EL MUNDO
Manzano, contra las cuerdas
JOAQUÍN MANSO MADRID
05/02/2012 ESPAÑA
La investigación judicial acumula decenas de indicios contra el ex jefe de los Tedax, que se agarra a la última oportunidad de una apelación ante la Audiencia de Madrid
«Las evidencias recogidas en los cuatro focos de las explosiones fueron trasladadas a la Unidad Central de los Tedax, de donde en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino». La autoría de este entrecomillado no corresponde a este diario, ni a ninguna asociación de víctimas ni de ningún otro tipo, ni siquiera a la juez Coro Cillán. Pertenece a un escrito del 2 de noviembre de 2011 con el que el fiscal defiende que existen indicios de un delito de encubrimiento por la destrucción de pruebas del 11-M contra el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano. Es decir: quien lo dice es la Fiscalía en cuya cúspide jerárquica se encontraba Cándido Conde-Pumpido.
La juez Coro Cillán mantiene imputados desde julio de 2009 a Sánchez Manzano y a su perito químico por encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio en el juicio del 11-M. La investigación judicial ha acumulado decenas de indicios de conducta irregular contra el ex jefe de los Tedax, que pretende dar carpetazo al procedimiento con una apelación que la Audiencia de Madrid tiene que resolver en los próximos días.
Es en este contexto en el que el Pleno de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que salir al paso para respaldar a la juez tras haber «analizado el alcance de recientes informaciones vertidas en medios de comunicación que afectan gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la magistrada doña Coro Cillán García de Iturrospe». «En consecuencia, el Consejo rechaza por vejatorias tales informaciones, y manifiesta su apoyo a la referida magistrada», añade la nota del órgano de gobierno de los jueces, inusual por su contundencia.
Los intentos por desprestigiar la investigación contra Sánchez Manzano a través de la juez que lleva el caso aprovechan que el propio CGPJ le ha abierto un expediente por cuatro supuestas faltas disciplinarias -del que se dio noticia en este diario antes que en ningún otro- por un asunto que nada tiene que ver, y han arreciado con mayor virulencia cuanto más cerca está la resolución del recurso del ex jefe de los Tedax.
El fiscal del caso, Conrado Saiz, ha pasado de puntillas por la instrucción pero, en las tres ocasiones en las que no ha tenido otro remedio que pronunciarse acerca de la existencia de indicios de delito, lo ha hecho en sentido afirmativo. La última, para oponerse a la petición de sobreseimiento de la defensa de Manzano, representada por el despacho del abogado José María Fuster-Fabra, muy conocido por haber defendido, entre otros, al general Enrique Rodríguez Galindo en el juicio por el primer crimen de los GAL: el secuestro, tortura y asesinato de los etarras Lasa y Zabala.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, a través de su letrado, José María de Pablo, interpuso la querella y ha llevado el peso de la investigación. A lo largo del procedimiento, multitud de policías han afirmado que la actuación de Manzano es «insólita», «irregular», «una chapuza» o que simplemente «no es normal». Éste es el resumen detallado de los indicios contra Manzano:
Dieciséis tedax de la Brigada de Madrid han comparecido ante la juez para relatar cómo recogieron en cada uno de los 12 focos de las explosiones «montones de trozos de chapa», «decenas de muestras», «algodones con acetona [impregnados con restos de dinamita]», «componentes electrónicos» o «ropa de los fallecidos». Sólo en Atocha, «como mínimo 20 ó 30» vestigios de cada uno de los cuatro focos, según detalló el artificiero con número 66.618 y corroboraron sus compañeros, «y todos estaban etiquetados». La ley obliga a conservar esos elementos -son piezas de convicción- hasta que lo decida el juez. Así se hace en todos los atentados. En el 11-M se destruyeron: los artificieros aseguran haber tomado centenares de muestras de diversas clases y tamaños en todas las estaciones a lo largo de varios días, pero Manzano sólo conservó para el tribunal 23 de escasísima calidad, casi todas pequeños clavos o tornillos en estado lamentable.
