Si el terrorismo se manifiesta públicamente de manera aparatosa, el crimen organizado se extiende por las sombras. No busca tomar el poder en las instituciones, sino parasitarlas y utilizarlas.
El presidente del PSE ha afirmado que "se atiene" a la nota de su partido en la que se niega que haya habido una reunión Batasuna-PSE aunque a él no le hubiera "parecido tan grave". Además, ha dicho que Otegi es un hombre que "quiere la paz" y que sería "mejor que estuviera fuera y haciendo política".
La persona del Partido Popular con quien el Gobierno comparte ahora mismo la información de la lucha antiterrorista no es otra que Federico Trillo. El diputado y coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP recibió en la tarde del jueves una llamada telefónica del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, para decirle literalmente: "Con ETA y Batasuna no hay nada de nada", como le gusta recordar últimamente al número dos del Gobierno a pesar de los numerosos indicios que apuntan al comienzo de una nueva negociación pública entre el Ejecutivo y la banda.
Durante la conversación con el diputado popular, que de inmediato dio traslado a Génova del contenido de la charla, Rubalcaba sí admitió que el Ejecutivo ha alimentado "la confusión" con un auténtico baile de ministros hablando en declaraciones públicas sobre un hipotético final de ETA.
Algunos, como el titular de Fomento, José Blanco, han sido capaces de decir una cosa y la contraria en el transcurso de una semana. Si el domingo durante un mitin en Málaga aseguró que el Gobierno estaba "a punto de acabar con ETA", ayer apuntaba que había "demasiado ruido" sobre los planes de Batasuna/ETA.
El vicepresidente primero admite que "sólo hay eso" y se comprometió a "poner orden" entre los miembros del Gabinete para imponer cierta ley del silencio, tal y como adelantó ayer LA GACETA. El número dos del Ejecutivo se limitó a contar ayer públicamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que él mismo habló con el PP esta semana y sí admitió que hay "muchas, demasiadas" declaraciones sobre ETA y Batasuna. A renglón seguido, el portavoz del Ejecutivo aseguró: "Sabemos que en el mundo de ETA hay un debate, pero no hay grandes novedades", y por eso insistió en que "la política del Gobierno no se va a mover, no ha cambiado ni una coma" y negó tajantemente que el Partido Socialista de Euskadi (PSE) se hubiera reunido con el brazo político de los terroristas.
Zapatero-Rajoy
Desde Bruselas, donde ayer participó en el Consejo Europeo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó también esa supuesta reunión entre el PSE y Batasuna y mostró su confianza en que no tengan "consecuencias" en el entendimiento antiterrorista con el PP, puesto que ha tenido un desmentido "contundente" por parte de los socialistas vascos. Fuentes gubernamentales consultadas por LA GACETA han informado de otra conversación telefónica más entre La Moncloa y la sede popular de Génova.
Tuvo lugar esta misma semana y fue el propio Zapatero el que telefoneó a Mariano Rajoy. Según esas fuentes, lo hizo para informarle del Consejo Europeo de Bruselas en el que participó ayer pero, según ellos, no les consta que se hablara de ETA o Batasuna.
Fuentes populares han señalado, además, que la comunicación entre el Gobierno y el PP es más constante de lo que parece. Incluso apuntan a que el Ejecutivo, citando fuentes de inteligencia, habría informado a los populares ayer mismo de que espera dos comunicados de ETA de aquí a final de año anunciado su abandono, tal y como adelantó esta semana este mismo periódico.
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Los populares vascos exigen explicaciones inmediatas al PSE ante las informaciones que apuntan a una reunión de hace un mes entre dirigentes de este partido y representantes de la ilegalizada Batasuna/ETA. El PP solicitó ayer una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto por el cambio gracias al que Patxi López ocupa la Lehendakaritza, y fuentes de su dirección enfatizan a LA GACETA: "Aunque en este momento no descartemos nada, vamos a esperar a que el PSOE dé la cara y se explique".
Que digan lo que les parece bien y mal. Y más allá de la reunión, demandamos que den su opinión sobre la propuesta de la cuarentena" a Batasuna que ha incoado Antonio Basagoiti (cuatro años de prueba aunque condenaran la violencia o ETA dejara las armas). Asimismo, el PP presentó ayer una proposición no de ley para que el Parlamento vasco inste al Gobierno de Zapatero a cumplir la Ley de Partidos y la reforma de la Ley Electoral, con el fin de que Batasuna no pueda colarse y forzar el compromiso del PSE.
