EL MUNDO Los porteros de la ley
Carta del director PEDRO J. RAMÍREZ 26/02/2012 No hay nada tan kafkiano en El proceso de Kafka como la historia que le cuenta a Josef K. un sacerdote que se presenta como «capellán de la prisión» en la oscuridad de la catedral vacía. No en vano Orson Welles extrajo ese «relato dentro del relato» del final del libro y lo convirtió en una especie de preámbulo onírico a su película. Las palabras del narrador aún resuenan en mis oídos como trasfondo de una solemne puerta abierta hacia la luz:
«Ante la ley hay un portero. A este portero se le acerca un hombre del campo y le pide que le deje entrar en la ley. Pero el portero le dice que en ese momento no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta entonces si podrá entrar más tarde. 'Es posible', dice el portero, 'pero ahora no'. Como la puerta de la ley está abierta igual que siempre y el portero se echa a un lado, el hombre se asoma para ver en su interior».
Es sólo el comienzo. El peticionario cree que la suya es una causa justa y que «la ley debe ser accesible siempre y a cualquiera». Pero como el portero con «su gran abrigo de piel, su gran nariz puntiaguda y su barba de tártaro larga, rala y negra» le impone mucho, decide sentarse en un taburete junto a la puerta de la ley a esperar que cambie el viento. Todo es en vano. «Allí permanece sentado días y años». Lo intenta por todas las vías, incluso entregando cosas, tal vez dinero, al portero que recibe sus ofrendas de forma displicente: «Sólo lo acepto para que no te creas que te has dejado pasar algo por alto». Pero la entrada continúa infranqueable.
Aporto estos antecedentes literarios para que los amigos y familiares de la juez Belén Sánchez Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que acaba de rechazar la admisión a trámite de la querella por falso testimonio de Jamal Zougam contra las dos rumanas que declararon haberle visto en uno de los trenes del 11-M, entiendan por qué a Su Señoría está creciéndole el apéndice nasal y en sus mejillas empieza a aparecer mucho más que pelusilla.
En auto de 19 de enero, la juez Sánchez Hernández contestó a la demanda del condenado a 42.917 años de prisión con ese primer «es posible» del portero de la ley o más concretamente con la apreciación de que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos». Sin embargo, un mes después le ha dado con las puertas del «pero ahora no» en las narices.
¿Con qué argumentos? Con dos que producen vergüenza ajena a cualquier ciudadano con un sentido elemental de la lógica. Por un lado, el de que la descripción de los hechos no incorpora el elemento subjetivo del «dolo» -o sea la voluntad de mentir por uno u otro motivo- que requiere el tipo penal del falso testimonio.
Esto es directamente falaz, pues la querella, basada en las revelaciones de EL MUNDO, detalla cómo la testigo protegida J-70 fue rechazada como falsa víctima por el tribunal de evaluación del Ministerio de Interior 15 días antes de que se le iluminara la memoria y recordara -al cabo de un año del atentado- haber visto a Zougam en un vagón; y cómo tanto ella como la camaleónica C-65 -que tanto iba con una amiga como con otra en aquel tren- obtuvieron papeles, dinero y trabajo como consecuencia de su crucial apoyo a la decisión policial de endosarle los 191 asesinatos al único detenido al que podían relacionar con lo ocurrido, vía mochila de Vallecas. Si esto no es una base para abrir un procedimiento, iniciar una investigación y tomar declaración a las dos rumanas para someterlas por primera vez con conocimiento de causa al principio de contradicción, que venga Dios y lo vea.
El segundo argumento de la juez aún es más patético pues alega que no le corresponde a un juzgado de instrucción «contradecir o impugnar la valoración efectuada por el tribunal -del 11-M- de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa». Si fuera así no existiría el artículo 458 del Código Penal que tipifica el falso testimonio y habría por lo tanto un motivo menos para pagarle a ella el sueldo como funcionaria.
Tamaña estolidez resulta en este caso doblemente hiriente a la inteligencia y a la moralidad en la medida en que, tal y como apunta el susodicho 458, la demostración del perjurio es la única vía que podría llevar a un juicio de revisión de la condena de Zougam; y en la medida en que su defensa desconocía en el momento del juicio oral todas estas circunstancias sobre las testigos protegidas que EL MUNDO ha podido averiguar al cabo de años de laboriosa investigación. ¿Alguien duda de que al menos la credibilidad de J-70 se habría desmoronado con estrépito si un letrado hubiera exhibido un expediente en el que las propias autoridades acababan de darla por falsaria?
