Un nuevo juicio para nuestra Mary Surratt
CARTA DEL DIRECTOR/PEDRO J. RAMÍREZ
11/12/2011
Vamos a seguir dando la batalla de la letra pequeña como han hecho estos días Casimiro García- Abadillo y Joaquín Manso con su minuciosa deconstrucción de la sentencia, y en especial de los probables falsos testimonios, fruto de meses y meses de investigación periodística. Pero si ustedes quieren entender a grandes rasgos, de forma a la vez amena y dramática, por qué Jamal Zougam fue condenado a más de 42.700 años de cárcel vayan a ver esta misma tarde la película de Robert Redford: "The Conspirator".
De entrada se darán cuenta de que el clima de confusión, el caos logístico y político, la escalada de rumores, la espiral de la consternación y el miedo que se desencadenó en Washington la noche del asesinato de Lincoln debió de parecerse bastante a lo que tuvimos la desgracia de vivir en Madrid la mañana del 11-M. Ningún gobierno de ninguna época en ninguna capital del mundo ha tenido nunca previsto un protocolo ni para el caso de que alguien asesine al presidente, mientras otro apuñala al secretario de Estado y un tercero se dispone a atacar al vicepresidente, ni para el supuesto de que exploten 10 mortíferas bombas en otros tantos vagones de Cercanías y cuatro estaciones distintas.
Al margen de pequeños errores como la perfecta iluminación de la habitación en la que convalecía Seward -fue la oscuridad del cuarto la que impidió a su apuñalador alcanzar ningún órgano vital- o la colocación del cuerpo agonizante de Lincoln en la cama a la que fue trasladado, en sentido inverso al de la realidad, hasta el más obseso especialista en el primer gran magnicidio de la edad contemporánea, reconocerá la exactitud y el esfuerzo por el detalle de la película de Redford.
Ese anhelo por la precisión es el que nos permite asistir a la detención de Mary Surratt tres días después del crimen del Teatro Ford como si se tratara de un documental rodado en aquel momento: el registro de la casa de huéspedes que regentaba, la torpe irrupción del hombre que resultaría ser el asesino frustrado de Seward, provisto de un pico; su extraña explicación de que la propietaria le había encargado cavar una zanja; el desmentido de Mary Surratt, quien dijo no conocerle; el descubrimiento de una foto del actor Wilkes Booth, autor material del magnicidio y amigo de la familia, y el arresto de todos los presentes. Así sucedieron los hechos, con una cadencia temporal muy similar a la detención de Zougam y su socio en el locutorio de Lavapiés.
La relación material de la viuda Surratt con los sudistas complotados primero para secuestrar a Lincoln y luego para asesinarle -su propio hijo era uno de ellos-, resultó ser mucho más estrecha e intensa que la de Zougam con el resto de los imputados en el sumario del 11-M. Sin embargo, la explicación que ella da a su joven abogado resultaría perfectamente extrapolable: «Llevo una casa de huéspedes, perdónenme por llenarla de huéspedes».
Quienes subrayan que en la condena de Zougam además de «la principal prueba de cargo» -los reconocimientos de C-65 y J-70- pesan el «suministro» de las tarjetas correlativas a la de la mochila de Vallecas y esas otras «pruebas circunstanciales e indirectas» que se derivan de su relación con integrantes del llamado grupo de Leganés, deberían tener en cuenta: 1.- Que en sede judicial ha quedado por dos veces acreditado que el teléfono en el que estaba esa tarjeta no podía conservar la hora del despertador como estableció la policía y, por lo tanto, no hay nada esencial que la vincule a los atentados. 2.- Que ese «suministro» consistió en una venta realizada por un dependiente a través del mostrador. 3.- Que, a pesar de los reiterados esfuerzos de la policía por amalgamarle a ellos -denunciados en su día por uno de los hermanos Almallah y por el confidente Cartagena- los únicos lazos probados entre Zougam y los otros implicados son los propios del comercio.
«Llevaba una tienda que vendía tarjetas de móviles en un barrio repleto de marroquíes, perdónenme por haber vendido tarjetas de móviles a marroquíes», podía haber declarado Zougam, remedando a la señora Surratt. Un tuitero buscó el otro día la elocuencia de la reducción al absurdo: «¿Habrían detenido a Isidoro Alvárez si las tarjetas se hubieran vendido en El Corte Inglés?».
Ser una católica sureña ya era en sí mismo un motivo de recelo en aquel Washington que vivía el final de la guerra civil -como ser un oficial judío en el París de comienzos del siglo XX o un tendero magrebí en el Madrid de nuestros tiempos- y la percha de la señora Surratt sirvió, tras su detención, para colgar tantas fantasías truculentas como las que enseguida se asignaron a Zougam. «Prejuzgada, sentenciada, condenada con antelación por cada emborronador de cuartillas dispuesto a escribir un párrafo sensacionalista y a apuñalar con impunidad a una mujer indefensa»: así la describió el único panfletista que se atrevió a reivindicar su inocencia bajo el seudónimo de Amador Justitiae.
Cuando el joven Frederick Aiken le dice a su novia que ha decidido asumir la defensa de la viuda Surratt, ella reacciona con el más elocuente de los monosílabos: «What???». Pero más allá de la hostilidad ambiental -pronto le expulsarán de su club social- el entusiasta abogado tuvo siempre claro dónde iba a estar la clave del juicio: «¡No me han dado la lista de testigos… en este procedimiento pueden hacer lo que quieran!», exclama casi al comienzo de la película.
