jueves, enero 12, 2006

Deconstruyendo el Estatuto (XXII y XXIII) - AVQ en BCN




ABSURDA REVOLUCIÓN
ABSURDO:
Contrario y opuesto a la razón; que no tiene sentido. (DRAE)

REVOLUCION: Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación.(DRAE)
Ambas definiciones son aplicables a lo acontecido el 11M en Madrid.
Desde entonces trabajamos para conocer la verdad, honrar la sangre derramada, y defender nuestra LIBERTAD.


http://nacionalismo.blogs.com/byebyespain/2004/09/post.html
... si los límites de la Carta Magna «fuesen sobrepasados», sería de «aplicación el artículo octavo de la Constitución: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional».

Teniente general Mena
http://areslabones.blogspot.com/


Deconstruyendo el Estatuto (XXII y XXIII)




Artículo 48. Movilidad y seguridad vial

1. Los poderes públicos deben promover políticas de transporte y de comunicación, basadas en criterios de sostenibilidad, que fomenten la utilización del transporte público y la mejora de la movilidad garantizando la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

2. Los poderes públicos deben impulsar, de forma prioritaria, las medidas destinadas al incremento de la seguridad vial y la disminución de los accidentes de tráfico, con especial incidencia en la prevención, la educación vial y la atención a las víctimas.

No me he entretenido en contar cuántas veces aparece la palabra sostenibilidad en el estatuto. Es, imagino, el necesario peaje a Izquierda Unida, aquí llamada Iniciativa. Sí, los comunistas, que aunque parezca increíble gobierna a todo trapo en una de las comunidades más industriales y prósperas de España.

Cuanto más se avanza más claro se ve que este estatuto se ha llenado de cosas inútiles con dos únicas finalidades: deslumbrar a todo tipo de colectivos diciéndoles “¿veis? Hemos pensado en vosotros” y, sobre todo, marear la perdiz para que las cuestiones de fondo, lo verdaderamente importante, se pierda en el bosque de un articulado demencial. Pero ¿es que alguien cree que alguna constitución de algún país serio del mundo contempla en su articulado el fomento del transporte público y la lucha contra los accidentes de tráfico? Estamos en manos de una pandilla de pirados.

Artículo 50. Fomento y la difusión del catalán

1. Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y deben fomentar su uso, difusión y conocimiento. Estos principios también deben aplicarse con respecto al aranés.

¿Y aquella otra lengua que también se hablaba aquí? Sí, hombre... ¿cómo era? Ah, sí, el castellano. Bueno, esa ya la protegerá el estado, ¿no? Pues no, porque la Generalitat tiene competencias exclusivas en materia lingüística, y de enseñanza, y de cultura,...

2. El Gobierno, las universidades y las instituciones de enseñanza superior, en el ámbito de las competencias respectivas, deben adoptar las medidas pertinentes para garantizar el uso del catalán en todos los ámbitos de las actividades docentes, no docentes y de investigación.

Ojo: también en las actividades no docentes. Que ya está bien, hombre, que se ha visto a profesores contar chistes en castellano en el bar de la facultad, y eso no puede ser.

3. Las políticas de fomento del catalán deben extenderse al conjunto del Estado, a la Unión Europea y al resto del mundo.

Sí, sí, habéis leído bien. Creo que alguien propuso incluir al resto del universo o de la galaxia, pero aquel día era por la mañana temprano y Maragall aún estaba en condiciones de decir que no.

4. Los poderes públicos deben promover que los datos que figuren en el etiquetado, en el embalaje y en las instrucciones de uso de los productos distribuidos en Cataluña consten al menos en catalán.

Hubiera sido sencillo decir “en cualquiera de los idiomas oficiales de Cataluña”, si el objetivo fuese que el consumidor pudiese entender el mensaje de la etiqueta. Pero claro, se trata de otra cosa: si hay que gastarse el dinero en etiquetar para Cataluña, y un idioma es obligatorio y el otro no, pues nos lo ahorramos.

5. La Generalidad, la Administración local y las demás corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y las empresas que dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas y en la relación entre ellos. También deben utilizarlo en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en Cataluña, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo piden.

Habéis vuelto a leer bien. Cualquiera que sea concesionario de un servicio de la Generalitat debe utilizar el catalán en sus actuaciones ¡internas! Y en las comunicaciones con terceros. O sea, que no se les ocurra escribir una carta en castellano por la mera razón de que el director se exprese mejor en esa lengua. Ni hablar, salvo que lo pidan, en uso de un derecho que, por cierto, parece de protección más que dudosa.

6. Los poderes públicos deben garantizar el uso de la lengua de signos catalana y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten por esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto.

Curioso: la lengua de los sordos merece mayor consideración que el castellano. Yo no he visto en el estatuto ninguna mención a que el español merezca protección y respeto.

7. El Estado, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, debe apoyar la aplicación de los principios establecidos por el presente artículo. Deben establecerse los instrumentos de coordinación y, si procede, de actuación conjunta para que sean más efectivos.

Eso, a ver si os enteráis: el ominoso estado español tiene que apoyar estos principios. Y a poder ser pagarlos, claro, ya puestos,...


Germont miembro de AR y FL
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“EL NUEVO ESTATUTO DE CATALUÑA:
NADA QUE GANAR, MUCHO QUE PERDER”

ALEJO VIDAL-QUADRAS
Barcelona 09-01-2006




Barcelona, sábado 4 de febrero
"Por la Unidad de España, la igualdad y la solidaridad de todos"




Ha cambiado la fecha elegida por la organización Convivencia Cívica Catalana para celebrar una nueva concentración en contra del Estatut, esta vez en Barcelona. Entre las personalidades que apoyan esta plataforma está el eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras.

Esta convocatoria fué publicada aquí según información aparecida en El Plural, y en la que se anunciaba la convocatoria para el 28 de enero.





