EL MUNDO
EDITORIAL
Seguirá en la Audiencia Nacional y se ordena al juez Ruz que siga investigando
Fuentes de la Sala indican que la mitad del Pleno, siete magistrados, eran partidarios de confirmar los procesamientos y mantener el asunto en la Audiencia. Otro respaldaba igualmente al instructor, aunque consideraba el caso competencia de un juzgado de Irún. Los otros seis se repartían entre quienes propugnaban el archivo -al menos dos de ellos con claridad- y los que, incluido Gómez Bermúdez, dudaban de la suficiencia de los indicios y de la competencia de la Audiencia Nacional.
La divergencia en las posturas con las que los magistrados iniciaron las deliberaciones se extendió luego a la interpretación de lo acordado. Mientras desde un bloque se resalta que se ha logrado «mantener el caso» en la Audiencia, desde el otro se subraya que se trata de «un paso claro» hacia el archivo o la salida del caso hacia a un juzgado ordinario.
De lo que no hay duda es de que, al margen de cómo evolucione el caso en los próximos meses, lo decidido ayer es una excelente noticia para los hasta ahora procesados. El ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros ven como sus peticiones de archivo o de enviar el caso a Irún han sido rechazadas, pero vuelven a la menos comprometida situación de imputados y se sitúan así un paso más lejos del juicio. En el caso de Hidalgo, la decisión del Pleno llega al día siguiente de que la Fiscalía desvelara que no veía indicios en su contra.
«Revocamos el auto de procesamiento por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación», indica la nota elaborada ayer tarde por los magistrados, que sí tienen claro que lo que sucedió la mañana del 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán «reviste los caracteres de delito».
En el debate mantenido mañana y tarde, los magistrados expusieron las lagunas que a su juicio persisten en la investigación. De ahí la referencia la «más amplia investigación» que supone mantener el caso abierto y en la Audiencia.
El punto de partida del Pleno fue la ponencia presentada por el magistrado José Ricardo de Prada, que expuso las supuestas lagunas de la investigación y respaldó el archivo de la causa. El planteamiento y el tono, sin embargo, no fueron tan contundentes como los expuestos hace unos meses en un voto particular en el que avalaba la actuación de los supuesto autores del soplo por estar actuando a favor del proceso de paz.
Las pesquisas fueron abiertas por Fernando Grande-Marlaska y proseguidas por Baltasar Garzón y, en la etapa final, por Ruz, que aparece como pagano de la resolución pactada por del Pleno pese a haber contado con el respaldo inicial de la mayoría de los jueces. Ruz, que consideraba concluida la investigación, deberá esperar al auto de la Sala para orientar las nuevas pesquisas.
Los puntos que según fuentes de la Sala se recogerán en el auto -que tardará unos días en redactarse- coinciden en buen aparte con lo reclamado y denegado a las defensas. Por ejemplo, la ampliación de la franja horaria acotada por los investigadores para ubicar la llamada del soplo. O la toma de declaración de todos los agentes que participaron de alguna forma en las vigilancias del Faisán u otras tareas el día del soplo. También está previsto indicar al instructor que para su investigación puede echar mano de otras unidades de las Fuerzas de Seguridad distintas al equipo investigador, al que las defensas señalan continuamente como contaminado, al entrar en la lista de teóricos sospechosos del soplo.
Al centrarse el debate en la existencia o no de indicios, y llegar a la conclusión de que no los hay, queda sin respuesta la cuestión de «la complejidad e importancia jurídica» a la que Bermúdez apeló para avocar el asunto al Pleno, retirándoselo a la Sección que hasta entonces había avalado la actuación del juez Ruz: si la condición de policías de los hasta ahora procesados impedía la posibilidad de que cometieran un delitos de colaboración terrorista. «No se ha analizado la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos», indican los magistrados.
Así pues, la prórroga convenida ayer por el Pleno supone que tanto la posibilidad de que unos policías cometieran el delito de colaboración como la existencia o no, definitivamente, de indicios contra los tres imputados quedará sin respuesta definitiva durante unos meses.
Madrid
22/09/2011
También ayer, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, se quejó de que la decisión representa «una pirueta judicial en la que, una vez más, se tira del chicle de la Justicia amoldándolo a las circunstancias del momento; esto es, la campaña electoral».
«Es un paso atrás enorme. Al final, con este tipo de actuaciones nunca se sabrá la verdad», consideró.
