Denuncian una trama para echar a la juez del 11-M de la carrera judicial
LA GACETA
10 DIC 2011 | D. Carrasco. Madrid
Dos letrados presentan hasta 160 documentos para probar su acusación. En el escrito citan al Ministerio Fiscal.
Las maniobras para conseguir apartar de la carrera judicial a la magistrada Coro Cillán, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, comienzan a tener visos de evidencia. Así lo demuestra el contenido de una denuncia presentada el pasado día 24 de noviembre por los abogados Eugenio Rubio Linares y Agustín Guardia Palao ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre los documentos entregados el día 14 del citado mes en el juzgado de guardia de Madrid había uno que decía taxativamente: “Hay un vivo interés por echar de la carrera judicial a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 43 y todo ello antes del día 20 de noviembre de 2011”.
Asimismo, el mencionado documento hacía referencia a una determinada persona “Manolo González para que hiciera valer sus influencias para aprovecharse de las quejas formuladas ante el CGPJ por los abogados de Fernando Robes Ybarra, por la secretaria judicial y por el representante del Ministerio Fiscal”. Tal y como adelantó este diario los días pasados. Esta situación atenta contra “la independencia judicial de Coro Cillán”.
Como telón de fondo de la trama está, entre otros, el asunto del cierre de la discoteca madrileña Moma. En efecto, el letrado Rubio Linares, que defendió el precinto del local nocturno, recibió el día 11 de noviembre en su despacho un sobre cerrado anónimo de color blanco con abundante documentación.
Concretamente, 160 documentos. “Una vez abierto resultó tener diferente contenido relativo a comunicaciones (emails y otros documentos) cruzada entre diferentes personas y que hacían referencia a las diversas negociaciones y estrategias jurídicas planteadas por los abogados defensores de Fernando Robes Ybarra”, socio del 27% de las acciones de la discoteca Moma.
En este sentido, lo que la denuncia pone de relieve es el cruce de correos electrónicos entre un abogado de Barcelona y otro de Madrid, cuyo cliente es Robes Ybarra. De ahí, que la persona que se cita para que haga las gestiones oportunas es “Manuel González afín al PSOE, muy próximo al juez suspendido Baltasar Garzón y condenado por estafa por la Audiencia Provincial de Valencia”, según fuentes jurídicas. Es más, para estrechar el cerco a la magistrada Cillán, “González se puso en contacto con un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo para que se interesara por este asunto y moviera sus hilos”, explican.
Pruebas ilegales
De momento, el CGPJ no ha contestado a la denuncia presentada por el abogado Rubio Linares. Con idéntico contenido el letrado denunció los mismos hechos ante el juzgado de guardia el día 14 de noviembre. “La documentación contenida en el sobre entregado previsiblemente fue obtenida de forma ilegal y que afecta a un procedimiento penal en curso”. También se ha elevado copia de las denuncias presentadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira Morante.
Con todo, las fuentes jurídicas consultadas por este diario insisten en que “se trata de una maniobra encaminada a presionar al CGPJ para que abra un expediente a la magistrada y conseguir así una suspensión que le impida investigar los asuntos que se encuentran en su juzgado, entre otros, los atentados del 11-M o la estafa de 17.000 cooperativistas”.
10 DIC 2011 | D. Carrasco. Madrid
Dos letrados presentan hasta 160 documentos para probar su acusación. En el escrito citan al Ministerio Fiscal.
Las maniobras para conseguir apartar de la carrera judicial a la magistrada Coro Cillán, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, comienzan a tener visos de evidencia. Así lo demuestra el contenido de una denuncia presentada el pasado día 24 de noviembre por los abogados Eugenio Rubio Linares y Agustín Guardia Palao ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre los documentos entregados el día 14 del citado mes en el juzgado de guardia de Madrid había uno que decía taxativamente: “Hay un vivo interés por echar de la carrera judicial a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 43 y todo ello antes del día 20 de noviembre de 2011”.
Asimismo, el mencionado documento hacía referencia a una determinada persona “Manolo González para que hiciera valer sus influencias para aprovecharse de las quejas formuladas ante el CGPJ por los abogados de Fernando Robes Ybarra, por la secretaria judicial y por el representante del Ministerio Fiscal”. Tal y como adelantó este diario los días pasados. Esta situación atenta contra “la independencia judicial de Coro Cillán”.
Como telón de fondo de la trama está, entre otros, el asunto del cierre de la discoteca madrileña Moma. En efecto, el letrado Rubio Linares, que defendió el precinto del local nocturno, recibió el día 11 de noviembre en su despacho un sobre cerrado anónimo de color blanco con abundante documentación.