«QUIENES acusan al PSOE de pactar con ETA son unos carroñeros políticos» (Patxi López, secretario general del PSE, 25 de febrero de 2004). «No he autorizado en nombre del Partido Socialista ningún contacto ni con ETA ni con Batasuna» (José Blanco, secretario de Organización del PSOE, 14 de diciembre de 2005). «No hay que reunirse con Batasuna, y me resulta inimaginable que un partido organice semejantes reuniones» (José Antonio Alonso, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, 26 octubre de 2010).Cuando el Partido Socialista de Euskadi desmiente, como hizo ayer, que dos de sus principales ...
Assumpta Baig, senadora del PSC, portavoz de la Entesa Catalana de Progrés en la Comisión de Educación: "Vivimos en una sociedad que durante años ha sido patriarcal"
1. Sí, porque hay que acabar con la sociedad patriarcal. Vivimos en una sociedad que durante siglos ha sido patriarcal y de actitudes machistas, legándonos una cultura difícil de cambiar si no buscamos una estrategia a largo plazo. Los cambios legales han sido una aportación específica importante para crear consciencia de que hombres y mujeres podemos compartir responsabilidades.
2. Sí, porque hay que acabar con el sexismo en el colegio. Muchos son los tópicos que debemos superar, pero para iniciarnos debemos hacerlo conviviendo en todos los ámbitos sin distracción. En educación a la convivencia de niños y niñas le llamamos educación mixta y en sí ya es positiva; pero para avanzar en un cambio cultural que permita una sociedad con responsabilidades compartidas de hombres y mujeres es necesaria la escuela coeducativa, que crea un ambiente de convivencia.
3. Sí, porque hay que acabar con el sexismo en la familia. Cambiar el predominio de una cultura machista es como llevar a la práctica la coeducación –en la familia, en la escuela y en la sociedad– es un trabajo constante, ya que cualquier gesto, decisión, planificación de actividades, etc., conlleva conceptos y valores que niños y niñas van incorporando a su bagaje cultural.
4. Sí, porque son valores sobre los que hay que evaluarse constantemente. Querer colaborar para una sociedad más igualitaria nos obliga a estar atentos en cualquier acción y es evaluarnos constantemente para conocer y aplicar buenas práctica educativas que ayuden a niños y niñas y a los jóvenes a formarse en valores y actitudes no sexistas.
Susana Criado, periodista. Directora y presentadora del programa 'Hoy es sábado' de Intereconomía TV: "Quieren niñas góticas y chicos que lloren 'a lo Moratinos"
1. No, porque los juegos de niños no son cuestión de educación sino de genética. Ahora dicen estos del PSOE que quieren controlar el juego de nuestros hijos. Desde que tengo a mis pequeños veo que Marta es chica-chica, que quiere jugar a las mamás. Veo que Rodrigo disfruta con los coches y los barcos pirata. ¡Es genético! Que no me vendan la historia de que los pequeños tienen que probar todo tipo de juegos para luego elegir con libertad.
2. No, porque es otra injerencia en la esfera privada. Si no teníamos bastante con el caldo de la Educación para la Ciudadanía, o mejor dicho, Educación para el Adoctrinamiento, toma, dos tazas. Ahora el PSOE quiere poner en marcha todo un protocolo de juegos no sexistas tanto en los colegios públicos como en los concertados. La profesora en el patio del colegio tendrá que vigilar que sean niñas y también niños los que jueguen a las princesas; que sean niños y niñas los que den patadas al balón. ¿Por qué no van un paso más allá? Que incluso me indiquen qué cuentos les he de leer antes de ir a la cama: a Rodrigo el de Blancanieves y para Marta uno de indios y vaqueros.
3. No, porque terminarán entrando en mi alcoba. ¿Por qué no se meten en mi alcoba y me dicen qué debo y no debo hacer yo con mi marido? Como dice mi buen amigo Eduardo García Serrano, quizá quieren niñas góticas y chicos que lloren a lo Moratinos
4. No, porque tratan de desviar la atención. No sé si quieren camuflar los guiños del Gobierno a Batasuna o que apartemos la vista de los 4.600.000 parados que anunció ayer la EPA. O tal vez sea un paso más en ese ansia gubernamental de controlar y regularlo absolutamente todo.
Desde que entró en vigor la ley del aborto casi 2.000 mujeres han solicitado a la Generalitat que les pague un aborto. De esas solicitudes se ha respondido a 1.077.
