Cillán, igual que Marino Barbero
INTERECONOMIA
Carlos Dávila
12 DIC 2011
Se llamaba Marino Barbero. Era catedrático de Derecho Penal y terminó como magistrado del Supremo.
Era de los llamados ‘progresistas’ y tenía un enorme defecto: creía en la Justicia. Le cayó encima el expolio socialista de Filesa y aquello fue su ruina. El Gobierno de González, o sea los que habían urdido el robo, lo vejaron, lo insultaron, lo persiguieron y le provocaron un infarto del que murió. La historia queda para las grandes abyecciones de ese partido honrado que dice llamarse PSOE o cosa así. Ahora está haciendo lo mismo con la juez Cillán, que investiga de nuevo el 11-M. El sábado, en un acontecimiento deportivo, escuché en unos urinarios (el lugar da mucho de sí) decir a un socialista de los que ya se van: “La tía gorda esa pretende que nosotros matamos a 194 personas”. No es eso: pretende la verdad, y a Zapatero y su cuadrilla no les gusta nada.
Carlos Dávila
12 DIC 2011
Se llamaba Marino Barbero. Era catedrático de Derecho Penal y terminó como magistrado del Supremo.
Era de los llamados ‘progresistas’ y tenía un enorme defecto: creía en la Justicia. Le cayó encima el expolio socialista de Filesa y aquello fue su ruina. El Gobierno de González, o sea los que habían urdido el robo, lo vejaron, lo insultaron, lo persiguieron y le provocaron un infarto del que murió. La historia queda para las grandes abyecciones de ese partido honrado que dice llamarse PSOE o cosa así. Ahora está haciendo lo mismo con la juez Cillán, que investiga de nuevo el 11-M. El sábado, en un acontecimiento deportivo, escuché en unos urinarios (el lugar da mucho de sí) decir a un socialista de los que ya se van: “La tía gorda esa pretende que nosotros matamos a 194 personas”. No es eso: pretende la verdad, y a Zapatero y su cuadrilla no les gusta nada.
La secretaria de Cillán se marcha a Turquía y deja el Juzgado inactivo
INTERECONOMIA
12 DIC 2011 | J. B. y D. C
La secretaria judicial de Coro Cillán no demuestra ningún interés en que su propia juez titular progrese en la instrucción de los muchos casos que atestan su Juzgado, el número 43 de la Plaza de Castilla de Madrid. Más bien al contrario. Como viene informando este periódico, el enfrentamiento de Sacramento Fernández Vivancos con Cillán pese a formar parte de su equipo en el Juzgado empieza a tomar un cariz alarmante. Según ha podido saber LA GACETA de fuentes cercanas al Juzgado, la secretaria acaba de marcharse una semana de vacaciones a Turquía dejando pendiente sobre su mesa la tarea burocrática –pero imprescindible– que la juez necesita para avanzar en las causas que instruye.
En concreto, la secretaria –ex cuñada del socialista Diego López Garrido– se marchó sin foliar unas diligencias en un caso de homicidio que causó el enfado de la fiscal del mismo, quien incluso acudió al Juzgado para recriminar con dureza la actitud negligente de la secretaria judicial, según fuentes consultadas por este diario. “No se puede mantener un Juzgado como este en semejante situación mucho más tiempo”, afirman las fuentes citadas.
Este episodio imprime otra vuelta de tuerca a las ya tensas relaciones existentes entre la magistrada de instrucción y su secretaria, que comparte otro Juzgado y que hasta el uno de enero no podría ser relevada, según la normativa judicial vigente. De hecho, ya la denunció ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial por “determinado procedimiento penal”, lo que motivó que su juzgado fuese inspeccionado días pasados de una forma sorpresiva.
Como ya adelantó ayer este diario el enfrentamiento de la secretaria con Cillán llega hasta el extremo del boicot. Fuentes de su entorno explican que “la representante de la fe pública judicial, a veces, no se presenta en la práctica de las diligencias para levantar acta de las mismas”. Con ello provoca que el Juzgado se atasque y no vaya todo lo rápido en la resolución de asuntos que le gustaría a la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid.
Anulación
Si Cillán decidiera continuar adelante con las diligencias sin la presencia de la secretaria se puede enfrentar a una probable anulación de las mismas, al no estar presente la secretaria judicial.