Son tan ridículos e inanes los dos motivos de inadmisión que parece lógico que la decisión sea revocada a nada que el recurso recaiga sobre una sala normal de la Audiencia Provincial. Pero, claro, la instrucción volvería entonces a la juez Sánchez y, vista su disposición, muy poco podría esperarse de ella. Sobre todo por un detalle que sugiere una especial malevolencia, un cierto sadismo hacia la familia del querellante. Me refiero a su insólito requerimiento de fianza -nada menos que 3.000 euros- incluido en aquel auto de 19 de enero en el que abrió diligencias previas.
La madre de Zougam, cofirmante de la querella, tuvo que pedir un crédito al banco; pero al propio reo, sometido desde hace ocho años a un implacable régimen de confinamiento solitario, se le saltaron las lágrimas cuando interpretó, como nosotros mismos también lo hicimos, que aquella inusual demanda económica sólo podía anticipar la admisión de la querella. Nadie estaba en condiciones de imaginar que, visto lo visto, la juez sólo la pidió «para que no creas que te has dejado pasar algo por alto».
Sí, ya sé, la Justicia no es una ciencia exacta; unas veces se gana y otras se pierde; los jueces o los jurados, como los árbitros, aciertan y se equivocan. Me he hecho tantas veces esas reflexiones, analizando condenas que como la de Garzón caían por su propio peso pero había que ver para creer, absoluciones tan estupefacientes como la de Camps o comparecencias tan cargadas de futuro como la de Blanco o la de ayer de Urdangarin, que tengo por norma no dar nada por zanjado mientras los dados rueden. Por eso lo único intolerable es que te impidan jugar el partido. Cuando lo que se relata en una querella tiene apariencia de delito, como reconoció la propia juez Sánchez, su inadmisión vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva que la Constitución otorga hasta al más miserable de los seres. No digamos nada si de ese tenue hilo pende la reclusión de por vida de alguien a quien cada vez más personas informadas consideramos inocente.
En el relato del «capellán de la prisión» el «hombre del campo» va extinguiéndose lentamente en su solitario taburete. Al borde de la muerte expresa su última perplejidad: «¿Cómo es posible que en todos estos años nadie excepto yo haya pedido que le dejen entrar?». El portero desvela entonces su cruel secreto: «Nadie más podía tener acceso por aquí, pues esta entrada estaba destinada sólo para ti. Ahora me voy y la cierro».
Jamal Zougam no es, sin embargo, el único que se encuentra hoy ante las puertas de la ley. Desde hace unos días, cual si de un macabro sarcasmo se tratara, dos de las tres asociaciones de víctimas del 11-M han sido expulsadas del recinto en el que a duras penas habían logrado penetrar y se han visto obligadas a amontonarse en un duro banco al otro lado del quicio de la entrada. Han descubierto amargamente que, incluso después de dos años de fructífera instrucción en los que la juez Cillán había acumulado elementos más que suficientes para llevar a juicio al comisario Manzano, podía ocurrirles que un segundo portero hiciera tabla rasa de todo ello y, como en el juego de la oca, les mandara otra vez a la casilla de salida.
El surrealista motivo esgrimido para abortar su querella es en el fondo el mismo que indolentemente ha deslizado Belén Sánchez en su paupérrimo auto: la «cosa juzgada». Si hay una figura jurídica más detestable que la prescripción cuando los delitos son flagrantes, es la «cosa juzgada». Con el agravio adicional de que en este caso la sección 17 de la Audiencia Provincial no se refiere a la vista oral del 11-M sino a la inadmisión de otra querella mucho más genérica en la que ya estaba incluido Manzano.
Aquella fue una decisión correcta porque un grupo de ultraderecha se limitó a presentar un ejemplar del libro Titadyne, disparando a bulto contra todos los funcionarios que pasaban por allí. Pero aplicar el principio del non bis in idem a la mucho más concreta y acotada acción legal de la Asociación de Víctimas del 11-M, a la que se adhirió la AVT, cuando gracias a ella ya habíamos comprobado que el jefe de los Tedax manipuló unas pruebas y ocultó otras, o cuando estábamos a punto de averiguar de qué covachuela policial partió la consigna de que Renfe destruyera los vagones, es una infamia jurisdiccional pues ni el objeto ni el sujeto del pleito eran el mismo.