Concretamente, 160 documentos. “Una vez abierto resultó tener diferente contenido relativo a comunicaciones (emails y otros documentos) cruzada entre diferentes personas y que hacían referencia a las diversas negociaciones y estrategias jurídicas planteadas por los abogados defensores de Fernando Robes Ybarra”, socio del 27% de las acciones de la discoteca Moma.
En este sentido, lo que la denuncia pone de relieve es el cruce de correos electrónicos entre un abogado de Barcelona y otro de Madrid, cuyo cliente es Robes Ybarra. De ahí, que la persona que se cita para que haga las gestiones oportunas es “Manuel González afín al PSOE, muy próximo al juez suspendido Baltasar Garzón y condenado por estafa por la Audiencia Provincial de Valencia”, según fuentes jurídicas. Es más, para estrechar el cerco a la magistrada Cillán, “González se puso en contacto con un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo para que se interesara por este asunto y moviera sus hilos”, explican.
Pruebas ilegales
De momento, el CGPJ no ha contestado a la denuncia presentada por el abogado Rubio Linares. Con idéntico contenido el letrado denunció los mismos hechos ante el juzgado de guardia el día 14 de noviembre. “La documentación contenida en el sobre entregado previsiblemente fue obtenida de forma ilegal y que afecta a un procedimiento penal en curso”. También se ha elevado copia de las denuncias presentadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira Morante.
Con todo, las fuentes jurídicas consultadas por este diario insisten en que “se trata de una maniobra encaminada a presionar al CGPJ para que abra un expediente a la magistrada y conseguir así una suspensión que le impida investigar los asuntos que se encuentran en su juzgado, entre otros, los atentados del 11-M o la estafa de 17.000 cooperativistas”.
Los agujeros de gusano en la cosmología del 11-M
LIBERTAD DIGITAL
Por Pablo Molina
Llámenme conspiranoico, pero, por respeto a mis hijos, a los que siempre he procurado enseñar la diferencia entre la verdad y la ficción en los relatos infantiles, no me creo que un grupo de islamistas heterodoxos, amantes de los cubatas y el trapicheo y confidentes de la policía a tiempo parcial para preservar sus negocios, pudiera organizar y llevar a cabo el mayor atentado de la Historia de Europa.
No digo que no sea posible, como tampoco me atrevo a negar con rotundidad que el lobo se comiera a la abuela de Caperucita y más tarde un cazador extrajera viva a la buena señora de su estómago. Simplemente sostengo que lo más probable es que la anciana pereciera devorada por la alimaña y que el relato de la niña casquivana, apoyado por el testimonio de un cazador providencial, seguramente fue una invención para ocultar otras responsabilidades.
La teoría oficial sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 permitió albergar desde el principio importantes sospechas que el transcurso del tiempo y las investigaciones periodísticas han confirmado de forma indubitable. Si la abuelita sobrevivió a la ingesta del lobo pero nadie ha vuelto a verla, es razonable dudar sobre el relato de Caperucita y su amigo el cazador, con quien, por cierto, se la podía ver desde mucho antes pasear por el bosque a deshoras, con grave escándalo para las nobles gentes de la aldea.
Luis del Pino, colaborador de esta santa casa, es tal vez el investigador que más ha trabajado para esclarecer lo que desde un principio él mismo llamó "los agujeros negros del 11-M". La denominación no pudo ser más acertada, pues también en el proceso para esclarecer los atentados hubo gran cantidad de materia que se volatilizó sin que se sepa dónde fue a parar, que es la principal característica de esos fenómenos cosmológicos de los que tomó prestado el nombre.
Pero, siete años después, parece que el inmenso agujero de antimateria formado en torno al 11-M lleva camino de convertirse en un agujero de gusano, que las ecuaciones de la relatividad y la teoría de cuerdas caracterizan como un vórtice energético capaz de conectar dos realidades distintas separadas por la línea normal espacio-tiempo.
Los testimonios recogidos tras los atentados, que permitieron condenar a los cabecillas de ese abigarrado comando de islamistas descreídos, aparecen ahora como surgidos de otra dimensión, refutando los principios más sólidos de las leyes de la física, de la química y, sobre todo, de la ética judicial. Las peripecias de algunos testigos protegidos, que no tenían nada de lo primero y acabaron teniendo todo de lo segundo, son buena prueba de ello.
Paralelamente, la asociación civil que ha sostenido todo este tiempo el frente judicial para esclarecer lo que realmente ocurrió aquel once de marzo languidece sin apenas fondos con los que mantener su actividad. Consecuencia de la crisis, dicen, pero sin aclarar si se refieren a la carencia de fondos públicos o a la escasez de dignidad política, mucho más grave que las dificultades financieras ganadas a pulso por los mismos que hoy niegan a esa asociación unos recursos que no les pertenecen.