El propio jefe de los Tedax reconoció, en su declaración como imputado, que envió a la basura cientos de kilos de restos que, a su juicio, no pasaban de ser «objetos» sin interés para el juzgado. Es decir: que consideró que sólo las 23 que envió al tribunal lo tendrían. Incluso los testigos de su propia defensa lo desmintieron. Por ejemplo, el tedax de su confianza con número 19.568 afirmó que restos como los algodones impregnados en acetona no se desechan nunca porque tienen la máxima importancia para la investigación. Manzano no conservó ni uno.
Las Normas provisionales del Servicio de Desactivación de Explosivos -que el Ministerio del Interior que dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba se negó a entregar durante un año- establecen que «la custodia y depósito a disposición de las autoridades judiciales [...] de los restos de las explosiones» corresponde al comisario jefe de los Tedax. Esto es, a Juan Jesús Sánchez Manzano.
El protocolo de los Tedax dispone que las muestras, etiquetadas e identificadas, deben enviarse a la Brigada de Madrid, donde se fotografían y se hace una relación detallada que se consigna en un acta. Así se hace en todos los atentados. En el 11-M, en cambio, se hizo de forma diferente por primera y única vez en la historia de la lucha antiterrorista: el jefe de la Brigada de Madrid relató cómo Manzano llegó a la estación de Atocha al mando de sus tedax de la Unidad Central y, a la voz de «¡aquí mando yo!», colocó en cada uno de los escenarios a un mando de rango superior a los de Madrid que se hizo cargo del traslado de las muestras. Esa actuación impidió que los restos fuesen etiquetados y clasificados, mezclándose los de unos focos con otros y rompiéndose la cadena de custodia, pese a que los artificieros del grupo de Madrid advirtieron expresamente de esa circunstancia. Lo que siguen son algunas de sus declaraciones como testigos ante la juez:
- «Lo que hicieron los tedax de Manzano fue una chapuza».
- «Manzano llegó con sus hombres y nos quitó de en medio, eso estaba orquestado».
- «Me indigné por cómo estaban haciendo las cosas».
Las muestras, mezcladas y desordenadas, llegaron a la Unidad Central, según relató la perito imputada, «de donde en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino», expone el fiscal. Tampoco se levantó acta de nada. Dos de los tedax de Manzano que participaron en la operación según todos los testigos lo negaron ante la juez «de forma incomprensible», dice el escrito de la Fiscalía, por lo que también fueron imputados.
Además de entrometerse de forma sorpresiva en la recogida y el traslado de las muestras y de incumplir su obligación de catalogar y levantar actas y de custodiar los restos a disposición de la autoridad judicial, Manzano impidió que se remitiesen al único laboratorio que es competente para analizarlos, el único además que tiene capacidad para llevar a cabo análisis con valor científico y probatorio en juicio: el de la Policía Científica, que es uno de los más avanzados de Europa.
En su lugar, Manzano decidió analizar las muestras sólo en el rudimentario laboratorio de los Tedax. El examen que llevó a cabo la perito químico el mismo 11-M ofreció un resultado inservible para la investigación -en algunos focos, «componentes genéricos de la dinamita» y, en otros, «no se detecta la presencia de ninguna sustancia digna de mención»-, pero ni aun así el ahora imputado envió los restos a la Policía Científica. Además, de ese análisis no se elaboró un informe por escrito hasta 15 días después, que no se entregó al juez hasta mayo.
Es decir que, en los días inmediatamente posteriores a la matanza, la Policía sabía que el explosivo que apareció en la Renault Kangoo en la que se desplazaron los terroristas y el que había en la mochila bomba que se encontró en Vallecas era Goma 2 Eco, pero la actuación de Manzano le habría impedido conocer si entre la dinamita que estalló en los trenes la había también de otra marca, lo que habría abierto otras líneas de investigación sobre el suministro de explosivos.
Como ya se puso de manifiesto en las dos sentencias en las que la Justicia dio la razón a este diario frente a una demanda de Manzano, la Circular Interna número 50 de la Policía, «en la que se recoge el protocolo de actuación en caso de atentado terrorista», expone de forma rotunda que a la Policía Científica «le corresponde, con carácter exclusivo, el examen, estudio, recogida de cualquier tipo de vestigios, restos, muestras de explosivos, etcétera, recogidos en el lugar de los hechos».