56 MANDOS MILITARES en la reserva recuerdan a Zapatero que el malestar sí es generalizado

Pese a que el Gobierno había intentado reducir las palabras del teniente general Mena a un hecho aislado, lo cierto es que la reacción de numerosos militares en defensa de su compañero no se ha hecho esperar. La cúpula militar ya ha filtrado su malestar por la "utilización política" que está haciendo el Ejecutivo de este asunto. Mientras, cincuenta altos mandos en la reserva han firmado una carta publicada en La Razón en la que aseguran que el discurso de Mena es "fiel reflejo" del sentir de muchos militares. En el ABC otra media docena de altos mandos retirados ha hecho lo mismo.

(Libertad Digital) El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho este martes que la actuación del Ejecutivo ante las palabras del teniente general José Mena ha sido "acertada y elemental en democracia" y rechazó tajantemente que esas declaraciones reflejen un malestar en amplios sectores del Ejército. "En absoluto", respondió al ser preguntado por el malestar en la familia castrense.

Zapatero se refirió por vez primera públicamente a este asunto en un desayuno informativo organizado en Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía. El jefe del Ejecutivo dijo que cualquier funcionario público, y, en este caso, dentro del ámbito militar, tiene unas reglas y ordenanzas que cumplir, y cuando no se cumplen, el Gobierno debe actuar porque es su "obligación constitucional". A la hora en la que comenzó su intervención, el presidente del Gobierno ya habría sido informado de lo que este martes publicaba la prensa.
 
Carta abierta en defensa de Mena
 
"Como componentes de la XIX Promoción de la Academia General Militar, la misma a la que pertenece el teniente general Mena Aguado, deseamos mediante esta carta testimoniarle nuestro apoyo y solidaridad en los difíciles momentos que está viviendo". Con este párrafo comienza la carta que Jesús Méndez Martín, coronel de Infantería (retirado), J. Manuel Villa Pascual, coronel de la Guardia Civil, (retirado) y Antonio Moral Villanueva, general de la Guardia Civil (retirado) han publicado en el diario La Razón.
 
A la misiva se han sumado otros cincuenta mandos militares (retirados), entre ellos los generales José Villalobos Villar, Fernando Abacens Vera, Tomás Meroño Parra, Carlos Álvarez Tejero y José Delgado Delgado, así como coroneles y el comandante de la Guardia Civil Manuel Calle Arcal.
 
En la carta, los mandos dicen estar "seguros" de que el discurso oficial del teniente general Mena "son un fiel reflejo de la opinión, la inquietud y el sentir de muchos de los mandos y subordinados de las unidades a sus órdenes". "Una opinión y un sentir que, sin duda, el Gobierno ya tenía que conocer perfectamente a través de otros cauces oficiales y, muy especialmente, de los Servicios de Inteligencia o Información del Ministerio de Defensa", añaden en la misiva. El medio centenar de mandos considera "que crearía más alarma social que la, supuestamente, originada por las palabras de nuestro compañero, el hecho de que la sociedad española llegara al deplorable convencimiento de que sus Fuerzas Armadas están al margen de estas preocupaciones, miran para otro lado y no tienen opinión formada al respecto".
 
En la misma línea, la sección de cartas al director del diario ABC aparece copada por completo por cartas de militares en la reserva en defensa de su compañero José Mena Aguado. Todas las misivas se refieren al mismo asunto y van en la misma línea argumental. Están firmadas por mandos en la reserva como Ángel Lobo, teniente general, Antonio Eleta, general de división, José Ramón Pardo, teniente general, J. A. Camacho, coronel de Infantería, y Fernando La Calle, coronel de Artillería.
 
De forma menos explícita, parte de la cúpula militar también ha mostrado su pesar al diario El Mundo por la instrumentalización política que se está haciendo del caso Mena. Fuentes consultadas por este periódico han criticado que "se utilice a los militares para intentar sacar rédito político. Es cierto que uno ha fallado, pero ha sido castigado por ello como correspondía y el asunto no debe ir más allá. No debe aprovecharse para hacer política". El clima es de "preocupación y tristeza", reiteran las fuentes militares consultadas.

http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276269265.html




PARA MOSTRAR TU APOYO AL TENIENTE GENERAL MENA
http://protestalibre.blogspot.com/2006/01/pide-el-cese-inmediato-del-jefe-del.html



El presidente de la Asociación de Militares Españoles (AME), coronel José Conde Monge en la COPE

http://www.lalinterna.com/audios/politica-090106.mp3





De paseo por Barcelona:

“EL NUEVO ESTATUTO DE CATALUÑA: NADA QUE GANAR, MUCHO QUE PERDER”


http://i19.photobucket.com/albums/b194/absurdarevolucion/20060109-AVQ_BCN_RITZ.jpg

Escucha el audio de la conferncia en:
http://absurdar.blogspot.com/2006/01/alejo-vidal-quadras.html


