EL MUNDO
Cuando el símbolo no simboliza
CARTA DEL DIRECTOR / PEDRO J. RAMÍREZ:
04/12/2011
Que la crisis económica que deja ahora el PSOE es más grave que la del 96 salta suficientemente a la vista, aunque siempre le quedará la excusa de que tiene un origen internacional y se ha agravado a escala europea. Menos obvio resulta que también la crisis política que hereda Rajoy es más honda e intensa que la que recibió Aznar con toda la truculencia del terrorismo de Estado y la corrupción en el entorno mismo del Gobierno. Y, sin embargo, pasen y vean.
Mi indignación ante aquel comentario cáustico de Aznar al año siguiente de llegar al poder -«¿Te parece poco un Gobierno que no mate y que no robe?»- no podía dejar de tener, por desgracia, una dimensión cosmética. Los restos de los cuerpos torturados de Lasa y Zabala con sus apósitos sanguinolentos, el espanto en el rostro del secuestrado Marey, el chusco reparto de los fondos reservados, la huida de Roldán, la farsa de su captura, lo ocurrido en el Banco de España o en el BOE no eran asuntos fáciles de olvidar. De hecho, se nota -y es lógico- que a Felipe González aún no se le han olvidado.
Ahora las heridas no están oficialmente abiertas sino que se han cerrado en falso. La más trascendental, la que supura por dentro quemándonos constantemente las entrañas, es la del 11-M. No hay lugar al que vaya a firmar ejemplares de El primer naufragio o sesión de Twitter en la que intercambie unos cuantos mensajes en que no aparezca alguien con la ansiedad en el rostro o la zozobra en los 140 caracteres pidiendo noticias nuevas, anhelando avances en nuestra investigación periodística, preguntando si es cierto -como ha circulado profusa y estrafalariamente por la Red- que ya tenemos las pruebas de la conspiración que desencadenó la masacre.
Todos los españoles que conocen el sumario con un mínimo detalle saben que la sentencia de Gómez Bermúdez contiene errores materiales o falsedades tan palmarias como que la sustancia que se presenta como «componente exclusivo» de la Goma 2 ECO -el dibutilftalato- también forma parte del Titadyne o que el teléfono de la mochila de Vallecas no podía reflejar la hora de los atentados dadas sus características mecánicas. Una falacia molecular y otra falacia tecnológica. Toda la versión oficial que comenzó a construirse el 13-M cuando la detención de Zougam alteró las previsiones electorales del día siguiente, es un castillo de naipes basado en la mentira y la manipulación de pruebas.
¿Qué puedo yo decirles a todas esas personas que piensan que si al cabo de 13 años fuimos capaces de descubrir la verdad sobre los GAL, antes o después lo lograremos también con el 11-M? Pues que los medios de un periódico que respeta escrupulosamente la legalidad son muy limitados y lo que se atisba tras ese atentado que cambió la historia política de España tiene una envergadura enorme. Pero que, como estamos decididos a seguir buscando la verdad hasta que el infierno se hiele -«Until the hell frozens», que dijo Adlai Stevenson-, pronto podremos aportar nuevos elementos que al menos contribuyan a impulsar la revisión judicial de los hechos.
El principal cauce abierto hoy por hoy en esa dirección es la causa contra el ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano, fruto de la querella que se planteó interponer durante la presentación del libro del químico Enrique Iglesias Titadyne. Fue la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M la que recogió el guante y ahora que la instrucción ha corroborado todas las sospechas sobre el ocultamiento de los restos de los trenes, su escamoteo al tribunal y las subsiguientes falsedades periciales, es de justicia reconocer que sin el tenaz idealismo de sus dirigentes y la competencia de sus abogados el comisario Manzano no estaría camino del banquillo, como de hecho se halla.