El número dos de la Policía en el 11-M, Pedro Díaz-Pintado, declaró como testigo ante la juez Cillán y dijo que la obligación de los Tedax es hacer un análisis que sirve como «avance operativo», pero luego deben enviar las muestras «al laboratorio de la Policía Científica, que ése sí es un laboratorio homologado». Así se hace en todos los atentados. En el 11-M, no se llevó a cabo hasta casi tres años después de los atentados, cuando lo ordenó el tribunal de la Audiencia Nacional.
El juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, llamó a declarar a Manzano en 2006 cuando este periódico hizo hincapié en que, durante la Comisión de Investigación en el Congreso, el jefe de los Tedax declaró que en sus análisis de los explosivos «lo único que se encontró fue nitroglicerina». Esa sustancia no forma parte de la Goma 2 Eco, la dinamita que Suárez Trashorras suministró a la célula islamista. El ahora imputado reconoció ante el juez que aquella declaración fue un «error» y admitió, sólo entonces, que el laboratorio de los Tedax «realmente, no es un laboratorio, sino un grupo de investigación dentro de una unidad central, con los medios elementales».
La actuación de Manzano provocó la decisión inédita del tribunal del 11-M de ordenar un análisis en el laboratorio de la Policía Científica mientras se celebraba el juicio por la matanza. Los Tedax sólo pudieron entregar 23 pequeñas muestras recogidas en las explosiones, todas ellas lavadas con agua y acetona excepto una, lo que dificultó enormemente el trabajo de los peritos.
- «Dada la magnitud del atentado, las evidencias de los focos parecen escasas», se señala en el informe pericial, que estuvo dirigido por el policía Alfonso Vega.
En esos análisis se detectaron dos componentes -dinitrotolueno (DNT) y, sólo en la muestra que no había sido lavada, nitroglicerina- que no forman parte de la dinamita Goma 2 Eco. El hallazgo del DNT provocó una reacción de Alfonso Vega -«entonces puede ser otro explosivo y ya empiezo yo a dudar de los Tedax y en cagarme en la madre que los ha parido»- que quedó recogida en el vídeo de la pericia.
La sentencia del 11-M destaca la deficiente actuación de Manzano -dice que «es cierto que toda esta discusión [sobre los explosivos] estaría en gran parte resuelta si el primer análisis que se hace en la misma mañana del 11-M por los Tedax se hubiera incorporado a los autos»-, y admite que «no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes» y que la presencia de componentes ajenos a la Goma 2 Eco «impide descartar la presencia de pequeñas cantidades de otras dinamitas».
Manzano y su perito químico también están imputados por mentir en el juicio del 11-M. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, preguntó al ya ex jefe de los Tedax que cuáles son los vestigios que le corresponde analizar a los artificieros, Manzano contestó que los restos explosionados «siempre se han quedado en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos». Hasta cinco veces afirmó que «siempre» se hacía así y «nunca» de otra manera. Su perito testificó en el mismo sentido.
Pues bien: no sólo las normas de la Policía dicen que lo que debe hacerse es exactamente lo contrario, sino que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha aportado al procedimiento un informe de la Comisaría General de Policía Científica en el que, a lo largo de 47 páginas, se exponen nada menos que 116 casos entre 2000 y 2006 en los que se actuó de manera opuesta a como aseguró Manzano. La mayoría, con él ya en el cargo de comisario jefe de los Tedax.
En definitiva, que la actuación de Manzano pudo ser gravemente irregular parece fuera de toda duda. El Gobierno lo destituyó en diciembre de 2006 después de que los principales sindicatos de policía -SUP, CEP y UFP- firmasen un comunicado conjunto en el que le acusaban de «incurrir en errores que dejan en entredicho la capacidad y la profesionalidad» de los miembros de los Tedax. De «desprestigiar» a esa unidad. Meses antes, los representantes de los casi 300 tedax de la Policía Nacional exigieron a Telesforo Rubio, en presencia del propio Manzano, su cese por ser un «jefe calamitoso».