Conferencia organizada por la Fundación Concordia y pronunciada por su Presidente, Aleix Vidal-Quadras, en el Hotel Palace de Barcelona el 9 de enero de 2006
Muy buenas noches a todos y feliz año 2006 para aquellos a los que todavía no había tenido ocasión de deseárselo personalmente. Os agradezco una vez más vuestra respuesta a una convocatoria de la Fundación Concordia para llevar a cabo una reflexión conjunta sobre los grandes temas que afectan de manera decisiva a la sociedad catalana y a la española en su conjunto.
Hace cuatro meses en esta misma sala, la Fundación lanzó una llamada de atención sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en aquella fecha, principios de septiembre, se acababa de aprobar por la ponencia del Parlamento de Cataluña que lo había estado elaborando durante cerca de dos años. Y lo hizo porque hasta aquel momento nadie desde Cataluña, repito, nadie, había alertado con la sonoridad requerida a la ciudadanía catalana y a la del resto de España de la extrema peligrosidad del documento al que, reunión tras reunión, a lo largo de muchos meses, un equipo redactor formado por representantes de todos, y subrayo, todos, los partidos del arco parlamentario catalán, había ido dando cuerpo en largas y densas deliberaciones, continuamente asistidos por el Institut d´Estudis Autonòmics.
Un repaso de las hemerotecas para seguir la temperatura del debate durante aquel dilatado período produce asombro. El sigilo era casi absoluto y recordaba, paradojas de la vida, la frase de la carta de Olivares a Felipe IV en la que le instaba a trabajar “con consejo mudado y secreto”. Bajo la superficie del volcán, era tenuemente audible el borboteo sordo de la lava que auguraba la terrible erupción, pero el encargado de los sismógrafos ocultaba deliberadamente los registros, crecientemente inquietantes. ¿Por qué? ¿Cuál podía ser la explicación de tan extraño proceder? ¿Qué justificación se puede dar a la pérdida de un tiempo precioso que se hubiera debido aprovechar para crear anticipadamente un estado de opinión lo más amplio e intenso posible en contra de la aberración jurídica y política que ahora abre cada día las portadas de los periódicos? En el caso de los nacionalistas, está claro. Nadie suele avisar al enemigo antes del ataque para ayudarle a prepararse a repelerlo. Pero, ¿Y los que tenían la obligación política de subir al campanario y percutir el bronce hasta cansarse a la mínima señal de sombras amenazadoras en el horizonte? ¿De qué sirve un centinela si sestea en su garita mientras las fuerzas contrarias van ocupando tranquilamente posiciones de ventaja? Inaudito.
Permitidme otro ejemplo igualmente significativo: la ley de creación del Consell Audiovisual de Catalunya. La lectura de un elocuente párrafo de la exposición de motivos de esta edificante norma nos ayudará a situarnos. Dicen los preclaros legisladores nacionalistas: “Esta ley se fundamenta en el derecho de los ciudadanos de Cataluña a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a un abanico de tradiciones y a su entorno simbólico”. Vale. Escuchemos a continuación para orientarnos las palabras que el ministro de Justicia del III Reich, Hans Frank, creador del Volkergerichtshof, dirigió a los jueces que integraban este Tribunal especial para iluminarles en su noble tarea: “La ideología nacionalista es el fundamento de todas las leyes básicas. No existe ninguna independencia de la ley respecto al nacionalsocialismo. En cada decisión que adopten, díganse a si mismos ¿Cómo actuaría el Führer en mi lugar? En cada sentencia que emitan, pregúntense ¿Es compatible con la conciencia del pueblo alemán?” Es obvio que en su dictamen sobre la COPE, el amigo Carbonell se planteó la cuestión en estos términos: “¿Reflejan adecuadamente las opiniones y las informaciones difundidas por la COPE la realidad inmediata de Cataluña y utiliza esta emisora formas expresivas suficientemente vinculadas a nuestro abanico de tradiciones y su entorno simbólico?” Sólo le faltaba plantearse: ¿Cómo escribiría este dictamen Carod-Rovira? Y así le salió, naturalmente.
Pues bien, ante la perspectiva de crear por ley un órgano político de control de la libertad de expresión con facultades para sancionar e incluso clausurar medios de comunicación, iniciativa de todo punto inadmisible en una sociedad abierta, ningún grupo parlamentario de la Cámara autonómica catalana puso la menor pega, es más, hubo unanimidad en la ponencia designada al efecto. Cuando determinados comentaristas y la dirección nacional del partido que en teoría vela en Cataluña por que los derechos de los ciudadanos no sean barridos por el vendaval identitario, pusieron el grito en el cielo, y sólo entonces, se procedió a pedir una opinión al Consell Consultiu. Esta acción paralizó el trámite, pero ante el deseo del tripartito de que el asunto pudiese ser resuelto antes de Navidad, se retiró la solicitud de consulta con el fin de acelerar el procedimiento, eso sí, votando en contra en el pleno tras una intervención políticamente inane en la que lo único que faltaba era pedir excusas por el atrevimiento de discrepar. Así están las cosas.
La curiosa teoría que subyacía al incomprensible comportamiento de silencio y cuerpo a tierra durante la preparación del proyecto de nuevo Estatuto era la siguiente: Nunca habrá acuerdo entre el tripartito y CiU, por tanto, como no habrá Estatuto, lo mejor es adoptar un perfil bajo y discreto, dejar que se aniquilen entre sí y al final emerger incólume como paradigma de moderación, diálogo y centralidad. Bajo tan estimulante enfoque, se llegó a declarar en cierta ocasión que si todos los demás partidos estaban de acuerdo en denominar nación a Cataluña en el Estatuto, no sería el Partido Popular el que crease problemas. Después, como siempre, ante el escándalo creado, vinieron las rectificaciones renuentes y la aceptación resignada de las directrices emanadas desde arriba, actitud profundamente desmoralizadora para los propios y fuente de inmenso regocijo para los adversarios.
