La supeditación de los intereses nacionales al precario apuntalamiento del Partido Socialista en el poder dejará una huella indeleble de deslealtad y mezquindad de la izquierda con España, con su historia, su democracia y su futuro. Naturalmente infiere al propio Partido Socialista un daño de difícil reparación en su ya incierto porvenir.
¿De verdad pueden pensar que España obtiene algún beneficio de esta incesante erosión política en la que se manifiesta nuestra prolongada agonía? No hay ningún indicio de ninguna noble intención en la decisión partidista de agotar la legislatura. Una decisión contraria a los intereses nacionales es siempre una decisión injusta. Es la pérdida de la conciencia moral en el ejercicio del poder.
Toda esta situación, a la que muchos asistimos con estupor, pena e indignación, nos conduce a interrogarnos sobre los mecanismos del control social de la democracia, ante un caso de irresponsabilidad constitutiva y reiterada del Gobierno. Éste debería reconocer con honestidad que no es capaz de hacerse con las riendas de la situación y, por lo tanto, convocar a los españoles a que decidan, y abrir así una nueva etapa. Bloqueada obviamente la salida política en el Parlamento, no queda más alternativa que la reseñada. Los españoles somos, en última instancia, los propietarios de nuestro sistema democrático. Ante esta situación excepcional, la sociedad puede empezar a tomar un protagonismo, en la legítima defensa de sus intereses o de su supervivencia, más relevante.
En España avanza el riesgo sistémico, estamos ante una crisis del Estado, con múltiples focos de propagación. No debemos engañarnos ni rehuir la gravedad del problema; si no se toman soluciones eficaces y urgentes, el deterioro llevará aparejado una crisis de representación.
En España la democracia –es decir, la reversibilidad del poder– está secuestrada por el Estado de bienestar que inmortaliza un statu quo. También, pero en menor medida, está condicionada por el clientelismo político localizado en las Administraciones Públicas. La cultura democrática que se ha ido instituyendo es la de los derechos graciosamente otorgados por el poder político, como forma de asegurar y multiplicar el botín electoral, y no la cultura de la responsabilidad, del deber o del valor de las cosas importantes. El debate político y los resultados electorales habitualmente condicionados por el "quién da más" quizás se tergiverse ahora por el "quién quita menos".
Es de dominio común que una parte muy sustancial de los ingresos fiscales, generados por la ahora escuálida actividad económica, se destinan a financiar las elefantiásicas Administraciones Públicas hijas del desarrollismo político del Estado Autonómico y de los excesos permitidos a las Corporaciones Locales. Su coste insostenible exige una financiación que compite deslealmente con la requerida por las empresas.
Las prestaciones del Estado de bienestar no han tenido límites ni ámbitos competenciales exclusivos, compitiendo en numerosas ocasiones las Administraciones entre sí. Ha sido el poder político el que, por retroalimentar sus intereses electorales y conservar sus fortines políticos, ha ido perpetuando unas prácticas cuyas consecuencias aquí están. Como en todo hay excepciones. Este gasto ilimitado del sector público sólo se puede financiar o con más deuda o con más impuestos y, por lo tanto, crea una pobreza progresiva. La conclusión es que o se somete a una urgente y radical dieta de adelgazamiento –peso y volumen– o España quebrará.
La ancestral sequía reformista de este Gobierno, su tactismo dilatante, sus errores políticos y la falta de patriotismo que ha demostrado, empobrece aún más a nuestro país. Hace mucho tiempo la izquierda se olvidó de los problemas de la mayoría y se ha dedicado a cortejar a las minorías. Urge liberar al país del exceso de burocracia y del control político y devolver a la sociedad civil el espacio vital usurpado por la política. Muchas veces, los enemigos de la libertad son los intereses creados y sus propias redes corporativistas que va generando la gestión de la demanda infinita de prestaciones.
Está claro que la estela descrita es el camino del fracaso. Creo que se pueden ganar unas elecciones sin esconder la verdad. Los diagnósticos certeros deben llevar a propuestas racionales, equilibradas, pero valientes y determinantes. Un país constreñido por el paro y un endémico endeudamiento privado y público no puede permitirse no hacer un buen uso del dinero público ni renunciar a reformar y a reducir profundamente la Administración. Hay que apostar por alentar la parte viva y creativa de la sociedad y no por seguir engordando un incontrolable sector público.
