El SUP dice que hay un 'señor X' en el chivatazo
Es el sindicato del policía procesado BallesterosUN COMUNICADO sobre el caso Faisán difundido por el Sindicato Unificado de Policía advierte con rotundidad: «Hubo chivatazo y fue por orden política». El documento es de interés porque uno de los procesados, Ballesteros, es afiliado de este sindicato. Es lógico suponer que antes de un pronunciamiento tan contundente este policía habrá sido consultado e incluso que podría llegar a mantener esa tesis en el juicio. Lo que ocurre es que la tesis del SUP es compatible con la culpabilidad de los procesados y, de hecho, las pruebas contra Ballesteros y el jefe superior Pamies son abrumadoras. El escrito contiene otras afirmaciones reveladoras, como que se está acusando a «policías inocentes» para proteger a personas que podrían «facilitar el nombre del político que está en la X» del caso, e incluso que las instrucciones pudieron darse «desde Moncloa o desde Ferraz», la sede del PSOE. El comunicado del SUP confirma lo que es de sentido común: que unos policías no ayudan a unos terroristas motu proprio, y que el chivatazo tiene un origen político que el Gobierno y el PSOE siguen negándose a admitir.
¡ALARMA! El gobierno quiere desplazar al juez y ser él quien instruya los sumarios
Jueces contra el fiscal investigador
Las asociaciones judiciales mayoritarias dudan de la autonomía política de la FiscalíaLa Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (FV) reclaman un nuevo Estatuto del Ministerio Público para dotar a los fiscales de una mayor autonomía e independencia del Gobierno y ponen en duda que la reforma pueda aprobarse en esta legislatura.
El portavoz de la mayoritaria APM, Pablo Llanera, se mostró en contra de que el fiscal general, un cargo de designación política, pueda tener el control de la investigación de los hechos delictivos que tengan repercusión política.
Además, dijo a Efe que le parece «inoportuno» entregar la dirección de la investigación penal al fiscal en el actual contexto de crisis económica porque obligaría a contratar alrededor de 1.000 fiscales y unos 100.000 funcionarios, además de habilitar las dependencias necesarias para los nuevos investigadores.
Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, apoyó la investigación de los delitos por el fiscal siempre y cuando se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Público para dotarlo de autonomía, dado el principio de jerarquía y la dependencia del fiscal general respecto del Gobierno.
Sexmero coincidió en la dificultad de aprobar una ley de tanto calado en esta legislatura, incluso si no se convocan las elecciones hasta el próximo mes de marzo, e instó a los partidos políticos a hacer un esfuerzo de consenso.
Por el contrario, el portavoz de Jueces para la Democracia (JD), José Luis Ramírez Ortiz, destacó la oportunidad política de esta reforma para subsanar las deficiencias y las lagunas del actual sistema procesal penal.
Señaló que la atribución al fiscal de la investigación está en línea con lo que sucede en otros países de la Unión Europea, donde actualmente España es la excepción. El representante de JD resaltó que lo fundamental no es qué sujeto institucional investigue (el juez instructor o el fiscal), sino que se establezca un sistema que evite cualquier abuso en la investigación.
El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, resaltó que el primer paso para la atribución de la investigación al fiscal sería que el Ministerio Público tuviese un estatuto con mayor autonomía del Gobierno y no dependiera del Ejecutivo de forma tan marcada como en la actualidad, para evitar su utilización partidista o política.
De esta misma opinión es la Asociación de Fiscales (AF), de representación mayoritaria en esta carrera. José Hidalgo, dirigente de la AF, se mostró partidario de que el fiscal lleve la investigación siempre que se respete su autonomía, lo que a su juicio requiere una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.
La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, se mostró de acuerdo con el anteproyecto y defendió la autonomía de los fiscales para tomar decisiones. Moreto dijo que los fiscales no dependen jerárquicamente del Gobierno, sino del fiscal general del Estado, que «no puede dar una orden ilegal».
El anteproyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros será ahora examinado por distintas instituciones (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, Abogacía, universidades). En él se encomienda al fiscal la dirección de la investigación de los hechos delictivos y la Policía Judicial estará a sus órdenes.
Un nuevo juez de garantías controlará la investigación del fiscal y autorizará o no las medidas cautelares y las diligencias de investigación restrictivas de derechos. Concluida la investigación, el juez de la audiencia preliminar decidirá si el caso merece o no ir a juicio. Un juez distinto será, finalmente, el que juzgue y dicte sentencia.
MANUEL MARRACO / Madrid
El SUP dice que la X del 'Faisán' está en «Ferraz o en Moncloa»
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) no tiene «ninguna duda» de que el chivatazo fue una «orden política» y de que «la X» hay que buscarla en «Ferraz o en La Moncloa».La rotunda afirmación del SUP resulta especialmente significativa no sólo porque proviene del sindicato mayoritario en la Policía, sino porque se trata de la organización que ha asumido la defensa del último eslabón del chivatazo, el inspector José María Ballesteros.
El comunicado del SUP, firmado por su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, responde así a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de procesar a los tres implicados en el soplo. El SUP los considera «inocentes», al menos a los dos policías: su afiliado Ballesteros y el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies. «Se está acusando a dos policías inocentes (y a un ex director general [Víctor García Hidalgo]) de hechos graves de manera interesada, para impedir que se identifique a los responsables políticos últimos del chivatazo», dice el escrito.
