El ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera asegura estar sorprendido porque Felipe González haya dicho que tuvo la oportunidad de volar a la cúpula de ETA. Ahora, aclara a LA GACETA los pormenores de aquella historia y corrige los datos erróneos que expuso el ex presidente del Gobierno.
-¿Ha dicho usted que Felipe González estaba al tanto de los GAL? -No, he dicho que se dedicaba a las cosas de gobernación del país, a la gobernabilidad. Se ha recogido lo que he dicho de forma alambicada, rozando la falsedad.
-Pero entonces, ¿usted cree que Felipe González estaba al tanto de los crímenes de Estado? -Para empezar, no entiendo bien la entrevista de Felipe González. Seguramente, pasados los años uno se relaja mucho y se quedan en la memoria cuestiones muy concretas de tu gestión que te han impresionado y a las que les vas dando vueltas. Creo que primero hay que saber el origen de esa información.
-¿Y cuál es ese origen? -Creo que a Felipe le coloca esa información el Cesid, que despachaba algunas veces con el presidente del Gobierno directamente o con su entorno más directo. Y en paralelo, esa información me llega a mí, a la mesa de la coordinación antiterrorista, que estaba en el Ministerio del Interior, y en la que se sentaban la Policía, la Guardia Civil y el Cesid. Entonces el Cesid no tenía el nivel de información que tiene ahora en materia antiterrorista. No tenía la capacidad que tiene hoy para investigar a ETA. Probablemente se trataba de una información no contrastada, errónea, o de una intoxicación.
-¿Por qué el Cesid funcionaba tan mal? -Porque estaba dedicado a otros asuntos, venía de ser un servicio militar de información orientado fundamentalmente hacia el golpismo, al control dentro de los Ejércitos. Luego fue derivando a otras cuestiones como el espionaje industrial, las relaciones internacionales, etcétera... Y había un departamento que se dedicaba a la lucha contra ETA.
-El Cesid le da la información a González... -Sí, pero en cambio la información no llegó a Interior con ninguna propuesta de volar nada, sino a secas: se van a reunir en tal sitio. Y ese tema se puso en la mesa antiterrorista, se debatió y se analizó. Y se llegó a la conclusión de que no estaba contrastado el dato, que había lagunas, que no tenía mucho interés y se desechó sin más. Ni siquiera los jefes de la banda se iban a reunir ese día. No hubo debate sobre volar a la cúpula de ETA. Además, Felipe sitúa esa información a finales de los ochenta y principios de los noventa, y en esos años la guerra sucia ya había desaparecido, desde 1987. El último atentado de guerra sucia fue el de García Goena, en 1987, y ya no hubo más. Es decir, que está también sacada de contexto.
-¿Por qué cree que Felipe ha dicho todo esto? -Ésa es la segunda parte, ¿por qué nos ha metido en este lío? No lo sé. Sólo tengo una explicación, que haya intentado sacar de la línea de tiro a Rubalcaba y a Ramón Jáuregui, que estuvieron en aquellos años y que ahora están siendo atacados con el tema de los GAL.
-Felipe saca de contexto o confunde cosas... -Las confunde porque no las sabía. A él le ha quedado en su cabeza algo que recuerda especialmente y lo suelta en una entrevista relajada.
-¿Es que tiene motivos para sacar de la línea de tiro a Rubalcaba y a Jáuregui? -Rubalcaba era ministro portavoz cuando estalla todo este asunto, y por eso le ponen como portavoz de los GAL, pero es sólo un título comercial. Y Jáuregui era delegado del Gobierno en el País Vasco. Estaban ahí, pero también estaba ahí el ministro de Agricultura. Se fuerzan mucho las cosas para acusarles de eso. Supongo que es para intentar desgastar a un cambio de Gobierno que ha servido para que haya salido gente de más potencia política.
-¿Cree que hay una estrategia para desgastar al Gobierno con los GAL? -No, para desgastar a estas dos personas. El PP utiliza esto como lo utilizaría el PSOE si estuviera en la oposición. Me imagino que será el día a día de la vida política, en la que yo cada vez me encuentro más a disgusto.