Lo que debe determinar ahora la Sección 17ª de la Audiencia de Madrid -que formarán Ramiro Ventura, José Luis Sánchez Trujillano y Rosa Borobia- es exclusivamente si esa actuación merece seguir siendo investigada para aclarar si se trató sólo de una actuación torpe o negligente o si pudo existir delito.
La Fiscalía cree que no es el momento de archivar. Las víctimas personadas en la causa piensan que no puede ser casual que usurpase el puesto de los policías competentes para recoger y trasladar las muestras; que luego se ocultasen a la Policía Científica, y que, después, se destruyesen y se faltase a la verdad.
05/02/2012 ESPAÑA
La investigación judicial acumula decenas de indicios contra el ex jefe de los Tedax, que se agarra a la última oportunidad de una apelación ante la Audiencia de Madrid
«Las evidencias recogidas en los cuatro focos de las explosiones fueron trasladadas a la Unidad Central de los Tedax, de donde en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino». La autoría de este entrecomillado no corresponde a este diario, ni a ninguna asociación de víctimas ni de ningún otro tipo, ni siquiera a la juez Coro Cillán. Pertenece a un escrito del 2 de noviembre de 2011 con el que el fiscal defiende que existen indicios de un delito de encubrimiento por la destrucción de pruebas del 11-M contra el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano. Es decir: quien lo dice es la Fiscalía en cuya cúspide jerárquica se encontraba Cándido Conde-Pumpido.
La juez Coro Cillán mantiene imputados desde julio de 2009 a Sánchez Manzano y a su perito químico por encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio en el juicio del 11-M. La investigación judicial ha acumulado decenas de indicios de conducta irregular contra el ex jefe de los Tedax, que pretende dar carpetazo al procedimiento con una apelación que la Audiencia de Madrid tiene que resolver en los próximos días.
Es en este contexto en el que el Pleno de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que salir al paso para respaldar a la juez tras haber «analizado el alcance de recientes informaciones vertidas en medios de comunicación que afectan gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la magistrada doña Coro Cillán García de Iturrospe». «En consecuencia, el Consejo rechaza por vejatorias tales informaciones, y manifiesta su apoyo a la referida magistrada», añade la nota del órgano de gobierno de los jueces, inusual por su contundencia.
Los intentos por desprestigiar la investigación contra Sánchez Manzano a través de la juez que lleva el caso aprovechan que el propio CGPJ le ha abierto un expediente por cuatro supuestas faltas disciplinarias -del que se dio noticia en este diario antes que en ningún otro- por un asunto que nada tiene que ver, y han arreciado con mayor virulencia cuanto más cerca está la resolución del recurso del ex jefe de los Tedax.
El fiscal del caso, Conrado Saiz, ha pasado de puntillas por la instrucción pero, en las tres ocasiones en las que no ha tenido otro remedio que pronunciarse acerca de la existencia de indicios de delito, lo ha hecho en sentido afirmativo. La última, para oponerse a la petición de sobreseimiento de la defensa de Manzano, representada por el despacho del abogado José María Fuster-Fabra, muy conocido por haber defendido, entre otros, al general Enrique Rodríguez Galindo en el juicio por el primer crimen de los GAL: el secuestro, tortura y asesinato de los etarras Lasa y Zabala.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, a través de su letrado, José María de Pablo, interpuso la querella y ha llevado el peso de la investigación. A lo largo del procedimiento, multitud de policías han afirmado que la actuación de Manzano es «insólita», «irregular», «una chapuza» o que simplemente «no es normal». Éste es el resumen detallado de los indicios contra Manzano:
Dieciséis tedax de la Brigada de Madrid han comparecido ante la juez para relatar cómo recogieron en cada uno de los 12 focos de las explosiones «montones de trozos de chapa», «decenas de muestras», «algodones con acetona [impregnados con restos de dinamita]», «componentes electrónicos» o «ropa de los fallecidos». Sólo en Atocha, «como mínimo 20 ó 30» vestigios de cada uno de los cuatro focos, según detalló el artificiero con número 66.618 y corroboraron sus compañeros, «y todos estaban etiquetados». La ley obliga a conservar esos elementos -son piezas de convicción- hasta que lo decida el juez. Así se hace en todos los atentados. En el 11-M se destruyeron: los artificieros aseguran haber tomado centenares de muestras de diversas clases y tamaños en todas las estaciones a lo largo de varios días, pero Manzano sólo conservó para el tribunal 23 de escasísima calidad, casi todas pequeños clavos o tornillos en estado lamentable.