Vamos a ver cuál hubiera debido ser, desde mi modesto punto de vista, el análisis durante la elaboración del proyecto. El riesgo es el producto de una probabilidad por un daño. Suponiendo que la probabilidad de que los nacionalistas llegasen a un acuerdo era pequeña, el daño asociado a la presentación a las Cortes de un proyecto de Estatuto secesionista y anti-constitucional en las actuales circunstancias políticas, con un Gobierno central que oscila entre la debilidad y la confusión y que se había comprometido irresponsablemente a aceptar lo que le llegase del Parlamento de Cataluña, era enorme, luego el riesgo de la operación era alto. Esa sola consideración debería haber bastado para mostrar mucho mayor entusiasmo a la hora de denunciar los disparates que se iban cociendo en la ponencia, pero además, incluso si el tripartito y CiU no hubiesen sido capaces de pactar un texto común, la oportunidad de hacer visible una posición alternativa y de defender la Constitución de 1978 contra el telón de fondo de la lenta destilación de tan venenoso ataque contra nuestro sistema de convivencia, no podía en modo alguno ser desaprovechada.
Como veis, sustento ciertas diferencias constructivas de criterio con la estrategia que está desarrollando mi partido en Cataluña que espero su dirección perciba como lo que son, una aportación hecha con ánimo positivo para ayudarles a acertar en sus decisiones. Sin embargo, yo no hubiese venido hoy a Barcelona a manifestarlas si no se diesen dos circunstancias que me han movido a pasar a la acción, porque, como podréis comprender, trabajo no me falta en el Parlamento Europeo, en Madrid, con especial énfasis en el distrito de Salamanca, y en España en general. La primera es que nos encontramos en una etapa de emergencia nacional, con la posibilidad real de que el nuevo Estatuto de Cataluña haga saltar por los aires no ya la Constitución vigente, sino la existencia misma de España como nación. Y la segunda, determinante para mí, es porque me lo habéis pedido. El número de cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, abordajes espontáneos en la vía pública, en los que se me solicita una mayor presencia en Cataluña ha alcanzado tal volumen, que no puedo dejar de ser sensible a su cantidad y a su intensidad. Aunque he de confesaros que este es un fenómeno que se viene produciendo desde hace tiempo, la cosa ha llegado a un punto a raíz de la reforma estatutaria que empezaba a crearme mala conciencia. Por eso pronuncié la conferencia del pasado ocho de septiembre y por eso estoy aquí de nuevo esta noche. Y también por eso me complace anunciaros que la Fundación Concordia ha establecido una delegación permanente en Cataluña a cargo de un pequeño equipo de voluntarios eficazmente coordinados por mi estrecho colaborador y gran amigo Manolo Turrillo. En los próximos tres meses, además de realizar un seguimiento detallado de la evolución de la discusión del Estatuto en la Comisión Constitucional del Congreso, la Fundación se propone organizar una serie de actividades sectoriales en torno a este tema, dirigidas al mundo de la justicia, de la empresa, de la enseñanza y de las profesiones tituladas, ámbitos todos ellos directa y negativamente afectados por el nuevo marco jurídico que los nacionalistas pretenden imponer. Os invito a colaborar con nosotros en estas acciones de concienciación, información y movilización. Se han distribuido unos trípticos para que aquellos que deseen apuntarse como amigos de la Fundación y tener una participación más regular y comprometida lo puedan hacer. La dirección, el teléfono y el correo electrónico de la Delegación catalana de la Fundación constan en unas hojas que asimismo obran en vuestro poder. Quiero recordaros que la Fundación está integrada en la plataforma de entidades y ciudadanos Convivencia Cívica Catalana, que tan esforzadamente anima y preside mi compañero de muchos combates a favor de la libertad Francisco Caja, por lo que la condición de amigo de la Fundación Concordia implica automáticamente el formar parte de este gran movimiento civil que ha impulsado e impulsa numerosas y valientes iniciativas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña. Hace ya tiempo que en esta Comunidad trabajan no pocas asociaciones de este tipo, que están configurando progresivamente una tupida red de agentes colectivos de distinto signo y propósito, pero que comparten sin excepción una común voluntad de hacer de Cataluña una sociedad abierta y de liberarla de la opresión del pensamiento único nacionalista, que tanto la empobrece, la limita y la empequeñece. Con todos estos grupos la Fundación Concordia mantiene relaciones cordiales de colaboración y a través sobre todo de Convivencia Cívica Catalana con fundaciones y asociaciones análogas en el País Vasco.
En un contexto de alarmante divorcio en Cataluña entre representantes y representados, en un panorama desolador dominado hasta la asfixia por la neurosis identitaria y por el particularismo secesionista, hay dos tareas urgentes en las que todos los catalanes de centro limpios del virus nacionalista nos hemos de implicar: una, la articulación de una amplia corriente de opinión formada por todos aquellos de nuestros conciudadanos que desean vivir y prosperar en una Cataluña abierta, plural, dinámica, avanzada y plenamente inserta en una gran empresa española común y que, más allá de adscripciones ideológicas o políticas concretas, consideran que el nacionalismo excluyente, tribal y coactivo es la peor amenaza que gravita hoy sobre nuestro presente y nuestro futuro y, dos, la devolución del Partido Popular de Cataluña a la senda que nunca debió abandonar y que tan buenos frutos rindió en la primera mitad de los noventa del siglo XX, es decir, el compromiso firme, inequívoco, moralmente sólido e intelectualmente bien armado con la causa de la libertad, de los valores constitucionales, del pluralismo y de la primacía de los derechos individuales, tangibles y reales, sobre los fantasmagóricos y totalitarios derechos colectivos. Para que me entendáis, no se trata de ocupar una haima raída en el borde del putrefacto oasis nacionalista, sino de montar un gigantesco campamento fuera de su contorno deletéreo y reunir en él un contingente suficiente de personas libres, decentes y auténticamente demócratas como para pasar a la ofensiva, conquistarlo y limpiar sus aguas pestilentes, de tal forma que la gente que habite el dichoso palmeral, hable la lengua que quiera, se implique en el proyecto colectivo que le dé la gana, reciba con los brazos abiertos a los demás españoles, pueda aspirar a un contrato de obras o servicios con la Administración de la Generalitat sin abonar la correspondiente mordida y compita en el mercado global sin el riego de verse sometido a boicots surgidos de las provocaciones y de las ofensas al mejor cliente de Cataluña, que es el resto de España, por una pandilla de fanáticos rencorosos de alma tan oscura como sus camisas. En definitiva, que ya está bien de concesiones, de complejos, de disimulos, de repliegues tácticos, de procurar no molestar, de no alzar la voz, de no desentonar. Hay que pasar sin vacilación al ataque, porque la manera más segura de perder una guerra es darla por perdida. Espero haberme explicado con suficiente claridad.
