| TEXTO ÍNTEGRO DE LA PETICIÓN Y SUS FIRMANTES
Los firmantes de esta petición, periodistas españoles, queremos llamar la atención del Parlamento Europeo sobre la existencia de una operación política en nuestro país destinada a desposeer a la segunda cadena de radio más importante de España de todas sus emisoras en Cataluña. Esta iniciativa contraviene los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y el artículo 11(2) de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Si no se evita a tiempo, miles de ciudadanos perderán su derecho a escuchar los programas radiofónicos que libremente han sintonizado durante años. Las leyes europeas establecen que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas".
La operación política que se ha puesto en marcha en España, si se consuma, hará imposible el ejercicio de ese derecho fundamental en una amplia zona geográfica de la Unión. Pedimos al Parlamento Europeo que llame la atención sobre esta violación de los derechos de los ciudadanos cometida por instituciones de un Estado miembro.
Este es el relato de los hechos:
En mayo de 1999, la Generalitat de Cataluña arrebató a la cadena COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal Española, todas sus frecuencias en FM en Tarragona, Manresa y Barcelona.
El 16 de marzo de 2000, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció que, con aquella decisión, el gobierno catalán había vulnerado el derecho fundamental de la libertad de expresión.
El 6 de septiembre de 2005, a pesar de todo, el gobierno de la Generalitat acordó continuar con los procedimientos de readjudicación de las emisoras que se vieron afectadas por la sentencia del 16 de marzo del 2000.
La decisión política de la Generalitat acredita el riesgo de que la cadena COPE sea desposeída en Cataluña de las frecuencias de las que ha sido titular desde la fecha de su adjudicación.
Durante los últimos meses muchas voces han denunciado, en vano, el propósito liberticida del gobierno catalán:
El 3 de octubre de 2005 la Junta Directiva de la Asociación Española de Radiofusión Comercial remitió una carta al gobierno autonómico pidiendo que respete definitivamente la propiedad de las emisoras en FM de la COPE en Cataluña. "Cualquier otra solución distinta a la que proponemos –dice textualmente la carta– conculcaría el derecho a la libertad de expresión".
El 24 de octubre de 2005, la Asociación Internacional de Radiodifusión, que representa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de las tres Américas y Europa, se dirigió al Secretario de Comunicación de la Generalitat recordándole que su criterio es el de "otorgar las concesiones a quienes vienen ostentando su titularidad y posesión sin interrupción".
El 4 de noviembre de 2005, la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión hizo pública una nota en la que, entre otras cosas, afirma que "la insidiosa e injusta campaña contra la COPE vulnera totalmente los derechos de la libertad de expresión". Y añade: "Nunca se había cometido tamaña tropelía sobre un medio de comunicación".
El 8 de noviembre de 2005, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, que aglutina a todos los medios audiovisuales privados de España, emitió un comunicado para mostrar su respaldo a la cadena amenazada. El comunicado considera que la no renovación de las licencias de la COPE en Cataluña supondría "un ataque sin precedentes a la libertad de expresión".
Hasta ahora, ninguna de estas reclamaciones de las distintas agrupaciones profesionales ha servido para que las autoridades catalanas reconsideren su posición. Al contrario. Su beligerancia contra la COPE y sus profesionales ha ido en aumento.
El ministro de Industria del Gobierno español, José Montilla, de quien depende la regulación del espacio radioeléctrico, a pesar de su papel de regulador, ha respondido a las críticas acusando a la cadena de radio de “lanzar mensajes que incitan al odio, la división y la confrontación".
El propio Montilla calificó después al director del principal programa informativo de la emisora, Federico Jiménez Losantos, y a otros periodistas que salieron en su defensa, de “personas amorales de la derecha más extrema”. Se da la circunstancia de que Jiménez Losantos sufrió un atentado terrorista en mayo de 1981, reivindicado por el grupo "Terra Lliure", por firmar un manifiesto que defendía la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña. Tras el atentado, todos los firmantes del manifiesto y más de 14.000 profesores castellanohablantes decidieron abandonar Cataluña.
El 23 de noviembre de 2005, una delegación oficial del Gobierno catalán viajó al Vaticano para presentar una queja formal por “los contenidos anticatalanes” que difunde la cadena.
Teniendo en cuenta que quien gobierna en Cataluña es el mismo partido al que pertenece el ministro Montilla, que tiene competencias sobre el funcionamiento de los medios de comunicación y facultades administrativas en el sector, la decisión de cercenar la libertad de expresión de la COPE se antoja inminente. Ante este hecho, las instituciones europeas no pueden permanecer inactivas.
Los firmantes de esta petición solicitamos que el Parlamento Europeo investigue con carácter de urgencia los hechos denunciados, certifique su veracidad y obre después en consecuencia.
FIRMANTES
Pedro J. Ramírez, director del diario “El Mundo”
Antonio Mingote, miembro de la Real Academia de la Lengua
Alfonso Ussía, escritor y periodista
Javier Rubio, director de “Libertad Digital”
Tomás Cuesta, miembro fundador del diario “La Razón”
Melchor Miralles, director general de “El Mundo TV”
Amando de Miguel, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense
Cayetana Álvarez de Toledo, Doctora en Historia por la Universidad de Oxford
Luís Herrero-Tejedor, MEP y periodista http://www.luisherrero.net
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