El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha decidido este martes que sea el pleno de este tribunal el que resuelva en apelación los recursos interpuestos contra los tres altos mandos policiales procesados por el chivatazo a ETA.
Según han señalado fuentes jurídicas, Bermúdez ha adoptado esta decisión dada "la complejidad e importancia" del caso. De esta forma, los 18 jueces de lo Penal la Audiencia Nacional serán los encargados de responder a los recursos interpuestos por el ex director general de la Policía y dirigente del PSE, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros.
Originalmente, le correspondía a la Sección Segunda de la Audiencia -compuesta por los magistrados Fernando García Nicolás, Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada- resolver estos recursos.
En un auto fechado el 4 de abril, esta misma Sección ya señaló que "no es necesario comulgar con las finalidades de ETA para la existencia del tipo delictivo" de colaboración con banda armada. Además, estos jueces subrayaron de forma literal que "no puede descartarse la existencia de un delito de colaboración con grupo terrorista como consecuencia de la información suministrada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía al dueño del bar Faisán en Irún".
En los recursos contra el procesamiento, los agentes se oponían al mismo por diversos motivos como, por ejemplo, que se han vulnerado sus derechos de defensa o que se ha realizado una calificación jurídica improcedente de los hechos.
El pasado día 13, Ruz procesó a los tres agentes al apreciar que se pudieron cometer dos delitos: uno, de revelación de secretos y, otro, de colaboración con banda armada o encubrimiento. Estos delitos llevan aparejadas penas de hasta 13 años de prisión.
Este martes el juez instructor del chivatazo ha confirmado esta decisión al entender que existen "indicios racionales de criminalidad que aparecen recogidos sobradamente en la causa" contra García Hidalgo, Pamies y Ballesteros.
Sin embargo, la causa ha dado un vuelco tras las decisión comunicada por Bermúdez y la clave del chivatazo radica ahora en la calificación jurídica que la Sala de lo Penal haga de los hechos al estudiar dichos recursos.
En primer lugar, porque el Ministerio Fiscal se adhirió al recurso de reforma García Hidalgo pidiendo al instructor Ruz que retirara la acusación que pesa contra él por colaborar supuestamente con ETA. Desde el pasado mes de marzo, el Ministerio Público viene defendiendo que para colaborar con una organización terrorista se "exige como punto de partida una mínima afinidad, adhesión o sintonía ideológica" y "la conciencia del favorecimiento de la organización terrorista y de la finalidad perseguida por ésta" por lo que para la Fiscalía de la Audiencia Nacional procesar a Pamies, Ballesteros y García Hidalgo por colaborar con ETA es "forzar la interpretación de la norma penal sustantiva".
Y en segundo lugar, porque de no haber colaboración con banda armada el caso podría pasar a los juzgados de Irún –a la justicia ordinaria- y abandonar la Audiencia al no tener que juzgarse ningún delito relacionado con el terrorismo.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario advierten de que cabe otra posibilidad: que el Pleno entienda que se ha producido un delito de encubrimiento pero con fines terroristas por lo que el caso podría mantenerse en la Audiencia aunque en todo caso la futura y supuesta condenas por el soplo sería mucho menores.
En estos momentos, todo está en el aire. Por ahora, Gómez Bermúdez ya ha comunicado a Ruz su decisión y también al presidente de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás. Está previsto que esté pleno se convoque después del verano.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha insistido en un auto hecho público este martes en que el ex director general de la Policía Víctor García-Hidago, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros tenían "conocimiento" y "voluntad" de facilitar a ETA 54.000 euros "procedentes del cobro de la extorsión ejercida sobre particulares por parte de la organización terrorista ETA".
El magistrado ha desestimado los recursos presentados por las defensas los tres policías contra su procesamiento por la comisión de delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos en el marco de la causa que investiga el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA.
Ruz especifica en su escrito que el interés de García-Hidalgo, Pamiés y Ballesteros era que este dinero "no fuera interceptado por la Fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista".
Explica que todos los indicios investigados llevan a concluir que esta cantidad económica se puso "a disposición de la propia organización terrorista o de alguno de sus presuntos integrantes para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas por tal organización".
En opinión del magistrado, las alegaciones vertidas por las defensas de los recurrentes no "debilitan" ni "desvirtúan" la participación de los tres procesados en delitos de colaboración o encubrimiento. "La resolución recurrida no puede sino confirmarse por este instructor", indica el juez en un auto hecho público este martes.
Ruz se reafirma así en el contenido de su auto de procesamiento en el que especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones. Ballesteros fue, en opinión del magistrado, el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.
Hace también referencia a las críticas vertidas por las defensas de Ballesteros y Pamíes contra el equipo investigador de la delación y su responsable, Carlos Germán, y destaca que "las sospechas vertidas en su contra" –que apuntaban a que pudo ser él quien advirtió por teléfono a Elosúa de los próximos arrestos- "carecen de sustento".
Los recursos rechazados, de reforma y subsidiarios de apelación, recaerán ahora en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que deberá valorar su pertinencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario