejor forma que tendría cualquier delincuente para garantizarse la impunidad sería presentar una denuncia chapucera y mal fundamentada contra un amplio colectivo que le incluyera y escudarse a partir de ahí en su seguro archivo. ¿Cómo han podido actuar así estos tres magistrados? Yo sólo puedo aportar el dato elocuente de que el presidente de esa sección, José Luis Sánchez Trujillano, fue el mismo juez que consideró que cuando Rodríguez Menéndez publicó una y otra vez que yo «sodomizaba a niños de 12 años» no se trataba de un delito de calumnia porque no concretaba a qué niño se refería.

Espero que la fulminante revocación de aquella sentencia por la instancia superior que procedió a la condena solicitada sea un perenne baldón que impida a Trujillano progresar en su carrera de igual modo que la trayectoria de Bermúdez acaba de ser determinante para su no renovación en el cargo. El problema es que el recurso de este aberrante sobreseimiento que de momento cercena las esperanzas de esclarecer aspectos clave del 11-M, si bien está claro respecto a la cuestión de fondo, puede verse obstaculizado por graves escollos técnicos pues, por añadir más surrealismo al surrealismo, hay juristas que sostienen que tal decisión no es recurrible.

Por segunda semana consecutiva me esmero, pues, en estimular la imaginación cinéfila del nuevo fiscal del Estado. Ante esas enormes puertas de la ley que filmó Welles tiene ahora mismo sentados en un lado al único condenado como autor material de la masacre de Madrid clamando, con indicios insoslayables, que ha sido víctima de la mayor injusticia judicial de la Historia; y en el otro a los representantes de dos tercios de las víctimas que ya han podido demostrar en un juzgado que la policía manipuló pruebas decisivas de la investigación y exigen que eso no quede amortizado a beneficio de inventario. Una fina inteligencia como la suya no puede ignorar que lo que se aporta desde esas dos perspectivas antagónicas es en realidad coincidente.

Como siempre que se trata de la Justicia, el «relato dentro del relato» de Kafka tiene dos finales. Exasperado por la estulticia del portero, Josef K. llega a un diagnóstico sin esperanza: «La mentira se convierte así en el orden universal». Pero el sacerdote hace una salvedad a la que es posible agarrarse como a un último matorral sobre el abismo: «Al principio se dice que la puerta de la ley permanece abierta, como siempre, pero si siempre permanece abierta, siempre, es decir independientemente de la duración de la vida del hombre para el que está destinada, entonces el portero tampoco podrá cerrarla».

Eso es lo que está hoy en juego en España: si prevalecerá la puerta o lo harán algunos de sus más torpes, fanáticos e indolentes porteros. De momento van ganando los porteros.

pedroj.ramirez@elmundo.es

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Marlaska sustituye a Bermúdez

Cambio positivo en la Audiencia Nacional
24/02/2012

El relevo de Bermúdez por Marlaska al frente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional tiene el carácter simbólico de que asciende el juez que abrió el caso del chivatazo a ETA en el bar Faisán -cuya investigación paralizó Garzón cuando volvió a su Juzgado- para sustituir a quien pasará a la historia por cerrar en falso el 11-M. Bermúdez no sólo cocinó una sentencia que incluye como hechos probados falsedades objetivas, sino que engañó a las víctimas, con las que se comprometió a deducir testimonio con los agentes que mintieron en el juicio. La noticia es positiva porque se va alguien que se ha caracterizado por bloquear investigaciones incómodas para el poder político y llega alguien que ha mantenido una actitud inversa. Se marcha un juez que bloqueó la imputación de altos cargos socialistas en el caso del chivatazo con la maniobra de elevar al Pleno la resolución de sus recursos y le suple otro que ha sido contundente en la lucha contra ETA. Eso explica, por un lado, el apoyo mayoritario que el primero recibió ayer de los jueces del CGPJ elegidos a propuesta del PSOE, y, por otro, la satisfacción de las víctimas con el nombramiento del segundo.

