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Lunes, 29 de junio de 2009. Año XXI. Número:7.133.
OPINION
EDITORIAL
El Gobierno debe poner fin a la agonía de Saiz
LA REVELACIÓN de que el CNI tiene en nómina a dos de los tres policías que en 2005 participaron en la polémica detención de unos militantes del PP por su inexistente agresión a José Bono en el transcurso de una manifestación representa un nuevo pasaje turbio en la más que controvertida gestión de Alberto Saiz.
Hoy desvelamos que el director de los servicios de inteligencia, amigo personal del presidente del Congreso, abona con fondos reservados en torno a 2.000 euros al mes al ex comisario Rodolfo Ruiz, mientras que otro de los agentes del caso Bono también recibe una cantidad sin determinar, según denuncian fuentes del propio CNI. Estos policías fueron absueltos por el Supremo del delito de detención ilegal de los militantes del PP en una de las páginas más bochornosas de nuestra historia judicial. En primera instancia habían sido condenados por la Audiencia de Madrid. Resulta revelador comprobar el trato de privilegio que estos agentes han venido recibiendo de las autoridades, particularmente en el caso de Rodolfo Ruiz, ascendido después de que en la comisaría de Vallecas que él dirigía apareciera la sospechosa mochila que sirvió para vincular a Zougam y al grupo de El Chino con la autoría de los atentados del 11-M.
El director del CNI atribuye la contestación y las críticas internas a la resistencia de la «vieja guardia» a sus planteamientos de modernizar el centro. Pero si esa vieja guardia se caracterizó en otro tiempo por usar los fondos reservados para la guerra sucia y el enriquecimiento ilícito, los pagos a los policías del caso Bono y los gastos para reformar la vivienda propia o para ir de pesca a lugares exóticos no mejoran precisamente la imagen del centro. Saiz tiene en sus manos la responsabilidad añadida de manejar el mayor presupuesto del que haya gozado jamás en su historia el CNI: 255 millones. Por indicación de Zapatero, en esta legislatura se han venido aumentando los fondos del centro un 17% de media anual.
Si la ministra de Defensa ya se encargó la semana pasada de exponer sus dudas sobre Saiz al anunciar la apertura de una investigación interna, hoy descubrimos que el ministro del Interior tampoco está satisfecho. Rubalcaba se plantea eliminar la Brigada de Apoyo, puente entre la Comisaría general de Información y el CNI, por falta de colaboración en la lucha antiterrorista. Incluso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, califica hoy de «preocupantes» las noticias que surgen del CNI y critica por «denigrante» el uso del polígrafo, que Saiz aplicó a los agentes para averiguar quién filtra las denuncias contra él.
A la larga cadena de hechos e indicios que llevan a concluir que el CNI se le ha escapado de las manos a su director, le han añadido ahora un eslabón las autoridades cubanas. Tal y como publicábamos ayer, la destitución de varios dirigentes del régimen estuvo motivada por sus confidencias a un ingeniero industrial cubano reclutado por el CNI, descubierto y detenido en la isla para desprestigio de nuestros servicios de inteligencia.
Tras el escándalo de las destituciones y las dimisiones en bloque, tras las acusaciones de nepotismo, tras las denuncias por el abuso de recursos públicos, tras la caza de brujas para perseguir a quienes han contado lo que estaba pasando, tras la pérdida de confianza del Gobierno, tras los fallos y la falta de coordinación, tras los sospechosos pagos a policías, cabe preguntarse cuánto tiempo va a poder aguantar el director del CNI. Zapatero debería acabar de una vez por todas con la larga agonía de Alberto Saiz, bien respaldándole y justificando con argumentos sólidos su continuidad, bien apartándole del cargo. El CNI no puede seguir así.
Lunes, 29 de junio de 2009. Año XXI. Número:7.133.
ESPAÑA Saiz paga al policía del 'caso Bono' y la mochila de Vallecas Acusan al director del CNI de entregar 2.000 euros mensuales al comisario Rodolfo Ruiz con cargo a los fondos reservados / El policía se jubiló cuando la Audiencia le condenó por la detención de dos miembros del Partido Popular. Luego le absolvió el Tribunal Supremo / Ruiz era el jefe de la Comisaría del Puente de Vallecas en la que apareció la mochila-bomba del 11-M que nadie vio en los trenes ANTONIO RUBIO Madrid
Rodolfo Ruiz, ex comisario de Policía que fue condenado primero, y absuelto después, de un delito de falsedad documental y detención ilegal de dos militantes del PP en los incidentes que se produjeron en Madrid el 22 de enero de 2005 contra el entonces ministro de Defensa, José Bono, colabora en la actualidad con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de una empresa pantalla y cobra unos 2.000 euros mensuales de los fondos reservados del CNI, según han informado a este periódico fuentes policiales.