-¿Le duele que aún se hable de los GAL? -Esto no tiene arreglo, no tiene solución. Ojalá yo pudiera combatir esto. Me preguntan de este tema y digo claramente lo que pasó, no tengo problema en decirlo. Felipe González, como no estaba ahí, no conoce todos los detalles. A mí no me llegó esa propuesta que le llegó a Felipe González. A él le llegó un cuento muy elaborado y le pondrían esa opción encima de la mesa. No sé por qué lo cuenta, pero no puedo entrar en su cabeza.
-Tras las declaraciones de Felipe González, tanto el PNV como el PP dicen que él es la X de los GAL... -Ése es el juego político, desgraciadamente. Lo que me produce cierta tranquilidad es que Mariano Rajoy no entra en esto. Hay otros líderes del PP que se encargan de eso. Me sigue pareciendo un hombre muy serio y con una visión del Estado clara, porque él no utiliza esto como un arma para desgastar al Gobierno y al PSOE. Él ha estado en el Ministerio del Interior y sabe qué es eso. Eso siempre imprime carácter, hay una especie de solidaridad entre la gente que ha estado en Interior.
No sé lo que trama entre bastidores Rubalcaba. Me inquieta su almuerzo en el Currito con los jueces de la Audiencia Nacional encargados de la lucha contra ETA. ¿Trataba de tomar la temperatura a la judicatura ante una eventual negociación política con los terroristas? Ya no está Garzón, que en la legislatura pasada tomó partido por la opción gubernamental. En cualquier caso, jueces y ministros no deben compartir mesa y mantel porque la Constitución proclama el principio de la división de poderes y la independencia de la Justicia. Me preocupa también la vuelta a escena –en realidad parece que nunca se ha ido– de Jesús Eguiguren, el muñidor del anterior proceso, cuyos contactos con la izquierda abertzale se han recrudecido en los últimos tiempos. ¿Ha contado o cuenta con la anuencia de Zapatero?
Me desconcierta que, ante el anuncio de Otegi de que "la estrategia" de la izquierda independentista es "incompatible con la violencia armada" de modo que si ETA volvía a matar la izquierda abertzale "se opondría", el presidente Zapatero hubiera dicho –en pleno debate sobre la hipotética presencia de Batasuna o alguno de sus sucedáneos en las próximas elecciones forales y municipales– son un "paso adelante" y "no caerán en balde".
Me satisface que las Fuerzas de Seguridad del Estado sigan su lucha sin cuartel contra ETA y continúen acogotando a la banda criminal, aunque me confunde que al mismo tiempo se haya flexibilizado la política penitenciaria para quienes de lo único que se han arrepentido es de estar en la cárcel. Es posible, aunque no es seguro, que la actual tregua –¿unilateral?– de ETA responda a su situación de extrema debilidad ante el incesante acoso policial tanto en Francia como en España. Pero hay algo que huele mal y es el optimismo reinante en la izquierda abertzale, convencida de que podrá presentarse a las próximas elecciones del próximo mes de mayo.
Que Txiki Benegas haya afirmado que bastaría con que los batasunos utilicen la palabra "condena", aunque no exijan la disolución de ETA, resulta sospechoso, pues el mundo abertzale no parece dispuesto a renegar de su pasado. Su supuesto desmarque de ETA forma parte de la estrategia diseñada para volver a recuperar su poder municipal y la apertura de un diálogo abierto que culmine en el reconocimiento de la autodeterminación, en un acuerdo que permita dar pasos para la anexión de Navarra y el reconocimiento de Euskal Herria como nación.
Me gustaría creer a Rubalcaba cuando a lo largo de este año ha declarado una y otra vez que nada ha cambiado y que "el diálogo con ETA está descartado". El problema está en que con el mismo aplomo que el responsable de Interior dice ahora lo que dice, en la legislatura pasada faltaba a la verdad en el Congreso de los Diputados al negar la existencia de la negociación política con la banda terrorista. Para enredar más las cosas, José Blanco incumple la consigna de ser prudentes ante lo que acontece y proclama que el fin de ETA está "próximo".
