El Fiscal debe ser más que un buen intelectual
EL MUNDO
EDITORIAL
27/02/2012
De todos los nombramientos que ha realizado el Gobierno de Rajoy en las altas instancias, el que ha causado más expectación y ha generado también más expectativas ha sido el de Eduardo Torres-Dulce como Fiscal General del Estado. Se trata de un hombre de una gran talla intelectual que extiende sus conocimientos más allá del Derecho -es un reconocido experto en cine-, y alguien a quien nadie discute su integridad personal.
Él mismo reconoce hoy en nuestras páginas que llevaba media vida predicando qué hacer con la Fiscalía y ahora ha llegado el momento de pasar de las ideas a los hechos. Es aquí donde, en su primera entrevista a un medio de comunicación, genera sentimientos contradictorios. Porque aunque compartimos algunas de sus valoraciones -como su respaldo a la sentencia condenatoria a Garzón y su implícita decisión de no recurrirla al Constitucional-, y aun cuando nos felicitamos por su negativa a legalizar Sortu y por su apoyo a los fiscales del caso Urdangarin, nos parece que se equivoca gravemente al decidir no recurrir el archivo de las investigaciones sobre la actuación del ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano en el 11-M. Más aún por cuanto el propio Torres-Dulce coincide con el fiscal del caso en que el asunto «no es cosa juzgada», en contra del criterio de la Audiencia Provincial de Madrid.
Llama la atención que el Fiscal General arroje la toalla con tanta facilidad basándose en el argumento de que, tras estudiar el caso, cree que técnicamente no es posible interponer recurso, aun cuando al mismo tiempo asegura con rotundidad que no existen los elementos «ni subjetivos ni objetivos para apreciar la cosa juzgada». En realidad, lo que Torres-Dulce nos viene a decir es que la Audiencia Provincial ha tomado una decisión injusta desde el punto de vista del Derecho, pero que nada se puede hacer ya.
El mensaje resulta particularmente doloroso por cuanto los demandantes son las víctimas del terrorismo y el asunto de fondo es el 11-M. El mayor atentado de nuestra historia se cerró en el Tribunal Supremo con una sentencia con muchas sombras. Buen ejemplo de ello son los hechos que la magistrada Coro Cillán ha acreditado judicialmente en torno a la actuación de Manzano y la inquietante posibilidad de que las testigos rumanas mintieran al identificar a Jamal Zougam como autor material de los atentados.
La resignación del Fiscal resulta sorprendente, además, por cuanto el debate sobre el sobreseimiento libre y el recurso de casación es de una gran complejidad jurídica y provoca división entre los expertos. De la redacción del artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cabe colegir que el sobreseimiento libre equivale a una absolución cuando se entiende que los hechos sumariales no son constitutivos de delito. Sin embargo, en el archivo de la investigación a Manzano no se entra en los hechos. El falaz argumento para tomar esa decisión es que la cosa ha sido juzgada como consecuencia del archivo de una burda querella anterior de carácter general. Por tanto, podría interpretarse que sí cabe recurso y, de hecho, la propia Audiencia Provincial ofrece a las partes esa posibilidad en el fallo.
Por todo ello, nos parece frustrante, decepcionante y desalentador que un Fiscal General se conforme a las primeras de cambio con una situación que considera injusta, pese a tener al alcance, cuando menos, la posibilidad de intentar remediarla. Bien está tener un Fiscal abierto de mente, una persona que actúa sin dogmatismo, pero Torres-Dulce ha de ser consciente de que ocupa un puesto de designación política y que de él no se esperan diagnósticos, sino actuaciones.
EDITORIAL
27/02/2012
De todos los nombramientos que ha realizado el Gobierno de Rajoy en las altas instancias, el que ha causado más expectación y ha generado también más expectativas ha sido el de Eduardo Torres-Dulce como Fiscal General del Estado. Se trata de un hombre de una gran talla intelectual que extiende sus conocimientos más allá del Derecho -es un reconocido experto en cine-, y alguien a quien nadie discute su integridad personal.