El juez que abrió el 'Faisán' se impone al que cerró el 11-M

M. MARRACO M. PERAL MADRID
24/02/2012 PORTADA

Grande-Marlaska presidirá la Sala Penal de la Audiencia al lograr 2 votos más que Bermúdez / Las víctimas, satisfechas
Fernando Grande-Marlaska, un experimentado juez en la lucha contra ETA, vasco, de 49 años, dirigirá durante los próximos cinco años la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un tribunal clave en el proceso de desaparición de la banda terrorista.

Marlaska logró en dos votaciones -reglamentariamente pueden ser hasta cuatro- los 11 votos justos para acceder a la presidencia de esa Sala. Se impuso a Javier Gómez Bermúdez, que optaba a la reelección y se quedó en nueve votos.

El juez que abrió el caso Faisán, respaldado por el grueso de los vocales propuestos por el PP y por dos consejeros propuestos por el PSOE, sucederá al juez que clausuró el 11-M, apadrinado por el vocal Gómez Benítez, el enviado de Rubalcaba a las negociaciones con ETA. El nombramiento concitó la satisfacción de las asociaciones de víctimas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sólo fue capaz de elegir en plazo al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sino que también pudo desbloquear, por fin, la plaza de la Sala Penal del Tribunal Supremo correspondiente al turno de juristas de reconocida competencia, que estaba vacante desde hace casi tres años.

Para ambos cargos fueron elegidos los candidatos respaldados por el vicepresidente, Fernando de Rosa, y el grupo de vocales propuestos por el PP, con el apoyo determinante de dos consejeros propuestos por el PSOE (tres en el caso de Del Moral, que también fue votado por el presidente del Consejo, Carlos Dívar).

Fue una estrategia perfecta frente a la que nada pudieron hacer los ocho consejeros propuestos por PNV, CiU y PSOE que apoyaron desde la primera votación a Gómez Bermúdez, apadrinado por el vocal José Manuel Gómez Benítez, el enviado del ex ministro socialista de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba en las negociaciones con ETA.

Fue una rápida elección porque apenas hubo debate previo. Sólo Claro Fernández-Carnicero tomó la palabra para defender con brillantez la candidatura de Grande-Marlaska. Nadie intervino para exponer los méritos de Gómez Bermúdez o de los otros cuatro aspirantes: Teresa Palacios, que figuraba en la terna aprobada por la Comisión de Calificación; Javier Martínez Lázaro, Alfonso Guevara y Juan Pablo González.

Ni Palacios, ni Guevara ni González recibieron voto alguno, que en todo caso hubiera procedido de los vocales propuestos por el PP. Pero éstos prefirieron no arriesgarse a que, dispersando sus papeletas para consolar a los peticionarios, Grande-Marlaska se quedara sin apoyos suficientes para pasar a la segunda vuelta.

De esta forma, en la primera votación Gómez Bermúdez tuvo ocho votos, Marlaska 10 y Martínez Lázaro, tres.

A la segunda ronda sólo pasaron los dos candidatos más votados en la primera. Fue entonces cuando Fernando Grande-Marlaska logró los 11 votos justos para acceder al cargo, mientras que Gómez Bermúdez se quedó con nueve votos. Uno se emitió en blanco.

Javier Gómez Bermúdez, que ha ocupado la Presidencia de la Sala desde septiembre de 2004, no ha obtenido la confianza del CGPJ para revalidar el mandato. Su falta de entendimiento con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y actuaciones controvertidas como elcaso 11-M o la unilateral avocación al Pleno del caso Faisán cuando correspondía a la Sección Segunda han operado en su contra.

Con anterioridad se había elegido a Antonio del Moral, un prestigioso fiscal del Supremo, como magistrado de la Sala Penal.

El vocal propuesto por el PSOE Miguel Carmona intentó in extremis evitar la elección y propuso que la cobertura de la vacante del Supremo fuera sacada del orden del día «ante la previsible falta de acuerdo». Le replicó Antonio Dorado, que hizo valer que el asunto ya estaba en el orden de la reunión y pidió proceder a la votación.

Se agotaron las cuatro rondas previstas en el reglamento. En la primera Del Moral obtuvo 12 votos; el catedrático Gonzalo Quintero, cinco y la catedrática María Luisa Corcoy, cuatro.