El papel de la Asociación de Ayuda es en la práctica el mismo que desempeñaron aquellos románticos e indomables integrantes de la acción popular que al personarse en los sumarios impidieron que prescribieran los crímenes de los GAL. De ahí que resulte especialmente obscena la discriminación a la que los organismos públicos vienen sometiendo a esta agrupación ejemplar que reúne a 700 víctimas o familiares de víctimas de los atentados de Madrid. Mientras la organización de Pilar Manjón, guardiana de la ortodoxia que le conviene preservar a Rubalcaba, y la intermitente AVT reciben pingües subvenciones de Interior y de la derrama del IRPF, la asociación presidida por Ángeles Domínguez ha tenido que apañárselas con los 250.000 anuales que en el pasado recibió de la Comunidad de Madrid para prestar servicios médicos a sus miembros.
Ahora que ese apoyo también se ha evaporado en el mar de los recortes y las intrigas intestinas del Gobierno regional -Esperanza Aguirre debería intervenir con urgencia-, la Asociación de Ayuda ha prescindido de sus escasos empleados, no puede ni pagar a sus abogados y se encuentra en la tesitura de echar el cierre. Sólo una movilización ciudadana en su favor en forma de donaciones particulares podría permitirle sobrevivir.
En la página 14 de nuestra edición de hoy tienen su cuenta corriente. Lo primero que yo haré mañana será ingresar 1.000 euros a título personal y desde aquí les pido que, cada uno en la medida de sus posibilidades, haga lo propio. Por modesta que sea, cada aportación sumará con las demás y sobre todo supondrá una inyección de moral para estas personas admirables que mantienen la llama de la búsqueda de la verdad encendida. Estoy dispuesto a salir a la calle con una hucha si hace falta, pues es la más noble de las causas.
Junto al fracaso del Estado en el esclarecimiento y castigo del 11-M lo peor del relevo emponzoñado que Zapatero entregará dentro de 15 días a Rajoy es, en el ámbito político, la desestabilización del modelo constitucional. El Estatuto catalán continúa en pleno vigor sin que durante los meses transcurridos desde la sentencia del TC se haya desandado ni un solo centímetro en el camino ilegal recorrido en su desarrollo normativo; y todas las hipótesis sobre los itinerarios en que puede desembocar el retorno de ETA a las instituciones producen escalofríos. Son otras dos heridas que supuran por dentro.
También en este terreno, y no sólo en el de la economía, el PP tiene un mandato claro que ha dejado de ser opción electoral para convertirse en obligación gubernamental. Si CiU quiere asociarse al proyecto reformista de Rajoy y obtener un trato preferente en el diseño y ejecución de la política económica -olvidándose por supuesto del pacto fiscal-, el PP debe tenderle la mano pero reclamando a cambio gestos significativos en relación a la política lingüística y otras áreas en las que está en duda su lealtad institucional. En cambio a los de Amaiur, ni agua. Hace bien Rajoy en excluirles de su ronda de contactos con los partidos parlamentarios y ojalá se hallara una fórmula bien fundada en derecho que les impidiera constituir grupo mientras se le permitiera hacerlo a UPyD.
Justo cuando parecía que los dos mandatos de Zapatero iban a quedar al menos preservados de la lacra de la corrupción en las altas instancias, EL MUNDO desveló los elementos básicos del casoCampeón. Un par de meses después, los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo han pedido que se abra una investigación penal sobre la conducta del ministro Blanco; es decir, que se le impute por cohecho y tráfico de influencias.
Ahora que han enmudecido los colegas que servían de altavoces a la tesis de que lo único que había contra el número dos del PSOE eran versiones contradictorias de un empresario delincuente, nosotros volvemos a aferrarnos al plano de la responsabilidad política. Sea penalmente culpable o inocente, no es de recibo que alguien que ha protagonizado las escenas de la gasolinera o ha movilizado sin el menor pudor a la Administración al servicio del interés particular de un amigo, pueda morir políticamente en la cama. Que Blanco siga siendo al día de la fecha ministro portavoz en funciones y vicesecretario general del PSOE da la medida final de hasta donde ha llegado el naufragio de la «democracia bonita» de Zapatero.