Además, no es la primera vez que Sacramento Fernández pone trabas a las instrucciones de Cillán. Tal y como informó LA GACETA, la secretaria de la magistrada “tiene los autos sin foliar, con lo que los puede manipular fácilmente al introducir o quitar documentos de la causa en cuestión”. De todas estas obstrucciones esta informado el presidente del TSJ de Madrid, Francisco Viera Morante. De hecho, después de que la juez le remitiera un informe pidiéndole que le cambiara a la secretaria, Viera Morante accedió a la indicación Cillán pero “el secretario de Sala de Gobierno del TSJ de Madrid siempre se ha opuesto a ello”.
12 DIC 2011 | J. B. y D. C
La secretaria judicial de Coro Cillán no demuestra ningún interés en que su propia juez titular progrese en la instrucción de los muchos casos que atestan su Juzgado, el número 43 de la Plaza de Castilla de Madrid. Más bien al contrario. Como viene informando este periódico, el enfrentamiento de Sacramento Fernández Vivancos con Cillán pese a formar parte de su equipo en el Juzgado empieza a tomar un cariz alarmante. Según ha podido saber LA GACETA de fuentes cercanas al Juzgado, la secretaria acaba de marcharse una semana de vacaciones a Turquía dejando pendiente sobre su mesa la tarea burocrática –pero imprescindible– que la juez necesita para avanzar en las causas que instruye.
En concreto, la secretaria –ex cuñada del socialista Diego López Garrido– se marchó sin foliar unas diligencias en un caso de homicidio que causó el enfado de la fiscal del mismo, quien incluso acudió al Juzgado para recriminar con dureza la actitud negligente de la secretaria judicial, según fuentes consultadas por este diario. “No se puede mantener un Juzgado como este en semejante situación mucho más tiempo”, afirman las fuentes citadas.
Este episodio imprime otra vuelta de tuerca a las ya tensas relaciones existentes entre la magistrada de instrucción y su secretaria, que comparte otro Juzgado y que hasta el uno de enero no podría ser relevada, según la normativa judicial vigente. De hecho, ya la denunció ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial por “determinado procedimiento penal”, lo que motivó que su juzgado fuese inspeccionado días pasados de una forma sorpresiva.
Como ya adelantó ayer este diario el enfrentamiento de la secretaria con Cillán llega hasta el extremo del boicot. Fuentes de su entorno explican que “la representante de la fe pública judicial, a veces, no se presenta en la práctica de las diligencias para levantar acta de las mismas”. Con ello provoca que el Juzgado se atasque y no vaya todo lo rápido en la resolución de asuntos que le gustaría a la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid.
Anulación
Si Cillán decidiera continuar adelante con las diligencias sin la presencia de la secretaria se puede enfrentar a una probable anulación de las mismas, al no estar presente la secretaria judicial.
Además, no es la primera vez que Sacramento Fernández pone trabas a las instrucciones de Cillán. Tal y como informó LA GACETA, la secretaria de la magistrada “tiene los autos sin foliar, con lo que los puede manipular fácilmente al introducir o quitar documentos de la causa en cuestión”. De todas estas obstrucciones esta informado el presidente del TSJ de Madrid, Francisco Viera Morante. De hecho, después de que la juez le remitiera un informe pidiéndole que le cambiara a la secretaria, Viera Morante accedió a la indicación Cillán pero “el secretario de Sala de Gobierno del TSJ de Madrid siempre se ha opuesto a ello”.
Quién se aprovecha del acoso a Cillán
INTERECONOMIA
12 DIC 2011 | Editorial
Una extraña maldición parece perseguir al caso del 11-M. Primero, se ordenó destruir los trenes del atentado, prueba medular de la masacre, lo que desvió la investigación a una instrucción con más agujeros que un queso de Gruyère.
Y después, se ha lanzado una campaña de acoso y derribo contra Coro Cillán, la juez que va arrojar luz sobre las numerosas incógnitas que presenta el caso, incluyendo la destrucción de los trenes de Atocha. Aunque a juzgar por las revelaciones que ha ido haciendo LA GACETA durante los últimos días, más que una maldición, lo que hay es un interés por continuar echando tierra sobre la mayor matanza de la historia de España ante la labor de una juez valiente e incómoda. No es casual que esa campaña orquestada contra la magistrada se haya lanzado en las semanas previas a que levante –hoy mismo– parte del secreto de las diligencias de investigación que ha practicado hasta la fecha. Las revelaciones pueden imprimir un giro al caso, singularmente la declaración que prestó en su juzgado Sánchez Manzano, jefe de los Tedax.