Como bien ha argumentado el abogado de los querellantes José María de Pablo, esto supondría que la mejor forma que tendría cualquier delincuente para garantizarse la impunidad sería presentar una denuncia chapucera y mal fundamentada contra un amplio colectivo que le incluyera y escudarse a partir de ahí en su seguro archivo. ¿Cómo han podido actuar así estos tres magistrados? Yo sólo puedo aportar el dato elocuente de que el presidente de esa sección, José Luis Sánchez Trujillano, fue el mismo juez que consideró que cuando Rodríguez Menéndez publicó una y otra vez que yo «sodomizaba a niños de 12 años» no se trataba de un delito de calumnia porque no concretaba a qué niño se refería.
Espero que la fulminante revocación de aquella sentencia por la instancia superior que procedió a la condena solicitada sea un perenne baldón que impida a Trujillano progresar en su carrera de igual modo que la trayectoria de Bermúdez acaba de ser determinante para su no renovación en el cargo. El problema es que el recurso de este aberrante sobreseimiento que de momento cercena las esperanzas de esclarecer aspectos clave del 11-M, si bien está claro respecto a la cuestión de fondo, puede verse obstaculizado por graves escollos técnicos pues, por añadir más surrealismo al surrealismo, hay juristas que sostienen que tal decisión no es recurrible.
Por segunda semana consecutiva me esmero, pues, en estimular la imaginación cinéfila del nuevo fiscal del Estado. Ante esas enormes puertas de la ley que filmó Welles tiene ahora mismo sentados en un lado al único condenado como autor material de la masacre de Madrid clamando, con indicios insoslayables, que ha sido víctima de la mayor injusticia judicial de la Historia; y en el otro a los representantes de dos tercios de las víctimas que ya han podido demostrar en un juzgado que la policía manipuló pruebas decisivas de la investigación y exigen que eso no quede amortizado a beneficio de inventario. Una fina inteligencia como la suya no puede ignorar que lo que se aporta desde esas dos perspectivas antagónicas es en realidad coincidente.
Como siempre que se trata de la Justicia, el «relato dentro del relato» de Kafka tiene dos finales. Exasperado por la estulticia del portero, Josef K. llega a un diagnóstico sin esperanza: «La mentira se convierte así en el orden universal». Pero el sacerdote hace una salvedad a la que es posible agarrarse como a un último matorral sobre el abismo: «Al principio se dice que la puerta de la ley permanece abierta, como siempre, pero si siempre permanece abierta, siempre, es decir independientemente de la duración de la vida del hombre para el que está destinada, entonces el portero tampoco podrá cerrarla».
Eso es lo que está hoy en juego en España: si prevalecerá la puerta o lo harán algunos de sus más torpes, fanáticos e indolentes porteros. De momento van ganando los porteros.
pedroj.ramirez@elmundo.es Siga todos los días el Twitter del director de EL MUNDO en: twitter.com/pedroj_ramirez
Marlaska sustituye a Bermúdez
Cambio positivo en la Audiencia Nacional
24/02/2012
El relevo de Bermúdez por Marlaska al frente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional tiene el carácter simbólico de que asciende el juez que abrió el caso del chivatazo a ETA en el bar Faisán -cuya investigación paralizó Garzón cuando volvió a su Juzgado- para sustituir a quien pasará a la historia por cerrar en falso el 11-M. Bermúdez no sólo cocinó una sentencia que incluye como hechos probados falsedades objetivas, sino que engañó a las víctimas, con las que se comprometió a deducir testimonio con los agentes que mintieron en el juicio. La noticia es positiva porque se va alguien que se ha caracterizado por bloquear investigaciones incómodas para el poder político y llega alguien que ha mantenido una actitud inversa. Se marcha un juez que bloqueó la imputación de altos cargos socialistas en el caso del chivatazo con la maniobra de elevar al Pleno la resolución de sus recursos y le suple otro que ha sido contundente en la lucha contra ETA. Eso explica, por un lado, el apoyo mayoritario que el primero recibió ayer de los jueces del CGPJ elegidos a propuesta del PSOE, y, por otro, la satisfacción de las víctimas con el nombramiento del segundo.