Otro representante de las víctimas, el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, calificó de «argucia legal» la resolución de la Audiencia Nacional y la achacó a la «falta de valentía», informa Europa Press.
A su juicio, la decisión demuestra que hay «una parte» de la Justicia española que está «muy influida» por la situación política, y se mostró convencido de que no hubiera sido la misma sin un Gobierno «que negocia con la organización terrorista» y «ha presionado».
Desde otro punto de vista, el secretario general de la CEP, Ignacio López, en declaraciones a Servimedia, pidió al juez Ruz que aplique el «máximo celo» en aclarar «el mayor escándalo de la historia moderna de la Policía».
José María Benito, portavoz del SUP, afirmó que la resolución es algo «positivo», porque su sindicato lleva tiempo diciendo que se estaba acusando a «inocentes» de dar el soplo a la banda etarra. «Hay que buscar a los auténticos y verdaderos culpables del chivatazo», señaló
M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid
22/09/2011
El juez Ruz desglosó hasta una docena de indicios contra los sospechosos en el auto de procesamiento.
1. Una confesión en familia
El origen de la investigación está en una indiscreción de Elosúa. Pese a que le habían advertido de que no hablara del soplo ni siquiera en el coche, lo hace de manera «espontánea», cuando viaja a Francia para advertir a otro miembro de la red.
2. Declaraciones coincidentes
Elosúa ofrece a la Policía y al juez muchos datos útiles sobre la llamada clave. Dice que se produjo entre 10 y 15 minutos después de su llegada al bar, lo que la sitúa entre las 11.20 y las 11.30 horas. También revela que es saliente: «Hizo una llamada por el teléfono móvil, pasándoselo para que hablara con un compañero», según consta en una declaración policial. Y, finalmente, que duró entre cinco y 10 minutos.
El resultado apunta a una única llamada: la efectuada a las 11.23, saliente, de Ballesteros a Pamies y que dura ocho minutos y 11 segundos. Elosúa piensa «desde el primer momento» que le ha llamado un policía. En las conversaciones grabadas repite que fue «un txakurra», «un poli», «un madero», «los maderos», dice.
El juez resalta un dato que excluye la implicación de los propios investigadores. Todos ellos conocían bien a Elosúa y los lugares que frecuentaba, pero quien le pasa el móvil ni sabe dónde vive. En el bar pregunta por Elosúa al propio dueño del bar. Las descripciones físicas que aportan Elosúa y su mujer «presentan aspectos diversos de gran similitud o encaje con la apariencia física del Sr. Ballesteros», según Ruz.
3. Las llamadas
Los tres repetidores de telefonía que cubren la zona investigada registraron 1.932 llamadas entre las 11.00 y las 12.00 horas de aquel 4 de mayo. Descartando las que no cuadran con lo indicado por Elosúa, quedan 63. Y sólo una de ellas es entre policías.
4. Conclusiones «correctas»
Los peritos de Telefónica convocados por el juez señalaron que las conclusiones del equipo investigador «son correctas». Además, descartaron que las llamadas de la zona del Faisán emplearan repetidores españoles no investigados. Y lo que es más relevante -puesto que las defensas hacían hincapié en ello-, ven técnicamente posible, pero muy remota, la posibilidad de que se emplearan en la zona antenas francesas.
5. Ballesteros
Tanto las imágenes de las cámaras como los estudios antropométricos apuntan a Ballesteros como la persona que salía del Faisán minuto y medio después del chivatazo.
6. Confesión a la fuerza
La contundencia de las imágenes referidas llevaron a Ballesteros, tras muchas reticencias, a reconocerse como la persona que salía del bar. Un punto esencial para la investigación, que llevó a la Fiscalía a corregir su petición inicial de archivo. «Ante la confirmación de la presencia del imputado Sr. Ballesteros junto al acceso principal/norte del bar Faisán en los minutos inmediatamente previos y posteriores a producirse, saliendo del mismo apenas minuto y medio después de concluir la llamada que mantienen Ballesteros y Pamies entre las 11:23 y las 11:31 horas [...], no advierte este instructor [...] que exista una versión acorde a las máximas de la lógica o la razón que permita explicar, sin incurrir en incongruencia, la presencia de Ballesteros en la zona ese día y en tramos horarios tan significativos como los previamente consignados».