Él mismo reconoce hoy en nuestras páginas que llevaba media vida predicando qué hacer con la Fiscalía y ahora ha llegado el momento de pasar de las ideas a los hechos. Es aquí donde, en su primera entrevista a un medio de comunicación, genera sentimientos contradictorios. Porque aunque compartimos algunas de sus valoraciones -como su respaldo a la sentencia condenatoria a Garzón y su implícita decisión de no recurrirla al Constitucional-, y aun cuando nos felicitamos por su negativa a legalizar Sortu y por su apoyo a los fiscales del caso Urdangarin, nos parece que se equivoca gravemente al decidir no recurrir el archivo de las investigaciones sobre la actuación del ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano en el 11-M. Más aún por cuanto el propio Torres-Dulce coincide con el fiscal del caso en que el asunto «no es cosa juzgada», en contra del criterio de la Audiencia Provincial de Madrid.
Llama la atención que el Fiscal General arroje la toalla con tanta facilidad basándose en el argumento de que, tras estudiar el caso, cree que técnicamente no es posible interponer recurso, aun cuando al mismo tiempo asegura con rotundidad que no existen los elementos «ni subjetivos ni objetivos para apreciar la cosa juzgada». En realidad, lo que Torres-Dulce nos viene a decir es que la Audiencia Provincial ha tomado una decisión injusta desde el punto de vista del Derecho, pero que nada se puede hacer ya.
El mensaje resulta particularmente doloroso por cuanto los demandantes son las víctimas del terrorismo y el asunto de fondo es el 11-M. El mayor atentado de nuestra historia se cerró en el Tribunal Supremo con una sentencia con muchas sombras. Buen ejemplo de ello son los hechos que la magistrada Coro Cillán ha acreditado judicialmente en torno a la actuación de Manzano y la inquietante posibilidad de que las testigos rumanas mintieran al identificar a Jamal Zougam como autor material de los atentados.
La resignación del Fiscal resulta sorprendente, además, por cuanto el debate sobre el sobreseimiento libre y el recurso de casación es de una gran complejidad jurídica y provoca división entre los expertos. De la redacción del artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cabe colegir que el sobreseimiento libre equivale a una absolución cuando se entiende que los hechos sumariales no son constitutivos de delito. Sin embargo, en el archivo de la investigación a Manzano no se entra en los hechos. El falaz argumento para tomar esa decisión es que la cosa ha sido juzgada como consecuencia del archivo de una burda querella anterior de carácter general. Por tanto, podría interpretarse que sí cabe recurso y, de hecho, la propia Audiencia Provincial ofrece a las partes esa posibilidad en el fallo.
Por todo ello, nos parece frustrante, decepcionante y desalentador que un Fiscal General se conforme a las primeras de cambio con una situación que considera injusta, pese a tener al alcance, cuando menos, la posibilidad de intentar remediarla. Bien está tener un Fiscal abierto de mente, una persona que actúa sin dogmatismo, pero Torres-Dulce ha de ser consciente de que ocupa un puesto de designación política y que de él no se esperan diagnósticos, sino actuaciones.
EDUARDO TORRES-DULCE Fiscal general del Estado
27/02/2012 ESPAÑA
«Cuenta usted con nuestro respeto, consideración, aprecio y estima». El político que dirigió estas palabras a Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950) el pasado 25 de enero en el Congreso no era miembro del Gobierno. Tampoco el portavoz del PP. Era el representante del PSOE. La escena ilustra bien que el nuevo fiscal general es una rara avis en nuestro país: todos, incluidos sus adversarios, reconocen su prestigio profesional y su talla intelectual y jurídica. Él dice que tenía que aceptar el cargo porque lleva media vida predicando sobre lo que había que hacer con la Fiscalía «y ahora que me dan la oportunidad de hacerlo no podía decir que no».