El juez que abrió el 'Faisán' se impone al que cerró el 11-M
M. MARRACO M. PERAL MADRID
24/02/2012 PORTADA
Grande-Marlaska presidirá la Sala Penal de la Audiencia al lograr 2 votos más que Bermúdez / Las víctimas, satisfechas
Fernando Grande-Marlaska, un experimentado juez en la lucha contra ETA, vasco, de 49 años, dirigirá durante los próximos cinco años la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un tribunal clave en el proceso de desaparición de la banda terrorista.
Marlaska logró en dos votaciones -reglamentariamente pueden ser hasta cuatro- los 11 votos justos para acceder a la presidencia de esa Sala. Se impuso a Javier Gómez Bermúdez, que optaba a la reelección y se quedó en nueve votos.
El juez que abrió el caso Faisán, respaldado por el grueso de los vocales propuestos por el PP y por dos consejeros propuestos por el PSOE, sucederá al juez que clausuró el 11-M, apadrinado por el vocal Gómez Benítez, el enviado de Rubalcaba a las negociaciones con ETA. El nombramiento concitó la satisfacción de las asociaciones de víctimas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sólo fue capaz de elegir en plazo al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sino que también pudo desbloquear, por fin, la plaza de la Sala Penal del Tribunal Supremo correspondiente al turno de juristas de reconocida competencia, que estaba vacante desde hace casi tres años.
Para ambos cargos fueron elegidos los candidatos respaldados por el vicepresidente, Fernando de Rosa, y el grupo de vocales propuestos por el PP, con el apoyo determinante de dos consejeros propuestos por el PSOE (tres en el caso de Del Moral, que también fue votado por el presidente del Consejo, Carlos Dívar).
Fue una estrategia perfecta frente a la que nada pudieron hacer los ocho consejeros propuestos por PNV, CiU y PSOE que apoyaron desde la primera votación a Gómez Bermúdez, apadrinado por el vocal José Manuel Gómez Benítez, el enviado del ex ministro socialista de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba en las negociaciones con ETA.
Fue una rápida elección porque apenas hubo debate previo. Sólo Claro Fernández-Carnicero tomó la palabra para defender con brillantez la candidatura de Grande-Marlaska. Nadie intervino para exponer los méritos de Gómez Bermúdez o de los otros cuatro aspirantes: Teresa Palacios, que figuraba en la terna aprobada por la Comisión de Calificación; Javier Martínez Lázaro, Alfonso Guevara y Juan Pablo González.
Ni Palacios, ni Guevara ni González recibieron voto alguno, que en todo caso hubiera procedido de los vocales propuestos por el PP. Pero éstos prefirieron no arriesgarse a que, dispersando sus papeletas para consolar a los peticionarios, Grande-Marlaska se quedara sin apoyos suficientes para pasar a la segunda vuelta.
De esta forma, en la primera votación Gómez Bermúdez tuvo ocho votos, Marlaska 10 y Martínez Lázaro, tres.
A la segunda ronda sólo pasaron los dos candidatos más votados en la primera. Fue entonces cuando Fernando Grande-Marlaska logró los 11 votos justos para acceder al cargo, mientras que Gómez Bermúdez se quedó con nueve votos. Uno se emitió en blanco.
Javier Gómez Bermúdez, que ha ocupado la Presidencia de la Sala desde septiembre de 2004, no ha obtenido la confianza del CGPJ para revalidar el mandato. Su falta de entendimiento con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y actuaciones controvertidas como elcaso 11-M o la unilateral avocación al Pleno del caso Faisán cuando correspondía a la Sección Segunda han operado en su contra.
Con anterioridad se había elegido a Antonio del Moral, un prestigioso fiscal del Supremo, como magistrado de la Sala Penal.
El vocal propuesto por el PSOE Miguel Carmona intentó in extremis evitar la elección y propuso que la cobertura de la vacante del Supremo fuera sacada del orden del día «ante la previsible falta de acuerdo». Le replicó Antonio Dorado, que hizo valer que el asunto ya estaba en el orden de la reunión y pidió proceder a la votación.