El propio jefe de los Tedax reconoció, en su declaración como imputado, que envió a la basura cientos de kilos de restos que, a su juicio, no pasaban de ser «objetos» sin interés para el juzgado. Es decir: que consideró que sólo las 23 que envió al tribunal lo tendrían. Incluso los testigos de su propia defensa lo desmintieron. Por ejemplo, el tedax de su confianza con número 19.568 afirmó que restos como los algodones impregnados en acetona no se desechan nunca porque tienen la máxima importancia para la investigación. Manzano no conservó ni uno.
Las Normas provisionales del Servicio de Desactivación de Explosivos -que el Ministerio del Interior que dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba se negó a entregar durante un año- establecen que «la custodia y depósito a disposición de las autoridades judiciales [...] de los restos de las explosiones» corresponde al comisario jefe de los Tedax. Esto es, a Juan Jesús Sánchez Manzano.
El protocolo de los Tedax dispone que las muestras, etiquetadas e identificadas, deben enviarse a la Brigada de Madrid, donde se fotografían y se hace una relación detallada que se consigna en un acta. Así se hace en todos los atentados. En el 11-M, en cambio, se hizo de forma diferente por primera y única vez en la historia de la lucha antiterrorista: el jefe de la Brigada de Madrid relató cómo Manzano llegó a la estación de Atocha al mando de sus tedax de la Unidad Central y, a la voz de «¡aquí mando yo!», colocó en cada uno de los escenarios a un mando de rango superior a los de Madrid que se hizo cargo del traslado de las muestras. Esa actuación impidió que los restos fuesen etiquetados y clasificados, mezclándose los de unos focos con otros y rompiéndose la cadena de custodia, pese a que los artificieros del grupo de Madrid advirtieron expresamente de esa circunstancia. Lo que siguen son algunas de sus declaraciones como testigos ante la juez:
- «Lo que hicieron los tedax de Manzano fue una chapuza».
- «Manzano llegó con sus hombres y nos quitó de en medio, eso estaba orquestado».
- «Me indigné por cómo estaban haciendo las cosas».
Las muestras, mezcladas y desordenadas, llegaron a la Unidad Central, según relató la perito imputada, «de donde en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino», expone el fiscal. Tampoco se levantó acta de nada. Dos de los tedax de Manzano que participaron en la operación según todos los testigos lo negaron ante la juez «de forma incomprensible», dice el escrito de la Fiscalía, por lo que también fueron imputados.
Además de entrometerse de forma sorpresiva en la recogida y el traslado de las muestras y de incumplir su obligación de catalogar y levantar actas y de custodiar los restos a disposición de la autoridad judicial, Manzano impidió que se remitiesen al único laboratorio que es competente para analizarlos, el único además que tiene capacidad para llevar a cabo análisis con valor científico y probatorio en juicio: el de la Policía Científica, que es uno de los más avanzados de Europa.
En su lugar, Manzano decidió analizar las muestras sólo en el rudimentario laboratorio de los Tedax. El examen que llevó a cabo la perito químico el mismo 11-M ofreció un resultado inservible para la investigación -en algunos focos, «componentes genéricos de la dinamita» y, en otros, «no se detecta la presencia de ninguna sustancia digna de mención»-, pero ni aun así el ahora imputado envió los restos a la Policía Científica. Además, de ese análisis no se elaboró un informe por escrito hasta 15 días después, que no se entregó al juez hasta mayo.
