| 25 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO NO NACIDO
CONCENTRACIÓN EN DEFENSA DE LA VIDA
MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 20.30 A 21.30 h. Barcelona C/ Villadomat 158 (Ante el Centro Médio Aragón) CON LA INTERVENCIÓN DE MAURICIO PACHECO, DOCTOR EN MEDICINA
Con el apoyo de HO, Foro Catalán de la Familia, y Profesionales Por la Ética
29 de marzo: España, en marcha por la Vida
http://www.hazteoir.org/node/18509
En la página web del diario La Opinión de Málaga www.laopiniondemalaga.es hay colgada una encuesta sobre la oportunidad de que las cofradías se pronuncien sobre la nueva ley del aborto. Hasta el momento, son más los partidarios de callar a las cofradías. Si puedes entra y vota a favor de que puedan expresar su rechazo a la ley
"La Generalitat de Cataluña no respeta el derecho fundamental de los padres a elegir con libertad el colegio para sus hijos." Profesionales por la Ética de Cataluña denuncia la ilegalidad de las normas de preinscripción y matriculación del Departamento de Educación para el próximo curso. Barcelona, a 22 de marzo de 2009.- El Presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, Ramón Novella, ha criticado la nueva Resolución del Departamento de Educación de la Generalitat que regula las normas de preinscripción y matriculación de alumnos para el curso 2009/2010, que se aplican a los centros públicos y concertados.
 En primer lugar, este texto – ha dicho – vulnera el artículo 27 de la Constitución, y diferentes normas internacionales sobre protección de los derechos humanos, puesto que no permite que los padres puedan escoger libremente la escuela que quieran para sus hijos.
Además ha destacado que puede afectar gravemente al ideario, la autonomía o el carácter propio de los centros educativos, al imponerles la obligación de admitir alumnos que pueden no compartirlo, o al establecer el deber de cumplir las ratios máximas de alumnos por aula que fije la Administración, sin permitir otras alternativas. Igualmente puede provocar graves problemas al obligar a admitir en cada grupo un número mínimo de alumnos con necesidades educativas especiales, para lo cual no están preparados todos los centros y que puede perturbar gravemente su funcionamiento.
Asimismo ha criticado la poca puntuación que se da a algunos conceptos a la hora de resolver las solicitudes de admisión, como sucede en el caso de las familias numerosas o de quienes padecen determinadas enfermedades.
Por otra parte ha denunciado que el modelo de formulario de preinscripción no establece en ninguno de sus apartados la posibilidad de opción lingüística entre las dos lenguas cooficiales en Cataluña, lo que supone incumplir la legislación básica del Estado en materia educativa, así como la Ley de Política Lingüística de la Generalitat y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo, que establecieron el deber de incluir una casilla en el impreso de preinscripción escolar para que los padres o tutores puedan decidir en qué lengua -catalán o castellano- han de ser escolarizados sus hijos.
En suma –ha dicho- es un texto intervencionista, que niega el derecho de los padres a educar a sus hijos y recorta la autonomía de los colegios. Con esta regulación solo podrán escoger libremente centro educativo los más ricos, quedando al margen el resto de ciudadanos. Además la distribución del alumnado mediante áreas de zonificación provocará la creación de guettos educativos, al dificultar la elección de centro fuera de la zona correspondiente.
Finalmente ha llamado a los padres a movilizarse en contra de esta resolución, en defensa de sus derechos y libertades, y les ha animado a acudir si es preciso a los Tribunales, porque están en juego sus derechos y los de sus hijos.