El cuadro general no puede ser por lo tanto más desolador. La fe en el Estado de Derecho está profundamente erosionada por la incapacidad policial y judicial de esclarecer la masacre de Madrid y por las sospechas de connivencia del Ejecutivo con los movimientos tácticos de ETA, corroboradas ahora por el propio Eguiguren. Simultáneamente, el descrédito y desprestigio de los políticos como presunto modelo de referencia social queda resumido en la línea de defensa de Blanco en relación al tráfico de influencias, calcada por cierto de la que tan execrable le parecía cuando brotaba del entorno de Camps: todos hacemos lo mismo. Aquí sólo faltaba que pariera la abuela y eso es lo que ha ocurrido con el caso Urdangarin.
La criatura ha resultado ser un rubio ex jugador de balonmano aprovechategui y trinconcete que, según hemos venido averiguando, se ha dedicado a pegar palos a lo largo y ancho de la geografía nacional, involucrando a su esposa la Infanta Cristina, utilizando a un asesor de la Casa del Rey y comprometiendo la propia autoridad moral de la Corona. Es cierto que sólo un juez podía detectar el trasvase de fondos desde un instituto con fines filantrópicos a las sociedades patrimoniales de sus promotores, pero sólo la habitual condescendencia de los medios hacia todo lo que concierne a la institución monárquica explica que hayamos tardado tanto tiempo en relacionar la frenética actividad de Urdangarin en el negocio del marketing deportivo con el auge de su tren de vida, palacete en Pedralbes incluido.
La línea de defensa que ya ha esbozado ante quienes le han pedido explicaciones es muy clara: él es un profesional que ofrece unos servicios, asume unos costes y corre unos riesgos en el marco de unos convenios de patrocinio por los que se fija un precio global que incluyen su propio margen de beneficio. Una vez que alguien llega libremente a un acuerdo con él, huelga toda justificación de gastos.
Pero más que una explicación eso es una burda coartada porque el Instituto Nóos no tenía ánimo de lucro y cuando se paga con dinero público debe haber una correspondencia entre lo que se da y lo que se recibe. Por lo que se refiere a los sablazos privados es muy elocuente lo que le sucedió al presidente del Villarreal, Fernando Roig, que de repente aparece en el top ten de la timoteca nacional por haber pagado un informe sobre el patrocinio de su estadio a razón de 69.000 por folio. Pero, según su propia versión, el acuerdo implicaba el compromiso de Urdangarin de traerle ese patrocinador que aportaría a las arcas del club hasta 35 millones en 10 años. ¿Y por qué no supeditó el pago de los 600.000 del ala más IVA a que cumpliera esa parte del trato? Pues muy sencillo, viene a decir Roig: porque no parece correcto dudar de la palabra del yerno del Rey. Y así con todos.
¿Cómo puede terminar esto? Si el matrimonio decide continuar unido -de marido o de esposa no se dimite por razones políticas- lo lógico es que la Infanta Cristina, corresponsable formal de mucho de lo sucedido y beneficiaria al 50% de lo así ingresado, renuncie a sus derechos sucesorios y ambos dejen de participar en los actos públicos de carácter institucional para no contaminar a la dinastía. Esto no tiene nada que ver con la hipotética responsabilidad penal porque, como escribe Javier Gomá en los últimos párrafos de su obra Ejemplaridad pública, los miembros de la Familia Real «no es sólo que sean fuentes de moralidad pública, como los políticos, sino que son su misma personificación y el espejo de la ciudadanía».