Pregunta.- El PP criticaba a su antecesor por ser 'el fiscal general del PSOE'. Ahora el PP le ha elegido a usted. ¿Cómo convencer a los ciudadanos de que la Fiscalía no va a ser un apéndice del Gobierno?
Respuesta.- Si hay algo que a un jurista le puede llevar a no aceptar este cargo es precisamente eso. He aceptado el cargo porque el Ejecutivo ha asegurado -y lo ha hecho públicamente- que eso no va a ser así con este Gobierno. Le he pedido al ministro de Justicia un cambio en el estatuto para reforzar nuestra independencia: la singularización de nuestro presupuesto, eliminar los rastros que pueda haber de conexión con los ejecutivos central o autonómicos y potenciar el papel de la Junta de Fiscales de Sala y, sobre todo, del Consejo Fiscal para que limiten el omnímodo poder que tiene el fiscal general. Y, en el plano personal, mi disposición a no aceptar ninguna injerencia. Si yo pido autonomía frente a los poderes públicos, voy a autoexigirme la autonomía de los fiscales frente a mí. Mi criterio será que decidan los fiscales del caso y yo lo respetaré o, en caso de discrepancia, pondré en marcha los mecanismos estatutarios para examinarla en la Junta de Fiscales de Sala o en el Consejo Fiscal. Los fiscales actuarán sin interferencias.
P.- Eso va a conllevar una continua exhibición de los desacuerdos.
R.- ¿Por qué? Hay que presumir que todo el mundo va a actuar de acuerdo con el principio de legalidad. En el mes que llevo aquí no he tenido ningún punto de fricción.
P.- ¿Ha estado de acuerdo en no recurrir el archivo de las diligencias sobre el ex comisario de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano por su actuación en el 11-M, pese a que la Fiscalía había rechazado que haya cosa juzgada?
R.- Estoy de acuerdo y lo podemos explicar. La posición del fiscal del caso y de la Fiscalía de Madrid era agotar la investigación y rechazar que haya cosa juzgada. Tras el auto de archivo que dicta la Audiencia de Madrid, seguimos pensando y sigo pensando que es más que dudoso que haya cosa juzgada, porque lo que se vio en el Juzgado de Instrucción número 6 y lo que se ha investigado en el Juzgado número 43 no tienen los puntos de identificación ni subjetivos (respecto a las personas) ni objetivos (respecto a los hechos) para apreciar la cosa juzgada. Pero hemos estudiado, tanto la Fiscalía de Madrid como la del Supremo, la posibilidad de recurrir ese auto en casación y, desde nuestro de vista, no cabe interponer ese recurso.
P.- En el asunto del 11-M, ¿hay flecos que merecen ser investigados o para el fiscal general es un tema cerrado?
R.- El tema cerrado son los hechos declarados probados en firme. Cualquier otro hecho respecto al que se pusiera de manifiesto la necesidad de investigar el fiscal general está abierto a hacerlo.
P.- ¿Ha dado alguna indicación a los fiscales que llevan el proceso que afecta a Iñaki Urdangarin?
R.- No. Tengo un informe del fiscal del caso en el que se pone de manifiesto el íter procesal y nuestra posición en la fase de instrucción. En líneas generales, ese informe lo encuentro plenamente aceptable. El fiscal tiene autonomía absoluta tanto respecto a Urdangarin como al resto de los imputados. Hasta el momento no tengo ningún motivo para intervenir en ese proceso.
P.- ¿La Fiscalía contempla el escenario de tener que dirigir la acusación contra Urdangarin?
R.- Hasta que no se cierre la investigación y hasta que por parte del fiscal adscrito al caso y del fiscal jefe Anticorrupción no se me someta esa decisión, no estoy en condiciones -ni yo ni creo que nadie- de poder admitir con certeza determinadas circunstancias. Hay que ser respetuoso con la fase de instrucción, que significa respeto a la presunción de inocencia y reunir tanto las pruebas positivas como las negativas respecto a una persona.