Ruiz ha conseguido esa colaboración extra en el CNI, siempre según fuentes policiales, gracias a las gestiones realizadas por el que fuera ministro de Defensa y actual presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ante el director de los servicios secretos, Alberto Saiz. Fuentes del Ministerio del Interior, de donde dependía Rodolfo Ruiz hasta abril de 2007, también han confirmado a este periódico que el ex comisario «tiene una empresa que en ocasiones hace colaboraciones para el CNI».
EL MUNDO se ha puesto en contacto con Rodolfo Ruiz para recoger su versión sobre los hechos: «Desmiento que trabaje para el CNI y no tengo nada más que decir».
El ex comisario no quiso hacer ningún otro comentario sobre su empresa y las colaboraciones que está prestando a los servicios secretos.
Rodolfo Ruiz era el jefe de la comisaría de Vallecas el 11 de marzo de 2004. Y en aquella comisaría fue donde apareció, de manera sospechosa, la mochila que sirvió para señalar al grupo de Jamal Zougam como los autores de los atentados de los trenes de la muerte. Tras aquellos confusos hechos, Ruiz fue ascendido de categoría por el Ministerio del Interior y fue nombrado jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid.
Ruiz, según ha podido saber este periódico, después de salir de la Policía en abril de 2007 por «jubilación anticipada», montó un despacho que se dedica al cobro de morosos y otros asuntos. Ruiz, según sus compañeros, tuvo un accidente en la montaña y lleva unos nueve meses inactivo.
Otro de los policías del caso Bono, Javier Fernández, también ha sido señalado por fuentes policiales como beneficiario de las ayudas económicas del director del Centro. Fernández ha desmentido a este periódico que reciba esas aportaciones: «Eso no es cierto. Intento rehacer mi vida trabajando y no tengo nada más que decir».
Hay que recordar que el caso Bono comenzó el 22 de enero de 2005 como consecuencia de una manifestación contra el terrorismo que organizó en Madrid la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El entonces ministro de Defensa, José Bono, asistió a aquel acto a título particular y en un momento de la manifestación fue increpado por un grupo de personas. Como resultado de aquellos hechos fueron detenidos dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.
Los tres inspectores policiales que en un principio intervinieron en la instrucción de aquel caso declararon ante la Audiencia Provincial que «el ministro José Bono nunca fue agredido» y uno de ellos, incluso, manifestó que estuvo presente en el incidente y pudo apreciar todo el suceso.
Con posterioridad, esa misma instrucción policial fue manipulada a instancia del comisario Rodolfo Ruiz. Y a esa instrucción, según los tres inspectores que llevaron a cabo las primeras investigaciones, se incorporaron nuevas declaraciones de los escoltas de José Bono -que corrigieron las que ya habían aportado con anterioridad en la Brigada policial- para darle una mayor gravedad a los acontecimientos y calificarlos de «situación de extrema violencia» y de «intento de agresión» al ministro «con objetos contundentes».
La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia el 8 de mayo de 2006 y condenó al comisario Rodolfo Ruiz a cinco años de cárcel y 10 de inhabilitación por falsear el atestado del caso Bono y por coacciones a sus subordinados, que en su momento se negaron a cambiar el atestado de la supuesta agresión contra el entonces ministro de Defensa. El inspector Fernández también fue condenado a un total de cinco años de cárcel y 10 de inhabilitación por detención ilegal y falsedad. Y, por último, José Luis González fue condenado a tres años de prisión y dos de inhabilitación.
En uno de los apartados de la sentencia de la Audiencia Provincial se hacía una referencia directa a los condenados y al atestado policial: «Vulnerando el deber de hacer que el atestado se mantuviera en su integridad tal como venía confeccionado […] destruyen materialmente partes impresas, firmadas y selladas […] y sustituyen la comparecencia inicial de los escoltas de Bono por otra en que, de manera inveraz, se eleva la relevancia penal de los hechos».
La Sala de la Audiencia Provincial también destacó la ausencia de indicios de agresión contra Bono y resaltó que hasta el inspector Javier Fernández se percató de ello y que cuando se lo comentó al comisario Ruiz la respuesta fue la siguiente: «Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona».
Los tres funcionarios del Ministerio del Interior -Ruiz, Fernández y González- recurrieron ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y un año más tarde, en junio de 2007, fueron exonerados definitivamente de todos los cargos.