El jefe de evaluación del Servei Català de la Salut, Josep Maria Argimon, asegura que «a finales de año se habrán reembolsado todos los casos». Esto supone un gasto de 709.000 euros para la administración pública.
Según Argimon, las mujeres que quieren perder a su hijo son remitidas a centros privados, donde adelantan el precio del aborto, cantidad que la Generalitat les reembolsa posteriormente.
Barack Obama se está implicando a fondo en los últimos días de la campaña electoral, porque sabe que los resultados de las elecciones parciales serán vitales para su proyecto político. No es extraño que los presidentes acusen cierta fatiga, pero en el caso de Obama, a las malas perspectivas que auguran las encuestas se añade el altísimo grado de expectativa con el que llegó a la Casa Blanca hace menos de dos años. Las urnas pueden derribarle del pedestal de la historia y convertirlo en un presidente como cualquier otro. Teniendo en cuenta lo que se espera el martes, puede que como peor que muc...
La denunció, el pasado 5 de octubre, a José Montilla por considerar que la Generalitat incurría en delitos de desobediencia y prevaricación. Anteayer, la asociación fue informada de que el escrito por el que denuncian a Montilla ha sido remitido a la Fiscalía Superior de Cataluña para su estudio.
Pablo Yáñez, presidente de la asociación, explicó a LA GACETA que fueron muchos los motivos para interponer la denuncia. En primer lugar, el Gobierno catalán otorgó una subvención por valor de un millón de euros al Consorcio para la Normalización Lingüística. Además, la Generalitat anunció la convocatoria de 16 becas para la investigación en los ámbitos de la ejecución y la mediación penal, en las que se obligará a entregar los trabajos en catalán. La Administración catalana también convocó los Premios Juventud 2010 con la exigencia de presentarlos en catalán.
La asociación quiso recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto elimina el término "preferente" para la denominación del catalán, por considerar que va "en perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales". Por prevaricación y desobediencia a una sentencia será investigado el presidente José Montilla.
En un comunicado, la asociación expresó que: "todas estas acciones de la Generalitat están fuera de los límites que marca la Constitución y la vulneración consciente de la sentencia del Tribunal Constitucional podría suponer un presunto fraude de ley".
La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene muy claro que el presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, no ha cometido un presunto delito de cohecho pasivo porque "la decoración de su casa es consecuencia de la relación especial que debe existir entre madrina y amadrinada". En otras palabras, "la esposa de Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, es madrina de Sofía Bono "como consecuencia de su adopción y bautizo".
Concretamente, según la querella de la acusación popular, "al presidente del Congreso se le decoró una casa entera, en Salobre, y dos dormitorios en la casa de Olías".
Según el Ministerio Público, "un dato fundamental para comprender los hechos que se narran en la querella es acudir a la relación de amistad que une a Bono y a su familia con la familia de quien detenta la mayoría accionarial en la empresa Reyal Urbis". Con esta interesada argumentación, la Fiscalía pretende que el regalo al presidente de la Cámara baja no esté dentro del ámbito de aplicación del artículo 426 del Código Penal, que castiga el cohecho pasivo.
En efecto, este precepto señala que "será castigada la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente".
Por esta razón, el escrito de la Fiscalía, firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, señala que "no existe en este caso regalo en consideración al cargo de Bono ni a su función". Y "sí solamente un regalo como consecuencia de esa relación especial que debe existir entre madrina y amadrinada".
En cambio, la Fiscalía Anticorrupción utiliza otros parámetros para acusar e incluir dentro del cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal los trajes recibidos por el presidente Camps. Fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA apuntan que en estos casos se puede apreciar el doble rasero del Ministerio Fiscal. "En el asunto del presidente de la Generalitat Valenciana, el fiscal ha sido más inquisitorial que en el de Bono, ya que ha interpretado los datos de una manera más restrictiva", subrayan.
Estas mismas fuentes explican que "en puridad jurídica tanto Bono como Camps son autoridades públicas y el Código Penal dice que es delictivo el mero hecho de recibir regalos o dádivas por parte del funcionario público o autoridad". Además, ambos casos también tienen otra similitud: que los obsequios que perciben no proceden de su ámbito estrictamente familiar.