Los españoles necesitamos recuperar la fe en nosotros mismos, en las tradiciones y valores que nos cohesionan, tomar el timón de una democracia que nos pertenece. Necesitamos ideas claras y voluntad firme e inequívoca para llevar a cabo las reformas necesarias. Es un camino tremendamente duro, pero digno de recorrerse para entregar un país mejor a nuestros hijos y nietos, como hicieron con nosotros nuestros padres.
¿Dónde se encuentra España en este ránking? Penúltima. Los españoles se muestran pesimistas ante la salida definitiva de la crisis. Apenas el 10% ve indicios de una pronta recuperación. Y el estancamiento del PIB en el tercer trimestre da la razón a los menos optimistas. También la confianza del consumidor, que descendió en España 6,7 puntos en el mes de octubre. En el ránking de las 24 mayores economías del mundo, sólo Japón confía menos en su salida de la crisis. 8 de cada 10 nipones no ven luz al final del túnel, según IPSOS.
En el otro lado de la moneda figuran los países emergentes, pero también algunos del denominado primer mundo. India encabeza el ránking seguido de China. Un 88% y un 79% de los ciudadanos indios y chinos son los que menos temen a la crisis global.
Latinoamérica, una región en claro proceso de expansión económica no es tan optimista como se puede pensar. El 66% de los brasileños son optimistas. La confianza de los brasileños sufrió un recorte de 0,5 puntos básicos en el clima de confianza. La del conjunto de esta zona rebajó su confianza un 0,2. Según la encuesta de IPSOS, apenas 1 de cada 4 mexicanos piensa que la crisis no les afectará.
En EEUU, Italia, Reino Unido y Francia estos porcentajes se encuentran entre el 10 y el 20%. algunos organismos independientes, como la Conference Board confirman la tendencia pesimista de las principales economías mundiales.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha reclamado a Marruecos que lleve a cabo una investigación "exhaustiva y transparente", con participación de expertos de Naciones Unidas, sobre "los graves hechos ocurridos en el campamento Agdeim Izik y posteriormente en la ciudad de El Aaiún".
Asimismo, ha denunciado que "la ausencia de libertad de la prensa" y de "observadores internacionales" ha contribuido a que desde Marruecos sólo se difundan las informaciones que muestran "la culpabilidad del pueblo saharaui".
En un comunicado difundido este pasado fin de semana, la organización ha asegurado que, durante la intervención del Ejército y la Policía marroquíes en el campamento, se utilizaron "gases lacrimógenos, armas de fuego y agua a presión", lo cual "provocó enfrentamientos que causaron varias víctimas entre los manifestantes saharauis y los agentes marroquíes".
"Posteriormente, los enfrentamientos se desplazaron a El Aaiún en donde los saharauis salieron a la calle para mostrar su rechazo al desmantelamiento del campamento produciendo otras decenas de heridos de diversa gravedad y varios muertos, entre ellos, según las denuncias, un niño de siete años de edad, muerto en el barrio de Duerat", agregó.
Según la OMCT, "durante las intervenciones policiales se produjeron innumerables detenciones de saharauis", varios de los cuales, según las denuncias que han llegado a la organización, "han sido severamente golpeados durante el arresto y después, mientras estaban en detención". Aparte, "las personas que siguen detenidas no han podido encontrase con sus abogados ni con sus familiares".
Por ello, la organización ha instado a las autoridades marroquíes a "garantizar la integridad física y psicológica de estas personas en todas circunstancias, a poner fin a los abusos, incluidos los actos de tortura y malos tratos", y a "garantizarles un juicio justo en caso de que les detenga con cargos legales válidos".
Libertad de prensa
Para la OMCT, prosigue el comunicado, "también es muy preocupante la ausencia de libertad de prensa para cubrir los hechos e informar a la opinión pública". En este sentido, lamentó el veto de las fuerzas de seguridad marroquíes a los "miembros de diversos medios y a observadores internacionales" y la "difusión de informaciones confusas y vagas sobre la situación, en las que, además, sólo se muestra la culpabilidad del pueblo saharaui en los hechos".
Por ello, la OMCT solicita a las autoridades de Marruecos que acepten el envío de una misión de investigación conjunta al Sáhara Occidental en la que participen los expertos de Naciones Unidas, "en particular sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, tortura, detención arbitraria y libertad de expresión".
Por último, la OMCT lamenta, "una vez más", que no se haya incluido ninguna provisión sobre Derechos Humanos en el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) "cuando este fue reconducido en abril de 2010".
La Organización Mundial Contra la Tortura, creada en 1986, agrupa a casi 300 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo opuestas a la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante.