7. La coartada no vale
«Carece por el momento de fuerza exculpatoria, ni siquiera a efectos de ser valorado como contraindicio que pueda servir para desvirtuar los múltiples indicios acumulados frente a los imputados, la versión aportada por el Sr. Pamies en su declaración judicial». Así despacha el juez la alegación de Pamies de que sus llamadas y los movimientos de Ballesteros se explican por los preparativos para un encuentro con un confidente de ETA. El juez le ofreció interrogar en secreto al confidente, a lo que Pamies se negó. Esa versión «carece de consistencia o coherencia», dice Ruz, que no ve razonable que mandara a vigilar la frontera a quien, como Ballesteros, no conocía la zona. O que hiciera falta comprobar si había agentes desplegados cuando ya sabía que así era. Todas las llamadas del jefe superior de ese día están identificadas, por lo que ninguna podría corresponder a un confidente.
8. Sabía lo que había que hacer
Pocos policías conocían cinco «datos concretos» de la operación. Pamies era uno de ellos. «Estaba en conocimiento tanto de las informaciones denominadas de conocimiento general [...] como en las de conocimiento restringido». Uno de esos datos reservados era que Elosúa se había reunido la víspera con el fallecido dirigente del PNV Gorka Aguirre, lo que «hacía suponer su presunta intervención en el cobro del impuesto revolucionario».
9. Reacción inmediata
El juez se fija en «las consecuencias inmediatas» originadas por el chivatazo en la parte francesa. La reacción de Pamies al saber que Elosúa se dirigía a Francia -es decir, que aún podía ser detenido- es llamar inmediatamente a García Hidalgo. Y, cuando más tarde le informan de que en Francia también se ha frustrado la operación, vuelve a llamar al entonces director de la Policía.
10. «Disfunción jerárquica»
Ruz detecta en el tráfico de llamadas de los procesados «una clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando».
11. Cortes intrascendentes
El juez descarta que los cortes en la cinta que grabó la entrada del bar el día del chivatazo sean «relevantes» para la investigación. Los informes periciales no aclaran la causa de los cortes y, por el contrario, sí ofrecen datos que «avalan la investigación».
12. Memoria poco fiable
Elosúa afirma categórico que quien le pasó el móvil no era la persona -Ballesteros- a la que se ve saliendo del bar. Ruz resalta que el propio Elosúa ha dudado en ocasiones de su memoria y ha negado tajantemente cosas que luego se han demostrado ciertas
AGUSTÍN YANEL / Madrid
22/09/2011
El diputado del PP Federico Trillo-Figueroa, responsable del área de Justicia en su partido, destacó ayer que el caso Faisán «sigue abierto» y que el pleno de la Audiencia Nacional «ha ratificado que existió el chivatazo a ETA y, por tanto, el delito». El hecho de que el tribunal haya revocado el procesamiento del ex director de la Policía y otros dos mandos significa, según dijo, que los autores pueden ser esas personas y otras.
«Han fracasado las maniobras políticas para dar carpetazo y desviar el caso al Juzgado de Irún», indicó. «El PP, una vez más, confía en la actuación de la Justicia», añadió, y pidió al juez instructor que continúe investigando «hasta llegar a los culpables finales».
Ignacio Cosidó, también diputado del PP, afirmó que el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, es el «responsable político» del chivatazo y debería pedir disculpas a la ciudadanía.
Aunque el tribunal no ha archivado ni sobreseído provisionalmente el caso, sino que ha ordenado al juez que siga investigando, la diputada Elena Valenciano, directora de la campaña electoral del PSOE, dijo a través de su cuenta en Twitter que los socialistas están esperando que el PP pida disculpas por «las insidias y falsas acusaciones» que ha lanzado contra Pérez Rubalcaba por este asunto.
En ese mismo sentido se pronunció el socialista Antonio Hernando. «Espero que el PP ahora pida disculpas, porque llevan un año machacando y laminando a mucha gente, haciendo preguntas capciosas, insinuaciones, acusaciones encubiertas al ministro y a distintos cargos del Ministerio del Interior», declaró a la cadena Ser.
«Es una vergüenza lo que ha hecho el PP con este tema, y lo han visto todos los ciudadanos durante mucho tiempo», subrayó.
Al portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, le satisface que se haya revocado el procesamiento porque, según dijo, esa decisión supone que, de alguna manera, han sido «rehabilitados» tras soportar un «linchamiento político y mediático».
Considera «increíble» creer que hayan podido colaborar con ETA unos policías que se han distinguido precisamente por todo lo contrario, por luchar contra esa organización terrorista.
