En un auto de 75 folios notificado este miércoles por el magistrado del juzgado 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz ha procesado al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, al inspector de Policía José María Ballesteros y al jefe Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés por los delitos de revelación de secretos y los delitos de encubrimiento o colaboración con banda armada. Quien no aparece en el auto es el nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, salpicado por la investigación pero que no llegó a ser imputado por el magistrado.
En la resolución el juez detalla hasta 12 indicios contra los tres mandos policiales imputados por el soplo que se dio a la banda terrorista el 4 de mayo de 2006 en el bar de Joseba Elosúa en Irún.
Entre los indicios, se encuentra la presencia junto al acceso del bar Faisán de Jose María Ballesteros en lo minutos previos de producirse la llamada telefónica con la que se dio la filtración a los cobradores de ETA y que es atendida en el interior de su establecimiento.
Asimismo, el magistrado señala en el auto la clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mandos policiales que se rompe el día del chivatazo.
Por otro lado, el magistrado considera determinante el trafico de llamadas de los teléfonos móviles de los imputados entre las 11.10 y las 12 horas del 4 de mayo de 2006 que obra en el sumario y que se tuviera conocimiento de la delación policial a través de la baliza instalada en el vehículo de Elosúa. Junto al procesamiento, el juez deniega tanto la petición de sobreseimiento de la causa como la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la defensa.
A los tres procesados se les comunicará su nueva situación procesal el próximo día 19 de julio. García hidalgo, Ballesteros y Pamiés están desde hoy a un paso del banquillo de los acusados.
La Gaceta ya adelantaba en su edición de este miércoles que Ruz estaba ultimando el procesamiento de toda la cúpula policial de Rubalcaba por el caso Faisán.
El Partido Popular pasa por encima del recién estrenado ministro del Interior, Ignacio Camacho, en la petitoria de responsabilidades políticas por el escándalo del bar Faisán y apunta directamente contra el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Para la dirección nacional de la formación, al margen de la vía judicial, que debe seguir su cauce con el "lógico" acatamiento, la gravedad de los hechos reclama de una depuración por parte de los "responsables políticos", y es ahí donde encuadran tanto al actual titular de Interior como a su predecesor.
"¿Puede ser Rubalcaba candidato? No", destacan en Génova, una vez el equipo jurídico estudia el auto del juez Ruz. "Las piezas del puzzle del caso Faisán son la cara de Rubalcaba", aseguró recientemente Soraya Sáenz de Santamaría, argucia política a la que ahora se acogen las fuentes consultadas, incidiendo en que, "en última instancia", el sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero es "quien estuvo detrás" del soplo a la banda terrorista.
Precisamente, la propia portavoz del Grupo Popular fue la encargada, ya con el micrófono abierto, de dejar claro que el hasta hace pocas fechas vicepresidente primero está "inhabilitado" para la función de candidato a La Moncloa, una vez la Justicia ha puesto en su punto de mira a quienes fueron sus estrechos colaboradores.
Así pues, además de la vía económica, el PP encuentra ahora en la lucha antiterrorista otro foco de ataque a Rubalcaba, partiendo de la base -en principio- de la lealtad al pacto contra ETA, una vez se exige que se salde una cuenta con el pasado y no con el presidente. "Políticamente, Alfredo está más que tocado", concluyen, no sin reclamarle a renglón seguido que "por dignidad" deje la actividad política.
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