Pese a que a la señora Surratt la juzgó un tribunal militar de forma bastante expeditiva, llama la atención que en ese punto crucial se garantizó mucho más su derecho de defensa, y en concreto el principio de contradicción, base de todo juicio justo, que en la vista oral del 11-M. Aunque en la película aparecen lógicamente resumidos, los interrogatorios a los dos principales testigos de cargo contra Mary Surratt -su huésped Weichmann y el tabernero Lloyd- se extendieron durante horas y los abogados pudieron ponerles en graves apuros tras investigar sus respectivos antecedentes como espía y como alcohólico.
Quien ejerció la defensa de Zougam no tuvo ni siquiera acceso a las verdaderas identidades de C-65 y J-70. Tampoco a sus expedientes como víctimas. Es evidente que si hubiera sabido que la primera se presentó en el consulado con una falsa acompañante, declaró que le había caído encima un cadáver en un vagón sin víctimas mortales ni heridos graves, cobró junto al marido 100.000 euros y fue contratada por el íntimo amigo del comisario general de la Policía Judicial; y sobre todo, si hubiera sabido que la segunda había sido considerada como impostora por el Tribunal de Evaluación del Ministerio del Interior tan sólo 15 días antes de su ataque de memoria sobrevenida casi un año después de los hechos, el interrogatorio habría sido muy distinto.
Si quieren experimentar una siempre saludable mezcla de indignación, estupor y vergüenza ajena, no tienen sino ver los vídeos de las escuetas declaraciones de C-65 y J-70 que circulan estos días profusamente por la Red -en 19 y 22 minutos respectivamente se ventiló la suerte de un hombre- y cotejar lo sucedido con su descripción en la sentencia de Bermúdez como «un interrogatorio muy duro que incluso rebasó lo tolerable, obligando a intervenir al presidente del Tribunal». Tal vez se trataba de una frase fantasiosa y encomiástica, destinada al libro de Elisa Beni, y con las prisas de la escritura a cuatro manos se le traspapeló al matrimonio y la mala novela mutó en prosa forense.
Ironías al margen, creo que sólo la posteridad valorará de forma adecuada la importancia que tuvo en la sentencia de Bermúdez la decisión de su mujer de escribir un libro sobre el juicio, pues es obvio que si al mismo tiempo hubiera absuelto a Zougam, la pareja habría sido linchada por las fuerzas gubernamentales: él habría perdido la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia y ella se habría quedado sin poder codearse con altos dignatarios en los ascensores. A veces creemos que sólo la bondad o la maldad mueven el mundo, pero ¿qué es la presunción de inocencia comparada con la ansiedad social?
También el general Hunter, homólogo de Bermúdez en el juicio contra los acusados de asesinar a Lincoln, actuó más como protector de los testigos de cargo que como evaluador ecuánime de su credibilidad. Tanto la película como esos vídeos muestran cómo uno y otro persiguen a priori destruir cualquier «duda razonable» que se interponga entre sus propósitos y la culpabilidad de los acusados. Fuera como fuera, había que condenarles. ¿Qué ocurría? Pues que también sobre Hunter pesaba la sombra del poder político, personificado en el secretario de Defensa Stanton, con el fiscal Holt -un Zaragoza como otro cualquiera- haciendo de dócil correa de transmisión.
Stanton, trasunto a la vez de Zapatero, Rubalcaba y toda la cúpula gubernamental, resume muy bien, con todo el empaque que Kevin Kline da a su sutil cinismo, cuál es la razón de Estado en una situación así: «Han asesinado a nuestro amado presidente, alguien tiene que ser responsable, la gente lo necesita». Y puesto que en el caso de los Surratt, el hijo se ha dado a la fuga, bien puede ocupar su lugar su madre: «Me sirve cualquiera de los dos».
Si Zougam se hubiera escapado en vez de continuar con su rutina, como si tal cosa, entre su domicilio y su locutorio, entre sus horas de gimnasio y sus planes de boda, quienes decidieron detenerle aquel sábado -con los efectos de todos conocidos- seguro que habrían buscado a otro de un perfil similar. Que ni siquiera pusiera pies en polvorosa cuando supo, como todo quisque, que la policía seguía la pista de la tarjeta telefónica del móvil de la mochila de Vallecas, es uno de los contraindicios más sólidos de su inocencia.
Una vez detenido, una vez criminalizado en los pasquines y en los medios de comunicación -las amigas de su novia le preguntan al abogado de Mary Surratt si es verdad que ella «escupe» a los soldados y lleva un «hueso» de un nordista a modo de colgante-, Zougam no podía ser inocente. Tras la reacción química que su detención desencadenó en la calle y en las urnas, su absolución habría dejado a todos los poderes del Estado a la intemperie. En qué momento se decidió endosarle no sólo la participación en la trama, sino también la autoría directa de la masacre, es algo que no sabemos. Probablemente cuando quedó patente que la versión oficial sólo conducía al callejón sin salida de la explosión del piso de Leganés y que ni siquiera había nadie que hubiera visto en los trenes a ninguno de los allí inmolados.
Entonces llegó la hora de las dos rumanas: de la que dice que Zougam pasó «como un loco» golpeándole en la espalda con la mochila sin pedir perdón, pero que no obstante le vio la cara; y de la que se acordó de todo cuando, en febrero de 2005, vio que se quedaba sin nada. Si la tesis de la película de Redford es que los dos testigos contra Mary Surratt mintieron para protegerse a sí mismos y una de las principales especialistas en el asesinato de Lincoln, Dorothy Kunhardt, va más allá y sostiene que Weichman había sido sobornado por Stanton, es fácil imaginar cómo se valorará la conducta de estas dos mujeres y sus lazarillos a medida que los intereses creados vayan despareciendo de escena.
