AR: Deconstruyendo el Estatuto (XXVIII y XXIX)

ABSURDA REVOLUCIÓN
ABSURDO: Contrario y opuesto a la razón; que no tiene sentido. (DRAE)
REVOLUCION: Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación.(DRAE)
Ambas definiciones son aplicables a lo acontecido el 11M en Madrid.
Desde entonces trabajamos para conocer la verdad, honrar la sangre derramada, y defender nuestra LIBERTAD.

... si los límites de la Carta Magna «fuesen sobrepasados», sería de «aplicación el artículo octavo de la Constitución: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional».

Teniente general Mena

Deconstruyendo el Estatuto (XXVIII y XXIX)

Artículo 90. La veguería

1. La veguería es el ámbito territorial específico para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local y tiene personalidad jurídica propia. La veguería también es la división territorial adoptada por la Generalidad para la organización territorial de sus servicios.

2. La veguería, como gobierno local, tiene naturaleza territorial y goza de autonomía para la gestión de sus intereses.

Artículo 91. El consejo de veguería

1. El gobierno y la administración autónoma de la veguería corresponden al consejo de veguería, formado por el presidente o presidenta y por los consejeros de veguería.

2. El presidente o presidenta de veguería es escogido por los consejeros de veguería de entre sus miembros.

3. Los consejos de veguería sustituyen a las diputaciones. La creación, modificación y supresión, así como el establecimiento del régimen jurídico de las veguerías, se regulan por ley del Parlamento.Sección cuarta. La comarca y los demás entes locales supramunicipales

Artículo 92. La comarca

1. La comarca se configura como ente local con personalidad jurídica propia y está formada por municipios para la gestión de competencias y servicios locales.

2. La creación, modificación y supresión de las comarcas, así como el establecimiento del régimen jurídico de estos entes, se regulan por una ley del Parlamento.

Cataluña es tan diferente, que hasta se estructura en una división territorial distinta. La veguería tiene una tradición histórica que no explicaremos aquí para no aburrir, pero en la actualidad no es descabellado pensar que, junto con la comarca, tan solo sea una nueva vía para conseguir dos objetivos: un control férreo y caciquil de los territorios, y una nueva posibilidad de colocar a unos cuantos centenares de cargos públicos (téngase en cuenta que Cataluña, territorio pequeño ya de por sí) quedará dividida en nada menos que en nueve veguerías y cuarenta y tantas comarcas. ¿Os imagináis para cuántos apesebrados de esto?

No voy a transcribir los larguísimos artículos que regulan la administración de justicia en Cataluña (para los interesados: del 95 al 109). Me limitaré a señalar que designa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como última instancia en todo tipo de procedimientos, con la única salvedad del recurso de casación para la unificación de la doctrina, o que constituye un “consejo de justicia” que es el equivalente, y por supuesto sustituto, del Consejo General del Poder Judicial.

Sí es interesante, entiendo, el apartado dedicado a los requisitos exigibles a todos quienes trabajen para la administración de justicia en Cataluña:

Artículo 102. Requisitos del personal judicial y del resto del personal al servicio de Administración de justicia en Cataluña

1. Para ocupar una plaza de magistrado o magistrada, juez o jueza o fiscal en Cataluña, los candidatos son admitidos en igualdad de derechos. Deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el alcance que determine la ley.

2. .....

3. En todo caso el conocimiento suficiente de la lengua y del derecho es un requisito para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado.

4. Los secretarios judiciales y todo el personal al servicio de la Administración de justicia y de la Fiscalía en Cataluña deben acreditar el conocimiento del catalán que se exige
al personal de la Administración de la Generalidad.

5. Corresponde al Consejo de Justicia de Cataluña comprobar el cumplimiento de las condiciones que establece el presente artículo en el acceso a las plazas de los órganos judiciales, de la Administración de justicia y de la Fiscalía en Cataluña.

Artículo 103. Medios personales

1. Corresponde a la Generalidad la competencia legislativa sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de justicia, incluidos los secretarios judiciales y los médicos forenses, sin otro límite que el respeto al estatuto de este personal establecido directamente por la Ley orgánica del poder judicial. Esta competencia incluye, en todo caso, la regulación de:

a) La organización de este personal en cuerpos y escalas.

b) El proceso de selección.

c) La promoción interna, la formación inicial y la formación continuada.

d) La provisión de destinos y ascensos.

e) Las situaciones administrativas.

f) El régimen de retribuciones.

g) ..................”