PARA MÁS INFORMACIÓN : 678 73 48 20
EL ESCÁNDALO DEL LINO. HISTORIA DE UNA INFAMIA Acto de presentación
Círculo de Bellas Artes
Madrid
17 de marzo de 2009
Intervención de Jaime Ignacio del Burgo Voy a contar un episodio que estoy seguro de que muy pocos recuerdan y desconoce la inmensa mayoría de quienes aquí se encuentran. Hace treinta años tuvo lugar el primer intento de linchamiento político producido en la recién instaurada democracia española. El 23 de febrero de 1980, el presidente de una Comunidad histórica pudo leer en la primera página del diario El País que se le acusaba de una malversación de fondos públicos y de falsedad documental. La tremenda imputación se había fraguado en el seno de su propio partido y en su lanzamiento se juntaron ambiciones personales y oscuras motivaciones políticas. El presidente era, para algunos, un personaje incómodo porque su intransigencia en cuestiones de principio suponía un obstáculo para los defensores de una transacción posibilista con quienes no han demostrado nunca su aprecio por la Constitución y por la unidad nacional. Cuando algunos miembros del llamado "sector crítico" del partido del presidente creyeron por tal motivo que había caído en desgracia en Madrid, no dudaron en ofrecer su cabeza, confiando en que, ante la gravedad de los hechos descubiertos, en veinticuatro horas habría dimitido. El medio de comunicación utilizado para el linchamiento inició una feroz campaña de descrédito que se prolongó durante tres años. Un día sí y otro también se publicaron noticias falsas, citando fuentes anónimas. Nunca se contrastaron con el aludido. En una reunión de la comisión ejecutiva regional del Partido Socialista, por aquel entonces en la oposición, uno de sus miembros preguntó a su secretario general si el presidente de la Comunidad era culpable. "No, está limpio como una patena" –contestó–, pero no podemos desaprovechar esta oportunidad". De nada sirvió al presidente que reivindicara su inocencia y presentara pruebas incontrovertibles de la falsedad de las acusaciones. No fue escuchado. Gobernaba en minoría, por lo que no pudo evitar que la mayoría parlamentaria, tras un infame juicio político, que más tarde sería declarado nulo por los tribunales, se le exigiera la dimisión. El presidente se negó a hacerlo y alegó que en un Estado de Derecho la facultad de juzgar correspondía única y exclusivamente a la Justicia. No le sirvió de nada y finalmente fue destituido de su cargo. El depuesto presidente no se rindió y recurrió a los tribunales. Para salvar la cara, y mientras se sustanciaba su recurso, sus verdugos políticos decidieron denunciarle ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. La Junta de Fiscales del alto Tribunal le exoneró de toda responsabilidad por unanimidad y, por tanto, no se inició contra él ningún proceso penal. Tres años y medio después, el Tribunal Supremo le dio la razón y ordenó su reposición. Tras conocer la sentencia, el presidente declaró que ésta había sido para él como la resurrección de Lázaro. Aquel presidente se llamaba Jaime Ignacio del Burgo y este negro episodio ocurrió en Navarra.
Cada vez que se acusa a alguien de corrupción procuro ser lo más prudente posible, pues me acuerdo de mi propia experiencia y sé lo que se siente cuando te conviertes en víctima de la injusticia. No puedo olvidar que la Constitución ampara la presunción de inocencia, a pesar de que en España este derecho fundamental –y lo estamos viendo a cada paso– haya sido derogado de hecho por una perversa "costumbre contra ley", impuesta por el sectarismo y mala fe de algunos medios de comunicación que, en ocasiones, cuentan con la cobertura de ciertos jueces que deshonran la judicatura. Se olvida además que el honor, por ser inherente a la dignidad de todo ser humano, es un derecho fundamental protegido por la Constitución.
Dicho esto debo dejar constancia de que mi compasión inicial se trueca en santa indignación cuando los hechos demuestran la veracidad de la acusación. La corrupción es un verdadero cáncer para nuestra democracia. Cuando quien incurre en ella es un cargo político, el peso de la ley debe caer sobre él de forma inexorable, siempre –claro es– que el proceso se instruya por jueces imparciales, objetivos, predeterminados por la ley y con todas las garantías procesales para asegurar un juicio justo y sin dilaciones indebidas.
De poco sirve que al cabo de muchos años, a causa de la exasperante lentitud de la justicia o de la torticera actuación de algunos jueces y fiscales, los tribunales pongan las cosas en su sitio si, cuando deciden hacerlo, llegan tarde y ya nada es como era. En tal caso, la reparación del daño causado puede resultar difícil por no decir imposible.
Pues bien, este libro es la historia de una infamia política. Ésta se fraguó a comienzos de 1999 para dañar las expectativas electorales del Partido Popular y destruir la brillante trayectoria de Loyola de Palacio, una mujer valerosa, patriota, demócrata, honrada a carta cabal y defensora hasta la extenuación de los intereses legítimos de los agricultores españoles. Quien la lanzó no tuvo ningún reparo en enlodar, además, el buen nombre de personas dignas y respetables, con una impecable hoja de servicios a la Administración y que nunca se lucraron en el ejercicio de sus funciones públicas.