Cuando llega el mazazo de la condena a la horca, los amigos del joven abogado de Mrs. Surratt le aconsejan que «la mejor opción es la botella y el olvido». Pero él no puede aceptar esa injusticia, intenta que un tribunal civil revise la condena y saca de la cama de madrugada a un veterano juez del distrito al que arranca una petición de habeas corpus que finalmente la Casa Blanca revocará. «¿Cree usted que es inocente?», le pregunta el magistrado. «No lo sé y si no tiene un juicio justo nunca lo sabremos», responde Aiken.
Si en España rigiera la pena de muerte, Zougam habría sido ejecutado tan expeditivamente como lo fue Mary Surratt. En su defecto, lleva casi ocho años en una celda de aislamiento a la espera o bien de que se declare culpable para mejorar su situación carcelaria, como ha hecho Trashorras, o bien de que la naturaleza vaya haciendo su trabajo de demolición hasta convertirlo en un muerto viviente. «Pronto estaré en silla de ruedas», explica hoy. Pues bien, las pruebas de su condena son mucho más endebles que las de la señora Surratt. ¿Nos conformaremos con que alguien haga algún día una película? Esperen a leer lo que publicaremos mañana para contestarme.
pedroj.ramirez@elmundo.es
11/12/2011
Vamos a seguir dando la batalla de la letra pequeña como han hecho estos días Casimiro García- Abadillo y Joaquín Manso con su minuciosa deconstrucción de la sentencia, y en especial de los probables falsos testimonios, fruto de meses y meses de investigación periodística. Pero si ustedes quieren entender a grandes rasgos, de forma a la vez amena y dramática, por qué Jamal Zougam fue condenado a más de 42.700 años de cárcel vayan a ver esta misma tarde la película de Robert Redford: "The Conspirator".
De entrada se darán cuenta de que el clima de confusión, el caos logístico y político, la escalada de rumores, la espiral de la consternación y el miedo que se desencadenó en Washington la noche del asesinato de Lincoln debió de parecerse bastante a lo que tuvimos la desgracia de vivir en Madrid la mañana del 11-M. Ningún gobierno de ninguna época en ninguna capital del mundo ha tenido nunca previsto un protocolo ni para el caso de que alguien asesine al presidente, mientras otro apuñala al secretario de Estado y un tercero se dispone a atacar al vicepresidente, ni para el supuesto de que exploten 10 mortíferas bombas en otros tantos vagones de Cercanías y cuatro estaciones distintas.
Al margen de pequeños errores como la perfecta iluminación de la habitación en la que convalecía Seward -fue la oscuridad del cuarto la que impidió a su apuñalador alcanzar ningún órgano vital- o la colocación del cuerpo agonizante de Lincoln en la cama a la que fue trasladado, en sentido inverso al de la realidad, hasta el más obseso especialista en el primer gran magnicidio de la edad contemporánea, reconocerá la exactitud y el esfuerzo por el detalle de la película de Redford.
Ese anhelo por la precisión es el que nos permite asistir a la detención de Mary Surratt tres días después del crimen del Teatro Ford como si se tratara de un documental rodado en aquel momento: el registro de la casa de huéspedes que regentaba, la torpe irrupción del hombre que resultaría ser el asesino frustrado de Seward, provisto de un pico; su extraña explicación de que la propietaria le había encargado cavar una zanja; el desmentido de Mary Surratt, quien dijo no conocerle; el descubrimiento de una foto del actor Wilkes Booth, autor material del magnicidio y amigo de la familia, y el arresto de todos los presentes. Así sucedieron los hechos, con una cadencia temporal muy similar a la detención de Zougam y su socio en el locutorio de Lavapiés.
La relación material de la viuda Surratt con los sudistas complotados primero para secuestrar a Lincoln y luego para asesinarle -su propio hijo era uno de ellos-, resultó ser mucho más estrecha e intensa que la de Zougam con el resto de los imputados en el sumario del 11-M. Sin embargo, la explicación que ella da a su joven abogado resultaría perfectamente extrapolable: «Llevo una casa de huéspedes, perdónenme por llenarla de huéspedes».
Quienes subrayan que en la condena de Zougam además de «la principal prueba de cargo» -los reconocimientos de C-65 y J-70- pesan el «suministro» de las tarjetas correlativas a la de la mochila de Vallecas y esas otras «pruebas circunstanciales e indirectas» que se derivan de su relación con integrantes del llamado grupo de Leganés, deberían tener en cuenta: 1.- Que en sede judicial ha quedado por dos veces acreditado que el teléfono en el que estaba esa tarjeta no podía conservar la hora del despertador como estableció la policía y, por lo tanto, no hay nada esencial que la vincule a los atentados. 2.- Que ese «suministro» consistió en una venta realizada por un dependiente a través del mostrador. 3.- Que, a pesar de los reiterados esfuerzos de la policía por amalgamarle a ellos -denunciados en su día por uno de los hermanos Almallah y por el confidente Cartagena- los únicos lazos probados entre Zougam y los otros implicados son los propios del comercio.
