jueves 28 de julio de 2011

BERMÚDEZ, EL JUEZ DEL 11-M: ¿Dispuesto a ayudar a los malhechores del faisán en agradecimiento a las medallas pensionadas de Rubalcaba?

Bermúdez, alineado con el Gobierno

El PP acusa al juez del 11-M de «echar una mano» al Ejecutivo en el 'caso Faisán'

El PP situó ayer como nunca en su punto de mira al presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, por haber impuesto el traslado al Pleno de la decisión sobre el futuro judicial del caso Faisán. Sólo el ya suspendido Baltasar Garzón había merecido alguna vez el oprobio que para un juez de carrera representa que el principal partido de la oposición le atribuya públicamente una alineación política al servicio del Ejecutivo.

Fue el diputado Ignacio Gil Lázaro, habitual encargado en el PP de ejecutar la estrategia dialéctica de trazo más grueso en relación al chivatazo a ETA, quien acusó a Bermúdez de «echar una mano al Gobierno» y de «proteger sus intereses políticos en este asunto». En declaraciones a Europa Press, descalificó como «ciertamente lamentable» la actuación del juez del 11-M.

La Fiscalía pretende que los tres mandos policiales del chivatazo no puedan ser procesados por colaboración con banda armada -hasta 10 años de cárcel-, lo que implicaría trasladar la causa a los juzgados de Irún y reducirla a una revelación de secretos, con un tope de tres años de prisión. De no haber intervenido Bermúdez, la decisión habría correspondido a la Sección Segunda, que en abril ya había concluido que los hechos constituyen un posible delito de colaboración y era del todo improbable que se retractase. Ahora, lo debatirán 14 magistrados en Pleno (se excluyen los cuatro de la Sección Tercera, que es la que enjuiciaría el caso si se mantiene en la Audiencia, para evitar contaminarse).

En este sentido, Gil Lázaro recordó que el propio Bermúdez reconoce en la sentencia del 11-M que «no hace falta comulgar con la ideología de una organización terrorista para incurrir en el tipo de colaboración con banda armada». «Eso es exactamente lo mismo que sostiene el juez Ruz en sus autos de procesamiento, así que, ¿dónde está esa complejidad técnica y jurídica a la que alude Gómez Bermúdez?», se preguntó el diputado del PP, que cree que, con esa «frase altisonante», lo que busca el presidente del tribunal del 11-M es «echar un cable al Gobierno por la enorme complejidad política, y también penal, con la que se enfrenta».

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, cargó las tintas contra la Fiscalía, de la que dijo que actúa «en una clara posición partidista y a favor del Gobierno» para «tratar de rebajar el delito». Asimismo, anunció que volverá a pedir la comparecencia del fiscal general del Estado, para que explique por qué dictó la circular que impone la interpretación del delito de colaboración con banda armada que favorece a los procesados. En todo caso, expresó su confianza en que las «gravísimas» acusaciones se juzguen en la Audiencia.

También ayer, el portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, consideró que si la causa -en la que su asociación ejerce la acción popular- se traslada a Irún, «no sólo se favorece al PSOE o al Gobierno, sino a Bildu y a todo el entorno proetarra, y eso es lo preocupante».

A la medida del ministro. El ministro del Interior, Antonio Camacho, se prueba en la imagen una tradicional chechia en el zoco de Túnez, adonde viajó para tratar sobre cooperación policial. Allí, nadie le preguntó por los procesamientos del Faisán, aunque su teléfono aparece repetidamente en el sumario.