LA GACETA ha venido dando cuenta de esa caza de brujas contra la juez de instrucción. Por un lado, el fiscal de Madrid nombrado por el ex ministro Bermejo y vinculado al PSOE exigió al servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial que controlara a la juez. Por otro, la denunció en el órgano máximo de los jueces su propia secretaria, Sacramento Fernández, ex cuñada del socialista Diego López Garrido. Y por otro, dos abogados han denunciado una trama para desestabilizarla e incluso echarla de la carrera. Así consta en el cruce de emails de los dos letrados, y a los que tuvo acceso LA GACETA: “Llámame para que te cuente cómo va el proceso de desestabilización de la juez”. Y hoy revelamos otro palo más en la rueda: la mencionada secretaria de Cillán se ha ido de vacaciones a Turquía dejando empantanado el Juzgado.
El gesto no es anecdótico: si Cillán decidiera continuar adelante con las diligencias sin la presencia de la secretaria, se puede enfrentar a una probable anulación de las mismas, al no estar presente la secretaria judicial.
Cui prodest? ¿A quién puede beneficiar esta estrategia para entorpecer la investigación de Cillán? Es cuestión de atar cabos. ¿Quién o quiénes podían tener un “vivo interés” –como se dice en los emails de los letrados– por apartarla de la judicatura desde antes del 20-N, fecha de las elecciones? ¿A quién o a quiénes perjudicaba un giro copernicano en la investigación de los atentados de Atocha que decidieron las elecciones del 14 de marzo de 2004? Tan oscuras maniobras constituyen una prueba de que la juez Cillán va por el buen camino, enderezando los desaguisados del juez Del Olmo o los desvaríos de Gómez Bermúdez.
Es evidente el interés que tiene esclarecer el caso desde el punto de vista político, a pesar de que las nuevas revelaciones del 11-M no tengan quizá el mismo impacto conforme pasan los años. Pero, afortunadamente, en un Estado de derecho no todo se mide en términos electoralistas o partidistas. Llegar hasta el fondo es una exigencia ineludible de la Justicia, del mismo modo que lo es no dejar en la impunidad los crímenes de la banda terrorista ETA. Que Cillán llegue hasta el final es una exigencia de la Justicia y también de la memoria de las 194 víctimas de la masacre de Atocha.
12 DIC 2011 | Editorial
Una extraña maldición parece perseguir al caso del 11-M. Primero, se ordenó destruir los trenes del atentado, prueba medular de la masacre, lo que desvió la investigación a una instrucción con más agujeros que un queso de Gruyère.
Y después, se ha lanzado una campaña de acoso y derribo contra Coro Cillán, la juez que va arrojar luz sobre las numerosas incógnitas que presenta el caso, incluyendo la destrucción de los trenes de Atocha. Aunque a juzgar por las revelaciones que ha ido haciendo LA GACETA durante los últimos días, más que una maldición, lo que hay es un interés por continuar echando tierra sobre la mayor matanza de la historia de España ante la labor de una juez valiente e incómoda. No es casual que esa campaña orquestada contra la magistrada se haya lanzado en las semanas previas a que levante –hoy mismo– parte del secreto de las diligencias de investigación que ha practicado hasta la fecha. Las revelaciones pueden imprimir un giro al caso, singularmente la declaración que prestó en su juzgado Sánchez Manzano, jefe de los Tedax.
LA GACETA ha venido dando cuenta de esa caza de brujas contra la juez de instrucción. Por un lado, el fiscal de Madrid nombrado por el ex ministro Bermejo y vinculado al PSOE exigió al servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial que controlara a la juez. Por otro, la denunció en el órgano máximo de los jueces su propia secretaria, Sacramento Fernández, ex cuñada del socialista Diego López Garrido. Y por otro, dos abogados han denunciado una trama para desestabilizarla e incluso echarla de la carrera. Así consta en el cruce de emails de los dos letrados, y a los que tuvo acceso LA GACETA: “Llámame para que te cuente cómo va el proceso de desestabilización de la juez”. Y hoy revelamos otro palo más en la rueda: la mencionada secretaria de Cillán se ha ido de vacaciones a Turquía dejando empantanado el Juzgado.
El gesto no es anecdótico: si Cillán decidiera continuar adelante con las diligencias sin la presencia de la secretaria, se puede enfrentar a una probable anulación de las mismas, al no estar presente la secretaria judicial.
