****La ofensiva talibán-choriza del gobierno contra el Valle de los Caídos parece ir por partes. De forma ilegal, esos sujetos han impedido el culto, han causado graves perjuicios económicos al Patrimonio Nacional (una tradición en ellos, desde el Frente Popular) y están ahora tanteando la posibilidad de trasladar de allí los restos de Franco y de José Antonio.
No es casual que las naciones abiertas, libres y democráticas tengan hoy mayoritariamente en el mundo una raíz cristiana. El cristianismo parte de una defensa radical de la libertad del ser humano.
Lo que el laicismo agresivo propone no es que cada cual ejerza su libertad para formar parte de una confesión religiosa o para no hacerlo, sino que se margine y se "reeduque" a quienes eligen la "inconveniente" opción de ser católicos.
El últimatum de Al Qaeda contra los cristianos de Irak comienza a hacer mella entre los perseguidos. Distintas voces en la comunidad internacional se están movilizando para denunciar la situación.
"Debéis dejar la querida tierra de nuestros ancestros y escapar de una limpieza étnica premeditada". Con estas explícitas palabras, el arzobispo sirio-ortodoxo Athanasios Dawood, el máximo dirigente de los cristianos iraquíes residentes en el Reino Unido, llamaba a sus correligionarios a huir de la persecución a la que están sometidos.
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Con la intervención a primera hora de la mañana de ayer del Ejército marroquí en el campamento de protesta del Aaiún daba comienzo una jornada de violencia que golpeaba décadas de tensión, abandono y letargo en la antigua colonia española. El baile de cifras se produjo durante toda la jornada: al cierre de esta edición, mientras el Frente Polisario hablaba de un muerto, el Gobierno marroquí confirmaba que eran cinco (cuatro policías y un saharauí), tras los enfrentamientos que se produjeron todo el día en El Aaiún.
La película de los hechos comenzaba al filo de las siete de la mañana. El Ejército marroquí sobrepasaba los límites del campamento Gdeim Izik y ponía fin a una protesta de más de 15.000 personas que se prolongaba ya durante casi un mes en un pedazo de desierto a 13 kilómetros de la capital de la ex colonia española. Violencia y fuego a las más de 7.000 jaimas del campamento para sacar a los contestatarios de allí fue la fórmula empleada por las autoridades marroquíes.
Desde primera hora de la mañana, la población de Gdeim Izik comenzó el regreso a pie hasta El Aaiún a través de las arenas del desierto, justo 35 años después de que otra marcha, la verde, hiciera lo propio para que Marruecos ganara el control del territorio. Las razones de la acampada, que mantuvo oficialmente durante semanas distancias con el independentismo saharaui, estribaban en la reclamación de mejoras sociales y laborales para los residentes en el territorio saharaui.
Las negociaciones conducidas por el Corcas (Comité Consultivo Real para los Asuntos Saharauis), el Ministerio de Interior de Marruecos y la wilaya de El Aaiún con los concentrados, que ofrecían lotes de tierras y puestos de trabajo en la Administración local para decenas de familias, fracasaban una y otra vez. Mohamed VI se mostró inflexible con los enemigos de la unidad territorial en su discurso televisado del sábado con motivo de la Marcha Verde.
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El Sáhara Occidental está viviendo la situación más crítica desde que en 1975 Marruecos ocupó la antigua posesión española, sin obtener la soberanía del territorio ni el pleno reconocimiento internacional. Precisamente cuando iban a celebrarse reuniones en Manhaset, Nueva York, auspiciadas por la ONU, con representantes de Marruecos y el Polisario, el asalto a un campamento en Gdaim Izik, a ocho kilómetros de El Aaiún, (donde vivían 20.000 saharauis) hace retroceder el conflicto a un pozo de represión y violaciones de los derechos humanos.