«Llevaba una tienda que vendía tarjetas de móviles en un barrio repleto de marroquíes, perdónenme por haber vendido tarjetas de móviles a marroquíes», podía haber declarado Zougam, remedando a la señora Surratt. Un tuitero buscó el otro día la elocuencia de la reducción al absurdo: «¿Habrían detenido a Isidoro Alvárez si las tarjetas se hubieran vendido en El Corte Inglés?».
Ser una católica sureña ya era en sí mismo un motivo de recelo en aquel Washington que vivía el final de la guerra civil -como ser un oficial judío en el París de comienzos del siglo XX o un tendero magrebí en el Madrid de nuestros tiempos- y la percha de la señora Surratt sirvió, tras su detención, para colgar tantas fantasías truculentas como las que enseguida se asignaron a Zougam. «Prejuzgada, sentenciada, condenada con antelación por cada emborronador de cuartillas dispuesto a escribir un párrafo sensacionalista y a apuñalar con impunidad a una mujer indefensa»: así la describió el único panfletista que se atrevió a reivindicar su inocencia bajo el seudónimo de Amador Justitiae.
Cuando el joven Frederick Aiken le dice a su novia que ha decidido asumir la defensa de la viuda Surratt, ella reacciona con el más elocuente de los monosílabos: «What???». Pero más allá de la hostilidad ambiental -pronto le expulsarán de su club social- el entusiasta abogado tuvo siempre claro dónde iba a estar la clave del juicio: «¡No me han dado la lista de testigos… en este procedimiento pueden hacer lo que quieran!», exclama casi al comienzo de la película.
Pese a que a la señora Surratt la juzgó un tribunal militar de forma bastante expeditiva, llama la atención que en ese punto crucial se garantizó mucho más su derecho de defensa, y en concreto el principio de contradicción, base de todo juicio justo, que en la vista oral del 11-M. Aunque en la película aparecen lógicamente resumidos, los interrogatorios a los dos principales testigos de cargo contra Mary Surratt -su huésped Weichmann y el tabernero Lloyd- se extendieron durante horas y los abogados pudieron ponerles en graves apuros tras investigar sus respectivos antecedentes como espía y como alcohólico.
Quien ejerció la defensa de Zougam no tuvo ni siquiera acceso a las verdaderas identidades de C-65 y J-70. Tampoco a sus expedientes como víctimas. Es evidente que si hubiera sabido que la primera se presentó en el consulado con una falsa acompañante, declaró que le había caído encima un cadáver en un vagón sin víctimas mortales ni heridos graves, cobró junto al marido 100.000 euros y fue contratada por el íntimo amigo del comisario general de la Policía Judicial; y sobre todo, si hubiera sabido que la segunda había sido considerada como impostora por el Tribunal de Evaluación del Ministerio del Interior tan sólo 15 días antes de su ataque de memoria sobrevenida casi un año después de los hechos, el interrogatorio habría sido muy distinto.
Si quieren experimentar una siempre saludable mezcla de indignación, estupor y vergüenza ajena, no tienen sino ver los vídeos de las escuetas declaraciones de C-65 y J-70 que circulan estos días profusamente por la Red -en 19 y 22 minutos respectivamente se ventiló la suerte de un hombre- y cotejar lo sucedido con su descripción en la sentencia de Bermúdez como «un interrogatorio muy duro que incluso rebasó lo tolerable, obligando a intervenir al presidente del Tribunal». Tal vez se trataba de una frase fantasiosa y encomiástica, destinada al libro de Elisa Beni, y con las prisas de la escritura a cuatro manos se le traspapeló al matrimonio y la mala novela mutó en prosa forense.
Ironías al margen, creo que sólo la posteridad valorará de forma adecuada la importancia que tuvo en la sentencia de Bermúdez la decisión de su mujer de escribir un libro sobre el juicio, pues es obvio que si al mismo tiempo hubiera absuelto a Zougam, la pareja habría sido linchada por las fuerzas gubernamentales: él habría perdido la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia y ella se habría quedado sin poder codearse con altos dignatarios en los ascensores. A veces creemos que sólo la bondad o la maldad mueven el mundo, pero ¿qué es la presunción de inocencia comparada con la ansiedad social?
También el general Hunter, homólogo de Bermúdez en el juicio contra los acusados de asesinar a Lincoln, actuó más como protector de los testigos de cargo que como evaluador ecuánime de su credibilidad. Tanto la película como esos vídeos muestran cómo uno y otro persiguen a priori destruir cualquier «duda razonable» que se interponga entre sus propósitos y la culpabilidad de los acusados. Fuera como fuera, había que condenarles. ¿Qué ocurría? Pues que también sobre Hunter pesaba la sombra del poder político, personificado en el secretario de Defensa Stanton, con el fiscal Holt -un Zaragoza como otro cualquiera- haciendo de dócil correa de transmisión.
Stanton, trasunto a la vez de Zapatero, Rubalcaba y toda la cúpula gubernamental, resume muy bien, con todo el empaque que Kevin Kline da a su sutil cinismo, cuál es la razón de Estado en una situación así: «Han asesinado a nuestro amado presidente, alguien tiene que ser responsable, la gente lo necesita». Y puesto que en el caso de los Surratt, el hijo se ha dado a la fuga, bien puede ocupar su lugar su madre: «Me sirve cualquiera de los dos».
Si Zougam se hubiera escapado en vez de continuar con su rutina, como si tal cosa, entre su domicilio y su locutorio, entre sus horas de gimnasio y sus planes de boda, quienes decidieron detenerle aquel sábado -con los efectos de todos conocidos- seguro que habrían buscado a otro de un perfil similar. Que ni siquiera pusiera pies en polvorosa cuando supo, como todo quisque, que la policía seguía la pista de la tarjeta telefónica del móvil de la mochila de Vallecas, es uno de los contraindicios más sólidos de su inocencia.