Cui prodest? ¿A quién puede beneficiar esta estrategia para entorpecer la investigación de Cillán? Es cuestión de atar cabos. ¿Quién o quiénes podían tener un “vivo interés” –como se dice en los emails de los letrados– por apartarla de la judicatura desde antes del 20-N, fecha de las elecciones? ¿A quién o a quiénes perjudicaba un giro copernicano en la investigación de los atentados de Atocha que decidieron las elecciones del 14 de marzo de 2004? Tan oscuras maniobras constituyen una prueba de que la juez Cillán va por el buen camino, enderezando los desaguisados del juez Del Olmo o los desvaríos de Gómez Bermúdez.
Es evidente el interés que tiene esclarecer el caso desde el punto de vista político, a pesar de que las nuevas revelaciones del 11-M no tengan quizá el mismo impacto conforme pasan los años. Pero, afortunadamente, en un Estado de derecho no todo se mide en términos electoralistas o partidistas. Llegar hasta el fondo es una exigencia ineludible de la Justicia, del mismo modo que lo es no dejar en la impunidad los crímenes de la banda terrorista ETA. Que Cillán llegue hasta el final es una exigencia de la Justicia y también de la memoria de las 194 víctimas de la masacre de Atocha.
Conspiradores contra la Justicia
LIBERTAD DIGITAL
Pedro de Tena
He visto la película de Robert Redford, 'El conspirador', y realmente, el veterano actor consigue lo que quiere. Cuando acaba, ya no sabe uno lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato de Abraham Lincoln.
He visto la película de Robert Redford, El conspirador, y realmente, el veterano actor consigue lo que quiere. Cuando acaba, ya no sabe uno si lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato de Abraham Lincoln, por cierto republicano que no demócrata, fue una conspiración de terroristas sureños o fue, quizá también, una conspiración de quienes detentaban en ese momento el poder efectivo que emana del Estado para obtener una condena rápida y clara que impidiera el desmoronamiento de unos Estados Unidos encharcados en una guerra civil. Como dice muy bien el general presidente del jurado en la película, "los ciudadanos tienen derecho a olvidar cuanto antes lo sucedido". Esto es, la razón de Estado por encima de la justicia. Y me recordó, cómo no, el 11-M. ¡Cuántos se han esmerado en que se olvide, cuanto antes, lo inolvidable, y cuántos cojones, sí, lo digo bien, han mostrado las víctimas y los pocos periodistas que se han atrevido a desafiar la ponzoñosa "razón de Estado" que los ha querido convertir en mota de polvo de la memoria de una nación!
El primer elemento que chirriaba, en el caso del magnicidio norteamericano, era la patada en la puerta del Estado de Derecho, al que se imponía el Derecho de Guerra. Aunque la acusada protagonista era una civil, nada de jurado popular ni de tribunal civil. Todo militar. Y todo con el beneplácito del Fiscal General, el Pumpido de la época, que decía que sí a todo aunque contraviniera la Constitución y las leyes. Tal vez, como ironiza en la cinta un senador, a lo mejor el Fiscal General había proporcionado además el veredicto, antes de comenzar el juicio. La crítica de Redford es furibunda hacia un proceso inquisitorial tras el que fueron ejecutadas cuatro personas, una de ellas, al menos, sin la más mínima prueba pero señalada por falsos testimonios como conspiradora. Esto es, se puso toda una maquinaria ilegal y atentatoria contra la Constitución con el fin de preservar la nación que la había dado a luz. La porquería quedó clara después, cuando ya no había arreglo para la vida y el honor de alguna de aquellas personas juzgadas.
En el caso del 11-M, ni siquiera es seguro que los perpetradores de esta injusticia sin precedentes tuviesen la altura de miras de los gobernantes yanquis: salvar la Nación de la posible disgregación impulsada por el vacío de poder. En este caso, tal vez los objetivos de sus diseñadores no fueran tan elevados. En el caso del 11-M, se ha tratado de tapar, de confundir, de acusar falsamente, de informar de mentiras a sabiendas, de colocar pruebas falsas, de falsificar testigos y testimonios, todo ello con el fin de disponer de un relato de cómo habían ocurrido los hechos que permitiese pasar página rápidamente sobre un atentado que alteró los resultados electorales. Pero como el relato fue y es tan malo, y como hay hechos que penden como losas sobre el proceso, es necesario reabrir el caso
En la historia de EEUU, se revisaron poco después los procedimientos injustos. En nuestra historia, y para ello, es preciso comenzar de nuevo llamando al pan, pan y al vino, vino, con el objetivo de saber quién o quiénes fueron los conspiradores y con qué fines decidieron perpetrar el mayor atentado de la historia de Europa que tuvo como consecuencia miles de víctimas entre muertos y heridos y un cambio, inesperado, de gobierno.