Se daba la circunstancia de que donde la Audiencia Provincial había apreciado una detención «inmotivada, arbitraria y abusiva» contra los dos militantes del PP, el Tribunal Supremo consideró que todo fue un arresto legal y justificado. El Supremo también resaltó en su sentencia que todo «estuvo ajustado a Derecho». Ese fallo judicial tuvo un voto particular discrepante del magistrado Manuel Marchena, que sostenía que se debió mantener la condena por detención ilegal y falsedad.
En abril de 2007, dos meses antes de que el Tribunal Supremo de Madrid hiciera pública su sentencia contra los tres policías que participaron en el caso Bono, el Ministerio del Interior concedió la jubilación anticipada al comisario Rodolfo Ruiz por «alteración psicofísica». Los otros dos compañeros de Ruiz, Javier Fernández y José Luis González, también consiguieron la «jubilación anticipada».
La mochila de Vallecas y su «extravagante periplo» Ruiz era el jefe de la comisaría de Puente de Vallecas cuando se encontró allí una mochila que no explotó el 11-M. Permitió detener a Jamal Zougam el 13-M.
La Policía asegura que se encontró dentro de un bolsón que contenía objetos recogidos en el tren que estalló en El Pozo, pero todos los 'tedax' que lo inspeccionaron aseguran que no la vieron allí.
El responsable del control de los objetos de El Pozo, el inspector Álvarez, declaró al juez Del Olmo que no se hizo ningún inventario, por lo que no puede garantizarse que saliese de allí.
Los bolsones fueron llevados a la comisaría de Villa de Vallecas y, de ahí, a Ifema, donde nadie los controló. Luego, fueron trasladados a Puente. La sentencia habla de un «extravagante periplo».
En la mochila apareció una huella que no pertenece a ningún imputado. Un informe policial concluye que «pudo ser manipulada en Ifema».
Lunes, 29 de junio de 2009. Año XXI. Número:7.133. ESPAÑA El TS confirma la multa de 150.000 E a Mina Conchita Se basa en el «descontrol» del lugar de la dinamita del 11-M
MARÍA PERAL
Madrid
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a Caolines de Merillés, la empresa que explota Mina Conchita, por el «absoluto descontrol» de la dinamita y los detonadores que empleaba, según se comprobó a raíz del 11-M. La sentencia de la Audiencia Nacional que juzgó los atentados islamistas declaró probado que «todo o gran parte» del explosivo que estalló en los trenes procedía de ese yacimiento.
El 18 de junio de 2004, agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de Salas (Asturias) llevaron a cabo una inspección en Mina Conchita acompañados por la Policía Judicial y el director facultativo de la empresa. La actuación se grabó en vídeo y algunas de las imágenes fueron contempladas en la sesión del juicio del 11-M celebrada el 1 de marzo de 2007: bolsas de explosivos desperdigadas y mezcladas con basura en las galerías y cartuchos y detonadores abandonados en la bocamina.
La inspección dio lugar a un expediente sancionador que acabó con la imposición, por parte del Ministerio del Interior, de una multa de 150.000 euros a Caolines de Merillés por una infracción tipificada en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, consistente en no haber adoptado «las precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de los explosivos».
La sanción fue confirmada en 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La sentencia dio por probado «el estado absoluto de descontrol, abandono y pérdida de hecho de parte de los explosivos» que se utilizaban, «encontrándose en estado de abandono 16 cartuchos de Goma 2 EC completamente deteriorados hasta el punto de encontrarse sólo el envoltorio, así como 33 cartuchos de Goma 2 ECO y 27 cartuchos de Goma 2 EC y dos detonadores, susceptibles de detonación y explosión».
Los 16 cartuchos de Goma 2 EC aludidos se encontraron en el exterior de la bocamina del segundo nivel. En el interior de la galería del primer nivel, «bajo varios cartones deteriorados por la humedad y diferente basura», se hallaron dos bolsas precintadas de 2,5 kilos de Goma 2 ECO, con 16 y 17 cartuchos respectivamente en su interior. En el mismo lugar había dos detonadores y otras dos bolsas, éstas de Goma 2 EC y abiertas, con 18 y nueve cartuchos respectivamente, «todo ello dejado en el lugar por abandono y negligencia en su consumo».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha rechazado ahora el recurso de Caolines de Merillés, basado, entre otros argumentos, en que la infracción había prescrito. El Alto Tribunal lo niega porque la omisión o insuficiencia de medidas de control de los explosivos fue «continuada».
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