Por aquel entonces los españoles teníamos una triple cita con las urnas. Las elecciones municipales, autonómicas y europeas estaban convocadas para el 13 de junio de 1999. La lista europea del Partido Popular la encabezaría Loyola de Palacio que, a finales de abril, había presentado su dimisión como ministra de Agricultura. El Partido Socialista se hallaba sometido a fuertes turbulencias internas. José Borrell, el candidato elegido en las primarias del partido para enfrentarse en las elecciones generales del año 2000 a José María Aznar, estaba en la cuerda floja al descubrirse un escándalo de corrupción de dos de sus más directos colaboradores en el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda. Borrell intentó resistir pero acabaría por dimitir, cuando comprobó que el aparato del partido, y sobre todo, Felipe González, además de El País, le habían dado la espalda. En su feudo de Castilla-La Mancha, José Bono observaba con atención el desarrollo de los acontecimientos. Era un secreto a voces que si conseguía revalidar por quinta vez su título de presidente de la Junta de Comunidades castellano-manchega, aspiraría a suceder a Borrell en la candidatura a la presidencia del Gobierno. Mas para conseguir su sueño necesitaba obtener una gran victoria en las elecciones autonómicas. El descubrimiento de un gran escándalo de corrupción podría hacer tambalear al Partido Popular y reforzaría su posición.
El 20 de abril de 1999, la cadena SER lanzó a los cuatro vientos la gran noticia. Familiares directos de Nicolás López de Coca, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, el organismo encargado de coordinar con Bruselas y las Comunidades autónomas el pago de las subvenciones de la Política Agraria Común, se estaban haciendo multimillonarios con las ayudas europeas al cultivo del lino. También se informaba de que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, cultivaba lino y se había enriquecido con los fondos europeos. Poco después, el diario El País entraba en tromba en el asunto, con la publicación de una oleada de noticias a cual más escandalosa. Las filtraciones sólo podían provenir de la Junta de Castilla-La Mancha, que se ocupaba de la tramitación de las ayudas y del control e inspección de los cultivos. Como si se cayera de un guindo, el gobierno de Bono anunció la apertura de una investigación, pero no tardó mucho tiempo en sacar sus conclusiones.
Según la Junta castellano-manchega, en el entorno de Loyola de Palacio había anidado una trama de "cazaprimas", integrada por altos cargos de su ministerio que, haciendo uso de información privilegiada, se estaban "forrando" con las ayudas europeas. No contentos con ello, al ser descubiertos, los miembros de la trama habían prendido fuego al lino para eliminar pruebas incriminatorias.
Nuevas revelaciones sumaron otros dos nombres a los anteriores. Se trataba de Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería, y de Gonzalo Ruiz Paz, director financiero de la empresa pública MERCASA, encargada de desarrollar la política del Gobierno en el campo agro-alimentario. Ambos cultivaban lino con el mismo lucrativo resultado.
Todo era falso. Nicolás López de Coca nunca cultivó lino ni fue propietario de ninguna empresa de transformación, a pesar de que se le atribuyó una y otra vez la titularidad de una sociedad denominada Colisur. Sí lo hicieron sus hijos, dos de ellos ingenieros agrónomos, que habían iniciado el cultivo del lino –unas 200 hectáreas en total– en 1994, es decir, bastante tiempo antes de que su padre fuera nombrado presidente del FEGA. Entre 1994 y 1999, los hijos del Sr. López de Coca percibieron alrededor de 70 millones de pesetas de subvención. Hay que tener en cuenta que los gastos del cultivo se llevaban alrededor del 70 u 80 por ciento de las ayudas. Tampoco Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería, había cultivado lino. Sí lo había hecho su esposa, agricultora profesional, en las tierras que había heredado de sus mayores. Pero sólo había sembrado lino en 1995, un año antes del nombramiento de su marido como director general. Percibió la "astronómica" cantidad –y lo digo entre comillas– de seis millones de pesetas y no volvió a sembrar nunca más. Gonzalo Ruiz Paz, perteneciente a una familia de empresarios agrícolas, había sembrado lino en 1995, antes de su nombramiento como director financiero de MERCASA. Ruiz Paz no era un alto cargo de Loyola de Palacio, ni tampoco funcionario, pues había sido contratado en julio de 1996 en régimen laboral. Por último, Carlos Moro, venía cultivando lino desde 1994, mucho antes de ser nombrado delegado del Gobierno, en unas fincas de su propiedad, con una superficie aproximada de 200 hectáreas, y que había heredado de sus padres. Entre 1994 y 1999 percibió en total la cantidad de 80 millones de pesetas. Ni qué decir tiene que todos los pagos habían sido autorizados por la Comunidad de Castilla-La Mancha. Esto era todo.