Por el contrario, a la diputada de UPyD, Rosa Díez, le sorprendió que los procesamientos hayan sido revocados porque, según dijo, para acordarlos basta con que existan «indicios» de delito. Por eso, pidió al juez Pablo Ruz que no se desanime por esa decisión y prosiga su investigación, porque se ha confirmado que existió un chivatazo a ETA y «si hay un delito habrá un delincuente», afirmó.
«No se van a poder librar porque, lo que hicieron, quien lo hiciera, fue muy grave; el que resiste gana y ganará la Justicia», dijo.
Ayer, horas antes de que el tribunal, el diputado Cosidó insinuó que el ministro del Interior, Antonio Camacho, busca ser diputado para blindarse en el caso Faisán.
«No es lo mismo inmunidad parlamentaria que impunidad», afirmó, en la sesión de control al Gobierno. «Si lo que usted está buscando con su escaño es la impunidad, se ha equivocado de camino». Camacho le respondió recordando los éxitos logrados contra ETA y la criminalidad.
EDITORIAL
Con Bermúdez ningún policía va nunca «caminito de Jerez»
LA DECISIÓN del Pleno de la Audiencia Nacional de revocar el procesamiento de los tres cargos policiales imputados por el caso Faisán es un triunfo de Javier Gómez Bermúdez, que ha conseguido lo esencial: embrollar el asunto y devolvérselo al juez con el pretexto de que no hay suficientes indicios para sentar en el banquillo a García Hidalgo, Pamies y Ballesteros.
Gómez Bermúdez ha sido el gran muñidor de esta operación y el instrumento, junto a la Fiscalía, que ha servido a Rubalcaba para neutralizar el caso Faisán en estos dos meses que restan hasta las elecciones. El Pleno de la Audiencia estaba fuertemente dividido entre quienes no veían delito o apreciaban que los acusados debían ser juzgados sólo por revelación de secretos y quienes eran partidarios de sentarles en el banquillo por cooperación con banda armada. Al final Gómez Bermúdez logró sacar adelante un compromiso aparentemente salomónico, pero que permite a Rubalcaba ganar tiempo y pone muy difíciles las cosas al juez Pablo Ruz, que tendrá que reabrir el caso e investigar para encontrar nuevas pruebas incriminatorias. Ello resultará muy difícil teniendo en cuenta la naturaleza del delito y que las conversaciones telefónicas clave entre esos mandos no quedaron grabadas.
El presidente de la Sala Penal de la Audiencia dijo durante el juicio del 11-M que todos los mandos policiales que hubieran cometido delitos irían «caminito de Jerez», o sea a la cárcel. No cumplió su palabra e hizo una sentencia para intentar contentar a todos sin poner en peligro la versión oficial de Interior. Ahora ha vuelto a anteponer una razón de Estado malentendida para evitar que un ex director general de la Policía y dos funcionarios se sentaran en el banquillo para ser juzgados por algo tan grave como haber colaborado con ETA.
No hay ni la menor duda de que las acusaciones contra los tres estaban sólidamente fundamentadas. El inspector Ballesteros se hallaba en el Bar Faisán en el momento del chivatazo, la llamada provenía del teléfono de su jefe Pamies y éste habló con García Hidalgo antes y después. Incluso la Fiscalía había admitido su culpabilidad al acusar a Pamies y Ballesteros de revelación de secretos, un delito tipificado con una pena muy inferior al de colaboración y por el que hubieran sido juzgados en Irún.
Para evitar verse afectados penalmente por este asunto, Rubalcaba y Camacho se han dedicado durante muchos meses a fomentar las hipótesis alternativas en una estrategia de sembrar la confusión. Los intoxicadores a su servicio han intentado implicar en el asunto a un jefe de seguridad del PSOE y al propio inspector que realizó la investigación interna por encargo del juez. Han propagado unas conjeturas sin base probatoria para intentar distraer la atención y debilitar la versión de Ruz.
No hay duda de que los autores de este delito han dado un gran paso hacia la impunidad, pero el juez Pablo Ruz, al que se le ha tirado por tierra todo su meritorio trabajo, no debe arrojar la toalla. Eso es lo que le gustaría a Rubalcaba, pero Ruz debe seguir trabajando en el caso y apurar todos los recursos dentro del Derecho para que los autores de este repugnante delito no queden sin castigo y vayan algún día «caminito de Jerez».