La conclusión evidente es que también la justicia catalana será endogámica... para lo cual se pueden hallar muchas y malintencionadas explicaciones. Pero más allá de maledicencias, lo cierto es que queda pulverizado el derecho de cualquier ciudadano español a trabajar en la administración pública en cualquier punto del territorio nacional.

Germont miembro de AR y FL
Índice de artículos publicados

http://seleccionar.blogspot.com/2006/01/lo-ms-reciente-en-ar_01.htm

Hoy, en el Foro Nueva Economía
Rajoy anuncia una campaña popular para solicitar la celebración de un referéndum en toda España

- "Los españoles tienen derecho a opinar si somos una nación, dos, tres o cuatro; si somos un estado confederal o somos el Estado que fija la Constitución"

24, enero, 06.- El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha reiterado hoy que la reforma del Estatuto de Cataluña supone un cambio en el modelo de Estado. El PP, según ha anunciado, promoverá una campaña popular para pedir un referéndum en toda España. "No estamos hablando de un tema menor ni de un tema de una Comunidad Autónoma. Estamos hablando de algo que le importa al conjunto de los ciudadanos españoles y de una reforma de la Constitución y de esto tienen que opinar todos", añadió.

El objetivo es conseguir las firmas de los españoles que quieran opinar sobre su país porque es un asunto que afecta al conjunto de los ciudadanos. "Los españoles tienen derecho a opinar si somos una nación, dos, tres o cuatro; si somos un estado confederal o somos el Estado que fija la Constitución; si los españoles somos iguales en derechos y deberes. Quiero que los españoles opinen sobre lo que quieren que sea su país por una razón perfectamente entendible, porque representan a la soberanía nacional", afirmó.

Asimismo, el PP planterará una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para recuperar el recurso previo ante el TC porque si el Estatuto se aprueba y se recurre ante el TC, este órgano tardaría mucho tiempo en fallar. "Lo sensato es presentarle a la gente en reféndum un texto después de que el Tribunal Constitucional haya dicho o no si es constitucional. Y si no es constitucional, entonces tendrán que ser todos los españoles los que opinen", aseguró.

En su intervención en el foro Nueva Economía, Rajoy afirmó que el acuerdo adoptado entre CiU y Zapatero no es puro pasaporte para la estabilidad de las instituciones sino que genera mucha más inestabilidad porque los partidos nacionalistas ya han dicho que este es sólo un paso más hacia adelante. El PP, según ha subrayado, seguirá defendiendo la Constitución y la igualdad de los españoles.

OBJETIVO NACIONAL

Rajoy ha subrayado que Zapatero ha equivocado el objetivo nacional, se han creado problemas donde no los había y se han olvidado de las preocupaciones reales de los españoles. Así, ha criticado que en vez de trabajar para mejorar el nivel de bienestar y de riqueza se nos ha obligado a revisar la historia, las reglas de juego, la Constitución y los Estatutos. "Y los problemas reales y las reformas de verdad quedan para otro día", aseguró.

El presidente del PP lamentó que el hilo conductor de la política del Gobierno no haya sido preparar España para competir en un mundo cada vez más global, sino atender a sus socios de Gobierno y debilitar el Estado. Así, ha puesto como ejemplos la reforma del Estatuto catalán, el traslado de parte de los papeles del Archivo de Salamanca, la educación o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "En vez de preocuparnos por tener una justicia cada vez mejor, cada vez más eficaz y, sobre todo, cada vez más rápida, el gran debate es si le damos competencias a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y se los quitamos al Supremo", explicó.

Esto, según ha subrayado Rajoy, también tiene como consecuencia la ruptura de los consensos básicos de la transición y, más concretamente, el referido al modelo de Estado.

http://www.pp.es/index.asp?p=7310&c=e5a90182cc81e12ab5e72d66e0b46fe3

Rubalcaba clama contra la campaña de firmas del PP para forzar un referéndum en toda España

http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276270405.html

Por una Cataluña de ciudadanos - Por la solidaridad entre todos los españoles - No al nuevo Estatuto - Por la Constitución de 1978

Convocatoria de Acto público en Barcelona para el sábado día 4 de febrero a las 12:00 horas,
en el Hotel el Barceló Sants
(Plaza Països Catalans – Estación de Sants)

POR UNA CATALUÑA DE CIUDADANOS
POR LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES
NO AL NUEVO ESTATUTO
EN DEFENSA DE LA CONSTITUCION DE 1978

Barcelona. 24 de enero de 2006. La Constitución española de 1978 instauró la democracia en España, configurando una organización territorial que a la vez que asegura la unidad de la nación española como garantía de la igualdad efectiva de todos los ciudadanos españoles, reconoce como parte integrante de esa unidad el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que la componen y la solidaridad entre todas ellas. En 1979 el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales y la ciudadanía de Cataluña hacían efectivo ese
derecho dotando a Cataluña de su Estatuto de Autonomía que configuraba el sistema de autogobierno más amplio del que nunca ha disfrutado.