Una Monarquía Constitucional puede tal vez soportar que los policías no detengan a los delincuentes, que los jueces no condenen a los culpables sino a algún que otro inocente con cara de merecer 40.000 años de cárcel y que los políticos que deberían ser ejemplares no ejemplifiquen sino la corrupción y el abuso de poder. Lo insostenible es que, al mismo tiempo que sucede eso, resulte que quienes deben llenar de contenido la función simbólica que justifica delegar en una familia la representación de todas las demás, se conviertan en motivo de bochorno colectivo. «Un símbolo que no simboliza, ¿para qué sirve?», enfatiza Gomá. El Rey y los Príncipes de Asturias deberían tener muy en cuenta esta reflexión porque «la vulgaridad de vida banaliza la Corona y vacía el trono».
pedroj.ramirez@elmundo.es
04/12/2011
Que la crisis económica que deja ahora el PSOE es más grave que la del 96 salta suficientemente a la vista, aunque siempre le quedará la excusa de que tiene un origen internacional y se ha agravado a escala europea. Menos obvio resulta que también la crisis política que hereda Rajoy es más honda e intensa que la que recibió Aznar con toda la truculencia del terrorismo de Estado y la corrupción en el entorno mismo del Gobierno. Y, sin embargo, pasen y vean.
Mi indignación ante aquel comentario cáustico de Aznar al año siguiente de llegar al poder -«¿Te parece poco un Gobierno que no mate y que no robe?»- no podía dejar de tener, por desgracia, una dimensión cosmética. Los restos de los cuerpos torturados de Lasa y Zabala con sus apósitos sanguinolentos, el espanto en el rostro del secuestrado Marey, el chusco reparto de los fondos reservados, la huida de Roldán, la farsa de su captura, lo ocurrido en el Banco de España o en el BOE no eran asuntos fáciles de olvidar. De hecho, se nota -y es lógico- que a Felipe González aún no se le han olvidado.
Ahora las heridas no están oficialmente abiertas sino que se han cerrado en falso. La más trascendental, la que supura por dentro quemándonos constantemente las entrañas, es la del 11-M. No hay lugar al que vaya a firmar ejemplares de El primer naufragio o sesión de Twitter en la que intercambie unos cuantos mensajes en que no aparezca alguien con la ansiedad en el rostro o la zozobra en los 140 caracteres pidiendo noticias nuevas, anhelando avances en nuestra investigación periodística, preguntando si es cierto -como ha circulado profusa y estrafalariamente por la Red- que ya tenemos las pruebas de la conspiración que desencadenó la masacre.
Todos los españoles que conocen el sumario con un mínimo detalle saben que la sentencia de Gómez Bermúdez contiene errores materiales o falsedades tan palmarias como que la sustancia que se presenta como «componente exclusivo» de la Goma 2 ECO -el dibutilftalato- también forma parte del Titadyne o que el teléfono de la mochila de Vallecas no podía reflejar la hora de los atentados dadas sus características mecánicas. Una falacia molecular y otra falacia tecnológica. Toda la versión oficial que comenzó a construirse el 13-M cuando la detención de Zougam alteró las previsiones electorales del día siguiente, es un castillo de naipes basado en la mentira y la manipulación de pruebas.
¿Qué puedo yo decirles a todas esas personas que piensan que si al cabo de 13 años fuimos capaces de descubrir la verdad sobre los GAL, antes o después lo lograremos también con el 11-M? Pues que los medios de un periódico que respeta escrupulosamente la legalidad son muy limitados y lo que se atisba tras ese atentado que cambió la historia política de España tiene una envergadura enorme. Pero que, como estamos decididos a seguir buscando la verdad hasta que el infierno se hiele -«Until the hell frozens», que dijo Adlai Stevenson-, pronto podremos aportar nuevos elementos que al menos contribuyan a impulsar la revisión judicial de los hechos.
El principal cauce abierto hoy por hoy en esa dirección es la causa contra el ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano, fruto de la querella que se planteó interponer durante la presentación del libro del químico Enrique Iglesias Titadyne. Fue la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M la que recogió el guante y ahora que la instrucción ha corroborado todas las sospechas sobre el ocultamiento de los restos de los trenes, su escamoteo al tribunal y las subsiguientes falsedades periciales, es de justicia reconocer que sin el tenaz idealismo de sus dirigentes y la competencia de sus abogados el comisario Manzano no estaría camino del banquillo, como de hecho se halla.