«Es una instrucción viciada y teledirigida desde su origen que parece pretender ocultar a los verdaderos autores del chivatazo, que sí podrían facilitar el nombre del político que está en la X del mismo. Porque de eso no tenemos ninguna duda: hubo chivatazo y fue por orden política», añade.
En cuanto Al origen de esa orden, el sindicato se aleja de la vía que apunta a Antonio Camacho y Alfredo Pérez Rubalcaba. «Cualquiera que investigue y conozca lo que acontecía en aquel momento en el Gobierno sabrá que hay más posibilidades [de] que las instrucciones políticas del chivatazo se dieran desde Moncloa o desde Ferraz que desde Castellana, 5 [sede de Interior]».
Es más, la nota considera que hay una preferencia de los investigadores en señalar al Ministerio del Interior porque es la manera más directa de arremeter contra el hoy candidato socialista. «Si el candidato a presidente del Gobierno hubiese sido Zapatero, es posible que estas líneas de investigación se hubiesen potenciado y el juez Ruz habría recibido presión mediática y política en tal sentido, pero al ser el candidato Rubalcaba, como él mismo ha dicho, hay razones ajenas a lo jurídico y a la verdad de los hechos que impulsan la instrucción viciada de este sumario», dice el SUP.
Las abundantes referencias al elemento político del chivatazo -11 en total- llegan tras la muy significativa mención a las «interferencias políticas» que Pamies hizo ante el juez esta misma semana. De hecho, el texto incluye un párrafo que aúna ese trasfondo político con uno de los argumentos que Pamies adujo para restar importancia al soplo: que la operación Urogallo hubiera sido más fructífera si se hubiera aplazado.
«Los que lo hicieron cometieron un error, siguieron órdenes políticas y lo hicieron en la creencia de que con ello conseguirían mejores objetivos y más pruebas contra esta rama del entramado de extorsión de ETA, conocida desde hace años y controlada para conocer el recorrido del dinero, pero no para ayudar a los terroristas».
El extenso escrito del SUP también encuentra un hueco para reprochar la falta de apoyos a los procesados en su simbólica comparecencia ante el juez. Ese es el único momento en el que se menciona el nombre del ex director general de la Policía. «Hubo muchos que debían haber estado y no fueron, unos porque huyen ante los problemas y otros porque huelen el cambio de Gobierno. [...] No hubo ni un solo responsable político apoyando a García Hidalgo».
MANUEL MARRACO / Madrid
El fiscal insiste en llevar el caso a Irún
Rechaza el delito de colaboración terrorista que mantiene el chivatazo en la Audiencia.En un escrito de 18 páginas dirigido al Juzgado, el Ministerio Público mantiene la tesis de que resulta imposible jurídicamente que los tres implicados en el soplo pudieran cometer el delito de colaboración con la organización terrorista, el que conlleva una pena más grave de los que se barajan (de cinco a 10 años) y el único que justifica la competencia de la Audiencia Nacional. Así pues, pide a Ruz y subsidiariamente a la Sala, que acuerden la inhibición.
El escrito del fiscal Carlos Bautista formula de múltiples maneras la misma idea clave: que el delito de colaboración «exige como punto de partida una mínima afinidad, adhesión o sintonía ideológica» con la banda. Y repasa abundante jurisprudencia en apoyo de su tesis, incluida la recogida en la última circular de la Fiscalía General, que deslinda la pertenencia de la colaboración señalando que la segunda requiere una cierta «adhesión ideológica» que, tirando de sinónimos, el fiscal también denomina «sintonía», «afinidad», «solidaridad»...
Nada de eso se da, obviamente, en los dos policías de carrera y el ex director del cuerpo que han resultado procesados. Si bien el informe policial final era claro al afirmar que el móvil del soplo fue «político» y el juez, más prudente, lo dejaba entrever en el auto, el fiscal no se anima a concretar qué otra finalidad fue la que movió a los autores del chivatazo. «Es obvio que tanto la condición de los sujetos activos [policías], como la intencionalidad y la finalidad que perseguían los mismos no pueden conducirnos al absurdo de afirmar el carácter terrorista de la acción», dice, sin hacer referencia alguna al proceso de paz.
La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza mantiene que la jurisprudencia empleada por el juez Ruz para decantarse por la tesis de que sí pudo cometerse un delito terrorista «no avala», en realidad, las tesis del magistrado: «Una lectura objetiva, neutral, imparcial, desinteresada y sin omisiones de tales resoluciones, tanto de sus fundamentos jurídicos como del contexto fáctico al que se refieren, nos ofrece conclusiones radicalmente distintas de las alcanzadas por el instructor», dice el Ministerio Público.
En concreto, sobre la jurisprudencia que condena por colaboración «prescindiendo de la coincidencia de fines», el fiscal dice que debe interpretarse que esa coincidencia no es condenable per se, sino que necesita sumar un acto concreto de ayuda a la banda.
Tal y como informó este diario al día siguiente del procesamiento, la Fiscalía ha resuelto no recurrir la decisión del juez y adherirse únicamente a la petición de la defensa de Hidalgo de sacar el caso de la Audiencia. Aunque el trámite está en puridad dirigido a comprobar si hay o no indicios suficientes para procesar, y no a cuestionar la calificación jurídica, la Fiscalía estima que las consecuencias de mantener un delito terrorista -la Audiencia y no Irún, un sumario y no un procedimiento abreviado- justifican un pronunciamiento al respecto de la Sala de lo Penal.
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