En la segunda y tercera vueltas Del Moral mantuvo los 12 votos, Quintero subió a ocho y se registró un voto en blanco.

En la cuarta y última votación, Del Moral alcanzó los 13 votos necesarios, Quintero bajó a siete y se repitió la papeleta en blanco.

Antonio del Moral ingresó en la carrera fiscal en 1983, con el número uno de su promoción. Ejerció en las fiscalías de Ciudad Real y Madrid y en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Desde mayo de 1999 era miembro de la Sección de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Por su parte, Fernando Grande-Marlaska ingresó en la carrera judicial en 1988. Ejerció como juez en Santoña y Bilbao. Entre 1999 y 2003 presidió la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bilbao.

En abril de 2003 se trasladó a Madrid, donde estuvo destinado en el Juzgado de Instrucción número 36 y, desde mayo de 2004, en distintos puestos de la Audiencia Nacional.

F. GRANDE-MARLASKA Presidente de la Sala Penal. El juez que no se achantó

MANUEL MARRACO MADRID
24/02/2012 ESPAÑA

«¡Marlaska, no te achantes!». Si no fuera por los cristales blindados del despacho de Garzón, que por entonces ocupaba, el nuevo presidente de la Sala de lo Penal habría podido oír ese grito desde la calle la tarde que tenía ante sí a Arnaldo Otegi. Porque si en su nuevo puesto le van a corresponder decisiones de trascendencia, no serán las primeras. Con Otegi ni se achantó ni optó por la vía más dura: le mandó a prisión eludible con una abultada fianza.

Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) lleva ocho años en la Audiencia y 24 en la carrera judicial. Empezó en Santoña, presidió la Audiencia de Vizcaya, volvió a ser instructor en los juzgados de Madrid y en abril de 2004 pasó de plaza de Castilla a la calle de Génova. Desde su llegada al tribunal antiterrorista le ha tocado sustituir a Ruiz Polanco en el Central 1, sustituir a Garzón en el Central 5, entrar a formar parte de un tribunal de la Sala Penal y, finalmente y durante sólo unas semanas más, volver como instructor al Central 3. Entremedias intentó, sin éxito, ser vocal del CGPJ.

Los momentos más intensos fueron, sin duda, los que le llevaron a opacar al juezestrella. Procesó a Otegi y apretó el cerco judicial a Batasuna. Sus últimos días antes de que Garzón volviera de EEUU para reconducir el proceso de paz fueron trepidantes: ordenó abrir una investigación por el chivatazo que había desbaratado su operación contra el bar Faisán y viajó a su ciudad natal para imputar a un dirigente del PNV por colaborar con la red de extorsión etarra.

En los últimos años, Marlaska se ha encargado de la mayoría de las operaciones contra Segi, cantera de ETA y ha investigado la red de abogados de la banda. En esas y otras causas Marlaska ha dictado numerosísimas prisiones provisionales que luego han sido revocadas por la Sala que ahora presidirá. Al margen del terrorismo, una de sus últimas decisiones ha sido archivar, por segunda vez, la investigación de la contratación del Yak 42, lo que le ha valido aceradas críticas de los familiares.

Tras una operación policial con la última tregua ya en marcha, el dirigente abertazle Txelui Moreno soltó: «Decidle a Marlaska que con estas detenciones se puede joder el proceso». Las coléricas palabras encontraron la indiferencia del juez en una entrevista al vicedirector de este diario, Casimiro García-Abadillo: «No es para pensar mucho en ello». Marlaska, al que ETA planeó asesinar en Ezcaray, añadió algo que hoy, desde su nuevo cargo, cobra más relevancia: «Yo no puedo tener nunca la idea de que con mi trabajo se pueda entorpecer, fastidiar o perturbar nada».

Desde que se tuvo que estrenar como juez con la muerte de Rafi Escobedo, los titulares han perseguido a este hijo de funcionario y costurera que estudió, y mucho, en un colegio católico. Otros titulares los ha escogido él, como cuando, entre auto y auto, decidió hacer pública su homosexualidad.

Los compromisos del nuevo presidente

24/02/2012 ESPAÑA

- Potenciación del Pleno de la Sala con la celebración de reuniones periódicas, con el fin de unificar criterios y dar respuestas jurídicas correctas. Será la forma de hacer frente a «un problema que no podemos obviar»: las revocaciones de sentencias por parte del Supremo.