Las asociaciones civiles deben financiarse estrictamente con las aportaciones de sus miembros y simpatizantes, pero en un sistema político como el nuestro, basado en la subvención y el trinque presupuestario, las ayudas públicas a instituciones como las asociaciones de víctimas deberían ser las últimas en desaparecer de los boletines oficiales.
Si desde la marcha de la sabia egabrense hemos llegado al consenso de que el dinero público pertenece a los ciudadanos, no estaría de más que los políticos en ejercicio hicieran honor a la petición expresa de una gran parte de esos contribuyentes, que prefiere que su dinero vaya a entidades como las asociaciones de víctimas de todo tipo de terrorismo. Visto desde la perspectiva de la codificación presupuestaria, en última instancia estas aportaciones de fondos públicos no dejarían de ser una inversión en I+D. Integridad + Dignidad.
Por Pablo Molina
Llámenme conspiranoico, pero, por respeto a mis hijos, a los que siempre he procurado enseñar la diferencia entre la verdad y la ficción en los relatos infantiles, no me creo que un grupo de islamistas heterodoxos, amantes de los cubatas y el trapicheo y confidentes de la policía a tiempo parcial para preservar sus negocios, pudiera organizar y llevar a cabo el mayor atentado de la Historia de Europa.
No digo que no sea posible, como tampoco me atrevo a negar con rotundidad que el lobo se comiera a la abuela de Caperucita y más tarde un cazador extrajera viva a la buena señora de su estómago. Simplemente sostengo que lo más probable es que la anciana pereciera devorada por la alimaña y que el relato de la niña casquivana, apoyado por el testimonio de un cazador providencial, seguramente fue una invención para ocultar otras responsabilidades.
La teoría oficial sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 permitió albergar desde el principio importantes sospechas que el transcurso del tiempo y las investigaciones periodísticas han confirmado de forma indubitable. Si la abuelita sobrevivió a la ingesta del lobo pero nadie ha vuelto a verla, es razonable dudar sobre el relato de Caperucita y su amigo el cazador, con quien, por cierto, se la podía ver desde mucho antes pasear por el bosque a deshoras, con grave escándalo para las nobles gentes de la aldea.
Luis del Pino, colaborador de esta santa casa, es tal vez el investigador que más ha trabajado para esclarecer lo que desde un principio él mismo llamó "los agujeros negros del 11-M". La denominación no pudo ser más acertada, pues también en el proceso para esclarecer los atentados hubo gran cantidad de materia que se volatilizó sin que se sepa dónde fue a parar, que es la principal característica de esos fenómenos cosmológicos de los que tomó prestado el nombre.
Pero, siete años después, parece que el inmenso agujero de antimateria formado en torno al 11-M lleva camino de convertirse en un agujero de gusano, que las ecuaciones de la relatividad y la teoría de cuerdas caracterizan como un vórtice energético capaz de conectar dos realidades distintas separadas por la línea normal espacio-tiempo.
Los testimonios recogidos tras los atentados, que permitieron condenar a los cabecillas de ese abigarrado comando de islamistas descreídos, aparecen ahora como surgidos de otra dimensión, refutando los principios más sólidos de las leyes de la física, de la química y, sobre todo, de la ética judicial. Las peripecias de algunos testigos protegidos, que no tenían nada de lo primero y acabaron teniendo todo de lo segundo, son buena prueba de ello.
Paralelamente, la asociación civil que ha sostenido todo este tiempo el frente judicial para esclarecer lo que realmente ocurrió aquel once de marzo languidece sin apenas fondos con los que mantener su actividad. Consecuencia de la crisis, dicen, pero sin aclarar si se refieren a la carencia de fondos públicos o a la escasez de dignidad política, mucho más grave que las dificultades financieras ganadas a pulso por los mismos que hoy niegan a esa asociación unos recursos que no les pertenecen.
Las asociaciones civiles deben financiarse estrictamente con las aportaciones de sus miembros y simpatizantes, pero en un sistema político como el nuestro, basado en la subvención y el trinque presupuestario, las ayudas públicas a instituciones como las asociaciones de víctimas deberían ser las últimas en desaparecer de los boletines oficiales.
Si desde la marcha de la sabia egabrense hemos llegado al consenso de que el dinero público pertenece a los ciudadanos, no estaría de más que los políticos en ejercicio hicieran honor a la petición expresa de una gran parte de esos contribuyentes, que prefiere que su dinero vaya a entidades como las asociaciones de víctimas de todo tipo de terrorismo. Visto desde la perspectiva de la codificación presupuestaria, en última instancia estas aportaciones de fondos públicos no dejarían de ser una inversión en I+D. Integridad + Dignidad.
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