Una vez detenido, una vez criminalizado en los pasquines y en los medios de comunicación -las amigas de su novia le preguntan al abogado de Mary Surratt si es verdad que ella «escupe» a los soldados y lleva un «hueso» de un nordista a modo de colgante-, Zougam no podía ser inocente. Tras la reacción química que su detención desencadenó en la calle y en las urnas, su absolución habría dejado a todos los poderes del Estado a la intemperie. En qué momento se decidió endosarle no sólo la participación en la trama, sino también la autoría directa de la masacre, es algo que no sabemos. Probablemente cuando quedó patente que la versión oficial sólo conducía al callejón sin salida de la explosión del piso de Leganés y que ni siquiera había nadie que hubiera visto en los trenes a ninguno de los allí inmolados.
Entonces llegó la hora de las dos rumanas: de la que dice que Zougam pasó «como un loco» golpeándole en la espalda con la mochila sin pedir perdón, pero que no obstante le vio la cara; y de la que se acordó de todo cuando, en febrero de 2005, vio que se quedaba sin nada. Si la tesis de la película de Redford es que los dos testigos contra Mary Surratt mintieron para protegerse a sí mismos y una de las principales especialistas en el asesinato de Lincoln, Dorothy Kunhardt, va más allá y sostiene que Weichman había sido sobornado por Stanton, es fácil imaginar cómo se valorará la conducta de estas dos mujeres y sus lazarillos a medida que los intereses creados vayan despareciendo de escena.
Cuando llega el mazazo de la condena a la horca, los amigos del joven abogado de Mrs. Surratt le aconsejan que «la mejor opción es la botella y el olvido». Pero él no puede aceptar esa injusticia, intenta que un tribunal civil revise la condena y saca de la cama de madrugada a un veterano juez del distrito al que arranca una petición de habeas corpus que finalmente la Casa Blanca revocará. «¿Cree usted que es inocente?», le pregunta el magistrado. «No lo sé y si no tiene un juicio justo nunca lo sabremos», responde Aiken.
Si en España rigiera la pena de muerte, Zougam habría sido ejecutado tan expeditivamente como lo fue Mary Surratt. En su defecto, lleva casi ocho años en una celda de aislamiento a la espera o bien de que se declare culpable para mejorar su situación carcelaria, como ha hecho Trashorras, o bien de que la naturaleza vaya haciendo su trabajo de demolición hasta convertirlo en un muerto viviente. «Pronto estaré en silla de ruedas», explica hoy. Pues bien, las pruebas de su condena son mucho más endebles que las de la señora Surratt. ¿Nos conformaremos con que alguien haga algún día una película? Esperen a leer lo que publicaremos mañana para contestarme.
pedroj.ramirez@elmundo.es
11-M: Indicios de falso testimonio en el juicio contra el principal condenado del 11-M
Zougam: 'Se ha cometido una injusticia brutal conmigo'
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
JOAQUÍN MANSO MADRID
11/12/2011
Sobre los indicios de falso testimonio: «Sabía que algún día aparecería algo porque no he hecho nada»
Sobre su régimen de aislamiento: «Dentro de poco estaré en silla de ruedas»
Hacía cuatro años y medio -desde que el juicio por los atentados del 11-M quedó visto para sentencia- que no se difundía ninguna imagen de la única persona que ha sido condenada como autor del mayor atentado terrorista de la historia de Europa.
Pues ahí está: ése es Jamal Zougam en el locutorio del centro penitenciario de la localidad alicantina de Villena.
El preso marroquí pasa más de 20 horas al día en una celda de aislamiento, sin contacto con otros reclusos. Se encuentra enfermo, ha perdido más de 20 kilogramos de peso y tiene que usar gafas porque su vista se ha deteriorado, ya que apenas recibe la luz del sol.
Zougam tiene ahora 38 años y lleva los últimos ocho en el mismo régimen. Le quedan por cumplir otros 32 años y lo hará en esas mismas condiciones si no acepta reconocer su culpabilidad.
Los funcionarios de la prisión le han dado oportunidad de declararse culpable en múltiples ocasiones, y él ha seguido defendiendo su inocencia.
La única prueba de cargo en su contra es el testimonio de dos rumanas que, en el juicio, dijeron que viajaban juntas en el tren y que le vieron pasar «muy deprisa» por su lado.
Se trata de J-70, que tardó en acudir a identificarle nada menos que un año, pero que lo hizo sólo 15 días después de que los técnicos del Ministerio del Interior la descartasen como víctima del atentado y le cerrasen la puerta a las indemnizaciones. Tras acusar a Jamal Zougam, cobró 48.000 euros.
La otra es C-65, que contó en su primera declaración que la persona que le acompañaba en el vagón no era J-70, sino una mujer distinta.
Zougam ha conocido las informaciones de EL MUNDO que ponen de relieve que los datos que cuestionan la credibilidad de las testigos se ocultaron al sumario y, según las personas que le visitan en prisión, no le ha sorprendido que se haya descubierto que las testigos pudieron mentir.
Durante esta semana y las anteriores, ha contestado por escrito a varios requerimientos de este diario: «Sabía que algún día aparecería algo porque no he hecho nada. Yo no puedo perder la esperanza. Se ha cometido una injusticia brutal conmigo. Espero que el Estado de Derecho repare la barbaridad que hicieron jueces y fiscales. Deseo que se sepa la verdad».