Hubo una época en la que cierta izquierda esperaba ingenuamente -y no me importa admitir que yo consideraba fundada esa esperanza- que la llegada de Maragall cambiaría las cosas. Y desde luego que las ha cambiado. Pero a peor. Si el nacionalismo era hegemónico durante la larga era pujolista, ahora es opresivo, si la identidad era un incordio, ahora es un tóxico, si el afán de separarse de España latía soterrado, ahora se despliega agresivo y beligerante en el proyecto de nuevo Estatuto, del que Esquerra Republicana se vanagloria públicamente que ha recogido el noventa por ciento de sus tesis. En la Cataluña de principios del siglo XXI, todos los partidos menos uno son nacionalistas. Disfrutamos de un panel riquísimo de especies dentro de este género voraz: nacionalistas socialistas, nacionalistas ecosocialistas, nacionalistas independentistas y nacionalistas neopujolistas. Y el único que queda que no se declara ni actúa como tal, se encoge y se acomoda a la sombra del pal de paller. Y lo curioso es que el nacionalismo identitario no es la solución a nada, al contrario, es una fuente inagotable de conflictos, de gasto inútil y de corrupción. Creedme, a estas alturas de nuestra historia el nacionalismo no es el motor de Cataluña, es un lastre, una rémora, una enfermedad que la corroe y que, si no reaccionamos de inmediato con la suficiente energía, la acabara destruyendo.
Porque nadie con dos dedos de seso niega que el Estatuto no tiene arreglo posible. Algunos desde la oposición lo decimos sin rebozo y otros desde el Gobierno lo lamentan en privado. Es suficiente examinar los paquetes de enmiendas presentados por los dos grandes partidos nacionales en el Congreso para demostrar esta realidad incuestionable. Ni la cirugía traumatológica masiva del Partido Popular ni la sofisticada operación de cirugía estética del Partido Socialista transforman el proyecto de Estatuto en constitucional, ya que esa es una misión imposible. Lo que ambos hacen es proceder a su rechazo, dado que si todas y cada una de las modificaciones propuestas tanto por uno como por otro se llevasen a cabo, el producto resultante tendría tanto que ver con el original como el monstruo de Frankenstein con la Venus de Milo. El PSOE, que es el que se supone que quiere llegar a un acuerdo a toda costa, ha presentado quince escritos de enmiendas que abarcan el texto completo, del Preámbulo a la última Disposición Final y tan sólo en el correspondiente a Materias de Competencias, que es uno de los quince, pone más de doscientas objeciones, bastantes de ellas de considerable calado. Por tanto, el tema no es susceptible de discusión: una verdadera limpieza del Estatuto equivale a su devolución a los corrales. Entonces ¿A qué viene tanta ida y venida en puente aéreo y tanto cruce de borradores y tanta filtración interesada y engañosa? Pues, lisa y llanamente, a vestir el muñeco del fraude que nos están preparando. Si al final hay pacto entre los nacionalistas y el Gobierno, y con el actual inquilino de La Moncloa la experiencia aconseja ponerse siempre en lo peor, el resultado será nefasto para España y para Cataluña porque será un retorcido agregado de concesiones onerosas en el límite de la Constitución, remisiones a reformas de Leyes Orgánicas debilitadoras del Estado, preceptos de interpretación confusa que las coyunturas políticas irán abduciendo hacia la más disgregadora y alusiones genéricas e inocuas a la legislación estatal precedidas de nuevas atribuciones concretas y efectivas a la Generalitat, que representarán otro paso de varias leguas hacia la definitiva reducción de España a una confederación interiormente desvertebrada e irrelevante en la escena internacional.
El proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña demuestra que el trayecto iniciado en la transición de sucesivos apaños para apaciguar a los nacionalistas ha llegado a término. La radical anticonstitucionalidad del proyecto, la absoluta desconfianza hacia el Estado español que rezuma cada uno de sus artículos, el odio a España, a la que no se nombra ni una sola vez en todo el documento, que recurre a toda suerte de elipsis y vericuetos verbales con tal de no pronunciar el vocablo nefando, el vaciado de competencias al que se somete a las instancias centrales de gobierno, el desprecio al resto de españoles, a los que se quiere impedir la libre circulación por el territorio nacional, la repugnante voluntad depredadora de un sistema de financiación que no sólo acaba con la solidaridad, sino que obliga a los contribuyentes del resto de España a pagar la eventual ineficiencia de la Generalitat o la posible pérdida de competitividad de las empresas catalanas, erigen un monumento al egoísmo, al rencor y a la anacronía de tal envergadura que cuesta creer que un Parlamento en el que se sienta una mayoría abrumadora de representantes de los dos grandes partidos nacionales no haya hecho una pelota de semejante afrenta para enviarla a continuación de un puntapié a la plaza de Sant Jaume. El oprobio al que se nos va a someter al contemplar como este saco de despropósitos es objeto de respetuoso debate en la Comisión Constitucional de la sede de la soberanía nacional nos indica lo bajo que estamos cayendo como Nación.