P.- Pero la contundencia de los escritos ya presentados por la Fiscalía respecto a Urdangarin ha generado una expectativa en la opinión pública respecto a los indicios existentes contra él. De manera que, si a la postre, la Fiscalía decide no hacer nada, la conclusión a la que muchos pueden llegar es que de nuevo se acaba protegiendo a los poderosos.
R.- No. Las actuaciones que hasta ahora ha realizado la Fiscalía me parecen correctas y, por lo tanto, hay que insistir en las líneas de investigación, con las consecuencias de calificación penal a las que se llegue en su momento. No preveo un cambio de la posición procesal de la Fiscalía en este momento. Lógicamente, hay que estar abiertos a los resultados de la investigación. Pero insisto en que todo lo que se me ha sometido por la Fiscalía Anticorrupción me parece correcto jurídica y procesalmente.
P.- ¿Le preocupa la incidencia que ese proceso puede tener en la imagen de la Corona? ¿O la Fiscalía debe aplicar el principio de legalidad sin más consideraciones (fiat justitia et pereat mundus)?
R.- La primera consideración del fiscal general y del fiscal que lleva el asunto es el sometimiento estricto y por completo al principio de legalidad, porque es un mandato constitucional. Un asunto así puede preocupar, pero la imagen de la Corona está firmemente arraigada. Desde luego, en el fiscal general y en el fiscal del caso ninguna otra consideración que no sea el principio de legalidad va a hacer mella.
P.- ¿Ha hablado con el Rey sobre este asunto?
R.- No.
P.- ¿Y con el presidente Rajoy?
R.- Tampoco.
P.- ¿Y con el ministro de Justicia?
R.- Con el ministro he hablado de éste y de otros asuntos por la información general que él debe tener, pero con el respeto debido a la reserva procesal.
P.- ¿La Fiscalía cree que la Infanta Cristina debe declarar como imputada?
R.- Presentaremos un escrito el martes. Es una decisión de la Fiscalía Anticorrupción que respetaré. Pero, en principio, lo que se me transmite es que no hay motivos.
P.- ¿Es partidario de que el fiscal dirija la investigación de los delitos?
R.- Se puede atribuir un mayor rol, un rol predominante al fiscal en la fase de instrucción siempre que se refuerce su autonomía frente a las decisiones del fiscal general, que se le dote de peritos y unidades de Policía Judicial exclusivamente dependientes del fiscal y que se resuelvan dos problemas técnicos: que todo lo que investigue el fiscal tenga eficacia sin necesidad de reproducirlo ante el juez y que se garantice la igualdad de armas en el proceso. Lo que no aceptaré es que la investigación esté en manos de la Policía, no del fiscal o del juez.
P.- A la vista de cómo evoluciona la situación, si usted tuviera que decidir, ¿legalizaría Sortu?
R.- No, en modo alguno. La posición de la Fiscalía tanto ante el Supremo como ante el Constitucional -postura que se tomó por unanimidad y con la que estoy de acuerdo- fue contraria a la legalización.
P.- Pero las circunstancias pueden haber cambiado.
R.- No tengo a fecha de hoy ningún motivo para modificar esa postura.
P.- ¿Ha hablado sobre Sortu con algún miembro del Gobierno? ¿Quizá con el ministro del Interior?
R.- Con nadie. Me someto estrictamente al criterio de legalidad. He pedido un informe a la Fiscalía del Supremo que me ha ratificado en que no hay ningún motivo para cambiar nuestra postura.
P.- El informe de la Fiscalía sobre el primer recurso examinado por el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la doctrina Parot llevaba su firma. Proponía amparar al etarra por vulneración de los derechos fundamentales a la libertad y a la tutela judicial efectiva. ¿Piensa que la doctrina Parot es inconstitucional?
R.- La postura de la Fiscalía se debatió en Junta de Fiscales y se asumió por mi antecesor. La posición que prosperó fue que la doctrina Parot no es inconstitucional en sí misma, pero su aplicación retroactiva en los casos en los que exista una decisión firme refundiendo las condenas podría afectar al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, y entonces hay que solicitar el amparo. Pero examinando cada caso concreto.
