La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) está dispuesta a llegar hasta el final para averiguar qué ocurrió tras los atentados del 11-M con los cientos y cientos de kilos de restos de la masacre que fueron a priori analizados y que, posteriormente, desaparecieron.
Por este motivo, los miembros de la Benemérita han solicitado a la titular del juzgado de Instrucción Número 43 de Plaza de Castilla (Madrid), la magistrada Coro Cillán, que practique nuevas pruebas antes de dar por concluida la investigación en la que está imputado el exjefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano.
En primer lugar, según ha podido saber Libertad Digital, la asociación pide a la juez Cillán que solicite a la Audiencia Nacional el listado realizadas con el teléfono móvil hallado en la mochila de Vallecas. Dicho listado fue pedido por el magistrado Juan del Olmo, instructor del 11-M, pero nunca llegó a incluirse en el sumario. Asimismo, la UO pide a la jueza el requerimiento del juez y la contestación que la Policía dio a Del Olmo así como las respuestas que ofrecieron las propias compañías telefónicas, en concreto Amena, Vodafone y Telefónica, relativas a las llamadas registradas en dicho móvil.
Esta diligencia se solicita después de que un tedax que manejó el teléfono de la mochila de Vallecas refutase el pasado mes de julio con su declaración ante la juez de Plaza de Castilla la versión ofrecida por el exjefe de los artificieros en el 11-M sobre los datos obtenidos de ese terminal.
El tedax 80.938 explicó que, en la madrugada del 12 de marzo, llegó a manipular el teléfono de la mochila bomba y sostuvo categóricamente que la Policía no pudo conocer a qué hora estaba fijada la alarma para hacer estallar el artefacto. Durante el juicio de la Audiencia Nacional, Manzano defendió la versión contraria.
Por otro lado, los guardias civiles piden que la Policía remita a la instructora Cillán la disposición firmada por el que fuera Subdirector General Operativo de Policía tras los atentados de Madrid, Miguel Ángel Fernández Chico, donde se afirma que el principal responsable de la custodia de los restos de los atentados de Madrid era el exjefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano.
Además, la acusación popular requiere a la jueza Coro Cillán que declare como testigo la médico forense del 11-M, Carmen Baladía, quien coordinó y supervisó las labores de identificación y las autopsias de las víctimas de la masacre. A Baladía, que declaró en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, nadie le preguntó en sede judicial si en los cuerpos de las víctimas había metralla.
En un programa de Libertad Digital Televisión en enero de 2008, la directora del Anatómico Forense en el 11-M afirmó que no había "ni clavos, ni tuercas, ni tornillos, ni metralla entre los 191 muertos". La UO solicita que testifique de nuevo ya que no consta en la presente causa –y tampoco en el sumario de la Audiencia Nacional- dónde fueron a parar los restos de los tejidos de ropa de las víctimas que debieron ser analizados por los Tedax.
Por último, los guardias civiles quieren que testifique el policía Juan Rodríguez San Román, quien "al parecer" era el jefe de inspecciones oculares de la Policía Científica que nunca llegó a declarar en el juicio celebrado en la Audiencia porque el tribunal denegó su citación.
En la presente causa se encuentran imputados por los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento tanto Sánchez Manzano como la perito jefe del laboratorio Tedax durante los atentados de Madrid.
Publica hoy Angela Martialay en Libertad Digital que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) ha solicitado a la juez Coro Cillán una nueva tanda de diligencias, dentro de la causa que se sigue contra Sánchez Manzano y su jefa de laboratorio por los presuntos delitos de manipulación de pruebas en el 11-M y falso testimonio.
Las diligencias solicitadas amplían las líneas de investigación que hasta ahora se seguían, entrando por primera vez en algunos aspectos de la instrucción del 11-M que, a pesar de su importancia, no habían sido analizados judicialmente.
Es el caso, por ejemplo, de la solicitud para que la Policía y las operadoras telefónicas entreguen la documentación relativa al móvil de la mochila de Vallecas. Aunque parezca mentira, el juez Del Olmo solicitó a las operadoras que enviaran, entre otras cosas, los listados de llamadas, los datos de comercialización y los datos de posicionamiento relativos a la tarjeta y al terminal telefónico encontrados en la mochila de Vallecas, pero en el sumario no constan las respuestas correspondientes. De manera que la UOGC pide que la Brigada Provincial de Información entregue las respuestas que recibiera en su día de las operadoras y que éstas manden también, por su parte, la documentación que entregaran a la BPI.
Solicita también la UOGC que declare el que fuera jefe de inspecciones oculares de la Policía Científica. Esa declaración fue rechazada en su día, incomprensiblemente, por el tribunal presidido por Gómez Bermúdez, a pesar de que la Policía Científica estuvo presente en muchos de los escenarios de la masacre a lo largo de los días siguientes al 11-M y que se supone que tuvo la oportunidad de recopilar testimonios gráficos e incluso de recoger muestras.
Asimismo, se pide que declare Carmen Baladía, la persona que dirigió las autopsias de las víctimas del 11-M, que podría aportar datos en dos sentidos diferentes: la recogida de muestras por parte de la Policía Científica en IFEMA durante el proceso de realización de las autopsias el propio 11-M y la ausencia de metralla en los cuerpos de las víctimas de la masacre, que constituye la prueba más directa de la falsedad de la mochila de Vallecas.
Por último, también pide la UOGC que se remita copia de un oficio en el que el Subdirector General Operativo, Miguel Angel Fernández Chico, volcaba sobre Sánchez Manzano la responsabilidad de custodiar esas muestras del 11-M que desaparecieron. Ese oficio representa un importante torpedo en la línea de flotación de la defensa de Sánchez Manzano, puesto que es evidente que las muestras del 11-M han desaparecido y quedaría claro que era el ex-jefe de los Tedax el que hubiera debido evitar que eso sucediera.
En resumen, las solicitudes de diligencias presentadas a la juez dan un impulso a la instrucción de una causa que está permitiendo profundizar en todos aquellos aspectos de la fraudulenta instrucción del 11-M en los que la Audiencia Nacional no ha querido hasta el momento entrar.
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