Aquí hay algo que no casa. Si no ha habido –ni hay ni habrá– diálogo con los terroristas (Rubalcaba), si la izquierda abertzale da por hecho que estará en las elecciones, si se especula sobre la palabra mágica liberadora de las ataduras de la ley de partidos (Benegas), y si el fin de la banda está próximo (Blanco) eso quiere decir que o bien hay gato encerrado y todo es una pantomima porque está a punto de culminar una negociación en toda regla llevada a cabo en la oscuridad; o bien, ante el acoso imparable de los cuerpos policiales, se va a producir la deshecha, dilución o rendición de ETA sin ninguna condición política.
Lo que no creo, pase lo que pase, es en la sinceridad de la conversión de Batasuna a la ortodoxia democrática. ¿Alguien piensa que llegará el día en que los líderes batasunos condenen la historia criminal de ETA, pidan perdón a las víctimas, se arrepientan de haber sido instrumentos políticos del terror y anuncien su voluntad de participar en la vida política sin condiciones previas y aceptando las reglas del juego democrático?
Hay algo que me induce a pensar lo peor. Se trata del idilio PNV-Zapatero. Los nacionalistas quieren la independencia, igual que ETA-Batasuna, aspiran a integrar Navarra en Euskadi, igual que ETA-Batasuna, y no desean "ni vencedores ni vencidos", igual que dice ahora ETA-Batasuna, eufemismo que en realidad encubre la derrota del Estado de Derecho.
Si Zapatero consigue la deshecha o rendición incondicional de ETA, chapeau. Pero si el fin de ETA tiene precio político para dar satisfacción a la ensoñación euskalherríaca, en tal caso habrá mancillado la memoria de las víctimas, traicionado la Constitución y sin duda a Navarra.
Rosa Alcaraz, quien perdió a sus hijas y a uno de sus hermanos en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, ha pedido a la Audiencia Nacional que tome declaración al presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, para que revele el paradero del etarra José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera".
Así lo ha confirmado a Efe su hermano Francisco José Alcaraz, ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y actual líder de la plataforma Voces Contra el Terrorismo, personada en la causa que se sigue contra el ex dirigente de ETA.
Rosa Alcaraz ha presentado esta mañana su escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 que instruye el caso contra Josu Ternera por el atentado perpetrado en 1987 y en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas sus dos hijas gemelas, de tres años, y su hermano, de 18.
Precisamente el pasado lunes, Voces Contra el Terrorismo presentaba una querella contra el propio Eguiguren por colaboración con banda armada y menosprecio a las víctimas del terrorismo.
Según Francisco José Alcaraz, el hecho de que el dirigente socialista vasco haya reconocido en una entrevista que ha compartido mesa con un etarra que está prófugo de la justicia es "una de las mayores ofensas" para las víctimas del terrorismo.
"Es muy grave que Jesús Eguiguren afirme con todo el convencimiento, que Batasuna estará en las autonómicas y podrá hacer política en las instituciones. Eguiguren no puede permanecer un minuto más como presidente del PSE y parlamentario vasco. Es un atentado contra la dignidad de las víctimas", añadía Alcaraz en un comunicado.
En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, el dirigente patronal ha asegurado que los empresarios vascos han continuado recibiendo cartas de extorsión pese a "ese alto el fuego un tanto eufemístico de acciones ofensivas". "Desde luego -ha dicho- no se ha correspondido con los procesos de chantaje y amenaza".
Según sus palabras, desde ese punto de vista "no se puede hablar de tregua" porque "basta que una persona esté amenazada por razones de tipo ideológico para que esté amenazado el conjunto de la sociedad". Zubia ha recordado que las víctimas de ETA en el colectivo empresarial rondan "la treintena" aunque ha agregado que, "quien más quien menos, todos tenemos víctimas muy próximas, muy cercanas y muy sentidas", no sólo en una jornada como hoy, el Día de la Memoria, sino "desde el día que se fueron o nos los quitaron".
El Gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez oficializó hoy la "adquisición forzosa" de cinco empresas de transporte de productos lácteos, tres días después de que así lo anunciara el vicepresidente del Ejecutivo, Elías Jaua.
El decreto aparece publicado en la edición de hoy de la Gaceta Oficial, que explica que "los bienes muebles e inmuebles de tales compañías son indispensables para la ejecución de la obra Aseguramiento de la Capacidad de Transporte y Distribución de Productos Lácteos para el Pueblo Venezolan".
El texto especifica que "la adquisición forzosa" se basa en la "Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social" y que en el proceso "deberán resguardarse los derechos de los trabajadores de tales empresas, quienes tendrán preferencia para participar en el plan estatal".
Jaua adelantó la medida el viernes pasado, durante la expropiación de una fábrica de textiles, cuando recordó que la gran empresa "Lácteos Los Andes" fue expropiada en marzo de 2008.
El vicepresidente venezolano identificó ese día la "contradicción" expresada en que una empresa ahora "socialista cuente con una red de transporte de alimentos privada".
En manos privadas, aseguró Jaua, la producción de "Lácteos Los Andes" bordeaba únicamente los 20.000 litros de leche pasteurizada por día, lo que "se ha recuperado hasta 282.000 litros gracias a la participación de los trabajadores", subrayó.
El decreto de "adquisición forzosa" de las empresas de transporte de lácteos insta al aparato estatal "a promover la incorporación de asociaiones, cooperativas y demás formas de asociación comunitaria para el trabajo, bajo el régimen de propiedad colectiva, con la garantía de incluirlos en los procesos de capacitación y asistencia técnica necesarios".
Según cifras de la Confederación Venezolana de Industrias (Conindustrias), el Gobierno de Chávez ha nacionalizado más 200 empresas en lo que va de año, en una política que los gremios patronales califican de "arremetida contra el sector privado".
La "Revolución Bolivariana", como Chávez llama su programa político, iniciado en 1999 con su llegada al poder, ejecutó entre 2005 y 2009 un total de 762 expropiaciones, tanto de terrenos como de empresas, según un estudio privado divulgado por la prensa local en mayo pasado. EFE
Uno de los 13 opositores detenidos durante la Primavera Negra y que siguen en prisión, Diosdado González Marrero, se declaró este miércoles en huelga de hambre después de que el Gobierno cubano no haya cumplido el plazo dado para liberar a los 52 disidentes arrestados durante la ola represiva de marzo de 2003.
Gónzalez Marrero se niega, junto a otros 12 reos, a abandonar Cuba, como sí han hecho 39 opositores que se han acogido a la propuesta del Gobierno de Raúl Castro, que se dio en julio cuatro meses para excarcelar a 52 personas pertenecientes al denominado Grupo de los 75. En cambio, La Habana sí ha dado luz verde a la salida de prisión de otros 14 reclusos que no pertenecen al colectivo de la Primavera Negra.
El plazo venció el pasado domingo sin que las autoridades de la isla hayan resuelto la situación de los 13 presos. González Marrero, que se encuentra preso en el Combinado Sur, en Matanzas, le comunicó a su mujer, Alejandrina García, que realiza "una huelga de hambre porque las autoridades cubanas no han cumplido con el compromiso que tuvo con la Iglesia Católica y el Gobierno de España".
"No ha recibido una respuesta de por qué no ha sido conducido hacia su casa", apuntó García, en declaraciones a Radio Martí. "No va a ingerir ningún alimento hasta que reciba una respuesta de la seguridad del Estado de cuál es su condición. Si va a ser excarcelado o no", advirtió.
El portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez, se manifestó "en contra" de la decisión adoptada por González Marrero. Durante el ayuno, "se daña la salud, algo muy peligroso bajo un Gobierno como el de Cuba, que dejó morir a Orlando Zapata", explicó Sánchez, en declaraciones telefónicas a Europa Press.