Es decir que, en los días inmediatamente posteriores a la matanza, la Policía sabía que el explosivo que apareció en la Renault Kangoo en la que se desplazaron los terroristas y el que había en la mochila bomba que se encontró en Vallecas era Goma 2 Eco, pero la actuación de Manzano le habría impedido conocer si entre la dinamita que estalló en los trenes la había también de otra marca, lo que habría abierto otras líneas de investigación sobre el suministro de explosivos.
Como ya se puso de manifiesto en las dos sentencias en las que la Justicia dio la razón a este diario frente a una demanda de Manzano, la Circular Interna número 50 de la Policía, «en la que se recoge el protocolo de actuación en caso de atentado terrorista», expone de forma rotunda que a la Policía Científica «le corresponde, con carácter exclusivo, el examen, estudio, recogida de cualquier tipo de vestigios, restos, muestras de explosivos, etcétera, recogidos en el lugar de los hechos».
El número dos de la Policía en el 11-M, Pedro Díaz-Pintado, declaró como testigo ante la juez Cillán y dijo que la obligación de los Tedax es hacer un análisis que sirve como «avance operativo», pero luego deben enviar las muestras «al laboratorio de la Policía Científica, que ése sí es un laboratorio homologado». Así se hace en todos los atentados. En el 11-M, no se llevó a cabo hasta casi tres años después de los atentados, cuando lo ordenó el tribunal de la Audiencia Nacional.
El juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, llamó a declarar a Manzano en 2006 cuando este periódico hizo hincapié en que, durante la Comisión de Investigación en el Congreso, el jefe de los Tedax declaró que en sus análisis de los explosivos «lo único que se encontró fue nitroglicerina». Esa sustancia no forma parte de la Goma 2 Eco, la dinamita que Suárez Trashorras suministró a la célula islamista. El ahora imputado reconoció ante el juez que aquella declaración fue un «error» y admitió, sólo entonces, que el laboratorio de los Tedax «realmente, no es un laboratorio, sino un grupo de investigación dentro de una unidad central, con los medios elementales».
La actuación de Manzano provocó la decisión inédita del tribunal del 11-M de ordenar un análisis en el laboratorio de la Policía Científica mientras se celebraba el juicio por la matanza. Los Tedax sólo pudieron entregar 23 pequeñas muestras recogidas en las explosiones, todas ellas lavadas con agua y acetona excepto una, lo que dificultó enormemente el trabajo de los peritos.
- «Dada la magnitud del atentado, las evidencias de los focos parecen escasas», se señala en el informe pericial, que estuvo dirigido por el policía Alfonso Vega.
En esos análisis se detectaron dos componentes -dinitrotolueno (DNT) y, sólo en la muestra que no había sido lavada, nitroglicerina- que no forman parte de la dinamita Goma 2 Eco. El hallazgo del DNT provocó una reacción de Alfonso Vega -«entonces puede ser otro explosivo y ya empiezo yo a dudar de los Tedax y en cagarme en la madre que los ha parido»- que quedó recogida en el vídeo de la pericia.
La sentencia del 11-M destaca la deficiente actuación de Manzano -dice que «es cierto que toda esta discusión [sobre los explosivos] estaría en gran parte resuelta si el primer análisis que se hace en la misma mañana del 11-M por los Tedax se hubiera incorporado a los autos»-, y admite que «no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes» y que la presencia de componentes ajenos a la Goma 2 Eco «impide descartar la presencia de pequeñas cantidades de otras dinamitas».
Manzano y su perito químico también están imputados por mentir en el juicio del 11-M. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, preguntó al ya ex jefe de los Tedax que cuáles son los vestigios que le corresponde analizar a los artificieros, Manzano contestó que los restos explosionados «siempre se han quedado en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos». Hasta cinco veces afirmó que «siempre» se hacía así y «nunca» de otra manera. Su perito testificó en el mismo sentido.
Pues bien: no sólo las normas de la Policía dicen que lo que debe hacerse es exactamente lo contrario, sino que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha aportado al procedimiento un informe de la Comisaría General de Policía Científica en el que, a lo largo de 47 páginas, se exponen nada menos que 116 casos entre 2000 y 2006 en los que se actuó de manera opuesta a como aseguró Manzano. La mayoría, con él ya en el cargo de comisario jefe de los Tedax.