Debo aclarar que cultivar lino no era –ni es– ningún delito. En 1993, un avispado agricultor soriano, que en sus ratos libres leía la normativa comunitaria, decidió probar fortuna con el lino, atraído por la cuantía de las ayudas que eran superiores a las de otros cultivos, como el trigo, la cebada o el maíz. La experiencia le fue bien y pronto corrió la voz entre los agricultores de que había surgido una nueva oportunidad para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. Por supuesto, para cobrar las ayudas había que cumplir estrictamente la normativa europea. Bajo el mandato de Loyola de Palacio y con su pleno apoyo en Bruselas se introdujeron disposiciones cada vez más exigentes, que frenaron el espectacular desarrollo del cultivo producido durante los últimos gobiernos de Felipe González. Dejaré constancia asimismo de que las ayudas de la Unión Europea a la agricultura española ascendían a cerca de un billón de pesetas anuales. Las subvenciones al cultivo del lino –que en el año 1999 fueron de 10.000 millones de pesetas– representaban un ínfimo porcentaje de aquella cantidad.
El escándalo del lino pronto se convertiría en el asunto estrella de las elecciones europeas, donde los principales dirigentes socialistas y, de manera especial, Rosa Díez, número uno de la lista europea del PSOE, fustigaron a Loyola de Palacio hasta extremos inauditos, bajo la acusación de haber consentido que sus altos cargos se estuvieran haciendo multimillonarios a costa de los agricultores españoles. También tuvo especial incidencia en Castilla-La Mancha, donde José Bono acuñó aquella célebre frase, absolutamente calumniosa y falsa, de que "no hay más lino que el que arde", llegando incluso a insinuar que entre los incendiarios se encontraba el propio delegado del Gobierno, Carlos Moro.
A pesar de todo, Loyola de Palacio ganó las elecciones, aunque Rosa Díez pudo presumir de haber recortado las distancias con el Partido Popular. En Castilla-La Mancha, Bono obtuvo una nueva mayoría absoluta. Su triunfo electoral le permitía lanzarse al ruedo de la política nacional, con la aureola que le proporcionaba haber descubierto la corrupción del Partido Popular.
El Congreso de los Diputados tomó cartas en el asunto. A finales de junio se constituyó una Comisión de investigación, presidida por el diputado canario Luis Mardones, que actuó con ecuanimidad y ejerció un arbitraje ejemplar. El Grupo popular, dirigido por Luis de Grandes, me designó portavoz en la Comisión, junto a mis compañeros José Madero y Neftalí Isasi. Confieso que del lino no tenía más conocimiento que el proporcionado por los medios de comunicación. Influido por ellos, cuando me hice cargo del asunto tenía serias dudas sobre la inocencia de las personas acusadas por Bono de haber organizado la famosa trama de altos cargos. No tenía ninguna duda de la honorabilidad de Loyola de Palacio, pero no estaba dispuesto a amparar ninguna conducta reprobable. Tampoco tenía ninguna duda sobre la conducta de Carlos Moro, con quien me unía una antigua amistad por haber colaborado con la Fundación Humanismo y Democracia, dirigida por aquél de forma ejemplar. De los demás no estaba tan seguro. Así que a cara de perro me entrevisté por separado con cada uno de los presuntos culpables. No tardé en descubrir que todo era una patraña inventada por Bono y sus secuaces.
Las conclusiones de la Comisión fueron contundentes. Ni había trama de altos cargos, ni sus hipotéticos miembros se habían enriquecido con las subvenciones europeas, ni nadie había hecho uso de información privilegiada, entre otras cosas porque nada hay más transparente que las ayudas europeas. Los incendios producidos en las empresas transformadoras habían sido de escasa importancia y los informes de la Guardia Civil, corroborados por los juzgados que acabaron por archivar las oportunas diligencias, demostraron que no habían sido provocados. No logré que Bono compareciera ante la Comisión, pero sí lo hizo su consejero de Agricultura. No hubo limitación alguna ni en cuanto al número de comparecientes ni en cuanto al tiempo de los interrogatorios. La comparecencia estrella fue la de Loyola de Palacio, que saldría airosa de la prueba con una magistral intervención en el fondo y en la forma. Así que, cuando concluyó la Comisión el fracaso del Partido Socialista no podía ser más estrepitoso.
