[AR] Diez magistrados que no merecen ninguna piedad (consecuencia directa del 11-M)

 

	Viernes, 17 de julio de 2009. Año XXI. Número:7.151. OPINION EDITORIAL Diez magistrados que no merecen ninguna piedad LOS MIEMBROS del jurado que aparecen en la famosa película de Sidney Lumet, Doce hombres sin piedad, tienen en sus manos la decisión sobre la vida de un hombre que puede ir a la silla eléctrica. El veredicto es muy difícil porque los hechos no están claros, pero cumplen con su obligación tras un apasionado debate. La realidad no imita a la ficción, porque los 10 magistrados del Alto Tribunal que tienen que fallar sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña que puede matar a la España constitucional llevan tres años deliberando, sin llegar a ninguna conclusión. EL MUNDO publica hoy que la precaria mayoría de seis a cuatro construida sobre el último borrador de la sentencia se ha roto el pasado lunes. Ese día, la ponente Elisa Pérez Vera presentó la última versión del tercer borrador, del que había suprimido más de 100 páginas de fundamentos jurídicos. Varios magistrados se opusieron a la eliminación de esa parte, que, según su parecer, desnaturalizaba el fallo al privarle de criterios interpretativos. Los atónitos letrados del Constitucional se han enterado de que la presidenta María Emilia Casas no tiene «ninguna prisa» en rehacer ese tercer borrador que refuerce los fundamentos jurídicos de la sentencia. Ello impedirá con toda probabilidad que el fallo esté listo a finales de este mes, como estaba previsto y se había filtrado en algunos medios de comunicación. ¿Habrá sentencia en septiembre? ¿Tal vez en octubre? ¿O antes de las Navidades? Nadie se atreve a pronosticar una fecha, ya que el retraso del Constitucional ha superado todas las previsiones. Baste un solo dato: su presidenta María Emilia Casas y otros tres miembros finalizaron su mandato legal en enero de 2008, pero ahí siguen. Ni PSOE ni PP se atreven a iniciar los trámites de renovación del Constitucional para no provocar nuevas demoras en este asunto. Estamos sencillamente ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones institucionales por parte de estos 10 magistrados, que, en lugar de dar ejemplo de responsabilidad, están demostrando una incapacidad vergonzosa para estar a la altura de las elevadas funciones que tienen encomendadas. Mientras ellos siguen ajenos a «la agenda política», como dijo hace unas semanas María Emilia Casas, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una Ley de Educación que impide a los padres educar a sus hijos en castellano y el Consejo de Política Fiscal ha dado luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica, dictado y condicionado por el Estatuto de Cataluña. Tres años después de su aprobación como ley orgánica por el Parlamento, el Estatuto se ha plasmado en decenas de leyes y decretos de la Generalitat de Cataluña en todos los ámbitos: del comercio a la enseñanza, de la justicia a la organización territorial. Cada día que pasa se hace más difícil deshacer este corpus legal basado en el Estatuto, que va impregnando progresivamente los comportamientos de la sociedad catalana. La información que hoy publica EL MUNDO apunta a que los magistrados del Tribunal Constitucional llevan muchos meses trabajando en una sentencia interpretativa, que declararía inconstitucionales unos pocos de los 114 artículos recurridos por el PP, pero establecería unos criterios jurídicos para interpretar los demás dentro de la Constitución. En este sentido, la última ponencia consideraba que la utilización del término «nación» en el preámbulo del Estatuto de Cataluña no es inconstitucional porque se trata de la expresión de un sentimiento que no surte efectos jurídicos. Tampoco declaraba inconstitucionales los artículos referentes al uso obligatorio del catalán en la enseñanza y en la Administración autonómica, precisando que ello debe ser compatible -menuda tomadura de pelo- con el respeto al uso del castellano. Si el fallo del Constitucional se produce en