Gómez Bermúdez ha sido el gran muñidor de esta operación y el instrumento, junto a la Fiscalía, que ha servido a Rubalcaba para neutralizar el caso Faisán en estos dos meses que restan hasta las elecciones. El Pleno de la Audiencia estaba fuertemente dividido entre quienes no veían delito o apreciaban que los acusados debían ser juzgados sólo por revelación de secretos y quienes eran partidarios de sentarles en el banquillo por cooperación con banda armada. Al final Gómez Bermúdez logró sacar adelante un compromiso aparentemente salomónico, pero que permite a Rubalcaba ganar tiempo y pone muy difíciles las cosas al juez Pablo Ruz, que tendrá que reabrir el caso e investigar para encontrar nuevas pruebas incriminatorias. Ello resultará muy difícil teniendo en cuenta la naturaleza del delito y que las conversaciones telefónicas clave entre esos mandos no quedaron grabadas.
El presidente de la Sala Penal de la Audiencia dijo durante el juicio del 11-M que todos los mandos policiales que hubieran cometido delitos irían «caminito de Jerez», o sea a la cárcel. No cumplió su palabra e hizo una sentencia para intentar contentar a todos sin poner en peligro la versión oficial de Interior. Ahora ha vuelto a anteponer una razón de Estado malentendida para evitar que un ex director general de la Policía y dos funcionarios se sentaran en el banquillo para ser juzgados por algo tan grave como haber colaborado con ETA.
No hay ni la menor duda de que las acusaciones contra los tres estaban sólidamente fundamentadas. El inspector Ballesteros se hallaba en el Bar Faisán en el momento del chivatazo, la llamada provenía del teléfono de su jefe Pamies y éste habló con García Hidalgo antes y después. Incluso la Fiscalía había admitido su culpabilidad al acusar a Pamies y Ballesteros de revelación de secretos, un delito tipificado con una pena muy inferior al de colaboración y por el que hubieran sido juzgados en Irún.
Para evitar verse afectados penalmente por este asunto, Rubalcaba y Camacho se han dedicado durante muchos meses a fomentar las hipótesis alternativas en una estrategia de sembrar la confusión. Los intoxicadores a su servicio han intentado implicar en el asunto a un jefe de seguridad del PSOE y al propio inspector que realizó la investigación interna por encargo del juez. Han propagado unas conjeturas sin base probatoria para intentar distraer la atención y debilitar la versión de Ruz.
No hay duda de que los autores de este delito han dado un gran paso hacia la impunidad, pero el juez Pablo Ruz, al que se le ha tirado por tierra todo su meritorio trabajo, no debe arrojar la toalla. Eso es lo que le gustaría a Rubalcaba, pero Ruz debe seguir trabajando en el caso y apurar todos los recursos dentro del Derecho para que los autores de este repugnante delito no queden sin castigo y vayan algún día «caminito de Jerez».
Paso atrás en el 'caso Faisán'
La decisión consensuada por el Pleno revoca los tres procesamientos del chivatazoSeguirá en la Audiencia Nacional y se ordena al juez Ruz que siga investigando
Fuentes de la Sala indican que la mitad del Pleno, siete magistrados, eran partidarios de confirmar los procesamientos y mantener el asunto en la Audiencia. Otro respaldaba igualmente al instructor, aunque consideraba el caso competencia de un juzgado de Irún. Los otros seis se repartían entre quienes propugnaban el archivo -al menos dos de ellos con claridad- y los que, incluido Gómez Bermúdez, dudaban de la suficiencia de los indicios y de la competencia de la Audiencia Nacional.
La divergencia en las posturas con las que los magistrados iniciaron las deliberaciones se extendió luego a la interpretación de lo acordado. Mientras desde un bloque se resalta que se ha logrado «mantener el caso» en la Audiencia, desde el otro se subraya que se trata de «un paso claro» hacia el archivo o la salida del caso hacia a un juzgado ordinario.
De lo que no hay duda es de que, al margen de cómo evolucione el caso en los próximos meses, lo decidido ayer es una excelente noticia para los hasta ahora procesados. El ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros ven como sus peticiones de archivo o de enviar el caso a Irún han sido rechazadas, pero vuelven a la menos comprometida situación de imputados y se sitúan así un paso más lejos del juicio. En el caso de Hidalgo, la decisión del Pleno llega al día siguiente de que la Fiscalía desvelara que no veía indicios en su contra.
«Revocamos el auto de procesamiento por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación», indica la nota elaborada ayer tarde por los magistrados, que sí tienen claro que lo que sucedió la mañana del 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán «reviste los caracteres de delito».