Fue entonces cuando llegó en auxilio del PSOE la Fiscalía anticorrupción. Su titular, Carlos Jiménez Villarejo, no ocultaba su animadversión hacia el Partido Popular. Resulta que durante la comparecencia ante la Comisión de Alejandro Alonso, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, al percatarse de que la trama de altos cargos se había derrumbado, para justificar la infame actuación de la Junta, lanzó la teoría del "fraude generalizado". De la noche a la mañana, los miles de agricultores cultivadores de lino que, según Bono, habían sido víctimas de la actuación de tres o cuatro altos cargos desaprensivos, se convirtieron en presuntos delincuentes. Alonso sostuvo que para cobrar las subvenciones, sin cumplir los requisitos europeos, las empresas transformadoras que había en España cuando estalló el escándalo, habían vendido de forma masiva a los agricultores certificados falsos de transformación con la finalidad de defraudar a la Hacienda comunitaria.
El pretexto para la intervención de la Fiscalía anticorrupción lo proporcionó la Oficina europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Un eurodiputado socialista alertó a las autoridades comunitarias de que en España el lino se había convertido en un verdadero escándalo. Ante la gravedad del asunto, la OLAF se dirigió al fiscal anticorrupción en solicitud de información. Después de casi dos años de investigaciones "exhaustivas" –y lo digo entre comillas–, a finales del año 2000, Carlos Jiménez Villarejo hizo público un informe en el que se daba carta de naturaleza a la existencia de fraude generalizado.
El informe de la Fiscalía colocaba a Loyola de Palacio en una difícil situación política en Bruselas. Rosa Díez pidió su dimisión como vicepresidenta de la Comisión Europea y consejera de Transportes y Energía. Loyola se había comprometido con Romano Prodi a presentar su renuncia, si se probaba que durante su mandato como ministra se había producido fraude de los fondos comunitarios. Fue entonces cuando Loyola tomó una arriesgada y valerosa decisión. Reprodujo el informe del Fiscal y presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se abriera una investigación judicial, a fin de determinar si había existido fraude generalizado o no y, en su caso, se depuraran las responsabilidades penales que fueran pertinentes.
La denuncia de Loyola cayó, casualmente, en manos del juez Baltasar Garzón. Antes de continuar debo decir que el informe de la Fiscalía anticorrupción era un auténtico bodrio. Nada más conocer su contenido formulé una dura crítica contra el fiscal Jiménez Villarejo porque su informe se basaba en datos absolutamente erróneos o falsos. Anuncié que el "papelito" de la Fiscalía nos iba a costar a los españoles 21.000 millones de pesetas, pues serviría para que Bruselas exigiera al Reino de España la devolución de las ayudas al lino, como así fue. Insté a Jiménez Villarejo a que devolviera su sueldo por su manifiesta incompetencia profesional.
Lo peor de todo es que la Fiscalía no quiso dar su brazo a torcer, a pesar de que una y otra vez se le puso de manifiesto su error o falsedad durante la instrucción del sumario, sin que tampoco Garzón se diera por enterado. Según Jiménez Villarejo, la empresa COLINO, propiedad de los Ruiz Paz, no había podido transformar todo el lino que decía haber transformado porque su maquinaria no tenía suficiente capacidad para ello. En la campaña 1997/1998, según el Fiscal anticorrupción, COLINO había declarado una transformación de 4.697.972 kilos, siendo así que su capacidad máxima de producción era de 3.500.000 kilos. Sentada esta conclusión, la Fiscalía –sin haber investigado a ninguna otra transformadora– extendió los resultados de la investigación de COLINO al resto de las empresas, concluyendo que se había producido fraude generalizado. Lo lamentable era que el dato manejado por la Fiscalía era falso. COLINO en dicho ejercicio había transformado 3.183.602 kilos, por debajo de su capacidad de producción. Un certificado expedido por la propia Junta así lo acreditaba. ¿De dónde se sacó la Fiscalía el dato falso o erróneo? ¿Por qué no quiso dar marcha atrás cuando se le puso de manifiesto la falsedad de sus conclusiones? No lo sabemos, pero fácil es de imaginar por qué.