La protesta de los saharauis desencandenó una batalla campal en la capital de la ex colonia española mientras el Gobierno de Rabat imponía la censura, impidiendo la entrada de periodistas españoles. Fiel a su estilo, no quiere testigos de sus represiones de civiles. Urge la intervención de la ONU y la reactivación del censo y del referéndum en la zona, con la esperanza de que se aborde un problema que, desde 1975, ha hecho que el status quo sea imposible de mantener en sus términos actuales.
Rabat no ha conseguido hacerse por completo con el territorio ni con lo que queda de la población saharaui; durante más de 30 años tampoco ha logrado el consentimiento internacional a su política de asimilación. Por el contrario, y por la desgracia del Sáhara irredento, no han podido normalizarse las relaciones entre Marruecos y Argelia, constituyendo el Sáhara respecto a España un obstáculo recurrente.
El Sáhara Occidental, como Marruecos puede constatar con amargura, no era el territorio vacío que debía ocuparse con facilidad ni estaba habitado por una población dócil, cosas que probablemente se creyó Hassan II y todavía habría llegado a creer Mohamed VI. Parecidas ilusiones, con similares fracasos como consecuencia, se hicieron en su día respecto a Palestina. El Grupo de Amigos del Sáhara Occidental (Rusia, Francia, España y EE UU) debería reunirse y recabar la colaboración de Argelia, para detener una crisis que no sirve más que para que se fastidien recíprocamente Marruecos y Argelia y para perjudicar al peón de ambas capitales, que no es sino el pueblo saharaui.
El viejo contencioso está siendo alimentado por la misma terquedad de Rabat en aferrase al sueño del Sáhara Occidental como nueva provincia alauí, con consecuencias muy perjudiciales para todo el Norte de Africa y un foco con tensiones crecientes que permanece sin clara posibilidad de extinción en El Aaiún. Pero también está siendo alimentado por parte de agentes gubernamentales y no gubernamentales, con destacada presencia en España, como la izquierda pancartera. Nuestro país no puede ser ajeno a un tema que de manera recurrente aparece en las agendas internacionales, pero que, a la vista de la actitud que Madrid adopte, puede ser manejado por Rabat en contra de nuestros intereses en otros ámbitos, véase la presión de las pateras.
Efectivamente, todo se conecta entre España y Marruecos cuando se refiere al Sáhara Occidental, (cuestiones tan inflamables como la inmigración, la amenaza yihadista o la presión alauí contra la españolidad de Ceuta y Melilla). Lo cual exige por nuestra parte una delicadeza exquisita. Madrid debe tener la habilidad suficiente para mantener la amistad con el vecino del sur y, al propio tiempo, mostrarse contundente ante los atropellos de los más elementales derechos humanos. La crisis del Aaiún parece un caso claro. Eso sería "diplomacia inteligente" y no la que exhibió Moratinos cuando la frontera de Melilla fue asaltada el pasado verano.
La activista Aminatu Haidar acusa a Marruecos de "querer iniciar una guerra civil" entre el pueblo saharaui y marroquí y advirtió de que la comunidad internacional sigue con "los ojos cerrados" respecto a la situación de su pueblo.
En declaraciones a EFE, Haidar, que llegó hoy a Portugal para recibir mañana una distinción de la Universidad de Coimbra, al norte del país, por su labor en favor de los derechos humanos, se mostró muy preocupada por el desmantelamiento, esta mañana, del campamento de protesta de Gdaim Izik, cerca de El Aaiún. La activista consideró que esta acción supone un paso "atrás" para la resolución del conflicto y describió un panorama desolador por lo sucedido allí.
Haidar lamentó que los enfrentamientos contra las milicias marroquíes se saldaron con la muerte de un saharaui así como "muchos heridos y desaparecidos" y la destrucción del campamento de Gdaim Izik, donde vivían cerca de 25.000 saharauis en unas 7.000 jaimas.
Las autoridades de Marruecos informaron de la muerte de dos agentes y setenta heridos durante la operación, mientras que el Frente Polisario confirmó al menos un fallecido y centenares de heridos. "El Consejo de Seguridad (de la ONU) tiene que actuar y presionar a Marruecos en defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui", pidió la activista. Haidar dijo no tener conocimiento de la reunión anunciada hoy entre el Frente Polisario y Marruecos para reanudar el proceso de negociación sobre la soberanía del Sahara Occidental y señaló que su mayor preocupación en este momento es lo que está sucediendo en el campamento.