Asimismo lamentó que iniciar un ayuno puede conducir a una muerte "evitable" y, aunque critica esta forma de protesta, teme que "no sea la única huelga de hambre" que se inicie para criticar ante las autoridades el incumplimiento del plazo de cuatro meses dado para las excarcelaciones.
Lo peor es comprobar que se ha puesto al PP al mismo nivel que el PSOE de Zapatero, con una incapacidad pavorosa para convertir la acción exterior en algo más que un caballo de batalla en la política electoral.
El juzgado de Instrucción número 1 de Madrid ha inadmitido a trámite la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la ex vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, y el director del Boletín Oficial del Estado (BOE), Fernando Pérez Sánchez, entre otros, por un presunto delito de falsedad en documento público relativo a la incorporación de una corrección de errores en el BOE.
El sindicato presidido por Miguel Bernard presentó incialmente su denuncia ante los juzgados de Madrid contra el director del BOE por un presunto delito de falsedad documental, después de que el Diario Oficial publicara una corrección de errores del artículo 14.2 del decreto ley de medidas para la reducción del déficit público. En concreto, se rectificó la disposición relativa a la prohibición a los ayuntamientos a endeudarse a largo plazo para financiar inversiones.
El auto de inadmisión señala que en la enmienda realizada al BOE no se encuentra falsedad alguna, "puesto que el documento en cuestión refleja fielmente el propósito de sus inspiradores de postergar la entrada en vigor de las limitaciones y prohibiciones a los ayuntamientos para endeudarse, que es lo sustancial en el documento supuestamente falsificado". "De existir algún cambio de la realidad --continúa el auto--, sería difícil de explicar la intervención de la persona que regía los destinos del BOE, que se limitó a inscribir en el diario oficial una disposición enviada por la Jefatura del Estado". Si no se trató de una mera corrección de errores, según concluye el juez de Madrid, "estaríamos ante una mutación de la verdad que afecta únicamente a las forma de hacer las cosas pero no a un elemento esencial del susodicho documento (...) por lo que la falsedad quedaría extramuros del Derecho Penal".
El TS lo devolvió
El Juzgado de Instrucción número 1 había abierto inicialmente diligencias previas sobre este asunto, pero Manos Limpias amplió y modificó la denuncia a finales del pasado mes de julio para incluir en la ya querella al presidente del Gobierno; la ex vicepresidenta primera; el vicepresidente tercero, Manuel Chaves; la ministra de Economía, Elena Salgado, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro. Por ello, el pasado 30 de julio, el juez instructor número 1 acordó inhibirse en favor del Supremo dada la existencia entre los querellados de varios aforados, entre ellos el presidente del Gobierno y los citados ministros.
El alto tribunal devolvió las actuaciones señalando que debería oírse antes la opinión del Ministerio Fiscal y únicamente se aceptaría exposición razonada si el juez instructor veía algún motivo para seguir adelante con las averiguaciones. Esto no ha ocurrido así y, además de contar con el informe del fiscal solicitando el archivo, el instructor de la causa cree que los hechos denunciados no constitutivos de delito, por lo que el recorrido de la querella termina aquí y no llegará finalmente al Tribunal Supremo.
En su querella, el sindicato denuncia la "modificación encubierta" del Real Decreto, que el Gobierno ejecutó "dado el descontento de las corporaciones locales y previa la realización de diversas gestiones" de Pedro Castro ante Chaves, hasta que "se logró el beneplácito y anuencia" del presidente del Gobierno, la vicepresidenta y la ministra de Economía. De esta manera, "bajo la cobertura de una simple corrección de errores" acometió "una modificación sustancial de lo aprobado en Consejo de Ministros", sin que se dictara un nuevo Real Decreto Ley, para lo que hubiese sido necesario convocar un nuevo Consejo de Ministros, según denunció el sindicato de funcionarios.
Una de las condiciones para hacer la revolución, fuera antes o después de derrocado el capitalismo, era el socavamiento, hasta la abolición, de la familia que los marxistas llamaban burguesa.