Este es un país en el que se olvida la Historia con pasmosa facilidad, lo que es una lástima porque es maestra de la vida y de la política, no digamos. La polémica en torno al Estatuto ha obligado a bastantes comentaristas a releer los célebres discursos de Ortega y de Azaña pronunciados en las Cortes de la Segunda República en 1932 con motivo del debate sobre el Estatuto de Sau. Es un ejercicio recomendable porque los mismos errores de planteamiento cometidos entonces es obvio que no han sido superados. Ortega, con su elegante y fluido verbo, expuso en aquella trascendental ocasión al abrigo de su esquema de la razón histórica, una teoría sobre los nacionalismos particularistas que consistía en atribuirles un carácter casi telúrico, inamovible e inevitable, un fenómeno, por consiguiente, ligado de manera intrínseca a determinados pueblos, condenados sin remisión a perseguir su identidad perdida en algún luctuoso episodio de su devenir colectivo. Esta atribución de fatalidad insuperable sólo deja un posible tratamiento del problema: el de la conllevancia, o sea, ir tirando a base de parches hasta que una de las partes se canse y se rinda o hasta que un acontecimiento catastrófico fuerza a una recomposición dolorosa y vuelta a empezar a la espera de la próxima hecatombe. El cuadro pintado por la figura cumbre de nuestro pensamiento contemporáneo resulta así bastante descorazonador: las tensiones centrífugas entre centro y periferia generan sin remedio incómodos y malhumorados períodos de soportarse mutuamente, separados por bruscas discontinuidades sangrientas cuya convalecencia toma la forma de una tregua más fruto de la necesidad que del ánimo pacificador. De acuerdo con esta interpretación, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Sucesión, la Primera República, el golpe de Companys de octubre del 1934 y la Guerra Civil marcarían las cesuras violentas que jalonarían el conflicto entre Cataluña y España desde el siglo XVII hasta la actualidad. El nuevo Estatuto, en este marco interpretativo de tipo historicista, sería el heraldo de una inminente crisis destructiva. Parece evidente que seguimos trabajando sujetos a esta misma hipótesis, lo que nos arrastra a una dinámica perversa de aplacamiento del cruel ídolo identitario a base de sacrificios humanos -diálogo con ETA- o de ofrendas materiales -más competencias, más financiación, más reconocimiento simbólico, más aplastamiento de derechos individuales en el ámbito cultural y lingüístico, caso de la negociación sobre el nuevo Estatuto de Cataluña-.
Pues bien, yo no creo para nada que la Historia se desarrolle regida por mecanismos inexorables ni que el nacionalismo de identidad sea una impronta indeleble en el supuesto espíritu de un imaginario pueblo elegido caracterizado por rasgos permanentes e indelebles. Es más, estoy convencido de que todo eso son paparruchas para engañar a incautos sentimentalmente vulnerables, por mucho que intenten vestir de legítima reivindicación su lacrimosa cursilería, o para satisfacer las bajas pasiones de energúmenos, aunque se vistan de diseño. Abundando en el argumento, hace mucho que sé, y lo he escrito y lo he enunciado, que el nacionalismo étnico-lingüístico es la explotación racional de lo irracional al servicio de la conquista del poder político.
Vayamos a continuación a la intervención de Azaña en aquella memorable sesión. El inteligente y cultivado líder republicano esgrimió, en contraposición a la razón histórica de Ortega, lo que denominó “razón política”, y se pronunció a favor de buscar una solución jurídico-institucional al problema particularista. La Constitución y la ley son la clave, proclamó, y como los catalanes, dijo, han respetado los trámites, discutamos su propuesta, encajémosla en el ordenamiento de la República y asunto resuelto. Si un personaje de la talla intelectual de Azaña cayó en esa trampa, tampoco le podemos reprochar demasiado al descubridor de que la libertad nos hace verdaderos y del patriotismo social que tropiece en la misma piedra, especialmente si todavía no le han explicado la Historia de España en dos tardes. La dificultad está en que a los nacionalistas les importa una higa la Constitución, se mofaron de la de la Segunda República como hacen befa de la de 1978, y en lo que se refiere a los trámites, entonces, al igual que ahora, solamente los aprovechan para cometer fraude de ley y para encubrir bajo su manto formal su brutal ataque a la unidad nacional. Hay que reconocerle a Azaña un relámpago de lucidez en su extraordinaria pieza oratoria del 27 de mayo de 1932 cuando señaló que la fórmula que iban a arbitrar para la autonomía catalana no era para siempre. En efecto, duró dos años y medio, hasta el golpe de Estado perpetrado por el entonces Presidente de la Generalitat el 6 de octubre de 1934. Seguramente, Azaña tenía en mente una vigencia un poco más larga para la norma que estaban debatiendo y una percepción en exceso optimista del sentido de la lealtad de los nacionalistas catalanes. Si el Estatuto de Sau ha sido más longevo que el de Nuria no es porque los nacionalistas de hoy tengan distintos objetivos que los de hace setenta años, sino porque la generación de la transición guardaba fresca la memoria de los acontecimientos que acabaron con la Generalitat republicana y además eran gente más seria que la tropilla de jóvenes agitadores nerviosos e inexpertos que Maragall ha dejado sueltos por los despachos de las consellerias.
En definitiva, ni Ortega ni Azaña acertaron y así pasó después lo que pasó. No es eso, no es eso, se lamentaba el gran educador y prolífico ensayista, pero demasiado tarde. La hoguera del odio ya ardía sin control y se disponía a consumir, junto con la razón histórica y la razón política, un millón de vidas españolas.
Aprendamos, pues, las lecciones del pasado. Ni razón histórica, que nada explica, ni razón política, que nada controla. Razón a secas. Argumentos contundentes, medidas eficaces, llamar a las cosas por su nombre y no arrugarse. Mientras la preocupación principal sea no perder la centralidad, entendiendo por centralidad la equidistancia de los extremos de un campo definido por los nacionalistas, no saldremos del rincón en el que nuestros adversarios nos han confinado en Cataluña. Yo os propongo desplazar el vértice del debate a otra zona de la cancha, una elegida por nosotros, en la que el oponente no maniobre con la soltura con la que ahora pasea el balón. Dejemos ya las posiciones defensivas y vayamos a por todas, contrapongamos descarnadamente al nacionalismo identitario arcaico, fragmentador, excluyente, empobrecedor y conflictivo la Nación cívica, ilustrada, generosa y moderna. Sintamos orgullo de creer lo que creemos y de sustentar los valores que sustentamos y que este orgullo se note y sea contagioso. Para convencer a los tibios hay que transmitirles el ardor de nuestras convicciones, no desincentivarlos con medias tintas ¿Qué se quiere persistir en este planteamiento política, moral y empíricamente erróneo? Pues muy bien, pero lo que es yo no pienso callarme mi visión de las cosas, porque hay circunstancias en las que el pecado de omisión reviste especial gravedad. Os invito a que emprendamos juntos este recorrido que nos conducirá o no al éxito, pero que nos garantiza conservar la dignidad.