Aminatu Haidar estuvo 32 días en huelga de hambre el pasado año después de que las autoridades marroquíes le denegaran el permiso para entrar en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, a su regreso de un viaje a Nueva York (EEUU).
La compañía ha argumentado que "el sistema informático de la RAM ha anulado los billetes sin ofrecer más explicaciones", y no ha permitido a los corresponsales comprar un nuevo pasaje.
Los corresponsales acreditados en Rabat de TVE y TV3, de los periódicos El Mundo, ABC y El Periódico de Cataluña, de la Agencia EFE y de la Cadena Cope han sido los afectados por esta medida, que ocurre por segunda vez.
El pasado 25 de octubre la compañía ya anuló los billetes de siete periodistas españoles, también cuando trataban de dirigirse a la capital administrativa del Sahara Occidental.
Hoy, los periodistas se dirigían a El Aaiún para cubrir los disturbios desencadenados por el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdaim Izik, en los que, según el Gobierno marroquí, han muertos tres agentes de las fuerzas de seguridad y más de 70 personas han resultado heridas.
Fuentes saharauis señalan, en cambio, que el número de muertos es más elevado y que entre ellos se encuentran al menos cuatro civiles, incluido un menor de edad.
Marruecos ha atacado el campamento de protesta de El Aaiún para dirigirse después a la capital del Sahara, donde ya se registraron enfrentamientos el domingo. Fuentes del Frente Polisario confirman siete muertos aunque otras fuentes apuntan a doce.
La asociación que preside Francisco José Alcaráz ha presentado este lunes una querella criminal contra Jesús Eguiguren por las declaraciones realizadas a un programa de televisión, en las que el dirigente socialista se jacta de haber comido varias veces con Josu Ternera.
La asociación Voces contra el Terrorismo que preside Francisco José Alcaraz presentó ayer una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, por "colaboración con banda armada" y "menosprecio" a las víctimas del terrorismo después de que éste asegurase haber comido en diversas ocasiones con el miembro de ETA Josu Ternera.
Además, esta asociación de víctimas exige la destitución del líder del PSE. Al mismo tiempo, el PP reclamó al Gobierno que "desautorice" a Eguiguren. "Cuando estás en un proceso de paz te olvidas de todo, cuando estás negociando sólo te interesa el resultado". Ésta es sólo una de las perlas que Eguiguren, urdidor del proceso de paz, pronunció en una entrevista emitida el domingo por el programa Salvados, de La Sexta. "Con Ternera me entendía bien porque sabía exactamente cómo era", agregaba. "Creo saber que en Navidades habrá una declaración definitiva y verificable de tregua de ETA", pronosticaba.
En la querella, presentada por los abogados Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio y a la que tuvo acceso LA GACETA, se hace hincapié en que si Eguiguren conoce el paradero de Ternera, debería hacerlo saber a las autoridades para que procedan a su detención.
El escrito de los letrados califica las declaraciones de Eguiguren de "cúmulo de despropósitos" no amparados por las libertades de expresión y reunión. "Está pidiendo directamente la presencia de ETA en las instituciones democráticas, se está reuniendo con terroristas a espaldas de la Justicia y no colaborando con ella, conductas que deben ser investigadas y sancionadas".
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Pese a las catástrofes naturales y las graves situaciones que se viven en varios países del mundo, tanto UGT como CCOO recibieron el pasado año más de 2,3 millones de euros en fondos de cooperación internacional, mucho más que lo enviado a países como Mali, Uganda o Ecuador.
Elena Espinosa, ex ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, adjudicó ocho contratos durante la primera legislatura, entre 2004 y 2008, a Rodman Polyships SAU, la empresa naviera para la que trabajó entre 1998 y 2004 como directora financiera y adjunta a la presidencia. La suma total de estas adjudicaciones asciende a 11.858.894,52 euros.