Así lo ha expresado la portavoz de los activistas, Nadira Mohamed, quien ha exigido al Gobierno que reconozca a "la república saharaui como país". "Es una ocupación indefinida hasta que los socialistas se pronuncien públicamente y denuncien los actos criminales, y hasta que no recibamos una respuesta no vamos a desalojar esta sede", añadió.
Los ocupantes, con banderas saharauis, han coreado consignas como "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", y "Marruecos asesina, el PSOE patrocina", y se han pintado las palmas de las manos de color rojo.
Una de las activistas ha gritado, en referencia al rey de Marruecos, que tiene las manos manchadas de sangre, a la vez que levantaba las manos pintadas de rojo. Fuentes del PSPV-PSOE han asegurado a los periodistas que el secretario general del partido, Jorge Alarte, va a recibir a los activistas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, que investiga el expolio del Palau de la Música, ha citado de nuevo a declarar como imputados al ex presidente de la institución, Fèlix Millet, a su mano derecha Jordi Montull, a la hija de éste, Gemma Montull, y a la ex secretaria Elisabeth Barberà el próximo 14 de diciembre, según fuentes judiciales.
Tanto la Fiscalía como el Consorci han pedido al juez que se separe la instrucción de los presuntos pagos irregulares a CDC a través del Palau relacionados con la adjudicación de obras a cargo de ferrovial.
Además, solicitaron la imputación del responsable de finanzas de CDC, Daniel Osàcar, y del secretario de inmigración de CDC, Àngel Colom. Finalmente el juez ha decidido citar a declarar a Millet y Montull primero, para después valorar las peticiones de las partes.
Son varios los focos, 440.000 millones salen de la facilidad europea de estabilidad financiera, fondo que capta liquidez del mercado con garantias de los paises de la zona euro; con 60.000 millones colabora la Comisión Europea a traves de un instrumento de ayuda a la balanza de pagos; y el FMI completa el mecanismo con la aportación de un máximo de 250.000 millones. La suma total: 750 mil millones de euros.
Un mecanismo que se creo para proteger el euro ante el peligro de contagio de la crisis de deuda griega al resto de paises de la moneda común y que oficialmente empezó a funcionar el 8 de agosto, día en que los 27 transmitieron su compromiso de confirmacion de garantias. Con domicilio fiscal en Luxemburgo este mecanismo de rescate se ha creado como sociedad limitada y bajo la direccion del economista alemán Klaus Regling.
Dejarían que sea el propio trabajador quien decida cuando quiere abandonar su vida laboral y, únicamente, se fije la edad mínima (65 años) para poder acceder a ella.
En vista de que la ley 'invita' a que muchos trabajadores abandonen pronto el mercado laboral, CCP se ha mostrado partidaria de que las jubilaiones anticipadas se modifiquen y se establezca un convenio especial de financiación de las empresas con la Seguridad Social para que los trabajadores lleguen a la edad mínima de jubilación sin perder cotizaciones y, por tanto, la cuantía de la pensión posterior (actualmente las empresas están obligadas a financiar el convenio especial hasta los 60 años).
Asimismo, CCP considera que las jubilaciones anticipadas se deben limitar para los trabajadores de sectores con trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, así como para los trabajadores minusválidos, y la edad mínima de jubilación debe estar reducida por la aplicación de coeficientes reductores.
En su opinión, las prejubilaciones se podrían mantener si las empresas corren con todos los gastos (salarios y cotizaciones) para que los trabajaores afectados no pierdan sus derechos adquiridos y, sobretodo, no vean disminuir las bases de cotización a la hora de calcular sus pensiones futuras.
Con respecto al sistema de jubilación a aplicar, CCP se muestra a favor de cambiar, de forma gradual, el actual sistema de reparto al modelo escandinavo o mixto, que contempla que cuando se llega a la edad de jubilación mínima se una pensión mínima si se ha cotizado durante un tiempo mínimo (30 años), y además una pensión complementaria en función de lo cotizado (sueldos).
En cuanto a la posibilidad de que estas pensiones complementarias sean públicas o privadas, CCP se inclina porque tengan un carácter público, con control de los agentes sociales, ya que de esta manera se entiende que se evitaría el riesgo de quiebra financiera de una empresa privada.
Por último, en lo referente a la congelación de las pensiones de cuantía superior a las mínimas para el año 2011, CCP considera que el ahorro de esta medida (unos 1.500 millones de euros) podría haberse logrado por otras vías, como por ejemplo aplicando a este fin una pequeña parte de las reservas constituidas (Fondo de Reserva de la Seguridad Social) que, conforme a lo que recoge el Pacto de Toledo, tiene como finalidad el que se puedan utilizar en los momentos bajos del ciclo económico.