- Auditoría de ejecutorias. Se hará con los presidentes de las secciones un estudio pormenorizado del estado de los fallos pendientes de ejecutar, dando a este asunto un «tratamiento preferente».

- Seguimiento de las instrucciones. Los ponentes de cada causa harán un seguimiento «efectivo» de las instrucciones para evitar su prolongación en el tiempo y el mantenimiento indefinido del secreto.

- Expediente digital.Deberá arrancar con todas las nuevas causas que se inicien a partir de octubre de 2012.

- Organización. Se mantendrán las cuatro secciones, cada una con una UPAD (unidad de apoyo directo). Habrá un «especial cuidado» en mantener la composición personal de los tribunales, «sin alteraciones en el último momento». Se mantendrá la especialización de la Sección Primera y se propondrá la especialización de otras secciones en extradiciones y entregas.

- Relación con las víctimas. Potenciación de la Oficina de Víctimas para que éstas estén informadas de cada trámite del proceso. La oficina se instalará en la Audiencia y se dotará de personal especializado, como psicólogos.

- Competencias. Propuesta de atribución a la Sala del conocimiento de la criminalidad organizada para la trata de seres humanos y corrupción pública y privada.

«Ha sido claro y contundente contra el terrorismo»

M. M. MADRID
24/02/2012 ESPAÑA

Las asociaciones de víctimas se mostraron ayer unánimemente satisfechas del nombramiento. «Estamos muy contentos porque Marlaska ha sido claro en su firmeza y contundencia contra el terrorismo. Estamos ilusionados y contentos», declaró ayer la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Ángeles Pedraza añadió que confiaba en que «muchos casos estancados» puedan ahora recibir un impulso. «Como víctima y como presidenta de la AVT, creo que ha sido un acierto», concluyó.

Desde la asociación de víctimas Verde Esperanza-Voces contra el Terrorismo, su presidente Francisco José Alcaraz también se mostraba muy satisfecho. «Lo veo francamente una buena elección, sobre todo cuando la alternativa era Gómez Bermúdez», declaró. Alcaraz recordó que en su intervención ante el Consejo General del poder Judicial Marlaska «se acordó de las víctimas del terrorismo», a diferencia de lo que hizo el hasta ahora presidente. «Sus actuaciones hasta ahora nos generan una esperanza de imparcialidad que hoy en día no es poco».

Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia opinó en declaraciones a Servimedia que su designación servirá para resolver el caso Faisán y otras causas «enquistadas». Daniel Portero, presidente de la asociación, afirmó que «la trayectoria de Marlaska en la lucha antiterrorista es intachable» y «no ha cometido ni un solo error». «Es una persona que, aparte de trabajadora, hace equipo», lo cual «va a impulsar todas aquellas investigaciones que, de alguna forma, están enquistadas en la Audiencia Nacional».

También mostró ayer su satisfacción la asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M. Su presidenta, Ángeles Domínguez, explicó que Marlaska les parecía «el mejor candidato». «La trayectoria de Grande-Marlaska con las víctimas ha sido buena. Veremos si en estos años seguimos pensando lo mismo. Que no nos defraude».

23/02/12
plataformaconstitucional.blogspot.com
Desde la Plataforma Constitucional se impulsa el esfuerzo de un conjunto de profesionales que, ante la quiebra del marco constitucional que supone la actual deriva nacionalista en España, promueven la realización de una Segunda Transición para la reforma de ciertos artículos de la Constitución España

22/02/12
palencialiberal.blogspot.com

22/02/12
La juez inadmite ahora la querella de Zougam contra las testigos rumanas del 11-M
www.libertaddigital.com
Después de afirmar que pudo haber delito de falso testimonio un mes más tarde la juez Belén Sánchez dice que "no le consta" que haya delito.