estos términos, estaremos ante un fraude jurídico en toda regla, ya que no es posible dejar al albur de la interpretación decenas de artículos del Estatuto que contradicen abiertamente y de manera expresa lo que dice nuestra Carta Magna. Por ejemplo -para muestra un botón-, el artículo 110, que señala que las normas de la Generalitat prevalecerán sobre las del Estado en materia de competencias exclusivas, lo que supone cuestionar el principio de soberanía nacional que fundamenta la Constitución española. Si los jueces del Constitucional no llaman a las cosas por su nombre para no quedar mal ante el Gobierno de Zapatero y sus aliados nacionalistas, van a abrir un nuevo periodo de incertidumbre en el que el propio Tribunal tendrá que dirimir durante años continuos recursos contra las leyes y disposiciones de la Generalitat. Más les valdría hacer una sentencia clara y coherente con los principios que han jurado o prometido defender. Pero no hay razones para ser optimistas. Los tres años transcuridos ya indican el escaso entusiasmo del Alto Tribunal por mojarse en un asunto del que depende el modelo de Estado. La falta de prisa de María Emilia Casas sugiere que sigue apostando por camuflar la inconcreción en los hechos consumados. Estos magistrados no merecen, pues, ninguna piedad y se habrán ganado los peores reproches si, además de hacer su trabajo tarde, terminan haciéndolo así de mal. Viernes, 17 de julio de 2009. Año XXI. Número:7.151. ESPAÑA MODELO DE ESTADO / El futuro del 'Estatut' Casas quiere una sentencia sin prisas El último proyecto presentado por la ponente ha provocado las críticas de la mayoría - Varios de los magistrados que iban a firmar la resolución han retirado ya su apoyo VICTORIA PREGO Madrid El tapiz se ha deshecho de nuevo. En el Tribunal Constitucional ha vuelto a romperse la delicada mayoría que había logrado apuntalarse después de meses de deliberación sobre el Estatut. Pero la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, ha hecho saber a sus colaboradores que no hay «ninguna prisa» para elaborar un nuevo proyecto de sentencia que logre el apoyo suficiente de los magistrados. Ha sido la tercera propuesta la que ha desatado la caja de los truenos y al menos dos de los jueces que habían aceptado inicialmente poner su firma en la resolución de fondo -que, aun declarando inconstitucionales en el fallo pocos preceptos, ponía a salvo en los fundamentos jurídicos las competencias del Estado- se han negado a respaldarla. El magistrado Guillermo Jiménez, que la semana pasada ya se había mostrado dispuesto a a sumar su voto a los defensores de esta sentencia interpretativa-manipulativa, fue el primero que se plantó el pasado lunes y se negó en redondo a apoyar la propuesta que se le había puesto delante de los ojos y que consideró «intolerable». El voto de Jiménez era precisamente el que iba a componer esa mayoría de 6 a 4 que habría proporcionado un poco más de solidez a la resolución. Sin su voto a favor, la relación de apoyos en el seno del TC habría quedado de nuevo en un empate 5 a 5, lo que habría requerido el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, para inclinar la balanza en sentido favorable al Estatut. Una hipótesis que Casas rechaza contemplar, entre otras cosas porque esa proporción convertiría la sentencia en un escándalo político de primera magnitud. Otro de los miembros del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas, que también estaba a punto de apoyar la sentencia con su voto si se aceptaban determinadas reclamaciones por su parte para que se llevara al fallo alguna cuestión llamativa pero no conflictiva, se ha negado igualmente a votar a favor del proyecto que se les ha presentado. El voto de Rodríguez Arribas era el que habría podido conformar la relación de 7 a 3 que habría permitido al Tribunal salir a la palestra pública con una resolución respaldada por una amplia mayoría. Incluso dos de los jueces pertenecientes al llamado sector progresista como son Manuel Aragón y Pascual Sala han transmitido