P.- ¿Usted se suma al ministro de Justicia en ser un verso suelto y cree también que el matrimonio homosexual es constitucional?
R.- No voy a dar ninguna opinión personal. La Fiscalía del TC consideró en su momento que es constitucional y hay que respetarlo.
P.- ¿Le parece justa la condena a Baltasar Garzón?
R.- La postura de la Fiscalía fue fijada antes de que yo llegara aquí. La sentencia del Supremo está redactada por un magistrado al que admiro. Es una sentencia jurídicamente muy bien construida.
P.- ¿Hubiera adoptado la postura mantenida la Fiscalía de haber sido entonces el fiscal general?
R.- No lo sé, porque no conozco los datos que había entonces en el proceso. Cuando llego me encuentro con una posición ya expuesta en juicio oral y lo único que puedo decir es que siempre hay que acatar y respetar las decisiones judiciales aunque nos sean muy desfavorables, como en este caso.
P.- ¿Hay motivos para recurrir ese fallo en amparo al TC?
R.- La legitimación para que la Fiscalía pueda recurrir en amparo es muy complicada a la vista de la propia doctrina del TC, que no nos la reconoce.
P.- ¿Qué opinión le merecen las críticas de quienes dicen que ni acatan ni respetan la sentencia?
R.- Se daña al Estado de Derecho. La crítica, incluso contundente, es sana. Pero rechazo plenamente que se llegue al punto de atacar lo que significa la independencia de los jueces en la toma de decisiones.
«La actuación de Manzano no es cosa juzgada pero no cabe recurso»
MARÍA PERAL MADRID27/02/2012 ESPAÑA
«Cuenta usted con nuestro respeto, consideración, aprecio y estima». El político que dirigió estas palabras a Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950) el pasado 25 de enero en el Congreso no era miembro del Gobierno. Tampoco el portavoz del PP. Era el representante del PSOE. La escena ilustra bien que el nuevo fiscal general es una rara avis en nuestro país: todos, incluidos sus adversarios, reconocen su prestigio profesional y su talla intelectual y jurídica. Él dice que tenía que aceptar el cargo porque lleva media vida predicando sobre lo que había que hacer con la Fiscalía «y ahora que me dan la oportunidad de hacerlo no podía decir que no».
Pregunta.- El PP criticaba a su antecesor por ser 'el fiscal general del PSOE'. Ahora el PP le ha elegido a usted. ¿Cómo convencer a los ciudadanos de que la Fiscalía no va a ser un apéndice del Gobierno?
Respuesta.- Si hay algo que a un jurista le puede llevar a no aceptar este cargo es precisamente eso. He aceptado el cargo porque el Ejecutivo ha asegurado -y lo ha hecho públicamente- que eso no va a ser así con este Gobierno. Le he pedido al ministro de Justicia un cambio en el estatuto para reforzar nuestra independencia: la singularización de nuestro presupuesto, eliminar los rastros que pueda haber de conexión con los ejecutivos central o autonómicos y potenciar el papel de la Junta de Fiscales de Sala y, sobre todo, del Consejo Fiscal para que limiten el omnímodo poder que tiene el fiscal general. Y, en el plano personal, mi disposición a no aceptar ninguna injerencia. Si yo pido autonomía frente a los poderes públicos, voy a autoexigirme la autonomía de los fiscales frente a mí. Mi criterio será que decidan los fiscales del caso y yo lo respetaré o, en caso de discrepancia, pondré en marcha los mecanismos estatutarios para examinarla en la Junta de Fiscales de Sala o en el Consejo Fiscal. Los fiscales actuarán sin interferencias.
P.- Eso va a conllevar una continua exhibición de los desacuerdos.
R.- ¿Por qué? Hay que presumir que todo el mundo va a actuar de acuerdo con el principio de legalidad. En el mes que llevo aquí no he tenido ningún punto de fricción.