El juez Garzón comenzó la instrucción del caso como es habitual en él, aunque esta vez no detuvo a nadie, ni lo mantuvo incomunicado mientras él se iba de cacería. Como de costumbre hubo filtraciones del sumario, pero las noticias que salían de su Juzgado carecían de interés. Garzón tomo declaración como imputados a 45 personas. Al final, sólo 18 se sentarían en el banquillo de los acusados y todos ellos serían absueltos por la Audiencia Nacional el 23 de abril de 2007, eso sí, seis años después del inicio de su particular calvario. El Tribunal Supremo confirmaría la sentencia el 5 de mayo de 2008. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó de manera contundente que hubiera fraude generalizado y llegó a calificar de "inaudito" que con las pruebas obrantes en la causa no se hubieran archivado las actuaciones en la fase de instrucción.
¿Y qué fue de Nicolás López de Coca, ex presidente del FEGA, el supuesto cerebro de la trama inexistente? Antes he dicho que 18 personas sufrieron la pena de banquillo. En realidad fueron 19 porque en el inicio del juicio oral también se sentaba entre los acusados el Sr. López de Coca. Pero la sorpresa llegó cuando, nada más abrirse el acto del juicio, el presidente de la Sala le indicó que se ausentara, porque el tribunal no podía enjuiciarle, ya que el delito del que había sido acusado por el juez Garzón no era competencia de la Audiencia Nacional. Quiere esto decir que el ex presidente del FEGA había sido víctima de la instrucción ilegal de un juez manifiestamente incompetente.
¿Por qué Garzón imputó a Nicolás López de Coca? A mediados de 2001 el asunto del lino languidecía en el juzgado. Averiguar si eran falsos una decena de certificados de transformación, con un valor de entre tres y seis millones de pesetas cada uno y un total de unos 50 millones de pesetas, pues a eso había quedado reducido el fraude generalizado, no resultaba muy apasionante ni para el juez Garzón ni para nadie. En vista de ello, la Fiscalía anticorrupción decidió dar un golpe de efecto. Pidió la declaración de dos de los hijos de Nicolás López de Coca y Garzón los citó como imputados. En realidad, no había ninguna razón para ello. Como varios miles de agricultores españoles habían cultivado lino y en ello no había delito alguno. Además, nunca habían participado en la administración y gestión de Colisur, la más reciente de las empresas transformadoras, en la que poseían el 25 por ciento del capital social a través de una sociedad agraria. El asunto era tan insostenible que tras su declaración Garzón no tuvo más remedio que proceder a su desimputación. Pero uno de ellos declaró que en casa hablaban de todo y también del lino. Eso sirvió a la Fiscalía para, seis meses después, en febrero de 2002, solicitar la imputación de su padre por un presunto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Esto reanimó a los socialistas, que en el Congreso trataron sin conseguirlo de reabrir la Comisión de investigación, dando lugar a algunos titulares de primera página.
Y así llegamos a la primavera de 2003. Bono se presentaba por sexta vez a la presidencia de Castilla-La Mancha, después de que José Luis Rodríguez Zapatero, un oscuro diputado de provincias, le arrebatara en junio de 2000, por un puñado de votos, la gloria de disputar la presidencia del Gobierno a José María Aznar en las elecciones de 2004. Se produjo entonces uno de los acontecimientos más obscenos que recuerdo. La temperatura política española había subido hasta límites más que peligrosos con motivo de la guerra de Iraq. El juez Garzón, vulnerando la neutralidad inherente a la función judicial, criticó duramente la actuación de José María Aznar, lo que le valió la apertura de un par de expedientes disciplinarios por parte del Consejo General del Poder Judicial. Fue entonces cuando José Bono salió al paso de tamaña injusticia y el 25 de abril de 2003, un mes antes de las elecciones del 27 de mayo, publicó una "Carta abierta a Baltasar Garzón" en el diario El País, que podría pasar a la historia de nuestras letras patrias como ejemplo de literatura ditirámbica. No resisto la tentación de dar lectura a uno de sus párrafos dirigidos a nuestra juez estrella: "Desde hace tiempo habitas un mundo que parece, sin serlo, irreal, mágico, de leyenda; en cierta medida quijotesco por lo que tiene de idealista. Un mundo en el que no parece haber sitio para la gente normal".