"La ocupación de los terrenos de todas las autovías y autopistas de España es ilegal y esto no ha pasado en ningún país, sólo en España", afirma Fernando Guirao, administrador de la empresa de ayuda al expropiado, Cleocir del grupo Setocur.
Ésta es la situación que atraviesan las carreteras en España, donde además de encontrarse muchas autopistas de peaje al borde de la quiebra por su abultado endeudamiento, se suma la deuda que tiene acumulada el Gobierno desde 2005 por expropiaciones para autovías y autopistas y que supera los 10.000 millones de euros.
La Ley de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954 contemplaba que "para proceder a la expropiación forzosa de un bien será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del objeto expropiado". Según esta ley, los afectados podían oponerse a la expropiación por razones de fondo. Pero la nueva ley ha suprimido el trámite por el que el propietario afectado, antes de que empezara el proceso de expropiación, pudiera hacer alegaciones.
Por tanto, ahora el Estado abre el primer periodo de información pública al mismo tiempo que convoca a los perjudicados al levantamiento de actas previas. "Se omite un esencial trámite de información pública por lo que se pierde el espíritu de actas previas y el afectado queda desposeído de toda defensa, y el siguiente paso son las actas de ocupación definitiva donde el afectado pierde ya la propiedad. Esto es una actuación nula de pleno derecho que causa indefensión y se puede anular todo el expediente expropiatorio", declara Guirao.
Hoy por hoy, las expropiaciones para la construcción de autovías y autopistas afectan a 200.000 familias en España. La empresa alicantina Cleocir, especializada en esta materia, es una de las pocas que hay en España y ya cuenta con 10.000 clientes que buscan una solución a su estafa. En seis meses ha cerrado 1.100 contratos y en un año espera acabar con todo el plan de infraestructuras. Hasta la fecha ha conseguido las sentencias de nulidad del procedimiento expropiatorio de las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 y también la autovía A-5 de Badajoz, A-40 de Castilla-La Mancha, la A-50 de Ávila y Salamanca y la A-12 de La Rioja. El resto están todas reclamadas.
"Ya se ha hecho firme la sentencia de nulidad de todos los procedimientos expropiatorios de autovías y autopistas y todas las sentencias reconocen que se trata de una ocupación ilegal". Buen ejemplo de ello es la sentencia que recoge la Autovía de los Viñedos en Toledo al concluir que "no existe tal justiprecio como compensación por la pérdida de la propiedad del bien al no existir en realidad una expropiación forzosa".
Según Guirao, el Estado dice que va a utilizar un procedimiento de expropiación de urgencia y no lo aplica, actúa como si fuera un acuerdo, luego no está expropiando. Por tanto, esas 200.000 familias no han sido expropiadas si no que sus terrenos han sido ocupados ilegalmente y eso está prohibido por ley.
Indemnización del 25% del valor del justiprecio
El derecho que reconoce la sentencia a los perjudicados por la indefensión y ocupación ilegal de los terrenos es la demolición de las obras y la restitución del suelo a los propietarios. Sin embargo, derribar las obras, que son necesarias para el crecimiento económico del país, supone un gran perjuicio para la sociedad por lo que el juez condena a Fomento a que indemnice a los afectados con un 25% más del justiprecio y los intereses desde la fecha de ocupación hasta el cobro efectivo.
"Me parece un porcentaje ridículo, nosotros hemos pedido un 50%. Esta cantidad es barata para el Gobierno por eso lleva siete años sin tomar medidas", afirma Guirao.
Según Cleocir, el Estado valoró muy bajo el valor de las expropiaciones en su momento. Por ejemplo, la empresa recurrió a los tribunales el pago estimado en su día de un euro por metro en la Autovía Madrid-Toledo pidiendo ahora 26 euros y ganaron la sentencia, multiplicando por 26 el valor.
La última sentencia que ha declarado nula la expropiación ha sido la Autovía de la Rioja, la A-12 de Nájera y Hormilla donde Fomento deberá abonar 500.000 euros a 50 expropiados. "Para esta sentencia se pusieron en contacto con nosotros 50 personas pero ya tenemos otras 500 que perdieron sus tierras por la Autovía del Camino y quieren denunciar porque en todos los casos la Demarcación de Carreteras del Estado omitió el trámite de información pública anterior a las actas previas.