P.- ¿Ha estado de acuerdo en no recurrir el archivo de las diligencias sobre el ex comisario de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano por su actuación en el 11-M, pese a que la Fiscalía había rechazado que haya cosa juzgada?
R.- Estoy de acuerdo y lo podemos explicar. La posición del fiscal del caso y de la Fiscalía de Madrid era agotar la investigación y rechazar que haya cosa juzgada. Tras el auto de archivo que dicta la Audiencia de Madrid, seguimos pensando y sigo pensando que es más que dudoso que haya cosa juzgada, porque lo que se vio en el Juzgado de Instrucción número 6 y lo que se ha investigado en el Juzgado número 43 no tienen los puntos de identificación ni subjetivos (respecto a las personas) ni objetivos (respecto a los hechos) para apreciar la cosa juzgada. Pero hemos estudiado, tanto la Fiscalía de Madrid como la del Supremo, la posibilidad de recurrir ese auto en casación y, desde nuestro de vista, no cabe interponer ese recurso.
P.- En el asunto del 11-M, ¿hay flecos que merecen ser investigados o para el fiscal general es un tema cerrado?
R.- El tema cerrado son los hechos declarados probados en firme. Cualquier otro hecho respecto al que se pusiera de manifiesto la necesidad de investigar el fiscal general está abierto a hacerlo.
P.- ¿Ha dado alguna indicación a los fiscales que llevan el proceso que afecta a Iñaki Urdangarin?
R.- No. Tengo un informe del fiscal del caso en el que se pone de manifiesto el íter procesal y nuestra posición en la fase de instrucción. En líneas generales, ese informe lo encuentro plenamente aceptable. El fiscal tiene autonomía absoluta tanto respecto a Urdangarin como al resto de los imputados. Hasta el momento no tengo ningún motivo para intervenir en ese proceso.
P.- ¿La Fiscalía contempla el escenario de tener que dirigir la acusación contra Urdangarin?
R.- Hasta que no se cierre la investigación y hasta que por parte del fiscal adscrito al caso y del fiscal jefe Anticorrupción no se me someta esa decisión, no estoy en condiciones -ni yo ni creo que nadie- de poder admitir con certeza determinadas circunstancias. Hay que ser respetuoso con la fase de instrucción, que significa respeto a la presunción de inocencia y reunir tanto las pruebas positivas como las negativas respecto a una persona.
P.- Pero la contundencia de los escritos ya presentados por la Fiscalía respecto a Urdangarin ha generado una expectativa en la opinión pública respecto a los indicios existentes contra él. De manera que, si a la postre, la Fiscalía decide no hacer nada, la conclusión a la que muchos pueden llegar es que de nuevo se acaba protegiendo a los poderosos.
R.- No. Las actuaciones que hasta ahora ha realizado la Fiscalía me parecen correctas y, por lo tanto, hay que insistir en las líneas de investigación, con las consecuencias de calificación penal a las que se llegue en su momento. No preveo un cambio de la posición procesal de la Fiscalía en este momento. Lógicamente, hay que estar abiertos a los resultados de la investigación. Pero insisto en que todo lo que se me ha sometido por la Fiscalía Anticorrupción me parece correcto jurídica y procesalmente.
P.- ¿Le preocupa la incidencia que ese proceso puede tener en la imagen de la Corona? ¿O la Fiscalía debe aplicar el principio de legalidad sin más consideraciones (fiat justitia et pereat mundus)?
R.- La primera consideración del fiscal general y del fiscal que lleva el asunto es el sometimiento estricto y por completo al principio de legalidad, porque es un mandato constitucional. Un asunto así puede preocupar, pero la imagen de la Corona está firmemente arraigada. Desde luego, en el fiscal general y en el fiscal del caso ninguna otra consideración que no sea el principio de legalidad va a hacer mella.
P.- ¿Ha hablado con el Rey sobre este asunto?
R.- No.
P.- ¿Y con el presidente Rajoy?
R.- Tampoco.
P.- ¿Y con el ministro de Justicia?