Pedro de Tena
He visto la película de Robert Redford, 'El conspirador', y realmente, el veterano actor consigue lo que quiere. Cuando acaba, ya no sabe uno lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato de Abraham Lincoln.
He visto la película de Robert Redford, El conspirador, y realmente, el veterano actor consigue lo que quiere. Cuando acaba, ya no sabe uno si lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato de Abraham Lincoln, por cierto republicano que no demócrata, fue una conspiración de terroristas sureños o fue, quizá también, una conspiración de quienes detentaban en ese momento el poder efectivo que emana del Estado para obtener una condena rápida y clara que impidiera el desmoronamiento de unos Estados Unidos encharcados en una guerra civil. Como dice muy bien el general presidente del jurado en la película, "los ciudadanos tienen derecho a olvidar cuanto antes lo sucedido". Esto es, la razón de Estado por encima de la justicia. Y me recordó, cómo no, el 11-M. ¡Cuántos se han esmerado en que se olvide, cuanto antes, lo inolvidable, y cuántos cojones, sí, lo digo bien, han mostrado las víctimas y los pocos periodistas que se han atrevido a desafiar la ponzoñosa "razón de Estado" que los ha querido convertir en mota de polvo de la memoria de una nación!
El primer elemento que chirriaba, en el caso del magnicidio norteamericano, era la patada en la puerta del Estado de Derecho, al que se imponía el Derecho de Guerra. Aunque la acusada protagonista era una civil, nada de jurado popular ni de tribunal civil. Todo militar. Y todo con el beneplácito del Fiscal General, el Pumpido de la época, que decía que sí a todo aunque contraviniera la Constitución y las leyes. Tal vez, como ironiza en la cinta un senador, a lo mejor el Fiscal General había proporcionado además el veredicto, antes de comenzar el juicio. La crítica de Redford es furibunda hacia un proceso inquisitorial tras el que fueron ejecutadas cuatro personas, una de ellas, al menos, sin la más mínima prueba pero señalada por falsos testimonios como conspiradora. Esto es, se puso toda una maquinaria ilegal y atentatoria contra la Constitución con el fin de preservar la nación que la había dado a luz. La porquería quedó clara después, cuando ya no había arreglo para la vida y el honor de alguna de aquellas personas juzgadas.
En el caso del 11-M, ni siquiera es seguro que los perpetradores de esta injusticia sin precedentes tuviesen la altura de miras de los gobernantes yanquis: salvar la Nación de la posible disgregación impulsada por el vacío de poder. En este caso, tal vez los objetivos de sus diseñadores no fueran tan elevados. En el caso del 11-M, se ha tratado de tapar, de confundir, de acusar falsamente, de informar de mentiras a sabiendas, de colocar pruebas falsas, de falsificar testigos y testimonios, todo ello con el fin de disponer de un relato de cómo habían ocurrido los hechos que permitiese pasar página rápidamente sobre un atentado que alteró los resultados electorales. Pero como el relato fue y es tan malo, y como hay hechos que penden como losas sobre el proceso, es necesario reabrir el caso
En la historia de EEUU, se revisaron poco después los procedimientos injustos. En nuestra historia, y para ello, es preciso comenzar de nuevo llamando al pan, pan y al vino, vino, con el objetivo de saber quién o quiénes fueron los conspiradores y con qué fines decidieron perpetrar el mayor atentado de la historia de Europa que tuvo como consecuencia miles de víctimas entre muertos y heridos y un cambio, inesperado, de gobierno.
Reformas para el CNI
LIBERTAD DIGITAL
GEES
El problema del CNI es estructural: los cambios aplicados en 1996 por el PP se quedaron cortos, y después han resurgido sus peores vicios. De ahí la necesidad de afrontar los cambios necesarios en nuestra inteligencia que entonces se quedaron sin hacer.