22/02/12
Fernando Schwartz
www.elcultural.es
Fernando Schwartz. "La Transición empezó y acabó con dos explosiones, la de Carrero y la del 11-M"

miércoles, febrero 22, 2012

La juez que vio posible delito en las testigos contra Zougam inadmite ahora su querella

EL MUNDO

La juez que vio posible delito en las testigos contra Zougam inadmite ahora su querella

JOAQUÍN MANSO MADRID
22/02/2012 PORTADA

La juez de Madrid Belén Sánchez ha inadmitido la querella de Jamal Zougam por falso testimonio contra las dos testigos rumanas cuya declaración determinó su condena. Hace un mes, la magistrada afirmó en un auto que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos».

Además, en ese auto del pasado 19 de enero la juez exigía a la familia del marroquí una fianza de 3.000 euros para que su madre pudiese ejercer la acción popular.

Sin embargo, una vez que los hermanos de Zougam solicitaron un crédito bancario y consignaron el dinero, la juez mantuvo paralizada la causa durante otro mes -aunque conoce que el delito denunciado puede prescribir el próximo 13 de marzo- para finalmente despacharla en una resolución de tres folios en la que dice que «no consta la concurrencia de los elementos que configuran el delito de falso testimonio». Los abogados del marroquí, Eduardo García Peña y Francisco Andújar, preparan ya un recurso ante la Audiencia de Madrid.

En 2010 se modificó el Código Penal para que la presentación de una querella suspenda la prescripción durante seis meses, por lo que el posible falso testimonio de las testigos protegidas C-65 y J-70 prescribiría ahora en junio de este año. No obstante, no está claro que pueda aplicárseles una reforma posterior a su declaración en el juicio del 11-M (marzo de 2007), aunque existe jurisprudencia que lo avala.

La juez Sánchez, afiliada a Jueces para la Democracia, había dado pocas muestras de querer quedarse con la querella desde que la recibió. Primero se inhibió a favor del juzgado que instruía el procedimiento contra Sánchez Manzano, el de Coro Cillán. Después de que ésta rechazase la causa, la juez Sánchez la devolvió a decanato para que turnase un nuevo reparto, pero días después la querella volvió a su juzgado.

El 19 de enero emitió el auto en el que afirmaba que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos» y abría diligencias previas. Un mes más tarde ha terminado inadmitiendo a trámite la querella argumentando que pretende «contradecir o impugnar la valoración de la prueba» que hizo la Audiencia Nacional «y, en concreto, la valoración efectuada por el tribunal de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa». También dice que no está probado el dolo de las testigos.

En realidad, la intención de esa acción penal es tratar de demostrar que existen hechos nuevos, que aquel tribunal no pudo conocer, y que probarían que C-65 y J-70 pudieron mentir. El Código Penal incluye el delito de falso testimonio en el artículo 458 y recoge expresamente el caso de que esa mentira dé lugar a una condena, algo que sólo puede darse a partir de hechos que no conociese el tribunal sentenciador.

Este diario publicó en diciembre varios reportajes que ponían de manifiesto que esas dos mujeres, que testificaron después de que la imagen de Zougam fuese difundida masivamente y que, según el Supremo, constituyen «la principal prueba de cargo» contra él, habían declarado en circunstancias extrañas que fueron ocultadas a la defensa, al juez instructor y al tribunal.

En concreto, la testigo J-70 acudió a denunciar, por primera vez en febrero de 2005 (11 meses después del atentado) que había visto al marroquí con una mochila en su vagón cuando iba acompañada de su amiga, la testigo C-65. Lo que no dijo fue que, 15 días antes, técnicos del Ministerio del Interior la habían descartado como víctima, lo que le cerraba las puertas a las indemnizaciones y a los papeles para regularizar su situación en España. Inmediatamente después de inculpar a Zougam, fue incluida en el listado de víctimas y terminó cobrando 48.000 euros.

En esos 11 meses, J-70 había comparecido ante la Comisaría General de Extranjería para pedir los papeles; ante la Dirección General de la Policía para solicitar la indemnización; ante el Consorcio de Compensación de Seguros; ante una abogada para personarse en el sumario del 11-M; ante un tribunal médico, y ante una subsecretaria de Interior. Y nunca dijo que hubiese visto a Zougam en los trenes.