El papel de la Asociación de Ayuda es en la práctica el mismo que desempeñaron aquellos románticos e indomables integrantes de la acción popular que al personarse en los sumarios impidieron que prescribieran los crímenes de los GAL. De ahí que resulte especialmente obscena la discriminación a la que los organismos públicos vienen sometiendo a esta agrupación ejemplar que reúne a 700 víctimas o familiares de víctimas de los atentados de Madrid. Mientras la organización de Pilar Manjón, guardiana de la ortodoxia que le conviene preservar a Rubalcaba, y la intermitente AVT reciben pingües subvenciones de Interior y de la derrama del IRPF, la asociación presidida por Ángeles Domínguez ha tenido que apañárselas con los 250.000 anuales que en el pasado recibió de la Comunidad de Madrid para prestar servicios médicos a sus miembros.
Ahora que ese apoyo también se ha evaporado en el mar de los recortes y las intrigas intestinas del Gobierno regional -Esperanza Aguirre debería intervenir con urgencia-, la Asociación de Ayuda ha prescindido de sus escasos empleados, no puede ni pagar a sus abogados y se encuentra en la tesitura de echar el cierre. Sólo una movilización ciudadana en su favor en forma de donaciones particulares podría permitirle sobrevivir.
En la página 14 de nuestra edición de hoy tienen su cuenta corriente. Lo primero que yo haré mañana será ingresar 1.000 euros a título personal y desde aquí les pido que, cada uno en la medida de sus posibilidades, haga lo propio. Por modesta que sea, cada aportación sumará con las demás y sobre todo supondrá una inyección de moral para estas personas admirables que mantienen la llama de la búsqueda de la verdad encendida. Estoy dispuesto a salir a la calle con una hucha si hace falta, pues es la más noble de las causas.
Junto al fracaso del Estado en el esclarecimiento y castigo del 11-M lo peor del relevo emponzoñado que Zapatero entregará dentro de 15 días a Rajoy es, en el ámbito político, la desestabilización del modelo constitucional. El Estatuto catalán continúa en pleno vigor sin que durante los meses transcurridos desde la sentencia del TC se haya desandado ni un solo centímetro en el camino ilegal recorrido en su desarrollo normativo; y todas las hipótesis sobre los itinerarios en que puede desembocar el retorno de ETA a las instituciones producen escalofríos. Son otras dos heridas que supuran por dentro.
También en este terreno, y no sólo en el de la economía, el PP tiene un mandato claro que ha dejado de ser opción electoral para convertirse en obligación gubernamental. Si CiU quiere asociarse al proyecto reformista de Rajoy y obtener un trato preferente en el diseño y ejecución de la política económica -olvidándose por supuesto del pacto fiscal-, el PP debe tenderle la mano pero reclamando a cambio gestos significativos en relación a la política lingüística y otras áreas en las que está en duda su lealtad institucional. En cambio a los de Amaiur, ni agua. Hace bien Rajoy en excluirles de su ronda de contactos con los partidos parlamentarios y ojalá se hallara una fórmula bien fundada en derecho que les impidiera constituir grupo mientras se le permitiera hacerlo a UPyD.
Justo cuando parecía que los dos mandatos de Zapatero iban a quedar al menos preservados de la lacra de la corrupción en las altas instancias, EL MUNDO desveló los elementos básicos del casoCampeón. Un par de meses después, los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo han pedido que se abra una investigación penal sobre la conducta del ministro Blanco; es decir, que se le impute por cohecho y tráfico de influencias.
Ahora que han enmudecido los colegas que servían de altavoces a la tesis de que lo único que había contra el número dos del PSOE eran versiones contradictorias de un empresario delincuente, nosotros volvemos a aferrarnos al plano de la responsabilidad política. Sea penalmente culpable o inocente, no es de recibo que alguien que ha protagonizado las escenas de la gasolinera o ha movilizado sin el menor pudor a la Administración al servicio del interés particular de un amigo, pueda morir políticamente en la cama. Que Blanco siga siendo al día de la fecha ministro portavoz en funciones y vicesecretario general del PSOE da la medida final de hasta donde ha llegado el naufragio de la «democracia bonita» de Zapatero.