Pocos organismos han estado en España más ligados al escándalo como el CNI, antes CESID. Desde su papel en el 23F pasó a convertirse en instrumento al servicio de Felipe González, con figuras como Manglano y Perote implicadas en múltiples escándalos que nos costaría enumerar en una sola columna: a mediados de los noventa, no había ni un sólo día en que el organismo y sus espías no saliesen en las portadas de la prensa nacional. La tranquilidad lograda bajo la dirección de Dezcállar, aparente y cosmética, se rompió con el ataque del 11M. El CNI no sólo fue incapaz de intuirlo, sino que se ha visto cuestionado por su oscuro papel en todo el asunto. A partir de 2004 nuestro servicio de inteligencia ha vuelto a sus peores vicios: el silencio siciliano impuesto por Bono y Saiz acabó llevando otra vez al CNI a las portadas con acusaciones de corrupción, lo que dio paso a la escandalera con el proceso de negociación con ETA. El regreso a directores militares, con Sanz Roldán ejerciendo de correa de transmisión socialista en el organismo, ha mostrado que los militares pueden ser más implacables contra los suyos que cualquier civil pacifista.
Todo ello mientras en los grandes retos para la inteligencia española –el auge de AQMI en el Sahel, la primavera árabe, o la permanente amenaza marroquí–, el CNI ha llegado siempre tarde, y eso cuando lo ha hecho, y cuando lo ha hecho sin ir cargado de dinero para pagar rescates. Hoy, con la inteligencia jugando un papel fundamental, y cuando España deberá potenciarla ante la falta de recursos para el resto de instrumentos de seguridad y defensa, especialmente las Fuerzas Armadas, el CNI se muestra como un instrumento inane e incapaz.
Tenemos ya suficiente perspectiva para concluir que el CNI se caracteriza por tres cosas; por su oscurantismo; por su tendencia a los escándalos y a plegarse a intereses de partido; y por no cumplir con su cometido. Años de Gobierno tras Gobierno, de un partido o de otro, arrojan un mismo balance: el CNI ha fracasado. Su problema no es con un director u otro, o con un organigrama u otro. Su problema es estructural: los cambios aplicados en 1996 por el PP se quedaron cortos, y después han resurgido sus peores vicios. De ahí la necesidad de afrontar, con la experiencia en la mano, los cambios necesarios en nuestra inteligencia que entonces se quedaron sin hacer.
En primer lugar, es necesario acabar con el monopolio informativo del CNI. No sólo no ha dado buen resultado, sino que ha generado escándalos que no tienen comparación en ningún país de nuestro entorno. En ninguno de ellos existe un sólo servicio que todo lo acapare, y ésta es la principal causa de los escándalos recurrentes. El hecho de que la seguridad sea global, no quita para que debamos dotarnos de un servicio de inteligencia destinado al exterior y otro diferente al interior. Además, claro está, de una inteligencia militar específica para Defensa, y de unos servicios de información policiales que en la lucha contra ETA se han mostrado más que suficientes, como ha mostrado con creces la Guardia Civil.
En segundo lugar, no tiene sentido que el CNI deba depender de Defensa. En 1996 ya se nombró un director civil, aunque los socialistas hayan acabado prefiriendo la fidelidad ideológica de sus militares para estas lides. Es hora de dar un paso más, porque no se trata de quien dirija, sino de la estructura de inteligencia: en el GEES hemos defendido siempre la figura de un asesor de Seguridad Nacional, que tenga rango de Secretario de Estado, y que sea quien dirija y coordine una "comunidad de inteligencia" española que sea real, y no sólo esté sobre el papel. Un coordinador que conozca la agenda internacional y que despache directamente con el presidente del Gobierno respondiendo a sus necesidades, que en el caso de Rajoy irán desde la economía al terrorismo islámico o la guerra cibernética, e irán de manera rápida.
Son dos aspectos fundamentales. Con una España que en los próximos años se la jugará en el exterior, en un mundo enloquecido, los servicios de inteligencia pueden ser de gran ayuda a los retos del nuevo Gobierno, o pueden resultar un dolor de cabeza continuo que genere problemas al Gobierno y distraiga sus energías en escándalos prescindibles. No está Rajoy para tener en el CNI problemas, sino soluciones. Pero eso pasa por una reforma total de nuestros servicios de inteligencia.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.
GEES
El problema del CNI es estructural: los cambios aplicados en 1996 por el PP se quedaron cortos, y después han resurgido sus peores vicios. De ahí la necesidad de afrontar los cambios necesarios en nuestra inteligencia que entonces se quedaron sin hacer.