El marroquí es el único de los condenados en el juicio de los atentados del 11-M que, más de tres años después de que su condena haya adquirido firmeza y se haya convertido en casi irrevocable, sigue defendiendo activamente su inocencia: «Como siempre he dicho, soy inocente y no tengo nada que ver con el atentado. Condeno éste y todos los atentados y condeno la violencia y el terrorismo vengan de donde vengan, y también condeno expresamente el terrorismo de Al Qaeda».
«Sigo en aislamiento en la cárcel de Villena. Estoy muy enfermo de artritis. He solicitado que me lleven al reumatólogo hace más de un año y todavía sigo esperando. Tengo dolores muy fuertes y a veces no puedo caminar. Si sigo así, dentro de poco estaré en silla de ruedas», relata el recluso marroquí, quien, antes de ser arrestado en la víspera de las elecciones generales de 2004, era un hombre fornido que acababa de contraer matrimonio y practicaba varios deportes.
EL MUNDO también le ha pedido a Zougam que haga un relato pormenorizado de su actividad durante el 10 de marzo, cuando los terroristas de la célula de El Tunecino -con los que no se ha demostrado que tuviese ningún vínculo- se preparaban para el atentado; y el mismo 11-M, cuando los islamistas que colocaron las bombas huyeron y él se quedó en casa y siguió yendo a trabajar, incluso después de que se difundiese el hallazgo de la prueba que podía incriminarle, la mochila de Vallecas.
«El 10 de marzo fui a trabajar, como siempre, sobre las 10.30 o las 11 de la mañana. En el locutorio estaban también Bakali y Zbakh [su socio y un empleado, respectivamente]. No recuerdo si fue el mismo día 10 o unos días antes, fui a un banco en Lavapiés a pagar varias multas por unos 400 euros. No recuerdo nada más especial ese día. Fue la misma rutina de todos los días.
No estoy seguro de si comí ese día en el restaurante Barraca o si fui a comer a casa de mi madre. Recuerdo que uno de esos días comí en casa de mi madre porque tenía que ir a ver un piso para alquilar. Me había casado en el consulado unas semanas antes y mi esposa seguía viviendo en casa de sus padres. En aquellos días estábamos viendo pisos para irnos a vivir juntos. Por la tarde, estuve todo el rato trabajando en el locutorio.
Sobre las 9.30, aproximadamente, me voy al gimnasio con Hassan Serrouk [que tenía una peluquería]. Estuve en el gimnasio hasta las 11.30. También estaba allí Mohamed Bakali [no se refiere a su socio, sino a otra persona que se llama igual].
Después me fui a casa entre las 11.30 y las 12. En casa cené y me acosté. Estaban mi madre, mi hermana Samira y mi hermano Chaoui, con el que compartía habitación.
El 11 de marzo me levanté sobre las 9 o las 9.30 y desayuné con mi madre viendo la televisión. Samira y Chaoui se habían marchado ya. Hablé por teléfono con Chaoui para preguntarle por el tráfico.
Después fui al locutorio como siempre, la misma rutina de todos los días».
Esto es: un relato preciso, con detalle de horas, lugares y personas que podrían confirmarlo y que constituirían una prueba de descargo contra él.
La fiscal, el juez Juan del Olmo y el tribunal del 11-M prefirieron creer a dos rumanas sin nombre que decían ser capaces de recordar -en uno de los casos, un año después- el rostro de una persona que habían visto en un tren atestado de gente, pasando «muy deprisa» por su lado y en una situación que en ese momento era propia de la vida cotidiana.
JOAQUÍN MANSO MADRID
11/12/2011
Sobre los indicios de falso testimonio: «Sabía que algún día aparecería algo porque no he hecho nada»
Sobre su régimen de aislamiento: «Dentro de poco estaré en silla de ruedas»
Hacía cuatro años y medio -desde que el juicio por los atentados del 11-M quedó visto para sentencia- que no se difundía ninguna imagen de la única persona que ha sido condenada como autor del mayor atentado terrorista de la historia de Europa.
Pues ahí está: ése es Jamal Zougam en el locutorio del centro penitenciario de la localidad alicantina de Villena.
El preso marroquí pasa más de 20 horas al día en una celda de aislamiento, sin contacto con otros reclusos. Se encuentra enfermo, ha perdido más de 20 kilogramos de peso y tiene que usar gafas porque su vista se ha deteriorado, ya que apenas recibe la luz del sol.
Zougam tiene ahora 38 años y lleva los últimos ocho en el mismo régimen. Le quedan por cumplir otros 32 años y lo hará en esas mismas condiciones si no acepta reconocer su culpabilidad.
Los funcionarios de la prisión le han dado oportunidad de declararse culpable en múltiples ocasiones, y él ha seguido defendiendo su inocencia.
La única prueba de cargo en su contra es el testimonio de dos rumanas que, en el juicio, dijeron que viajaban juntas en el tren y que le vieron pasar «muy deprisa» por su lado.
Se trata de J-70, que tardó en acudir a identificarle nada menos que un año, pero que lo hizo sólo 15 días después de que los técnicos del Ministerio del Interior la descartasen como víctima del atentado y le cerrasen la puerta a las indemnizaciones. Tras acusar a Jamal Zougam, cobró 48.000 euros.
La otra es C-65, que contó en su primera declaración que la persona que le acompañaba en el vagón no era J-70, sino una mujer distinta.