En definitiva, que la actuación de Manzano pudo ser gravemente irregular parece fuera de toda duda. El Gobierno lo destituyó en diciembre de 2006 después de que los principales sindicatos de policía -SUP, CEP y UFP- firmasen un comunicado conjunto en el que le acusaban de «incurrir en errores que dejan en entredicho la capacidad y la profesionalidad» de los miembros de los Tedax. De «desprestigiar» a esa unidad. Meses antes, los representantes de los casi 300 tedax de la Policía Nacional exigieron a Telesforo Rubio, en presencia del propio Manzano, su cese por ser un «jefe calamitoso».
Lo que debe determinar ahora la Sección 17ª de la Audiencia de Madrid -que formarán Ramiro Ventura, José Luis Sánchez Trujillano y Rosa Borobia- es exclusivamente si esa actuación merece seguir siendo investigada para aclarar si se trató sólo de una actuación torpe o negligente o si pudo existir delito.
La Fiscalía cree que no es el momento de archivar. Las víctimas personadas en la causa piensan que no puede ser casual que usurpase el puesto de los policías competentes para recoger y trasladar las muestras; que luego se ocultasen a la Policía Científica, y que, después, se destruyesen y se faltase a la verdad.
Los otros hallazgos de la instrucción
05/02/2012 ESPAÑA
¿Estaba liberado? El 'tedax' 80.938, que participó en la desactivación de la mochila de Vallecas, declaró que el teléfono de Movistar que contenía no funcionó cuando él le colocó su tarjeta Vodafone. Eso arroja dudas acerca de si estaba liberado y confirma que Manzano mintió al juez cuando dijo que estaba programado a las 7.40, ya que ese móvil pierde la hora al retirar la batería.
La metralla. La forense Carmen Baladía, que dirigió la autopsia a los cadáveres del 11-M, afirmó ante la juez que en ninguno de ellos se encontraron restos de metralla. La mochila de Vallecas, en cambio, contenía 600 gramos de tornillería.
La dinamita. Dos técnicos de la fabrica de explosivos negaron que ellos indicasen el 11-M a los Tedax que la dinamita de la Kangoo era Goma 2 Eco, al contrario de lo que dijo Manzano en el juicio.
¿Estaba liberado? El 'tedax' 80.938, que participó en la desactivación de la mochila de Vallecas, declaró que el teléfono de Movistar que contenía no funcionó cuando él le colocó su tarjeta Vodafone. Eso arroja dudas acerca de si estaba liberado y confirma que Manzano mintió al juez cuando dijo que estaba programado a las 7.40, ya que ese móvil pierde la hora al retirar la batería.
La metralla. La forense Carmen Baladía, que dirigió la autopsia a los cadáveres del 11-M, afirmó ante la juez que en ninguno de ellos se encontraron restos de metralla. La mochila de Vallecas, en cambio, contenía 600 gramos de tornillería.
La dinamita. Dos técnicos de la fabrica de explosivos negaron que ellos indicasen el 11-M a los Tedax que la dinamita de la Kangoo era Goma 2 Eco, al contrario de lo que dijo Manzano en el juicio.
«La ocultación se mantuvo»
05/02/2012 ESPAÑA
La defensa de Sánchez Manzano argumenta que los hechos por los que se le está investigando estarían prescritos, ya que se habrían cometido el 11 de marzo de 2004 y la responsabilidad penal por los posibles encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos se habría extinguido en marzo de 2009, cinco años después. La querella no fue admitida hasta julio de ese año.
La Fiscalía, en cambio, sostiene que «la fecha de su comisión es incierta, pero sus efectos se prolongan en el tiempo» y que «sería factible considerar como fecha de inicio del cómputo de la prescripción la fecha límite en que tales evidencias pudieron ser aportadas a la instrucción de aquel procedimiento o, como mantiene la representación procesal de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, cuando fueron reclamadas por el tribunal enjuiciador para realizar la pericia conjunta en la fase de juicio oral». Es decir, en enero de 2007, sólo dos años y medio antes de que la juez admitiese la querella de las víctimas.