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No nos coge de sorpresa que el fiscal se oponga a admitir la primera querella contra Bono en el Supremo. Porque se trata de un palo más en la rueda de la Justicia por parte del solícito Conde-Pumpido. Y porque su hombre en el Supremo, el teniente fiscal Martín Casallo, ostenta un historial que no tiene desperdicio: archivó la denuncia contra Chaves, por la subvención de la Junta a su hija Paula, y señaló que no hubo prevaricación ni tráfico de influencias; quiso dar por válidas las escuchas de Garzón en el caso Gürtel; y ya rechazó la investigación del patrimonio de Bono solicitada por el PP. No se le nota nada el sesgo de sus actuaciones y que está muy bien colocado por el Ministerio Público en un lugar estratégico como el Alto Tribunal.
Lo que sí nos llaman la atención son algunos de los argumentos manejados por el fiscal para oponerse a que el Supremo admita la querella. Sostiene Martín Casallo que en una permuta en la que Bono ha obtenido un beneficio económico de, al menos, 549.460 euros, se han cumplido los criterios de igualdad económica, de manera que no haya lugar para suponer que la permuta sea un favor encubierto. Ignoramos cuál sea la experiencia del fiscal en permutas, y si ha tenido la suerte de beneficiarse de momios similares, pero podemos asegurarle que, digan lo que digan los legajos, esa operación levanta toda clase de sospechas.
Y es directamente ridículo que la Fiscalía pretenda hacer pasar como el regalo normal de una madrina de bautizo la lujosa decoración de una vivienda puesta a nombre de la amadrinada, es decir, la mujer del constructor Rafael Santamaría a la hija pequeña de Bono. ¿Por quién nos toma cuando llega a decir: "No hay en este caso regalo en consideración al cargo de querellado, o en consideración a su función, y sí solamente como consecuencia de esa relación especial que debe existir entre madrina y amadrinada"?
El caso Bono nos está proporcionando ejemplos sorprendentes de la facilidad con la que la Fiscalía hace un uso alternativo de la Ley y de las cautelas procesales dependiendo de quién sea el afectado. Es incomprensible que el presidente de la Comunidad Valenciana haya de vivir pendiente de los tribunales por la supuesta aceptación de unos trajes, y que el presidente del Congreso de los Diputados, antiguo ex ministro de Defensa y ex presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, sea puesto al abrigo de cualquier sospecha por más que sea evidente el inexplicable incremento de su patrimonio, y por mayores pruebas que existan de aceptación de regalos e inauditas permutas, siempre en su beneficio, con empresarios que tenían excelentes motivos para ganarse su benevolencia.
Cuando se trata de Bono, cualquier posible sospecha carece de fundamento. Hay que preguntarse qué habría de hacer un político socialista para que a los subordinados de Conde-Pumpido se les ocurra que merezca la pena investigar el tema a fondo, lo que, entre otras cosas, tal vez pudiere eliminar de una vez por todas las sombras y sospechas que se ciernen sobre la tercera autoridad del Estado. Como beneficio adicional, se podría dar lugar a nuevas doctrinas jurídicas que ampliasen notablemente el panorama de lo permisible, lo que aumentaría la tranquilidad y el relajo con el que los políticos podrían dedicarse a incrementar su patrimonio, como tan sabiamente ha hecho el señor Bono. Pues bien, la Fiscalía se niega a que un tribunal independiente juzgue sobre el fondo de estos asuntos y, mientras la Sala del Supremo no decida al respecto, nos condena a mantenernos en un estado de perplejidad insalvable.
En pocos días se han producido dos noticias judiciales de importancia referidas ambas al mundo económico-financiero. La primera afecta al actual presidente de Telefónica, César Alierta, si bien los hechos se concretan en el periodo en el que ejerció como presidente de Tabacalera, empresa que, al igual que la actual de telefonía, fue pública en su día y se privatizó por decisión del entonces presidente Aznar. La acusación concreta sobre Alierta se centraba en un delito de información privilegiada. La Audiencia Provincial declaró probados los hechos, esto es, la compraventa de acciones con información privilegiada, pero, al igual que en el caso de los Albertos, el tribunal absolvió por prescripción. El fiscal recurrió la sentencia absolutoria. El motivo del fiscal para sostener el recurso es fácil de entender: según él, el supuesto delito de Alierta, por ser especialmente grave, entraba dentro de los tipos agravados, a los que le resultaba de aplicación un plazo de prescripción de diez años, en lugar de los cinco computados por la Audiencia Provincial, que consideró aplicable a la conducta punible únicamente el tipo básico.