Se agotaron las cuatro rondas previstas en el reglamento. En la primera Del Moral obtuvo 12 votos; el catedrático Gonzalo Quintero, cinco y la catedrática María Luisa Corcoy, cuatro.
En la segunda y tercera vueltas Del Moral mantuvo los 12 votos, Quintero subió a ocho y se registró un voto en blanco.
En la cuarta y última votación, Del Moral alcanzó los 13 votos necesarios, Quintero bajó a siete y se repitió la papeleta en blanco.
Antonio del Moral ingresó en la carrera fiscal en 1983, con el número uno de su promoción. Ejerció en las fiscalías de Ciudad Real y Madrid y en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Desde mayo de 1999 era miembro de la Sección de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Por su parte, Fernando Grande-Marlaska ingresó en la carrera judicial en 1988. Ejerció como juez en Santoña y Bilbao. Entre 1999 y 2003 presidió la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bilbao.
En abril de 2003 se trasladó a Madrid, donde estuvo destinado en el Juzgado de Instrucción número 36 y, desde mayo de 2004, en distintos puestos de la Audiencia Nacional.
F. GRANDE-MARLASKA Presidente de la Sala Penal. El juez que no se achantó
MANUEL MARRACO MADRID
24/02/2012 ESPAÑA
«¡Marlaska, no te achantes!». Si no fuera por los cristales blindados del despacho de Garzón, que por entonces ocupaba, el nuevo presidente de la Sala de lo Penal habría podido oír ese grito desde la calle la tarde que tenía ante sí a Arnaldo Otegi. Porque si en su nuevo puesto le van a corresponder decisiones de trascendencia, no serán las primeras. Con Otegi ni se achantó ni optó por la vía más dura: le mandó a prisión eludible con una abultada fianza.
Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) lleva ocho años en la Audiencia y 24 en la carrera judicial. Empezó en Santoña, presidió la Audiencia de Vizcaya, volvió a ser instructor en los juzgados de Madrid y en abril de 2004 pasó de plaza de Castilla a la calle de Génova. Desde su llegada al tribunal antiterrorista le ha tocado sustituir a Ruiz Polanco en el Central 1, sustituir a Garzón en el Central 5, entrar a formar parte de un tribunal de la Sala Penal y, finalmente y durante sólo unas semanas más, volver como instructor al Central 3. Entremedias intentó, sin éxito, ser vocal del CGPJ.
Los momentos más intensos fueron, sin duda, los que le llevaron a opacar al juezestrella. Procesó a Otegi y apretó el cerco judicial a Batasuna. Sus últimos días antes de que Garzón volviera de EEUU para reconducir el proceso de paz fueron trepidantes: ordenó abrir una investigación por el chivatazo que había desbaratado su operación contra el bar Faisán y viajó a su ciudad natal para imputar a un dirigente del PNV por colaborar con la red de extorsión etarra.
En los últimos años, Marlaska se ha encargado de la mayoría de las operaciones contra Segi, cantera de ETA y ha investigado la red de abogados de la banda. En esas y otras causas Marlaska ha dictado numerosísimas prisiones provisionales que luego han sido revocadas por la Sala que ahora presidirá. Al margen del terrorismo, una de sus últimas decisiones ha sido archivar, por segunda vez, la investigación de la contratación del Yak 42, lo que le ha valido aceradas críticas de los familiares.
Tras una operación policial con la última tregua ya en marcha, el dirigente abertazle Txelui Moreno soltó: «Decidle a Marlaska que con estas detenciones se puede joder el proceso». Las coléricas palabras encontraron la indiferencia del juez en una entrevista al vicedirector de este diario, Casimiro García-Abadillo: «No es para pensar mucho en ello». Marlaska, al que ETA planeó asesinar en Ezcaray, añadió algo que hoy, desde su nuevo cargo, cobra más relevancia: «Yo no puedo tener nunca la idea de que con mi trabajo se pueda entorpecer, fastidiar o perturbar nada».
Desde que se tuvo que estrenar como juez con la muerte de Rafi Escobedo, los titulares han perseguido a este hijo de funcionario y costurera que estudió, y mucho, en un colegio católico. Otros titulares los ha escogido él, como cuando, entre auto y auto, decidió hacer pública su homosexualidad.