R.- Con el ministro he hablado de éste y de otros asuntos por la información general que él debe tener, pero con el respeto debido a la reserva procesal.
P.- ¿La Fiscalía cree que la Infanta Cristina debe declarar como imputada?
R.- Presentaremos un escrito el martes. Es una decisión de la Fiscalía Anticorrupción que respetaré. Pero, en principio, lo que se me transmite es que no hay motivos.
P.- ¿Es partidario de que el fiscal dirija la investigación de los delitos?
R.- Se puede atribuir un mayor rol, un rol predominante al fiscal en la fase de instrucción siempre que se refuerce su autonomía frente a las decisiones del fiscal general, que se le dote de peritos y unidades de Policía Judicial exclusivamente dependientes del fiscal y que se resuelvan dos problemas técnicos: que todo lo que investigue el fiscal tenga eficacia sin necesidad de reproducirlo ante el juez y que se garantice la igualdad de armas en el proceso. Lo que no aceptaré es que la investigación esté en manos de la Policía, no del fiscal o del juez.
P.- A la vista de cómo evoluciona la situación, si usted tuviera que decidir, ¿legalizaría Sortu?
R.- No, en modo alguno. La posición de la Fiscalía tanto ante el Supremo como ante el Constitucional -postura que se tomó por unanimidad y con la que estoy de acuerdo- fue contraria a la legalización.
P.- Pero las circunstancias pueden haber cambiado.
R.- No tengo a fecha de hoy ningún motivo para modificar esa postura.
P.- ¿Ha hablado sobre Sortu con algún miembro del Gobierno? ¿Quizá con el ministro del Interior?
R.- Con nadie. Me someto estrictamente al criterio de legalidad. He pedido un informe a la Fiscalía del Supremo que me ha ratificado en que no hay ningún motivo para cambiar nuestra postura.
P.- El informe de la Fiscalía sobre el primer recurso examinado por el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la doctrina Parot llevaba su firma. Proponía amparar al etarra por vulneración de los derechos fundamentales a la libertad y a la tutela judicial efectiva. ¿Piensa que la doctrina Parot es inconstitucional?
R.- La postura de la Fiscalía se debatió en Junta de Fiscales y se asumió por mi antecesor. La posición que prosperó fue que la doctrina Parot no es inconstitucional en sí misma, pero su aplicación retroactiva en los casos en los que exista una decisión firme refundiendo las condenas podría afectar al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, y entonces hay que solicitar el amparo. Pero examinando cada caso concreto.
P.- ¿Usted se suma al ministro de Justicia en ser un verso suelto y cree también que el matrimonio homosexual es constitucional?
R.- No voy a dar ninguna opinión personal. La Fiscalía del TC consideró en su momento que es constitucional y hay que respetarlo.
P.- ¿Le parece justa la condena a Baltasar Garzón?
R.- La postura de la Fiscalía fue fijada antes de que yo llegara aquí. La sentencia del Supremo está redactada por un magistrado al que admiro. Es una sentencia jurídicamente muy bien construida.
P.- ¿Hubiera adoptado la postura mantenida la Fiscalía de haber sido entonces el fiscal general?
R.- No lo sé, porque no conozco los datos que había entonces en el proceso. Cuando llego me encuentro con una posición ya expuesta en juicio oral y lo único que puedo decir es que siempre hay que acatar y respetar las decisiones judiciales aunque nos sean muy desfavorables, como en este caso.
P.- ¿Hay motivos para recurrir ese fallo en amparo al TC?
R.- La legitimación para que la Fiscalía pueda recurrir en amparo es muy complicada a la vista de la propia doctrina del TC, que no nos la reconoce.
P.- ¿Qué opinión le merecen las críticas de quienes dicen que ni acatan ni respetan la sentencia?
R.- Se daña al Estado de Derecho. La crítica, incluso contundente, es sana. Pero rechazo plenamente que se llegue al punto de atacar lo que significa la independencia de los jueces en la toma de decisiones.
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