Zougam ha conocido las informaciones de EL MUNDO que ponen de relieve que los datos que cuestionan la credibilidad de las testigos se ocultaron al sumario y, según las personas que le visitan en prisión, no le ha sorprendido que se haya descubierto que las testigos pudieron mentir.
Durante esta semana y las anteriores, ha contestado por escrito a varios requerimientos de este diario: «Sabía que algún día aparecería algo porque no he hecho nada. Yo no puedo perder la esperanza. Se ha cometido una injusticia brutal conmigo. Espero que el Estado de Derecho repare la barbaridad que hicieron jueces y fiscales. Deseo que se sepa la verdad».
El marroquí es el único de los condenados en el juicio de los atentados del 11-M que, más de tres años después de que su condena haya adquirido firmeza y se haya convertido en casi irrevocable, sigue defendiendo activamente su inocencia: «Como siempre he dicho, soy inocente y no tengo nada que ver con el atentado. Condeno éste y todos los atentados y condeno la violencia y el terrorismo vengan de donde vengan, y también condeno expresamente el terrorismo de Al Qaeda».
«Sigo en aislamiento en la cárcel de Villena. Estoy muy enfermo de artritis. He solicitado que me lleven al reumatólogo hace más de un año y todavía sigo esperando. Tengo dolores muy fuertes y a veces no puedo caminar. Si sigo así, dentro de poco estaré en silla de ruedas», relata el recluso marroquí, quien, antes de ser arrestado en la víspera de las elecciones generales de 2004, era un hombre fornido que acababa de contraer matrimonio y practicaba varios deportes.
EL MUNDO también le ha pedido a Zougam que haga un relato pormenorizado de su actividad durante el 10 de marzo, cuando los terroristas de la célula de El Tunecino -con los que no se ha demostrado que tuviese ningún vínculo- se preparaban para el atentado; y el mismo 11-M, cuando los islamistas que colocaron las bombas huyeron y él se quedó en casa y siguió yendo a trabajar, incluso después de que se difundiese el hallazgo de la prueba que podía incriminarle, la mochila de Vallecas.
«El 10 de marzo fui a trabajar, como siempre, sobre las 10.30 o las 11 de la mañana. En el locutorio estaban también Bakali y Zbakh [su socio y un empleado, respectivamente]. No recuerdo si fue el mismo día 10 o unos días antes, fui a un banco en Lavapiés a pagar varias multas por unos 400 euros. No recuerdo nada más especial ese día. Fue la misma rutina de todos los días.
No estoy seguro de si comí ese día en el restaurante Barraca o si fui a comer a casa de mi madre. Recuerdo que uno de esos días comí en casa de mi madre porque tenía que ir a ver un piso para alquilar. Me había casado en el consulado unas semanas antes y mi esposa seguía viviendo en casa de sus padres. En aquellos días estábamos viendo pisos para irnos a vivir juntos. Por la tarde, estuve todo el rato trabajando en el locutorio.
Sobre las 9.30, aproximadamente, me voy al gimnasio con Hassan Serrouk [que tenía una peluquería]. Estuve en el gimnasio hasta las 11.30. También estaba allí Mohamed Bakali [no se refiere a su socio, sino a otra persona que se llama igual].
Después me fui a casa entre las 11.30 y las 12. En casa cené y me acosté. Estaban mi madre, mi hermana Samira y mi hermano Chaoui, con el que compartía habitación.
El 11 de marzo me levanté sobre las 9 o las 9.30 y desayuné con mi madre viendo la televisión. Samira y Chaoui se habían marchado ya. Hablé por teléfono con Chaoui para preguntarle por el tráfico.
Después fui al locutorio como siempre, la misma rutina de todos los días».
Esto es: un relato preciso, con detalle de horas, lugares y personas que podrían confirmarlo y que constituirían una prueba de descargo contra él.
La fiscal, el juez Juan del Olmo y el tribunal del 11-M prefirieron creer a dos rumanas sin nombre que decían ser capaces de recordar -en uno de los casos, un año después- el rostro de una persona que habían visto en un tren atestado de gente, pasando «muy deprisa» por su lado y en una situación que en ese momento era propia de la vida cotidiana.
Los implicados en la trama contra Cillán hablaban sobre cómo “desestabilizarla”
LA GACETA
11 DIC 2011 | Diego Carrasco
Las conversaciones por correo electrónico entre dos letrados muestran los planes contra la juez del 11-M. Este suceso fue denunciado ante el Juzgado de Guardia.
Nuevas revelaciones documentales conseguidas por LA GACETA ponen de manifiesto la existencia de una trama para conseguir apartar a la magistrada Coro Cillán de la judicatura. Una conversación por correo electrónico entre un abogado de Barcelona y otro de Madrid lo dice todo a las claras cuando se despide: “Llámame para que te cuente cómo va el proceso de desestabilización de la juez”. En párrafos anteriores ya explicaban “el vivo interés por echar a la magistrada de la carrera judicial”, tal y como ayer adelantó este diario.
Fuentes jurídicas consideran que “el asunto con el que aparece relacionada la conversación de los dos abogados, el cierre de la discoteca madrileña Moma, carece de entidad suficiente para justificar un proceso de expulsión de la carrera judicial”. En consecuencia, “esto solamente se explicaría en el contexto de las diligencias de investigación de Coro Cillán entre las que se encuentra, entre otras, los atentados del 11-M”.