En respuesta en la sesión de control al diputado de CiU Pere Macias sobre el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut en materia de inversiones del Estado en Cataluña en 2009, Salgado ha recordado que para 2011 habrá que hacer inversiones en infraestructuras por valor de 3.143 millones de euros. Esa fuerte inversión en Cataluña choca con la que se va a realizar en otras comunidades como es el caso de Madrid, un hecho denunciado en varias ocasiones por Esperanza Aguirre.
Esta cantidad, ha dicho, está recogida en parte (2.742 millones) en el proyecto de Presupuestos para el próximo año y el resto (391,8 millones) se concretará a través de otros proyectos pendientes de determinar y de los peajes de autopistas.
Salgado ha insistido en que el Gobierno va a dar "absoluto" cumplimiento a la disposición adicional tercera y para ello se ha dotado en el Presupuesto un crédito de 950 millones para compensar los déficit de 2008 y 2009.
"Por lo tanto, cumplimiento absoluto de la disposición adicional tercera de acuerdo con la metodología pactada entre el Gobierno y la Generalitat", ha remarcado la vicepresidenta, quien no ha dado los datos de la liquidación provisional de 2009 que le había solicitado el diputado de CiU.
La ministra de Economía ha indicado que se acaban de cerrar los datos correspondientes al ejercicio de 2007, ya que de acuerdo con la metodología acordada entre ambas administraciones los datos finales sobre el cumplimiento de la disposición del Estatut deben cerrarse al año tercero.
"No hay ningún deseo de ocultación, es absoluta transparencia pero en las relaciones que tenemos entre los dos gobiernos", ha subrayado Salgado.
Previamente, el diputado de CiU había acusado al Gobierno de hacer un ejercicio de "antitransparencia" y había considerado que una cuestión tan sensible como conocer el déficit en el cumplimiento del Estatut no podía ser "motivo de ocultación".
Según Macias, el déficit acumulado correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008 es de 1.386 millones de euros, que llegan a los 2.000 si se suma el déficit de 2009.
Ha indicado que le consta que la información de este ejercicio ha sido enviada ya a la Generalitat y ha asegurado que la sociedad civil catalana demanda conocer cuál es el déficit acumulado.
"No deben guardar tan infantilmente esta cifra", ha añadido Macias, quien ha reprochado al Gobierno que esté haciendo "un flaco favor a la democracia con su extraordinario ejercicio de opacidad".
Rafael Vera lleva seis años viviendo en una finca propiedad del Estado gracias a la negligencia del Gobierno. Según informa El Mundo, la vivienda, comprada con dinero de los fondos reservados, fue decomisada por la Justicia en 2004 aunque de momento no se ha producido el desalojo.
Antonio Canedo, alcalde de Camponaraya y senador socialista por León, ha sido denunciado por un total de siete delitos ante el Juzgado de Instrucción de Ponferrada. El denunciante es el popular Javier Folgueral, directamente perjudicado por las correrías de Canedo.
El sínodo de las iglesias orientales recientemente concluso en El Vaticano, que reunió a los obispos caldeos, maronitas, armenios, siríacos... fue, trágicamente, premonitorio. Puso el dedo en la llaga: la progresiva desaparición de decenas, de centenares, de miles de cristianos sirios, libaneses, iraquíes, egipcios, que renuncian a su tierra y a su cultura porque su patria se les hace imposible. Peligrosa hasta la muerte… por bomba, como recientemente en Bagdad.
Me espanta la estúpida ceguera del Occidente cristiano, que únicamente reacciona ante acontecimientos concretos y es incapaz de establecer una estrategia de largo alcance, de fijar un camino hacia la estabilidad en esta convulsa región más allá, mucho más allá, del puntual espanto del terror (del integrismo islámico o también del Estado judío). Pocos centros de análisis existen en el mundo con mayor capacidad de criterio que El Vaticano. Su información deja a los servicios de inteligencia más sofisticados en cosa de párvulos. Conocimiento que proviene de los fieles, de los sacerdotes, de los obispos que viven sobre el terreno, como hijos que son del lugar.