El Supremo ha unificado doctrina y entiende que el principio pro reo debe llevar a aplicar el plazo de prescripción correspondiente al delito básico y no al subtipo agravado. Me parece correcta la doctrina. Creo que debe ser así en puridad de Derecho Penal. Sucede que, casualmente, en la sentencia del caso Banesto dictada en 2002, siendo ponente el magistrado Martín Pallín, me condenaron por un delito de apropiación indebida a seis años de prisión. El fondo del asunto lo constituían los famosos 300 millones de pesetas que entregué al CDS de Adolfo Suárez, algo de lo que se enteró toda la catedral hispana, desde la piedra que corona la cúpula hasta la más modesta que soporta los cimientos. La Audiencia Nacional me absolvió por prescripción del tipo básico. El fiscal recurrió. El Supremo –léase Martín Pallín y otros– estimó el recurso y aplicó la prescripción correspondiente al tipo agravado. Vamos, lo mismo que en el caso de Alierta, pero al revés.
Alguien me comentaba que no entendía mi serenidad ante esta brutalidad jurídica. Le dije que, al contrario, estas cosas son algo que me reconforta porque el Supremo –ahora léase todos los que firmaron esa sentencia– evidencia de esta manera, una vez más, que esa decisión tuvo color, textura y fermento de naturaleza política. Por ello, como abogado del Estado y como amante del Derecho, me alegro de que ahora cambien de criterio. También me alegro por el presidente de Telefónica, pero sobre todo porque se aplique correctamente la Ley, y porque se evidencie cómo en un caso concreto, el mío, no se hizo para privar forzadamente de libertad a una persona.
La segunda noticia jurídico-penal-financiera afecta a Emilio Botín, el presidente del Banco Santander. La Audiencia Nacional le abrió juicio penal por delitos tributarios debidos a unas operaciones llamadas "cesiones de crédito", un producto de la entonces incipiente ingeniería financiera, que, por cierto, en mi época de presidente de Banesto, vimos y rechazamos porque pensamos que podría traer complicaciones. El asunto, una vez situado en sede penal, como dicen los juristas, tenía aspecto de complicarse, pero la Audiencia Nacional, creo recordar que con ponencia del magistrado Gómez Bermúdez, decidió no juzgar al banquero creando lo que vino en llamarse la doctrina Botín, consistente en negar a la acusación popular el derecho a acusar si el fiscal no lo hace. Curioso que en un caso de supuestos delitos tributarios no acusaran ni el fiscal ni el abogado del Estado, pero estas cosas suceden, como ocurre, por ejemplo, en los procedimientos contra Garzón. El Tribunal Supremo confirmó la doctrina Botín. El asunto pareció quedar definitivamente zanjado.
Poco después, Atutxa, el presidente del Parlamento vasco, fue acusado de desobediencia al Tribunal Supremo. La Fiscalía acusó a Atutxa al comienzo del proceso alegando que la desobediencia era tan clara como intolerable, pero luego, un poco más tarde, se desdijo a sí misma. Los deslenguados aseguran que ese cambio de interpretación jurídica fue debido a presiones políticas, a pactos subterráneos entre el PNV y el PSOE. Lo cierto es que, por una razón u otra, los fiscales intentaron evitar la condena a base de alegar la doctrina Botín. No iba a ser menos el presidente del Parlamento vasco que el de un banco privado español. Pues se equivocaron. Lo cierto es que el político recibió diferente trato que el banquero en lo que se llamó una "matización" de la doctrina original. Fue condenado.
En el caso Botín se recurrió por la acusación despechada en amparo ante el Tribunal Constitucional, porque el derecho de la acusación popular se consagra en la Constitución, que de momento, y sobre todo en ese momento, se encontraba vigente. Ayer el Tribunal Supremo dicen que admitió a trámite la demanda de amparo. Eso equivale a que si el tribunal estima esa demanda y anula la doctrina Botín el juicio penal tendría que celebrarse, es decir, que deberían entrar en el fondo del asunto. No es buena noticia para los directivos acusados porque lleva incertidumbre al primer banco del país, en un momento en el que las zozobras financieras, políticas, sociales y económicas asolan al sistema.
Bien está que el Ejecutivo reclame esfuerzos a la población, pero el primero que debería dar ejemplo, suprimiendo todo el gasto superfluo con un contenido más claramente ideológico y caciquil, es él mismo.
La gestión económica del tripartito que preside José Montilla ha convertido a Cataluña en la región menos solvente de España, ya que cuenta con la nota crediticia (rating) más baja (A2). Los analistas arrojan más de diez razones para no comprar los bonos "patrióticos" de Montilla.