Este modelo ha posibilitado para Cataluña el período más largo de autogobierno democrático en toda su historia, asegurando la prosperidad, la paz y la solidaridad no sólo de Cataluña sino de toda España, y sin que en ningún caso haya sido obstáculo para la obtención de cualquiera de los fines e intereses legítimos correspondientes a la gobernación de Cataluña.

El Parlamento de Cataluña, auto-otorgándose de manera ilegítima un pretendido poder constituyente, ha aprobado el pasado día 30 de septiembre, a espaldas del sentir general de la ciudadanía, un proyecto de reforma del vigente Estatuto radicalmente anticonstitucional, que destruye los principios básicos de la organización territorial constitucionalmente establecida, introduciendo graves desigualdades en las condiciones básicas del ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas básicas de los españoles, que compromete gravemente los
derechos e intereses legítimos de la ciudadanía en Cataluña y el resto de España, que rompe el equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atentando contra una justa redistribución territorial de la renta, introduciendo privilegios económicos y sociales, alterando los principios fiscales de igualdad y progresividad, que atenta contra el principio de división de poderes -sometiendo al Poder Judicial bajo la influencia de la Generalidad- y contra la libertad de mercado, y que amenaza la paz social.

Especial importancia reviste la regulación estatutaria de la libertad de lengua: el proyecto de reforma del Estatuto, eliminando el modelo constitucional de cooficialidad, impone coactivamente, mediante multas y sanciones, el catalán como lengua exclusiva de la Administración autonómica en todos sus niveles, comprendida la enseñanza; lo que equivale, en una sociedad bilingüe, a la discriminación de más de la mitad de la ciudadanía en Cataluña que es castellanohablante. Un gobierno que excluye de la vida pública y no hace suya la lengua de más
de la mitad de los ciudadanos no puede ser considerado en caso alguno de naturaleza democrática.
La Constitución de 1978, juntamente con el Estatuto de Autonomía vigente, debe seguir siendo el marco de nuestra convivencia, que sólo puede ser modificado, llegado el caso, para mejorar la democracia, incrementando las libertades cívicas y reforzando la solidaridad y la igualdad de los ciudadanos, por el proceso explícito para su reforma previsto en la propia Constitución y en ningún caso impuesto unilateralmente desde una Comunidad Autónoma. Cualquier intento de modificar las bases mismas de la convivencia entre españoles, esto es
la Constitución, por otro procedimiento ha de ser tachado de radicalmente antidemocrático, pues no significa otra cosa que el intento de arrebatar la soberanía, esto es, el poder constituyente, al pueblo español, en el que reside.

Por estas razones, las entidades cívicas que esto suscriben, convocan a la ciudadanía de Cataluña y toda España a mostrar su rechazo de un proyecto de reforma de Estatuto realizado a espaldas de y contra los auténticos intereses de la ciudadanía, y que responde únicamente a los intereses de quienes detentan el poder en Cataluña, para perpetuarse en
ese poder y excluir a quienes se opongan a sus pretensiones, que es radicalmente inconstitucional, antidemocrático, insolidario y discriminatorio que enfrenta a los catalanes entre sí y con el resto de españoles.

Las entidades cívicas abajo indicadas convocan a los ciudadanos a asistir al acto que tendrá lugar en Barcelona el sábado día 4 de febrero a las 12:00 horas, en el Barceló Hotel Sants, (Plaza Països Catalans – Estación de Sants) en el que intervendrán, entre otros: Francisco Caja (Presidente de Convivencia Cívica Catalana), Mikel Buesa (Presidente del Foro Ermua), Mikel Azurmendi (catedrático y miembro fundador del Foro Ermua) y Cesar Alonso de los Rios (periodista).

Entidades convocantes:

Convivencia Cívica Catalana (Barcelona). Foro Ermua (Bilbao). Fundación Papeles de Ermua (Bilbao). Asociación por la Tolerancia (Barcelona). Veïns de Catalunya (Barcelona). Fundación Concordia (Madrid-Barcelona). Profesores para la Democracia (Barcelona). Universitarios Liberal-Demócratas (Barcelona). Estudiantes Liberales de Cataluña. Vecinos de Paz (Berriozar-Navarra). ¡Libertad YA! (Navarra). Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (La Coruña). Sindicato CFP Manos Limpias (Madrid). Asociación Justicia y Libertad (Madrid). Federación independiente de Asociación de Vecinos de la Comunidad de Madrid (FIAVCM). Círculo de Opinión Pública (Madrid). Asoc. Interuniversitaria Gaudeamus (Aragón). Fundación para la Defensa de la Nación Española. Comité Internacional Civil. Foro España. Vigueses por la Libertad. Foro por la Libertad (Zaragoza). Asoc. Dignidad y Justicia (Macro-juicio contra ETA). Convivencia Valenciana (Valencia). Asoc. Unidad y Libertad (Cantabria). Iniciativa Ciudadana Convive (Zaragoza).