El clamor del Papa Juan Pablo II contra la pseudocruzada del presidente Bush en su aventura iraquí era tanto ética como práctica. Un "no" a la barbarie injusta del conflicto y un grito de alarma ante la hecatombe que significaría derrumbar el frágil equilibrio intercomunitario suní, shia… y cristiano. Allí donde Bush (y su acólito Aznar) establecieron la memez del "dominó democrático", la Iglesia previó la catástrofe: el día en que Bush lanzó sus aviones contra el déspota iraquí, los cristianos representaban el 10%... Hoy sólo son el 3%.
Vivimos día a día empujando al mañana un problema que se acrecienta: la tensión hasta la explosión del muy inestable Medio Oriente. Si a ello se le suma la desesperación (por haberse ahogado toda esperanza) del pueblo palestino, Europa se enfrentará mañana a algo más grave que a una guerra.
Este neologismo viene asimilándose a una determinada manera de gobernar desde políticas de buen talante, condescendientes, de apaciguamiento como fin en sí mismo. En definitiva, débiles. Poner la otra mejilla al recibir una bofetada es cristiano pero nada aconsejable a la hora de gobernar a los pueblos. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial algunos países que luego fueron aliados ejercieron con el régimen nazi un buenismo avant la lettre. El mundo sufrió el resultado. Churchill fue una de las pocas voces que anunciaron la inutilidad del buen rollito. En España la quintaesencia del buenismo tiene a Zapatero como portaestandarte. Su política exterior, desde la Alianza de Civilizaciones al frustrado intento de cambiar la Posición Común de la Unión Europea respecto a Cuba, es buenismo. Y su política interna está impregnada también de ese buenismo.
Este dogma ideológico buenismo considera que la mano tendida soluciona los conflictos, pero es falso. La debilidad de una parte fortalece y amplía las demandas de la otra. Todos no somos justos y benéficos aunque lo proclamase bondadosamente la Constitución de Cádiz.
Elena Valenciano, la voz del PSOE en política exterior, declaró que el buenismo es su "apuesta de futuro", y Moratinos se mostró encantado de que los socialistas tuviesen por esos mundos fama de ser "tan buenos". Pero es un espejismo. La fama del Gobierno no es de bueno sino de débil. Igual que es un espejismo creer que hay unos terroristas mejores que otros. Abrir diálogo con el terrorismo es otro error buenista. Compartí durante dos años tertulia semanal en la SER con Ernest Lluch, una gran persona, y le escuché muchas veces defender con ahínco el diálogo para salir de la violencia. Era puro buenismo. Acabó recibiendo un tiro en la nuca como ejemplo de diálogo.
Creer a pie juntillas que el diálogo y el buen talante todo lo arreglan es una ingenuidad que no se puede permitir un político con responsabilidad de gobierno. El diálogo es un medio pero no un fin y, en todo caso, tiene sus límites. Hay asuntos sobre los que no se debe dialogar y también hay interlocutores imposibles. La España de Zapatero, en la vía del apaciguamiento, ha hecho repetidamente el ridículo. El colmo es que ha recibido bofetadas incluso del Gobierno colonial de Gibraltar porque el buenismo de Zapatero decidió encuentros a tres bandas: España, Gran Bretaña y Gibraltar, de igual a igual, rompiendo una política española que no se había interrumpido con régimen alguno desde 1704.
El buenismo suicida de Zapatero le desliza hacia un nuevo diálogo con el terrorismo, si es que alguna vez se interrumpió y no nos mintió también en eso, desde el error de creer que una paz-trampa le haría ganar las elecciones. Pero su condición de cadáver político insepulto no lo arregla una cabriola más, aunque su estrategia sea ahora esconderse detrás del buenismo de Rubalcaba que, por cierto, no es tan inteligente como él quiere que creamos. Simplemente tiene poder y abusa de él. El león es el rey de la selva no porque sea el animal más fuerte ni el más bello ni el más veloz ni el más peligroso. Es el rey de la selva porque los demás se lo han creído. Y, además, no habita en la selva sino en la sabana.