Por su parte, C-65 aseguró en el juicio que viajaba con J-70. No obstante, no aclaró por qué ella declaró por primera vez el 1 de abril de 2004 y su amiga 10 meses después. La investigación de este periódico reveló que fue remitida a la Policía por el Consulado de Rumanía, adonde había acudido con otra mujer (que no era J-70) para reclamar las indemnizaciones que pagaba el Gobierno rumano. Sólo después de que a esa segunda persona se le negase el dinero, porque no aportaba ninguna prueba de ser víctima del 11-M, ambas dijeron que viajaban juntas, que habían visto a un terrorista en el tren y señalaron, en un reconocimiento fotográfico que hicieron por separado, a Zougam. De esa segunda mujer nunca más se supo, pues su testimonio no trascendió al sumario.

Además, el marido de C-65 fue reconocido como víctima de otro tren y entre ambos obtuvieron cerca de 100.000 euros y la nacionalidad española. Su hermano también pidió dinero, y fue rechazado y propuesto para ser imputado por mentir.

Ninguno de estos hechos era conocido por el tribunal del 11-M. En la investigación policial no se encontró ni un solo vínculo de Zougam con la célula islamista: no hay ni una llamada telefónica con él; no hay huellas ni rastro genético suyo en la casa de Morata ni en el piso de Leganés; todos los terroristas huyeron tras el atentado, pero él siguió con su rutina habitual. Y su socio Mohamed Bakkali confesó al juez y a este diario que fue él, y no Zougam, quien vendió las tarjetas telefónicas usadas en las bombas.

150 euros por 'colar' a una víctima

22/02/2012 ESPAÑA

El periódico 'Evenimentul Zeitei', uno de los de mayor tirada de Rumanía, publicó el pasado 28 de enero otra entrevista con el testigo protegido R-10 en la que éste se reafirma en los datos que ofreció a EL MUNDO y que contradicen su declaración en el sumario del 11-M. Aporta, como novedad, algún detalle de cómo funcionaban las tramas de falsas víctimas de los atentados.

El testigo R-10 fue el primero que acusó a Jamal Zougam, pero no llegó a declarar en el juicio porque decidió volver a su país dos meses antes de su inicio.

En el diario rumano, R-10 cuenta al periodista Andrei Udisteanu que varios rumanos «vinieron después del atentado a que les vendiera el billete de tren de ese día, por 150 euros». Añade que también le ofrecieron esa cantidad por testificar ante los forenses de la Audiencia que esas personas estuvieron en el tren. «Yo no quise. No necesito hacer estas cosas», concluye.

El testigo relata también cómo los investigadores de la Policía iban a buscarlo a casa «casi siempre después de las 10 de la noche» y cómo se sintió tan presionado por ellos que tuvo que pedirles «a voz en grito» que le «dejasen en paz».

R-10 insiste en que la primera vez que vio la imagen de Zougam fue «en un cartel en el aeropuerto», como ya había dicho a este diario cuando lo localizó en Cluj-Napoca.

Contradice así su declaración ante el juez instructor Juan del Olmo y a la propia sentencia del 11-M, que destaca que R-10 testificó antes de que la foto del marroquí fuese difundida por los medios.

El testigo se reafirma, no obstante, en que la persona a la que vio en el tren era Zougam -a este periódico matizó que estaba seguro «al 90%»- y explica que si dijo que tenía el pelo liso quizá fue porque aquel día llovía.
www.libertaddigital.com
Ni Aznar, como presidente en funciones, ni Zapatero durante siete años de interlocución con ETA, ni Rajoy, hasta hoy, han dado ninguna señal que nos haga pensar que el 11M constituya para ellos una acción prioritaria.
www.intereconomia.com
Juan María Peñaranda, autor de “Desde el corazón del Cesid”

domingo, febrero 19, 2012

Bermúdez omite hablar de las víctimas al tratar de perpetuarse en el cargo

EL MUNDO

Bermúdez omite hablar de las víctimas al tratar de perpetuarse en el cargo

MARÍA PERAL MADRID
16/02/2012
PORTADA

Palacios y Marlaska prometen protegerlas desde la Sala Penal de la Audiencia Nacional


La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer elevar al Pleno las candidaturas de Javier Gómez Bermúdez, Fernando Grande-Marlaska y Teresa Palacios para presidir la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Bermúdez, que aspira a sumar otros cinco años a los ocho que lleva en el cargo, no hizo alusión a las víctimas del terrorismo en su examen ante la Comisión. Marlaska y Palacios se comprometieron a incrementar la atención a las víctimas.