Organizan: Convivencia Cívica Catalana y Foro Ermua.

Persona y teléfono de contacto:
Carmen ( Convivencia Cívica Catalana)
(teléf. 607450328)
Dirección de e-mail: info@convivenciacivica.org
Web: www.convivenciacivica.org

Estatuto y lengua: la cuenta atrás para el castellano
Soraya Sáenz de Santamaría

En medio de las negociaciones clandestinas sobre el Estatuto de Cataluña y de los vergonzantes ataques del tripartito a la libertad lingüística que se suceden a diario, el 10 de enero el presidente del Gobierno afirmó que el régimen lingüístico vigente de Cataluña no se modificaría en el nuevo Estatuto. Al día siguiente, Alfredo Pérez Rubalcaba defendió la inclusión del «deber» de conocer el catalán, argumentando que era «perfectamente constitucional» y que no cambiaba la situación legal y real que se vive ahora en Cataluña.

Pues bien, el presidente del Gobierno y su portavoz parlamentario incurren en tanta doblez como falta interesada de rigor. Y en el tema de la lengua, como en todos, ceden ante sus socios, mientras engañan a los españoles tratando de convencerles de lo contrario.

El nuevo Estatuto convierte lo que era un elemento de riqueza cultural en un factor de discriminación y transforma en una obligación lo que hasta ahora era un derecho.

Si a día de hoy, se impone a la Generalidad la garantía del uso normal y oficial de ambos idiomas, el futuro Estatuto desplaza el castellano como lengua de uso normal y convierte el catalán en la lengua preferente de las administraciones y de los medios de comunicación públicos en Cataluña. Es decir, que si el actual Estatuto garantizaba un “bilingüismo equilibrado”, el nuevo alienta como principio inspirador “un monolingüismo excluyente” que tolera en ocasiones el uso del   castellano como mero derecho individual.

Por si quedaba alguna duda, el Preámbulo del propio Estatuto prescribe que “Cataluña aporta el catalán como lengua propia y común de la ciudadanía con independencia de su lengua de origen y de uso habitual”. O sea, que la lengua propia y común de los ciudadanos de lengua materna castellana y castellano parlantes será, por imperativo del Estatuto, el catalán.

Ahondando en este principio, el PSOE asume el deber de conocer el catalán impuesto a los ciudadanos de Cataluña. Esta es una novedad esencial contraria al artículo 3 de la Constitución, que limita el deber de conocimiento general al castellano, como ya ha tenido ocasión de advertir reiteradamente el Tribunal Constitucional.

Además, ese deber fue expresamente rechazado por los constituyentes en 1978. La entonces Minoría Catalana presentó una enmienda a fin de que los residentes en los territorios con lengua cooficial tuvieran el deber de conocerla. Enmienda que fue rechazada por 269 votos en contra, 22 a favor y 26 abstenciones. Lo que entonces no lograron incluir en la Constitución ahora como tantas otras cosas, pretenden imponerlo a través de una reforma estatuaria.

Para quitarle hierro al asunto, el portavoz parlamentario del PSOE ha afirmado sería un “deber impropio”, como el deber de trabajar, que no conllevaría consecuencias jurídicas. Comparación falsa y desafortunada. El que no trabaje por opción personal, ya verá cómo se gana la vida. Pero el que no hable el catalán, difícilmente podrá ganarse la vida en Cataluña. No podrá ser ni Juez, ni oficial de juzgado, ni dependiente de grandes almacenes, ni funcionario.

Y si el deber de conocer el catalán no genera obligaciones inmediatas, ¿cómo se explica que el propio Estatuto dedique un capítulo a regular los “derechos y deberes lingüísticos”? Deberes lingüísticos que son constantes vueltas de tuerca al sistema actual para asegurar la prevalencia del catalán en el presente y su primacía en el futuro.

Hasta ahora se reconocía el derecho de las personas en Cataluña a ser atendidas en cualquiera de las dos lenguas oficiales por las Administraciones Públicas. De ahora en adelante, simplemente tendrán derecho a utilizar la lengua que elijan. El matiz es decisivo: antes era una obligación de los poderes públicos, ahora una mera tolerancia hacia el ciudadano.