El contenido literal de estos emails está en la documentación que posee el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, encargado de la investigación, señalan fuentes jurídicas. Y es que este asunto fue denunciado por los abogados Eugenio Rubio Linares y Agustín Guardia Palao, que recibieron en su despacho hasta 160 documentos enviados en un sobre con un remitente anónimo.
¿Qué hay detrás?
Así las cosas, este suceso merece la máxima diligencia del Juzgado de Instrucción para que investigue qué hay detrás de estos correos electrónicos que atacan directamente la independencia en el trabajo de una magistrada. Un asunto de esta relevancia no puede quedar indiferente para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, el entorno de Coro Cillán explica lo difícil que es trabajar con su secretaria judicial, que la ha denunciado ante el Servicio de Inspección del CGPJ y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Una secretaria que presiona para que expulsen a la magistrada”, apuntan. Pero Cillán está tranquila y sólo se dedica a trabajar y a sacar adelante los asuntos de su Juzgado de Instrucción.
Un ejemplo de que la secretaria pone trabas a Cillán es que “tiene los autos sin foliar, con lo que los puede manipular fácilmente al introducir o quitar documentos de la causa en cuestión”. Además, “la juez ha sufrido varios boicots de su secretaria al no presentarse a la práctica de las diligencias para dar fe judicial.
“Con esta actitud, lo que provoca es que el juzgado se paralice”, explican las citadas fuentes. Por el contrario, “si la juez decide continuar adelante con las actuaciones judiciales se puede enfrentar a que se anule parte de las mismas por la ausencia de la fe pública judicial”, resaltan. De todo ello está informado el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Francisco Viera Morante. Es conocido que la magistrada Cillán no tiene una secretaria judicial titular, esto es, con propiedad en ese juzgado, sino que comparte sus funciones con otro. En este sentido, tras el informe que remitió la juez al presidente del TSJ de Madrid, de que le cambiara la secretaria, aquél accedió a la solicitud, señalan las fuentes jurídicas.
Sin embargo, otro obstáculo impidió a Cillán que su petición se hiciera realidad. “El secretario de la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid, competente para proponer los nombramientos, siempre se ha opuesto a ello”, enfatizan fuentes del entorno de la juez.
11 DIC 2011 | Diego Carrasco
Las conversaciones por correo electrónico entre dos letrados muestran los planes contra la juez del 11-M. Este suceso fue denunciado ante el Juzgado de Guardia.
Nuevas revelaciones documentales conseguidas por LA GACETA ponen de manifiesto la existencia de una trama para conseguir apartar a la magistrada Coro Cillán de la judicatura. Una conversación por correo electrónico entre un abogado de Barcelona y otro de Madrid lo dice todo a las claras cuando se despide: “Llámame para que te cuente cómo va el proceso de desestabilización de la juez”. En párrafos anteriores ya explicaban “el vivo interés por echar a la magistrada de la carrera judicial”, tal y como ayer adelantó este diario.
Fuentes jurídicas consideran que “el asunto con el que aparece relacionada la conversación de los dos abogados, el cierre de la discoteca madrileña Moma, carece de entidad suficiente para justificar un proceso de expulsión de la carrera judicial”. En consecuencia, “esto solamente se explicaría en el contexto de las diligencias de investigación de Coro Cillán entre las que se encuentra, entre otras, los atentados del 11-M”.
El contenido literal de estos emails está en la documentación que posee el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, encargado de la investigación, señalan fuentes jurídicas. Y es que este asunto fue denunciado por los abogados Eugenio Rubio Linares y Agustín Guardia Palao, que recibieron en su despacho hasta 160 documentos enviados en un sobre con un remitente anónimo.
¿Qué hay detrás?
Así las cosas, este suceso merece la máxima diligencia del Juzgado de Instrucción para que investigue qué hay detrás de estos correos electrónicos que atacan directamente la independencia en el trabajo de una magistrada. Un asunto de esta relevancia no puede quedar indiferente para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, el entorno de Coro Cillán explica lo difícil que es trabajar con su secretaria judicial, que la ha denunciado ante el Servicio de Inspección del CGPJ y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Una secretaria que presiona para que expulsen a la magistrada”, apuntan. Pero Cillán está tranquila y sólo se dedica a trabajar y a sacar adelante los asuntos de su Juzgado de Instrucción.
Un ejemplo de que la secretaria pone trabas a Cillán es que “tiene los autos sin foliar, con lo que los puede manipular fácilmente al introducir o quitar documentos de la causa en cuestión”. Además, “la juez ha sufrido varios boicots de su secretaria al no presentarse a la práctica de las diligencias para dar fe judicial.
“Con esta actitud, lo que provoca es que el juzgado se paralice”, explican las citadas fuentes. Por el contrario, “si la juez decide continuar adelante con las actuaciones judiciales se puede enfrentar a que se anule parte de las mismas por la ausencia de la fe pública judicial”, resaltan. De todo ello está informado el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Francisco Viera Morante. Es conocido que la magistrada Cillán no tiene una secretaria judicial titular, esto es, con propiedad en ese juzgado, sino que comparte sus funciones con otro. En este sentido, tras el informe que remitió la juez al presidente del TSJ de Madrid, de que le cambiara la secretaria, aquél accedió a la solicitud, señalan las fuentes jurídicas.
Sin embargo, otro obstáculo impidió a Cillán que su petición se hiciera realidad. “El secretario de la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid, competente para proponer los nombramientos, siempre se ha opuesto a ello”, enfatizan fuentes del entorno de la juez.
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