Pocos organismos han estado en España más ligados al escándalo como el CNI, antes CESID. Desde su papel en el 23F pasó a convertirse en instrumento al servicio de Felipe González, con figuras como Manglano y Perote implicadas en múltiples escándalos que nos costaría enumerar en una sola columna: a mediados de los noventa, no había ni un sólo día en que el organismo y sus espías no saliesen en las portadas de la prensa nacional. La tranquilidad lograda bajo la dirección de Dezcállar, aparente y cosmética, se rompió con el ataque del 11M. El CNI no sólo fue incapaz de intuirlo, sino que se ha visto cuestionado por su oscuro papel en todo el asunto. A partir de 2004 nuestro servicio de inteligencia ha vuelto a sus peores vicios: el silencio siciliano impuesto por Bono y Saiz acabó llevando otra vez al CNI a las portadas con acusaciones de corrupción, lo que dio paso a la escandalera con el proceso de negociación con ETA. El regreso a directores militares, con Sanz Roldán ejerciendo de correa de transmisión socialista en el organismo, ha mostrado que los militares pueden ser más implacables contra los suyos que cualquier civil pacifista.
Todo ello mientras en los grandes retos para la inteligencia española –el auge de AQMI en el Sahel, la primavera árabe, o la permanente amenaza marroquí–, el CNI ha llegado siempre tarde, y eso cuando lo ha hecho, y cuando lo ha hecho sin ir cargado de dinero para pagar rescates. Hoy, con la inteligencia jugando un papel fundamental, y cuando España deberá potenciarla ante la falta de recursos para el resto de instrumentos de seguridad y defensa, especialmente las Fuerzas Armadas, el CNI se muestra como un instrumento inane e incapaz.
Tenemos ya suficiente perspectiva para concluir que el CNI se caracteriza por tres cosas; por su oscurantismo; por su tendencia a los escándalos y a plegarse a intereses de partido; y por no cumplir con su cometido. Años de Gobierno tras Gobierno, de un partido o de otro, arrojan un mismo balance: el CNI ha fracasado. Su problema no es con un director u otro, o con un organigrama u otro. Su problema es estructural: los cambios aplicados en 1996 por el PP se quedaron cortos, y después han resurgido sus peores vicios. De ahí la necesidad de afrontar, con la experiencia en la mano, los cambios necesarios en nuestra inteligencia que entonces se quedaron sin hacer.
En primer lugar, es necesario acabar con el monopolio informativo del CNI. No sólo no ha dado buen resultado, sino que ha generado escándalos que no tienen comparación en ningún país de nuestro entorno. En ninguno de ellos existe un sólo servicio que todo lo acapare, y ésta es la principal causa de los escándalos recurrentes. El hecho de que la seguridad sea global, no quita para que debamos dotarnos de un servicio de inteligencia destinado al exterior y otro diferente al interior. Además, claro está, de una inteligencia militar específica para Defensa, y de unos servicios de información policiales que en la lucha contra ETA se han mostrado más que suficientes, como ha mostrado con creces la Guardia Civil.
En segundo lugar, no tiene sentido que el CNI deba depender de Defensa. En 1996 ya se nombró un director civil, aunque los socialistas hayan acabado prefiriendo la fidelidad ideológica de sus militares para estas lides. Es hora de dar un paso más, porque no se trata de quien dirija, sino de la estructura de inteligencia: en el GEES hemos defendido siempre la figura de un asesor de Seguridad Nacional, que tenga rango de Secretario de Estado, y que sea quien dirija y coordine una "comunidad de inteligencia" española que sea real, y no sólo esté sobre el papel. Un coordinador que conozca la agenda internacional y que despache directamente con el presidente del Gobierno respondiendo a sus necesidades, que en el caso de Rajoy irán desde la economía al terrorismo islámico o la guerra cibernética, e irán de manera rápida.
Son dos aspectos fundamentales. Con una España que en los próximos años se la jugará en el exterior, en un mundo enloquecido, los servicios de inteligencia pueden ser de gran ayuda a los retos del nuevo Gobierno, o pueden resultar un dolor de cabeza continuo que genere problemas al Gobierno y distraiga sus energías en escándalos prescindibles. No está Rajoy para tener en el CNI problemas, sino soluciones. Pero eso pasa por una reforma total de nuestros servicios de inteligencia.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.