Pero no todos los casos han obtenido respuesta. Una afectada de Asturias, Mª Carmen García Iglesias, fue expropiada con motivo de la ejecución de las obras comprendidas en el enlace de las Autovías AS-1 Mieres-Gijón y A-64, Villaviciosa, en la Carrera (Siero). El proceso se inició por Fomento en septiembre de 2007 y la afectada reclama 117.506 euros más los intereses correspondientes. "Todavía no hemos cobrado nada y el Ministerio de Fomento alega que no dispone de fondos", explica García.
En medio de una crisis económica las expropiaciones en vez de ayudar a los ciudadanos han llevado a muchos a la ruina. Este es el caso de Miguel Ángel Sampío, propietario de la discoteca La Lola en el municipio madrileño de Villalba, donde le expropiaron 14 metros de la terraza del local para el paso de una autovía por 6.000 millones. La medida obligó a cerrar el local porque la apertura de la terraza estaba supeditada a tener 14 plazas de garaje. Al expropiarle perdió plazas y le cerraron el local que generaba tres millones.
La máquina de rescate está en marcha. Pese a las reticencias iniciales, a Irlanda no le ha quedado más remedio que solicitar ayuda financiera a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El objetivo no es sólo salvar a un país en concreto, sino también evitar el efecto contagio que puede arrastrar a otras regiones como Portugal, Italia o, incluso, España. Desgranamos a continuación los detalles de un proceso que puede definir el futuro de los mercados financieros hasta final de año.
¿Cómo se articula el rescate de un Estado?
Cuando un país no puede hacer frente a sus pagos, comienza a negociar con expertos del FMI, la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE), desgranando todos los detalles de sus presupuestos con el fin de saber cuánto dinero necesitan para evitar un impago. Para poner en marcha el rescate, el país debe comprometerse a cumplir con un severo programa de ajuste fiscal exigido por el FMI y Bruselas.
¿Es el problema de Irlanda el mismo que el sufrido por Grecia?
Definitivamente, no. Grecia había falseado sus cuentas ocultando su quiebra y una tremenda deuda de 300.000 millones de euros. El problema de Irlanda no es una crisis estricta de país, sino de su sistema bancario. Además de ser más competitiva que Grecia, Irlanda también cuenta con un calendario de vencimientos de deuda mucho más holgado. En concreto, el Tesoro irlandés puede, de momento, hacer frente a los pagos previstos hasta mitad de 2011. El gran problema de Grecia por aquel mes de febrero era que entre abril y mayo vencían la mitad de sus bonos en circulación.
El plan de ayuda no será gratuito
Recorte del gasto público y enormes reformas estructurales, entre ellas, posiblemente, más impuestos. Éstas son las condiciones clave que las autoridades monetarias habrán exigido a Irlanda para lanzar definitivamente el rescate aprobado ayer por los ministros económicos de la UE. Pese al drástico plan de ajuste del Gobierno irlandés, la cifra no ha sido suficiente para el FMI, que ya conoce el programa al detalle y también habrá exigido otros puntos importantes a Irlanda, como el desarrollo de un nuevo mapa financiero del país.
¿Habrá medidas adicionales?
El anuncio será oficial el próximo martes. Pero los expertos creen que es más que previsible que el Gobierno decida actuar sobre el sector público para completar sus medidas de ajuste, rebajando sueldos a funcionarios o congelando las pensiones. Acciones impopulares que pueden costar más de un disgusto político a las autoridades irlandesas.
¿Cuánto dinero necesitará Irlanda?
El dinero para ayudar a Irlanda saldrá del fondo europeo de 750.000 millones de euros creado durante la crisis de deuda griega.
Mientras que el rescate heleno movilizó 110.000 millones de euros, los cálculos iniciales apuntan a que la asistencia para Irlanda podría alcanzar los 70.000 millones de euros, sin superar, en ningún caso, los 100.000 millones. Otro de los puntos que aún quedan por definir es el interés que pagará el país por el dinero que perciba.
Analistas políticos que trabajan para los partidos nacionales coinciden en una apreciación: es sorprendente que en la campaña catalana apenas se mencione el Estatut.No es que el debate sobre su futuro brille por su ausencia, sino que es difícil escuchar la palabra Estatut. Lagarto lagarto....
Seis años de gobierno dan para mucho. También en clave internacional. Un Zapatero perdido entre los líderes internacionales en la cumbre de la OTAN en Lisboa es la última de las fotografías o declaraciones pintorescas que nos ha ofrecido el presidente.
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