Algunos de los contratos suman un precio millonario, como los de "suministro de un patrullero ligero para misiones de inspección, vigilancia y apoyo a la flota pesquera" del 5 de septiembre de 2006 y de 11 de octubre de 2007, por un valor de 2.716.372 y 2.814.508 euros, respectivamente.
Rebaja mínima
En todos los contratos el importe final de adjudicación que ofrece la naviera Rodman Polyships es ligeramente inferior al presupuesto base de licitación del ministerio de Elena Espinosa. Atendiendo a la totalidad de los contratos, la diferencia entre una y otra cifra supone un ahorro para el ministerio de tan sólo el 0,14%.
Así, en un contrato de suministro de un patrullero ligero fechado el 14 de septiembre de 2005, la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación se ofreció a pagar 2.510.000 euros, y Rodman Polyships resultó beneficiario de la adjudicación al ofertar un precio rebajado de 2.499.999,52 euros, es decir, sólo 48 céntimos de euro menos.
Y en el contrato de 7 de octubre de 2004, de suministro de una embarcación ligera, el presupuesto base de licitación era de 1.550.000 euros y fue adjudicado a Rodman Polyships por 1.549.999 euros, generando un ahorro de un euro al Ministerio de Espinosa.
Respecto a estas rebajas en las que el ministerio ahorraba cantidades mínimas, desde Medio Ambiente aseguran a LA GACETA que "la legislación no permite a las Administraciones Públicas negociar con las empresas en el caso de concurso abierto (…) Además del precio, la normativa de aplicación establece otros muchos criterios de adjudicación de carácter técnico", remachan, aunque sin concretar a qué criterios en concreto se refieren.
Único ofertante
Asimismo, desde el ministerio defienden que "la tramitación de todos y cada uno de los contratos se realizó conforme a Derecho, es decir, por el procedimiento legal de concurso abierto", y añaden que "en los archivos de la unidad de inspección y vigilancia pesquera no consta la presentación de ofertas por parte de otras empresas".
La ausencia de más ofertantes resulta extraña en tanto que los barcos ligeros y las patrulleras solicitadas por Elena Espinosa podrían haber sido fabricadas y suministradas por Navantia SA o Construcciones Navales P. Freire SA, otras navieras españolas que trabajan con el poliéster reforzado con fibra de vidrio que demanda para sus embarcaciones Medio Ambiente.
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La Generalitat no duda en atar corto a la prensa más afín, especialmente en época preelectoral. Diarios en catalán y soberanistas como Avui y El Punt, ahora de la misma empresa, son los que se llevan más subvenciones.
Incluso algún diario no nacido, pero en catalán, como el Ara que tiene previsto ver la luz el próximo 28 de noviembre –el día de las elecciones– también ha obtenido su subvención.
Avui ha obtenido este año 1,5 millones de euros en subvenciones directas, según ha publicado el Diari de Girona. Unas subvenciones tras su adquisición por parte de la empresa editora de El Punt, tras la venta de la cabecera por parte de Grupo Godó y Lara, sus antiguos accionistas. Las subvenciones eran para la convergencia de los sistemas de redacción, comerciales y locales. Una convergencia que se tradujo en una importante reducción de personas. De este modo, el diario Avui pasó de recibir 470.500 euros el año pasado a los 1,5 millones de este año, triplicando la aportación pública.
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El PP ha impugnado ante el Supremo la decisión abusiva del Gobierno de vetar el debate parlamentario sobre la congelación de las pensiones. Los datos ponen a Zapatero la deshonrosa etiqueta de presidir el Gobierno más obstruccionista de la historia de la democracia. En solo dos años, ha aprobado 80 vetos al debate parlamentario. Felipe González, en trece años, solo vetó en cuatro ocasiones. Y Aznar, entre 1996 y 2004, no impuso un solo veto. Esto no es otra cosa que debilidad política y miedo a la democracia deliberativa. El Gobierno tapona con sus prerrogativas los debates fundamentales que n...
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