igualmente a sus compañeros su opinión extremadamente crítica sobre el proyecto. La razón de este revuelo inesperado está en que en este último borrador presentado por la ponente Elisa Pérez Vera se ha metido tal cantidad de tijera a los fundamentos jurídicos y los ha despojado tan rotundamente de citas de jurisprudencia, que ha dejado el proyecto dramáticamente desguarnecido y carente de la solidez jurídica exigible. De ese texto casi ha desaparecido la doctrina, de modo que se ha convertido en una sentencia puramente decisionista, lo que en el lenguaje de la calle significa más o menos «esto es así porque lo digo yo» y por ninguna otra cosa. En esas condiciones los consensos han saltado por los aires. Incluso podría decirse que ha habido casi un conato de sublevación. Cuando todo parecía estar ya pactado en lo esencial. El resultado es que esta tercera propuesta de sentencia ha resultado definitivamente inadmisible para una mayoría de magistrados que, a finales de la semana pasada, estaban dispuestos a estampar su firma en una sentencia que, aunque llevando muy pocos preceptos al fallo declarándolos inconstitucionales, se apoyaba ampliamente en los fundamentos jurídicos para dar la vuelta a una parte importante del articulado salvaguardando así la competencia del Estado. El procedimiento ya ha sido descrito por EL MUNDO: en los fundamentos jurídicos se interpretaba que algunos de los preceptos no dicen en el fondo lo que en realidad sí dicen; se dejaba sin sentido la letra de otros muchos añadiéndoles la cláusula de que no vinculan al Estado o la afirmación de que lo contenido en el artículo se puede admitir pero «sin perjuicio de» la competencia del Estado en esa materia. Pero sucede que lo que ha quedado tras «aligerar» la sentencia en más de 100 folios ha resultado un bodrio, dicho esto en román paladino. Es decir, que no es que se haya «aligerado» el texto, protestan sus señorías, es que se ha «cortado» y que lo que resulta de ese corte es una pieza jurídicamente indigerible. Traducido de nuevo al lenguaje de un lego, el texto resultante podría estar más cerca de una ponencia política que de la sentencia de un Tribunal Constitucional. Y por eso ni siquiera los inicialmente partidarios de no tocar demasiado el Estatut estarían ya dispuestos a apoyar este proyecto. Así que todo se ha ido abajo. Para empezar, tras el revuelo organizado a la vista del texto del tercer borrador, el pleno convocado para el lunes pasado fue suspendido. Hubo, eso sí, varias reuniones de magistrados pero la reunión plenaria, que habría durado varios días para examinar la sentencia completa sobre el Estatuto entero, no tuvo lugar. La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, ha recibido con gran incomodidad esta rebelión de los magistrados, algunos de los cuales estarían incluso dispuestos a aceptar que se designara un nuevo ponente. Eso no ha ocurrido, pero lo que sí es cierto es que varios letrados del TC están ahora mismo elaborando nuevas notas sobre los puntos más conflictivos del proyecto. Y aquí viene lo asombroso: convencidos de que el encargo que recibían de la presidencia era de la máxima urgencia, y dispuestos ya a trabajar a uña de caballo, los letrados - profesores universitarios y magistrados, es decir, auténticos estudiosos y expertos en las materias de las que se ocupan- han sabido que la presidenta del Alto Tribunal se enfrenta «sin ninguna prisa» a la resolución de este nuevo obstáculo para la tan esperada sentencia. ¡Sin ninguna prisa! Y, sin embargo, no todo está perdido. Los días que quedan de la semana presente sí que están echados a perder y en las dos semanas que restan para que termine julio, vista la «ninguna prisa» expresada por la presidenta, no debemos esperar la fumata blanca antes de agosto. O de septiembre. Pero no todo está perdido porque el contenido esencial del proyecto de sentencia se mantiene. Lo que se negoció, negociado está. Y lo que va al fallo sigue yendo al fallo. Sólo los fundamentos jurídicos han de ser rescatados y apuntalados con la