Garzón habría leído, con toda probabilidad, el artículo de Bono, cuyo gobierno estaba personado en la causa y ejercía la acusación particular contra Nicolás López de Coca. Lo cierto es que el político castellano-manchego y el juez se habían hecho íntimos amigos, desde que el primero había convencido a Felipe González para que incluyera a Garzón como número 2 de su lista por Madrid a las elecciones de 1993. El juez declaró que había dado este paso para cerrar el paso a la derecha. Pues bien, el 22 de mayo de 2003, cinco días antes de la celebración de las elecciones autonómicas, Garzón dictó un auto en el que se acusaba al ex presidente del FEGA de haber cometido un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. El auto fue enarbolado en Toledo como un trofeo por José Bono, en el mitin de cierre de su campaña electoral. "La Justicia me ha dado la razón –proclamó exultante–; aquí está el auto de imputación a Nicolás López de Coca, a quien perdono por todas las injurias que de él he recibido durante todo este tiempo". El 27 de mayo, Bono obtuvo su sexta y última mayoría absoluta. Pero ni Garzón ni Bono pudieron lograr que Alejandro Alonso, que contribuyó eficazmente como consejero de Agricultura a la difusión de la infamia del lino, se hiciera con la alcaldía de la Imperial Toledo.
La ley obliga a los jueces a abstenerse cuando mantengan amistad íntima con una de las partes. Que Bono y Garzón eran íntimos amigos lo sabía todo el mundo. Por este motivo el juez debió abstenerse a la hora de instruir la causa. Para más inri no podía enjuiciar a López de Coca por el delito del que se le acusaba por no tener relación con el fraude del lino y ser ajeno a la competencia de la Audiencia Nacional. No cabe mayor perversión de nuestro Estado de Derecho.
¿Qué ocurrió después? Ya he dicho cómo el informe de la Fiscalía anticorrupción, reforzado por las actuaciones del juez Garzón, había dado alas a la Oficina europea de Lucha contra el Fraude para proceder contra el Reino de España. El expediente sancionador siguió su curso y, a pesar de la tenaz defensa de los intereses españoles protagonizada por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, la Comisión Europea en el año 2005 acordó exigir a nuestro país la devolución de las ayudas percibidas entre 1997 a 1999, que ascendían a 126 millones de euros o 21.000 millones de pesetas.
¿Cuál creen ustedes que fue la reacción del Gobierno socialista presidido José Luis Rodríguez Zapatero? En el Consejo de Ministros se sentaban José Bono, ministro de Defensa y firme impulsor de la teoría del fraude generalizado, así como Jesús Caldera, ministro de Trabajo, que había sido portavoz del PSOE en la legislatura anterior. Caldera, en un tenso debate parlamentario que tuvo lugar a finales del año 2002, se había dirigido al Grupo Popular en los siguientes términos: "Les voy a hacer una propuesta para ver si se manifiesta su voluntad de transparencia. Den instrucciones a la abogacía del Estado para que, una vez pagada esa multa a la Unión Europea, la repercuta sobre estos defraudadores (en referencia a los altos cargos del ministerio de Agricultura). No hagamos pagar a justos por pecadores. Una vez pagada la sanción den ustedes instrucciones a los servicios jurídicos del Estado para que quien la pague sean los verdaderos culpables del fraude". Podría suponerse que, con tales antecedentes, el Gobierno se allanaría a las pretensiones de Bruselas. Pero lo que ocurrió fue muy distinto. La abogacía del Estado recibió la orden de oponerse radicalmente a la sanción de Bruselas e interpuso el correspondiente recurso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de Luxemburgo. ¿Qué argumento debía esgrimir? Pues, ni más ni menos, que la acusación de la existencia de fraude generalizado era totalmente infundada. Por supuesto, de nada de esto se dio cuenta a la opinión pública.
A comienzos del pasado verano, se celebró la vista oral ante el Tribunal de Luxemburgo, que todavía no ha dictado su veredicto. No sabemos cuál será. El abogado del Estado español aun llegó a tiempo de trasladar a la Corte europea la sentencia de la Audiencia Nacional, que demostraba la sinrazón del informe de la OLAF y, por ende, de la Fiscalía anticorrupción, negando la existencia de fraude generalizado. Lo que son las cosas. El letrado de la Comisión Europea se amparó en su alegato final en las manifestaciones de Alejandro Alonso en la Comisión de investigación y en las demagógicas denuncias del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. El mundo al revés.