En el debate mantenido mañana y tarde, los magistrados expusieron las lagunas que a su juicio persisten en la investigación. De ahí la referencia la «más amplia investigación» que supone mantener el caso abierto y en la Audiencia.
El punto de partida del Pleno fue la ponencia presentada por el magistrado José Ricardo de Prada, que expuso las supuestas lagunas de la investigación y respaldó el archivo de la causa. El planteamiento y el tono, sin embargo, no fueron tan contundentes como los expuestos hace unos meses en un voto particular en el que avalaba la actuación de los supuesto autores del soplo por estar actuando a favor del proceso de paz.
Las pesquisas fueron abiertas por Fernando Grande-Marlaska y proseguidas por Baltasar Garzón y, en la etapa final, por Ruz, que aparece como pagano de la resolución pactada por del Pleno pese a haber contado con el respaldo inicial de la mayoría de los jueces. Ruz, que consideraba concluida la investigación, deberá esperar al auto de la Sala para orientar las nuevas pesquisas.
Los puntos que según fuentes de la Sala se recogerán en el auto -que tardará unos días en redactarse- coinciden en buen aparte con lo reclamado y denegado a las defensas. Por ejemplo, la ampliación de la franja horaria acotada por los investigadores para ubicar la llamada del soplo. O la toma de declaración de todos los agentes que participaron de alguna forma en las vigilancias del Faisán u otras tareas el día del soplo. También está previsto indicar al instructor que para su investigación puede echar mano de otras unidades de las Fuerzas de Seguridad distintas al equipo investigador, al que las defensas señalan continuamente como contaminado, al entrar en la lista de teóricos sospechosos del soplo.
Al centrarse el debate en la existencia o no de indicios, y llegar a la conclusión de que no los hay, queda sin respuesta la cuestión de «la complejidad e importancia jurídica» a la que Bermúdez apeló para avocar el asunto al Pleno, retirándoselo a la Sección que hasta entonces había avalado la actuación del juez Ruz: si la condición de policías de los hasta ahora procesados impedía la posibilidad de que cometieran un delitos de colaboración terrorista. «No se ha analizado la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos», indican los magistrados.
Así pues, la prórroga convenida ayer por el Pleno supone que tanto la posibilidad de que unos policías cometieran el delito de colaboración como la existencia o no, definitivamente, de indicios contra los tres imputados quedará sin respuesta definitiva durante unos meses.
Madrid
22/09/2011
«¿Pretenden esperar al 20-N?»
La Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, lamentó ayer la decisión de la Audiencia Nacional: «¿Qué pretenden, esperar a después de las elecciones? ¿Por qué tienen tanto miedo de que sepamos quiénes son los responsables del chivatazo?», se preguntó.También ayer, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, se quejó de que la decisión representa «una pirueta judicial en la que, una vez más, se tira del chicle de la Justicia amoldándolo a las circunstancias del momento; esto es, la campaña electoral».
«Es un paso atrás enorme. Al final, con este tipo de actuaciones nunca se sabrá la verdad», consideró.
Otro representante de las víctimas, el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, calificó de «argucia legal» la resolución de la Audiencia Nacional y la achacó a la «falta de valentía», informa Europa Press.
A su juicio, la decisión demuestra que hay «una parte» de la Justicia española que está «muy influida» por la situación política, y se mostró convencido de que no hubiera sido la misma sin un Gobierno «que negocia con la organización terrorista» y «ha presionado».
Desde otro punto de vista, el secretario general de la CEP, Ignacio López, en declaraciones a Servimedia, pidió al juez Ruz que aplique el «máximo celo» en aclarar «el mayor escándalo de la historia moderna de la Policía».
José María Benito, portavoz del SUP, afirmó que la resolución es algo «positivo», porque su sindicato lleva tiempo diciendo que se estaba acusando a «inocentes» de dar el soplo a la banda etarra. «Hay que buscar a los auténticos y verdaderos culpables del chivatazo», señaló
M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid
22/09/2011
El juez Ruz concretó hasta doce indicios
Entre ellos, el vídeo grabado a uno de los sospechosos saliendo del bar FaisánEl juez Ruz desglosó hasta una docena de indicios contra los sospechosos en el auto de procesamiento.