El buenismo lleva también a considerar como panacea la llamada Alianza de Civilizaciones. Debemos abrirnos a lo que nos llega de fuera sin defender lo que es tradicional. Se aceptan como normales los forcejeos sobre usos y costumbres de culturas y religiones que no respetan nuestros valores ni los más elementales derechos humanos, y se menosprecian y persiguen valores y signos de la religión católica, mayoritaria en España, en aras de un laicismo cateto e ideológicamente utilitarista.
Es chusco que se esté planteando, incluso por vía de iniciativas en ayuntamientos, la institucionalización de un imposible "civilismo sacramental": bautizos, confirmaciones y comuniones laicos… Aunque resulte anacrónico este laicismo rampante tiene un tufillo masónico rancio claramente perceptible. Al infante don Enrique de Borbón, muerto en duelo por el duque de Montpensier en 1870, le hicieron un "funeral masónico".
El buenismo viene a ser que cada cual haga lo que le venga en gana, que se hable de derechos y no de deberes, que se prefiera pedir perdón a pedir cuentas, que si otro país nos ofende debamos conformarnos con el cobarde "podía haber sido peor". Así, España paga a piratas, condecora al cerebro de la invasión de Perejil y hasta se deja insultar por ese municipio del Sur llamado Gibraltar que se empeña en tener una fantasmagórica soberanía. Y el Gobierno encantado de haberse conocido. El buenismo supone debilidad y rendición. Nos va a costar mucho a los españoles enmendar un día el daño del suicida buen rollito de Zapatero.
*Juan Van-Halen es académico correspondiente de la Historia y senador.
La histórica visita de Benedicto XVI a Santiago y a Barcelona ha iluminado todo el panorama nacional.
Sin embargo, en los mismos días que el Papa visitaba España, la ciudad de Barcelona acogía el Foro Llibertat 2010. Organizado por la Fundación Ferrer i Guárdia y el Movimento laic i Progressista y financiada por los Ministerios de Igualdad y Asuntos Exteriores, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y La Caixa (entre otras entidades), en el evento han participado dos ilustres socialistas: Victorino Mayoral, ex diputado del PSOE y presidente de la Fundación CIVES, y Ernest Maragall, Consejero de Educación de la Generalitat de Catalunya.
El Foro pretendía estudiar algunos hechos sociales y políticos a la luz de la libertad de conciencia y los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, lo que se ha escrito y proclamado en ese encuentro ha sido toda una hoja de ruta del laicismo más agresivo. Así, en los documentos de presentación del encuentro encontramos afirmaciones como las siguientes:
La gestión de la inmigración y la pluralidad religiosa (…) obliga a una apuesta clara por la abolición de los privilegios a las confesiones religiosas tradicionalmente mayoritarias.
La conquista de los derechos sexuales y reproductivos, de la libertad de opción sexual, del derecho a una muerte digna, de la equidad de género en todos sus extremos no serán realidades plenas hasta que el poder y la influencia de la moral confesional, del clericalismo desaparezca de la acción política.
Y en la declaración final del Foro, proclamada el domingo 7 de noviembre, se afirma que:
La coincidencia (del Foro) con los fastos ligados a la dedicación de una basílica católica en la Ciudad ha reflejado la normalidad democrática y un claro mensaje de reprobación a quienes han sobrevalorado el acontecimiento.
Ante los constantes ataques de las jerarquías eclesiásticas a la legitimidad de las instituciones democráticas y a la misma idea de democracia, reafirmamos desde una perspectiva humanista y abierta, que es la libertad de conciencia y la no sumisión al dogmatismo la base ética para la construcción de sociedades abiertas.
«En definitiva», explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, «nos encontramos ante la clásica andanada del laicismo más agresivo y totalitario. Para los organizadores de este Foro, la Iglesia católica y sus seguidores constituyen un obstáculo para el progreso, los «nuevos derechos» y la construcción de «sociedades abiertas. Se trata de relegar al espacio privado la visión católica de la vida y la persona y sustituirla por una ideología y una ética civil que todos tenemos que obedecer».
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