La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial descartó a cuatro de los magistrados que presentaron su candidatura para estar al frente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y optó por elevar al Pleno una relación de tres únicos aspirantes. Fue una decisión tomada por unanimidad y sin establecer orden de preferencia.

Esa misma línea siguió la Comisión para confeccionar la enésima terna para cubrir la vacante -que lleva camino de ser eterna- en la Sala Penal del Tribunal Supremo. La Comisión (integrada por Manuel Torres Vela, Concepción Espejel, Félix Azón, Claro Fernández-Carnicero y Ramón Camp) se ha limitado esta vez a proponer a los tres aspirantes que más votos recibieron en la última ocasión (16/12/2011): los catedráticos María Luisa Corcoy y Gonzalo Quintero y el fiscal del Supremo Antonio del Moral.

La cobertura de ambas plazas se debatirá en el Pleno del CGPJ previsto para el próximo jueves. Aunque existe la posibilidad de que los vocales propongan a otros candidatos fuera de terna, esta vía ha quedado devaluada a la vista de la importancia que la doctrina del Supremo otorga a la selección que realiza la Comisión de Calificación.

De ahí la trascendencia de ese filtro previo. En el caso de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la Comisión ha descartado a un magistrado ajeno a ella, Juan Pablo González, y a tres que sí pertenecen a esa Sala: Alfonso Guevara, Ángel Hurtado y Javier Martínez Lázaro.

La exclusión de este último favorece a Gómez Bermúdez -en interpretación de distintos vocales- dado que el grueso de los votos con los que previsiblemente podrían contar ambos proceden del mismo sector, el de los vocales propuestos por el PSOE. Ahora los apoyos no tendrán que dividirse y se concentrarán en un candidato que se ha preocupado durante su ya largo mandato de casi ocho años de establecer buenas relaciones con los sectores (ex)gubernamentales socialistas.

Gómez Bermúdez fue aupado al cargo de presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional por los vocales propuestos por el PP en el anterior CGPJ. En aquella ocasión (21/7/2004) salió con los 11 votos justos necesarios y compitió con Baltasar Garzón (que logró ocho votos) y Guevara (que no obtuvo ninguno).

Sus contrincantes son ahora Fernando Grande-Marlaska y Teresa Palacios, la primera mujer que aspira al cargo. Marlaska es juez central de instrucción y, antes, presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Vizcaya y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del País Vasco. Palacios fue jueza central de instrucción y actualmente está destinada en la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional.

Fuentes de la Comisión de Calificación aseguraron que se han aplicado los criterios que establece el reglamento de designación de cargos discrecionales: experiencia en el orden jurisdiccional, en puestos gubernativos y en órganos colegiados, contenido del programa de trabajo y exposición del mismo en la comparecencia que tuvo lugar ayer mismo ante los vocales.

El examen fue revelador del talante y de las prioridades de cada cual. Gómez Bermúdez se atribuyó haber «impulsado» la doctrina Parot que estableció el Supremo y las «innovaciones jurídicas» de los casos 11-M, Yak-42, Egunkaria o Udalbiltza.

Ayudado por un power point, empleó la mayor parte del tiempo en tratar describir una compleja reordenación de la Sala mediante binomios de magistrados que darían lugar a 28 tribunales dentro de la Sala.

Bermúdez no hizo alusión alguna a las víctimas de los delitos de terrorismo, especialidad de una Sala que está llamada a desempeñar un papel clave en un eventual proceso de reinserción de los presos de ETA.

Marlaska y Palacios apenas sí hablaron de los casos que han tenido entre manos y se centraron en los planes que han diseñado para una Sala que -coincidieron ambos- debe potenciar la Oficina de Atención a las Víctimas. Los dos, y también los demás candidatos procedentes de la Sala, discreparon del plan de reorganización ideado por Bermúdez, que creen «inviable» y «problemático».