1. Una confesión en familia
El origen de la investigación está en una indiscreción de Elosúa. Pese a que le habían advertido de que no hablara del soplo ni siquiera en el coche, lo hace de manera «espontánea», cuando viaja a Francia para advertir a otro miembro de la red.
2. Declaraciones coincidentes
Elosúa ofrece a la Policía y al juez muchos datos útiles sobre la llamada clave. Dice que se produjo entre 10 y 15 minutos después de su llegada al bar, lo que la sitúa entre las 11.20 y las 11.30 horas. También revela que es saliente: «Hizo una llamada por el teléfono móvil, pasándoselo para que hablara con un compañero», según consta en una declaración policial. Y, finalmente, que duró entre cinco y 10 minutos.
El resultado apunta a una única llamada: la efectuada a las 11.23, saliente, de Ballesteros a Pamies y que dura ocho minutos y 11 segundos. Elosúa piensa «desde el primer momento» que le ha llamado un policía. En las conversaciones grabadas repite que fue «un txakurra», «un poli», «un madero», «los maderos», dice.
El juez resalta un dato que excluye la implicación de los propios investigadores. Todos ellos conocían bien a Elosúa y los lugares que frecuentaba, pero quien le pasa el móvil ni sabe dónde vive. En el bar pregunta por Elosúa al propio dueño del bar. Las descripciones físicas que aportan Elosúa y su mujer «presentan aspectos diversos de gran similitud o encaje con la apariencia física del Sr. Ballesteros», según Ruz.
3. Las llamadas
Los tres repetidores de telefonía que cubren la zona investigada registraron 1.932 llamadas entre las 11.00 y las 12.00 horas de aquel 4 de mayo. Descartando las que no cuadran con lo indicado por Elosúa, quedan 63. Y sólo una de ellas es entre policías.
4. Conclusiones «correctas»
Los peritos de Telefónica convocados por el juez señalaron que las conclusiones del equipo investigador «son correctas». Además, descartaron que las llamadas de la zona del Faisán emplearan repetidores españoles no investigados. Y lo que es más relevante -puesto que las defensas hacían hincapié en ello-, ven técnicamente posible, pero muy remota, la posibilidad de que se emplearan en la zona antenas francesas.
5. Ballesteros
Tanto las imágenes de las cámaras como los estudios antropométricos apuntan a Ballesteros como la persona que salía del Faisán minuto y medio después del chivatazo.
6. Confesión a la fuerza
La contundencia de las imágenes referidas llevaron a Ballesteros, tras muchas reticencias, a reconocerse como la persona que salía del bar. Un punto esencial para la investigación, que llevó a la Fiscalía a corregir su petición inicial de archivo. «Ante la confirmación de la presencia del imputado Sr. Ballesteros junto al acceso principal/norte del bar Faisán en los minutos inmediatamente previos y posteriores a producirse, saliendo del mismo apenas minuto y medio después de concluir la llamada que mantienen Ballesteros y Pamies entre las 11:23 y las 11:31 horas [...], no advierte este instructor [...] que exista una versión acorde a las máximas de la lógica o la razón que permita explicar, sin incurrir en incongruencia, la presencia de Ballesteros en la zona ese día y en tramos horarios tan significativos como los previamente consignados».
7. La coartada no vale
«Carece por el momento de fuerza exculpatoria, ni siquiera a efectos de ser valorado como contraindicio que pueda servir para desvirtuar los múltiples indicios acumulados frente a los imputados, la versión aportada por el Sr. Pamies en su declaración judicial». Así despacha el juez la alegación de Pamies de que sus llamadas y los movimientos de Ballesteros se explican por los preparativos para un encuentro con un confidente de ETA. El juez le ofreció interrogar en secreto al confidente, a lo que Pamies se negó. Esa versión «carece de consistencia o coherencia», dice Ruz, que no ve razonable que mandara a vigilar la frontera a quien, como Ballesteros, no conocía la zona. O que hiciera falta comprobar si había agentes desplegados cuando ya sabía que así era. Todas las llamadas del jefe superior de ese día están identificadas, por lo que ninguna podría corresponder a un confidente.
8. Sabía lo que había que hacer
Pocos policías conocían cinco «datos concretos» de la operación. Pamies era uno de ellos. «Estaba en conocimiento tanto de las informaciones denominadas de conocimiento general [...] como en las de conocimiento restringido». Uno de esos datos reservados era que Elosúa se había reunido la víspera con el fallecido dirigente del PNV Gorka Aguirre, lo que «hacía suponer su presunta intervención en el cobro del impuesto revolucionario».