Maragall alimenta una ensoñación alucinada concebida tras una lectura adolescente y mitómana de la correspondencia entre su abuelo y Unamuno, que consiste en aplicar al tiempo actual un esquema de pensamiento totalmente desconectado de la realidad. España no es la de hace un siglo, la morta, caciquil, latifundista, atrasada, oligárquica, de la que una Cataluña industrial, avanzada, dinámica y regeneradora ha de desprenderse para volar sin trabas hacia un destino grandioso. España en el año 2006 es un país desarrollado, pujante, democrático, innovador y miembro de la Unión Europea, que le proporciona a esa parte de su territorio que es Cataluña un capital humano valiosísimo, un mercado determinante, una matriz de afectos impagable, un marco jurídico-político imprescindible y una inserción europea irrenunciable. Hasta tal punto es así, que la independencia ya no es un buen negocio y ha sido sustituida en el plan nacionalista por una versión más rentable: el parasitismo depredador. Según las previsiones del nuevo Estatuto, el Estado español desaparece de Cataluña, pero la Generalitat está presente en todos los órganos relevantes del Estado, al Estado le corresponde la política exterior, si bien sometida a la voluntad soberana del Parlamento catalán, las relaciones entre la Generalitat y el Estado son bilaterales y el resto de España asiste como mero espectador, la Generalitat se queda con todos los impuestos recaudados en Cataluña, generados por cierto mayoritariamente por la actividad económica de los catalanes en el resto de España, y aporta lo que le da la gana a los gastos comunes, pero los contribuyentes españoles le garantizan su lugar en el ranking de Comunidades por renta per cápita, un funcionario no catalano-hablante de los cuerpos estatales no puede ocupar una plaza en Cataluña en virtud de la barrera lingüística, pero cualquier funcionario catalán de esos cuerpos se puede mover sin trabas a lo largo y ancho de la geografía nacional, una familia inglesa, francesa, alemana o italiana que esté temporalmente en Barcelona puede escolarizar a sus hijos en su idioma materno, a una familia procedente del resto de España le está vedada tal opción, y la máxima expresión del catalanismo integrador la encarnan las Oficinas de Delación Lingüística. Y este cúmulo de abusos, imposiciones, vejaciones y privilegios intolerables es el que Zapatero y Rubalcaba van a dejar limpio como una patena. Será sin duda una hazaña notable, un milagro más del método deliberativo.
Para comprender lo que representa de verdad el nuevo Estatuto, es conveniente contemplar el último cuarto de siglo de Historia española con una perspectiva de conjunto. En 1978 se intentó con éxito apreciable superar nuestros dos grandes relatos trágicos, el de las dos Españas y el de la España y la anti-España. La izquierda abandonó sus sueños revolucionarios, la derecha se redimió de su pasado autoritario, la Iglesia aceptó la aconfesionaldad del Estado, el Ejército se subordinó al poder civil y la Corona se ciñó a su papel meramente simbólico y arbitral, el esfuerzo fue tremendo, la generosidad admirable y el equilibrio y la racionalidad prevalecieron. Los únicos que se han negado a entrar en la casa común de la reconciliación y de la primacía del interés general han sido los nacionalistas. Sólo ellos siguen empecinados en sus objetivos máximos de carácter divisivo y disolvente, sólo ellos perturban la estabilidad del sistema que nos hemos dado libre y democráticamente, sólo ellos exigen lo imposible destruyendo de paso lo posible para los demás. Carod-Rovira lo ha voceado sin tapujos: “Únicamente debo lealtad a Cataluña”. Resurge así el grito iracundo, cortante como una navaja oxidada, que separa a los catalanes del resto de los españoles, que nos devuelve a épocas de intransigencia y de sangre que creíamos enterradas definitivamente, regresa la dicotomía reduccionista y bárbara de la Cataluña y la anti-Cataluña, de Cataluña frente a España, de lo propio y lo ajeno, de la fabricación suicida de un enemigo exterior, de la vida consumida contra la inventada amenaza alógena en vez de enriquecida con la realidad de la patria común y compartida. Y es que en la Historia, los hechos son sagrados y las interpretaciones opinables, pero para los nacionalistas los hechos son irrelevantes y la interpretación es única, por supuesto, la suya. Los nacionalismos particularistas no es ya que no puedan exhibir ningún plus democrático, del que intrínsecamente carecen, sino que por el contrario, representan el peor obstáculo para la plena consolidación de nuestra democracia, de la que son el único palo en la rueda que queda después del nobilísimo logro de la transición. Y no olvidéis que sólo somos responsables del presente y, en la medida que lo preparemos, del futuro, pero no del pasado. Por tanto, ya vale de presentar al cobro apergaminadas facturas atrasadas, que han sido pagadas con creces. Imaginad, además, la trifulca monumental que se podría montar si todos hiciésemos lo mismo. No habría en el presupuesto del Estado dinero suficiente para reparar los innumerables agravios acumulados desde la Edad Media. La recuperación de la memoria está muy bien, siempre y cuando no sea selectiva y si no lo es, resulta demasiado cara y perturbadora, y a más de uno que se dedica a escarbar en desgracias pretéritas le podría acarrear un serio disgusto. Asimilemos, pues, las lecciones de la Historia y dejemos que los muertos entierren a los muertos.
No hay nada más destructivo, más divisivo, más corrosivo, que el nacionalismo identitario, tanto endógena como exógenamente. La manía por forjar un solo pueblo provoca la confrontación interna si la sociedad es plural y la guerra si es homogénea. Nunca he sido capaz de comprender un hecho diferencial que consiste en machacar las diferencias en su seno y que exacerba la diferencia hacia fuera mientras la aborrece hacia dentro. Ése es el motivo por el cual España no puede ni debe ser un Estado plurinacional, como postula el Preámbulo del nuevo Estatuto, porque en la Nación plural definida por la Constitución vigente, Cataluña también es internamente plural, mientras que en el Estado plurinacional, cada una de las nacioncillas rabiosas que se erigen en poder pseudo-constituyente impone la uniformidad en su territorio ahogando las libertades y los derechos individuales. Diré más, si en España hay naciones sin Estado, y el nuevo Estatuto así lo proclama, entonces España es un Estado sin Nación, y eso es una mentira, aparte de una imbecilidad, y ninguno de los que estamos en esta sala lo vamos a aceptar jamás.