Los compromisos del nuevo presidente
24/02/2012 ESPAÑA
- Potenciación del Pleno de la Sala con la celebración de reuniones periódicas, con el fin de unificar criterios y dar respuestas jurídicas correctas. Será la forma de hacer frente a «un problema que no podemos obviar»: las revocaciones de sentencias por parte del Supremo.
- Auditoría de ejecutorias. Se hará con los presidentes de las secciones un estudio pormenorizado del estado de los fallos pendientes de ejecutar, dando a este asunto un «tratamiento preferente».
- Seguimiento de las instrucciones. Los ponentes de cada causa harán un seguimiento «efectivo» de las instrucciones para evitar su prolongación en el tiempo y el mantenimiento indefinido del secreto.
- Expediente digital.Deberá arrancar con todas las nuevas causas que se inicien a partir de octubre de 2012.
- Organización. Se mantendrán las cuatro secciones, cada una con una UPAD (unidad de apoyo directo). Habrá un «especial cuidado» en mantener la composición personal de los tribunales, «sin alteraciones en el último momento». Se mantendrá la especialización de la Sección Primera y se propondrá la especialización de otras secciones en extradiciones y entregas.
- Relación con las víctimas. Potenciación de la Oficina de Víctimas para que éstas estén informadas de cada trámite del proceso. La oficina se instalará en la Audiencia y se dotará de personal especializado, como psicólogos.
- Competencias. Propuesta de atribución a la Sala del conocimiento de la criminalidad organizada para la trata de seres humanos y corrupción pública y privada.
«Ha sido claro y contundente contra el terrorismo»
M. M. MADRID
24/02/2012 ESPAÑA
Las asociaciones de víctimas se mostraron ayer unánimemente satisfechas del nombramiento. «Estamos muy contentos porque Marlaska ha sido claro en su firmeza y contundencia contra el terrorismo. Estamos ilusionados y contentos», declaró ayer la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Ángeles Pedraza añadió que confiaba en que «muchos casos estancados» puedan ahora recibir un impulso. «Como víctima y como presidenta de la AVT, creo que ha sido un acierto», concluyó.
Desde la asociación de víctimas Verde Esperanza-Voces contra el Terrorismo, su presidente Francisco José Alcaraz también se mostraba muy satisfecho. «Lo veo francamente una buena elección, sobre todo cuando la alternativa era Gómez Bermúdez», declaró. Alcaraz recordó que en su intervención ante el Consejo General del poder Judicial Marlaska «se acordó de las víctimas del terrorismo», a diferencia de lo que hizo el hasta ahora presidente. «Sus actuaciones hasta ahora nos generan una esperanza de imparcialidad que hoy en día no es poco».
Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia opinó en declaraciones a Servimedia que su designación servirá para resolver el caso Faisán y otras causas «enquistadas». Daniel Portero, presidente de la asociación, afirmó que «la trayectoria de Marlaska en la lucha antiterrorista es intachable» y «no ha cometido ni un solo error». «Es una persona que, aparte de trabajadora, hace equipo», lo cual «va a impulsar todas aquellas investigaciones que, de alguna forma, están enquistadas en la Audiencia Nacional».
También mostró ayer su satisfacción la asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M. Su presidenta, Ángeles Domínguez, explicó que Marlaska les parecía «el mejor candidato». «La trayectoria de Grande-Marlaska con las víctimas ha sido buena. Veremos si en estos años seguimos pensando lo mismo. Que no nos defraude».
23/02/12
plataformaconstitucional.blogspot.com
Desde la Plataforma Constitucional se impulsa el esfuerzo de un conjunto de profesionales que, ante la quiebra del marco constitucional que supone la actual deriva nacionalista en España, promueven la realización de una Segunda Transición para la reforma de ciertos artículos de la Constitución España
22/02/12
palencialiberal.blogspot.com
22/02/12
La juez inadmite ahora la querella de Zougam contra las testigos rumanas del 11-M
www.libertaddigital.com Después de afirmar que pudo haber delito de falso testimonio un mes más tarde la juez Belén Sánchez dice que "no le consta" que haya delito.
22/02/12
Fernando Schwartz www.elcultural.es Fernando Schwartz. "La Transición empezó y acabó con dos explosiones, la de Carrero y la del 11-M"