9. Reacción inmediata
El juez se fija en «las consecuencias inmediatas» originadas por el chivatazo en la parte francesa. La reacción de Pamies al saber que Elosúa se dirigía a Francia -es decir, que aún podía ser detenido- es llamar inmediatamente a García Hidalgo. Y, cuando más tarde le informan de que en Francia también se ha frustrado la operación, vuelve a llamar al entonces director de la Policía.
10. «Disfunción jerárquica»
Ruz detecta en el tráfico de llamadas de los procesados «una clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando».
11. Cortes intrascendentes
El juez descarta que los cortes en la cinta que grabó la entrada del bar el día del chivatazo sean «relevantes» para la investigación. Los informes periciales no aclaran la causa de los cortes y, por el contrario, sí ofrecen datos que «avalan la investigación».
12. Memoria poco fiable
Elosúa afirma categórico que quien le pasó el móvil no era la persona -Ballesteros- a la que se ve saliendo del bar. Ruz resalta que el propio Elosúa ha dudado en ocasiones de su memoria y ha negado tajantemente cosas que luego se han demostrado ciertas
AGUSTÍN YANEL / Madrid
22/09/2011
El PP destaca que el caso sigue abierto
El PSOE exige disculpas a los 'populares' y ellos dicen que debe hacerlo RubalcabaEl diputado del PP Federico Trillo-Figueroa, responsable del área de Justicia en su partido, destacó ayer que el caso Faisán «sigue abierto» y que el pleno de la Audiencia Nacional «ha ratificado que existió el chivatazo a ETA y, por tanto, el delito». El hecho de que el tribunal haya revocado el procesamiento del ex director de la Policía y otros dos mandos significa, según dijo, que los autores pueden ser esas personas y otras.
«Han fracasado las maniobras políticas para dar carpetazo y desviar el caso al Juzgado de Irún», indicó. «El PP, una vez más, confía en la actuación de la Justicia», añadió, y pidió al juez instructor que continúe investigando «hasta llegar a los culpables finales».
Ignacio Cosidó, también diputado del PP, afirmó que el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, es el «responsable político» del chivatazo y debería pedir disculpas a la ciudadanía.
Aunque el tribunal no ha archivado ni sobreseído provisionalmente el caso, sino que ha ordenado al juez que siga investigando, la diputada Elena Valenciano, directora de la campaña electoral del PSOE, dijo a través de su cuenta en Twitter que los socialistas están esperando que el PP pida disculpas por «las insidias y falsas acusaciones» que ha lanzado contra Pérez Rubalcaba por este asunto.
En ese mismo sentido se pronunció el socialista Antonio Hernando. «Espero que el PP ahora pida disculpas, porque llevan un año machacando y laminando a mucha gente, haciendo preguntas capciosas, insinuaciones, acusaciones encubiertas al ministro y a distintos cargos del Ministerio del Interior», declaró a la cadena Ser.
«Es una vergüenza lo que ha hecho el PP con este tema, y lo han visto todos los ciudadanos durante mucho tiempo», subrayó.
Al portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, le satisface que se haya revocado el procesamiento porque, según dijo, esa decisión supone que, de alguna manera, han sido «rehabilitados» tras soportar un «linchamiento político y mediático».
Considera «increíble» creer que hayan podido colaborar con ETA unos policías que se han distinguido precisamente por todo lo contrario, por luchar contra esa organización terrorista.
Por el contrario, a la diputada de UPyD, Rosa Díez, le sorprendió que los procesamientos hayan sido revocados porque, según dijo, para acordarlos basta con que existan «indicios» de delito. Por eso, pidió al juez Pablo Ruz que no se desanime por esa decisión y prosiga su investigación, porque se ha confirmado que existió un chivatazo a ETA y «si hay un delito habrá un delincuente», afirmó.
«No se van a poder librar porque, lo que hicieron, quien lo hiciera, fue muy grave; el que resiste gana y ganará la Justicia», dijo.
Ayer, horas antes de que el tribunal, el diputado Cosidó insinuó que el ministro del Interior, Antonio Camacho, busca ser diputado para blindarse en el caso Faisán.
«No es lo mismo inmunidad parlamentaria que impunidad», afirmó, en la sesión de control al Gobierno. «Si lo que usted está buscando con su escaño es la impunidad, se ha equivocado de camino». Camacho le respondió recordando los éxitos logrados contra ETA y la criminalidad.
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