De cara al debate en la Comisión Constitucional que se avecina y al pacto que están gestando en secreto los nacionalistas y el Gobierno, conviene señalar que la Constitución no puede ser apurada al límite en todo momento y circunstancia y que el estiramiento extremo de sus costuras no ha de ser la técnica jurídica recurrente. El que oscila permanentemente al borde del abismo, acaba cayendo en él rompiéndose la crisma. La construcción de la casa común en el deslizante terreno del borde constitucional, el que linda con las tinieblas exteriores, comporta un riesgo intolerable al que los españoles no tenemos porqué someternos, por lo menos sin que se nos consulte. Nuestro ordenamiento se ha de cimentar en el núcleo cálido y fecundo de nuestra Carta Magna, allí donde habitan la libertad, la igualdad y la solidaridad, y evitar en lo posible las inclemencias frías y oscuras de las fronteras que la separan del totalitarismo y del tribalismo disgregador.
Por otra parte, el sueño novocentista de Eugenio d´Ors de configurar una pequeña nación que, con voluntad y acierto institucional, se ganase un lugar en el mundo, carece hoy por completo de vigencia. Cataluña no está llamada en el planeta globalizado a ser Bélgica, Holanda o Austria, piezas de segundo orden en la formidable y gigantesca maquinaria europea, sino un componente esencial, motor y vanguardia de un gran Estado- Miembro de la Unión como es España. Y ese rol tan atractivo no lo asumirá si el nuevo Estatuto o un remedo medio disfrazado por Rubalcaba entra en vigor, porque en tal supuesto España desaparecería como Nación y su Estado se adelgazaría hasta la consunción, con lo que Cataluña quedaría a la intemperie de los vientos de los mercados y las organizaciones supranacionales equipada con unos recursos y dotada de un tamaño que la situarían irremisiblemente en el margen de la Historia.
En los albores del tercer milenio, Cataluña ya no tiene como misión transformar España, como pudo haber tenido en el primer tercio del siglo XX, porque España ha progresado espectacularmente y no necesita regiones redentoras. Cataluña ha de concentrarse en la transformación de sí misma, desprendiéndose de la obsesión identitaria, olvidándose del ser para volcarse en el hacer. Veáse al respecto el ejemplo del gobierno del tripartito, frenéticamente abstraído en el cultivo de las esencias y en separarse de España, que lleva dos años de vacaciones en el ámbito de la gestión de los problemas reales de los catalanes.
Que nadie se engañe. En este momento histórico los Estados nacionales, fuertes, unidos y potentes, siguen siendo necesarios y se mantendrán en escena durante mucho tiempo. La pretensión de construir un pseudo-Estadito al precio de inutilizar el gran Estado-Nación que la alberga, conduciría a Cataluña a la ruina económica y a la irrelevancia política. No hay por tanto para los catalanes en esta etapa de nuestro devenir colectivo misión más urgente que la de neutralizar al nacionalismo identitario que nos precipita al desastre. En su libro En busca de un nuevo orden. Una política de la libertad para el siglo XXI, Ralph Dahrendorf hace una referencia a los nacionalismos que merece la pena traer aquí: “A diferencia del localismo” escribe Dahrendorf, “el nuevo regionalismo que suele defenderse con pasión y no pocas veces con violencia, es siempre antidemocrático. O al menos no es el fruto de una voluntad de autodeterminación democrática, sino del deseo de homogeneidad étnica, lingüística o religiosa. Su principio fundamental es la delimitación hacia fuera frente a los vecinos ‘extranjeros’, hacia dentro frente a las minorías ‘extranjeras’. El regionalismo no está impulsado por un verdadero movimiento popular, sino por el activismo de demagogos y el interés de los funcionarios. De ahí que si el intento tiene éxito, los más beneficiados son los activistas, no los ciudadanos. Entonces ya no se habla tanto de democracia; cuando se es por fin escocés, vasco o catalán, todo lo demás se considera ya secundario” No se puede dibujar con mayor exactitud el actual escenario público catalán enredado en la espesa malla del debate sobre el nuevo Estatuto.
Queridos amigos y amigas, voy a terminar reiterando ante vosotros mi compromiso con Cataluña, con España, con Europa, y con los valores de la sociedad abierta que los nacionalismos identitarios nos quieren arrebatar y que los cultivadores de la centralidad pusilánime nos dificultan combatir con todas las armas políticas y democráticas a nuestro alcance. Extraña centralidad, que estriba en complacer al enemigo más que en derrotarle y que practica la oposición saliendo a cazar rinocerontes embravecidos armada con un tirachinas. Nosotros, los que estamos reunidos aquí esta noche, estamos hechos de un material algo más duro y vamos a luchar con auténtica voluntad de ganar. Recordad lo que os dije al principio: la Fundación Concordia vuelve a estar operativa en Cataluña, yo me propongo incrementar mi presencia activa entre vosotros y tanto yo como la Fundación os necesitamos y os esperamos. Porque para vosotros y para mí no hay ni un asomo de duda: los catalanes, si el nuevo Estatuto entra en vigor, tenemos mucho que perder y nada que ganar.
Aleix Vidal-Quadras

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Recorriendo el pasado:



El filósofo Ortega y Gasset, que había flagelado la Restauración y aplaudido la dictadura de Primo de Rivera para después repudiarla, publicó el 15 de noviembre de 1930, poco antes del golpe militar republicano, un retumbante artículo en El Sol, titulado ‘El error Berenguer’. Ortega estaba muy ilusionado con la República, viendo en ella la concreción de una España “vertebrada”, refundada como una “auténtica nación” capaz de grandes empresas internas y externas.











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