No puedo terminar sin una breve referencia al papel desempeñado en todo este asunto por algunos medios de comunicación. El periodismo de investigación es un signo de nuestro tiempo. Pero no es lícito dar carta de naturaleza a las informaciones calumniosas, falsas o simplemente inveraces, proporcionadas por alguien que guarda su anonimato y tan sólo pretende aniquilar a su adversario político. Quienes así actúan producen un gravísimo daño al prestigio de la profesión periodística.
La prensa responsable no puede amparar la infamia. ¿Qué decir de un periodista que se dirigió a varios de los acusados de pertenecer a la fantasmagórica trama del lino, alguno de los cuales se encuentran en esta sala, para ofrecerles que quedarían al margen de todo si declaraban que Loyola de Palacio estaba al corriente de todo? Pues quien así actuó todavía sigue en activo y ha vuelto al estrellato con ocasión de los últimos acontecimientos, que han removido los cimientos del PP de Madrid.
Ni qué decir tiene que cuando, después de nueve largos años, la Justicia dictó su última palabra, aquellos periódicos que con tanto entusiasmo se habían entregado a la tarea de difundir la gran infamia lanzada desde el palacio de Fuensalida, escondieron la noticia en páginas interiores y ni siquiera impares. Tampoco se sintieron obligados a pedir perdón ni Bono ni los demás dirigentes del Partido Socialista, que dieron pábulo a una acusación tan injusta.
Escribí este libro con el pensamiento puesto en el calvario sufrido por aquellas personas que fueron víctimas de una infame operación política que contó con la cobertura de una Fiscalía irresponsable y de un juez instructor de dudosa imparcialidad. Siempre me he negado a creer que la política fuera un navajeo de rufianes. Pero en ocasiones mi fe se tambalea ante comportamientos tan indignos como los que se describen en estas páginas.
Por desgracia, no todas las personas que sufrieron las inicuas acusaciones de José Bono y sus adláteres están ya entre nosotros. Me refiero a Loyola de Palacio y a Carlos Moro, a cuya memoria he dedicado el libro. Loyola era una política de raza y aguantó con enorme entereza las acusaciones lanzadas contra ella. No pudieron derribarla y culminó su mandato en la Comisión Europea, donde dejó una huella imborrable por su eficacia, su capacidad de trabajo y su entrega sin límites a la tarea de construir Europa. Carlos Moro era un hombre respetado y querido por sus conciudadanos. Fue un magnífico delegado del Gobierno de España en su Comunidad natal. Un mal día, vio de pronto cómo la tierra de sus mayores se hundía bajo sus pies por haber sembrado lino. Se le acusó de hacerse rico, a él que, como buen humanista cristiano, era ejemplo de honradez y austeridad. Nunca utilizó su cargo para enriquecerse. Otros, quizás, no podrían resistir la prueba del algodón. Ni Loyola ni Carlos, ni tampoco su esposa Marisa, pudieron ver el desenlace de un escándalo que jamás existió. Pero su memoria perdurará para siempre entre nosotros.
Así ven a Carod en Ecuador http://www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo1290
La solidez intelectual del separatismo: Pilar Rahola
http://www.youtube.com/watch?v=ezYhUDCwDlc
Charla sobre la LEC (Ley de Educación de Cataluña): Llei d'educació ¿ una ley para todos ? Martes, 24 de marzo de 2009, 19:30 horas A cargo de los diputados de Ciudadanos Antonio Robles y José Domingo y el profesor de secundaria Antonio Roig. La Asociación por la Tolerancia es contraria a la LEC por lo que recomienda la asistencia al acto. Casa de cultura, junto al Monasterio, San Cugat del Vallés. / pdf con convocatoria
Conferencia de Francisco Sosa Wagner: "ESPAÑA EN EL EDIFICIO EUROPEO"
Viernes, 27 de marzo de 2009, de 19:30 a 21:00 horas Sosa Wagner es jurista, catedrático y escritor. Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Organiza: UPyD Catalunya. Hotel HCC Montblanc, Vía Laietana,61 (cerca de plaza Urquinaona) 08003-BARCELONA
"Filología catalana. Memorias de un disidente" de Xavier Pericay Miércoles, 29 de ABRIL de 2009 Presentación de la edición en castellano del libro. Intervienen: Arcadi espada, Ana Nuño, Iván Tubau y el propio Xavier Pericay Organiza: Asociación por la Tolerancia. Reseña del libro
lugar y hora: por determinar
Reformas institucionales Resumen del Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica del 11-3-09 http://blogs.expansion.com/blogs/web/conthe.html?opcion=1&codPost=52302
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