Actualmente,   basta con que los registros públicos de Cataluña cuenten con personal que tenga un conocimiento adecuado de las dos lenguas. Con la aprobación del Estatuto, jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores, encargados del Registro Civil y demás personal de la Administración de Justicia, tienen que acreditar sus conocimientos de catalán. Por simplificar, si antes podía ser suficiente con que un oficial del Registro supiera ambas lenguas, con el nuevo Estatuto y empezando por el Juez o el Registrador, todo el personal de la oficina deberá conocer el catalán.

Suma y sigue. Hasta ahora, sólo los funcionarios de las Administraciones de Cataluña debían acreditar su conocimiento del catalán Ahora se le exigirá también al personal de la Administración del Estado. Lo que es todas luces una discriminación clara por razón de la lengua en el acceso a la función pública. Por poner un ejemplo, un Inspector de Hacienda que hable catalán podrá acceder a cualquier plaza en cualquier lugar de España. Un castellanoparlante no podrá concursar ni promocionarse en plazas en Cataluña.

Y si triste es este panorama, ni que decir tiene de las implicaciones de futuro de los nuevos derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza. Me dirán que ya desde 1998 el catalán se había convertido en la lengua vehicular de la enseñanza, pero también se recogía en la Ley de Política Lingüística el derecho de niños y padres a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, derecho permanentemente violado por la Generalitat a pesar de las condenas reiteradas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, los señores Consejeros de la Generalitat ya no tendrán de qué preocuparse, porque ese derecho no se recoge en el nuevo Estatuto.

Con este Estatuto, primará la lengua sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y triunfarán las pretensiones nacionalistas aún a costa del fracaso de los escolares.

Por cambiar, hasta cambiarán las etiquetas de los productos. Actualmente se permite que el etiquetaje e instrucciones de uso figuren en catalán, en castellano o en cualquier lengua de la Unión Europea. El nuevo Estatuto promoverá que consten, al menos, en catalán. En este celo por no dejar resquicio al castellano, no se olvidan ni hasta de la lengua de signos catalana.

Por el bien de todos y especialmente de los catalanes, espero que se imponga la cordura e impere el sentido común que durante las últimas décadas había permitido un bilingüismo armónico. La lengua debe seguir siendo un instrumento de libertad al servicio de las personas, un vehículo de entendimiento y no un factor de discriminación. Los poderes públicos están para mejorar cada día la vida de los ciudadanos, no para cercenar su libertad o disminuir sus oportunidades.

Las 700.000 firmas de apoyo a la COPE están en Bruselas mientras continúan las amenazas del gobierno catalán

El eurodiputado del Partido Popular Luis Herrero ha presentando en el Parlamento Europeo la petición presentada para que Bruselas investigue el acoso de la Generalitat hacia la Cadena COPE.

Luis Herrero acompañado del director del diario 'El Mundo', Pedro J. Ramírez y la doctora en Historia por la Universidad de Oxford, Cayetana Alvarez de Toledo han llevado la iniciativa ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para "denunciar y desactivar la operación política que ha puesto en marcha la Generalitat para arrebatar a la Cadena COPE sus emisoras en Cataluña". La iniciativa ha sido respaldada por más de 700.000 firmas de apoyo, lo que supone un récord en la historia del PE. El gobierno catalán ha negado que exista una persecución contra la COPE a través del CAC. Sin embargo, Santiago Reventol, director de la oficina de medios de comunicación del gobierno catalán ha advertido de que si quieren cerrar alguna emisora de COPE en Cataluña "pueden hacerlo " Desde Bruselas Pedro J. Ramírez ha dicho que piden el amparo y apoyo del PE frente a lo que “consideramos un proceso de vulneración de la libertad de expresión”. Cayetana Alvarez de Toledo ha denunciado denunció ante la comisión "la existencia de una operación política destinada a desposeer a la segunda cadena de radio más importante de España de todas sus emisoras en Cataluña", lo que supondría una violación del derecho a la libertad de expresión recogido en la legislación comunitaria.

http://www.cope.es

más en :

http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276270418.html

Alejo Vidal-Quadras en La Cope (23-01-2006 )

http://www.latardeconcristina.es/index.php?/latarde/leer-mas/alejo_vidal_quadras/

"Yo os invito a la movilización a favor de la Nación española definida por nuestra Constitución de 1978 ... el nacionalismo no es más que la solución imposible a un problema inexistente"
(Alejo Vidal-Quadras, BCN 08-09-2005)