doctrina jurisprudencial imprescindible. Es verdad que, con ese corta y pega implacable, la ponente ha destrozado la coartada jurídica de los reticentes y, en consecuencia, ha destruido también el consenso. Pero si se pretende recuperar el pacto y facilitar la coartada de quienes, siendo muy críticos con la fórmula con la que se iba a envolver el varapalo al Estatut, estaban dispuestos a respaldarla, hay que desandar lo andado. Este es el trabajo que ahora tienen por delante los letrados del alto tribunal que probablemente se vean en la necesidad de regresar al segundo borrador y empezar de nuevo a perfilar desde ahí la redacción definitiva de esta sentencia de nunca acabar. Viernes, 17 de julio de 2009. Año XXI. Número:7.151. ESPAÑA EL REVÉS DE LA TRAMA Una chapuza JUSTINO SINOVA En tres semanas se cumplirán tres años de la vigencia del nuevo Estatuto de Cataluña y aún el Tribunal Constitucional no ha logrado pronunciarse sobre los siete recursos presentados contra él, sino que además parece que habrá que seguir esperando un tiempo a que sus señorías los magistrados elaboren su sentencia. Lo menos que se puede decir -y se dice- de este retraso en la fijación de la legalidad de una norma que se está aplicando es que resulta una chapuza que desacredita a una alta institución y que mantiene sobre la eficacia de la Constitución una sombra de inquietud. Con tal dilación inconcebible, quiebra la misión confiada al Tribunal de asegurar la adecuación de toda norma a la letra constitucional y se malgasta un instrumento defensivo de la legalidad. Un efecto de la incertidumbre que provoca ese entumecimiento operativo lo sufre España estos días: de acuerdo con la ley recurrida, el presidente del Gobierno ha negociado bilateralmente con la Generalitat catalana la financiación autonómica y ha elaborado un nuevo modelo que parte de la cuota previamente pactada y que condiciona los fondos adicionales que las demás comunidades recibirán del Estado. ¿Qué pasaría si el Tribunal sancionara inconstitucional esta precedencia de la Generalitat? Habría que empezar otra vez, con la tensión y la inseguridad que el nuevo proceso generaría. Aunque la pregunta que muchos se formulan es esta otra: ¿Se atreverá el Tribunal a poner patas arriba el proceso ya consumado o cederá ante la desigualdad introducida en la España autonómica por el Estatuto catalán y ultimada por el jefe del Gobierno? Es evidente que esta pregunta contiene la sospecha de que el Tribunal se achicará, o sea, la falta de confianza en su firmeza. Pero el Tribunal se la está ganando. Claro que, en estas circunstancias, Rodríguez Zapatero podría haber optado por encauzar con normalidad democrática el proceso y por demostrar que sus promesas de diálogo y de transparencia iban en serio. En vez de pactar con el principal partido de la oposición, en vez de convocar a todas las comunidades a estudiar la financiación, en vez de explicar a los ciudadanos lo que va a hacer con sus dineros, en vez, en fin, de aplicar el principio democrático de la luz y los taquígrafos, ha preferido apoyarse en su propio grupo y negociar con pequeños partidos, como ERC, que creen en el dinero pero no en España, para asegurar andamios personales a su política. Ha sido un espectáculo indecoroso el ofrecido por un Gobierno que subasta contingentes de dinero, como si fuera suyo, mientras los órganos colectivos de la democracia han de limitarse a esperar el resultado de las maniobras. Yo me he acordado estos días de una vieja tira del humorista argentino Quino en la que se ve a Mafalda que consulta en el diccionario la palabra democracia y cuando lee la definición -«predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado»- estalla en una risotada incontenible. La verdad es que aquella carcajada quería ser más bien un lamento, como el que provoca este monumento a la chapuza que han erigido un Tribunal que no logra salir de su encierro y un político para el que no existen límites.
	absurdarevolucion@yahoo.es

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