El letrado de los afectados, José María de Pablo, argumenta asimismo que la actuación de Manzano sería un «delito permanente», pues «la ocultación de las piezas de convicción a la autoridad judicial se mantuvo durante toda la instrucción y todo el juicio del 11-M», así que la fecha de cómputo debería ser la de la finalización de éste, en junio de 2007.
La defensa de Sánchez Manzano argumenta que los hechos por los que se le está investigando estarían prescritos, ya que se habrían cometido el 11 de marzo de 2004 y la responsabilidad penal por los posibles encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos se habría extinguido en marzo de 2009, cinco años después. La querella no fue admitida hasta julio de ese año.
La Fiscalía, en cambio, sostiene que «la fecha de su comisión es incierta, pero sus efectos se prolongan en el tiempo» y que «sería factible considerar como fecha de inicio del cómputo de la prescripción la fecha límite en que tales evidencias pudieron ser aportadas a la instrucción de aquel procedimiento o, como mantiene la representación procesal de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, cuando fueron reclamadas por el tribunal enjuiciador para realizar la pericia conjunta en la fase de juicio oral». Es decir, en enero de 2007, sólo dos años y medio antes de que la juez admitiese la querella de las víctimas.
El letrado de los afectados, José María de Pablo, argumenta asimismo que la actuación de Manzano sería un «delito permanente», pues «la ocultación de las piezas de convicción a la autoridad judicial se mantuvo durante toda la instrucción y todo el juicio del 11-M», así que la fecha de cómputo debería ser la de la finalización de éste, en junio de 2007.
Aclarar «la desaparición» de restos
05/02/2012 ESPAÑA
El abogado del imputado Sánchez Manzano también sostiene que el procedimiento debe archivarse porque los hechos que se investigan serían «cosa juzgada», porque en su opinión se pretende revisar el análisis de los explosivos que se practicó en el juicio del 11-M y porque otro juzgado de la plaza de Castilla de Madrid archivó en junio de 2009 una denuncia contra el ex jefe de los Tedax por posibles irregularidades en esa misma pericia.
El fiscal también descarta que eso sea así: no hay cosa juzgada porque no coincide en absoluto el objeto de esos procedimientos con el que sigue abierto contra Manzano. Éste, razona el representante del Ministerio Público, «queda concretado en la actuación policial relacionada con la recogida de evidencias o restos de las explosiones y muestras de explosivos, su posterior traslado a dependencias policiales y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa, así como por un posible delito de falso testimonio en una causa penal».
La Fiscalía insiste en que «la instrucción de este procedimiento no se encuentra concluida», por lo que mantiene que «resulta razonable que continúe» y que las irregularidades denunciadas «no permiten llegar a un planteamiento de sobreseimiento libre del procedimiento como el que se solicita».
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El abogado del imputado Sánchez Manzano también sostiene que el procedimiento debe archivarse porque los hechos que se investigan serían «cosa juzgada», porque en su opinión se pretende revisar el análisis de los explosivos que se practicó en el juicio del 11-M y porque otro juzgado de la plaza de Castilla de Madrid archivó en junio de 2009 una denuncia contra el ex jefe de los Tedax por posibles irregularidades en esa misma pericia.
El fiscal también descarta que eso sea así: no hay cosa juzgada porque no coincide en absoluto el objeto de esos procedimientos con el que sigue abierto contra Manzano. Éste, razona el representante del Ministerio Público, «queda concretado en la actuación policial relacionada con la recogida de evidencias o restos de las explosiones y muestras de explosivos, su posterior traslado a dependencias policiales y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa, así como por un posible delito de falso testimonio en una causa penal».
La Fiscalía insiste en que «la instrucción de este procedimiento no se encuentra concluida», por lo que mantiene que «resulta razonable que continúe» y que las irregularidades denunciadas «no permiten llegar a un planteamiento de sobreseimiento libre del procedimiento como el que se solicita».
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2 comentarios:
bruno otero deus y el caso lasa y zabala........
carlos bueren roncero y el caso lasa y zabala......
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