El cuadro general no puede ser por lo tanto más desolador. La fe en el Estado de Derecho está profundamente erosionada por la incapacidad policial y judicial de esclarecer la masacre de Madrid y por las sospechas de connivencia del Ejecutivo con los movimientos tácticos de ETA, corroboradas ahora por el propio Eguiguren. Simultáneamente, el descrédito y desprestigio de los políticos como presunto modelo de referencia social queda resumido en la línea de defensa de Blanco en relación al tráfico de influencias, calcada por cierto de la que tan execrable le parecía cuando brotaba del entorno de Camps: todos hacemos lo mismo. Aquí sólo faltaba que pariera la abuela y eso es lo que ha ocurrido con el caso Urdangarin.
La criatura ha resultado ser un rubio ex jugador de balonmano aprovechategui y trinconcete que, según hemos venido averiguando, se ha dedicado a pegar palos a lo largo y ancho de la geografía nacional, involucrando a su esposa la Infanta Cristina, utilizando a un asesor de la Casa del Rey y comprometiendo la propia autoridad moral de la Corona. Es cierto que sólo un juez podía detectar el trasvase de fondos desde un instituto con fines filantrópicos a las sociedades patrimoniales de sus promotores, pero sólo la habitual condescendencia de los medios hacia todo lo que concierne a la institución monárquica explica que hayamos tardado tanto tiempo en relacionar la frenética actividad de Urdangarin en el negocio del marketing deportivo con el auge de su tren de vida, palacete en Pedralbes incluido.
La línea de defensa que ya ha esbozado ante quienes le han pedido explicaciones es muy clara: él es un profesional que ofrece unos servicios, asume unos costes y corre unos riesgos en el marco de unos convenios de patrocinio por los que se fija un precio global que incluyen su propio margen de beneficio. Una vez que alguien llega libremente a un acuerdo con él, huelga toda justificación de gastos.
Pero más que una explicación eso es una burda coartada porque el Instituto Nóos no tenía ánimo de lucro y cuando se paga con dinero público debe haber una correspondencia entre lo que se da y lo que se recibe. Por lo que se refiere a los sablazos privados es muy elocuente lo que le sucedió al presidente del Villarreal, Fernando Roig, que de repente aparece en el top ten de la timoteca nacional por haber pagado un informe sobre el patrocinio de su estadio a razón de 69.000 por folio. Pero, según su propia versión, el acuerdo implicaba el compromiso de Urdangarin de traerle ese patrocinador que aportaría a las arcas del club hasta 35 millones en 10 años. ¿Y por qué no supeditó el pago de los 600.000 del ala más IVA a que cumpliera esa parte del trato? Pues muy sencillo, viene a decir Roig: porque no parece correcto dudar de la palabra del yerno del Rey. Y así con todos.
¿Cómo puede terminar esto? Si el matrimonio decide continuar unido -de marido o de esposa no se dimite por razones políticas- lo lógico es que la Infanta Cristina, corresponsable formal de mucho de lo sucedido y beneficiaria al 50% de lo así ingresado, renuncie a sus derechos sucesorios y ambos dejen de participar en los actos públicos de carácter institucional para no contaminar a la dinastía. Esto no tiene nada que ver con la hipotética responsabilidad penal porque, como escribe Javier Gomá en los últimos párrafos de su obra Ejemplaridad pública, los miembros de la Familia Real «no es sólo que sean fuentes de moralidad pública, como los políticos, sino que son su misma personificación y el espejo de la ciudadanía».
Una Monarquía Constitucional puede tal vez soportar que los policías no detengan a los delincuentes, que los jueces no condenen a los culpables sino a algún que otro inocente con cara de merecer 40.000 años de cárcel y que los políticos que deberían ser ejemplares no ejemplifiquen sino la corrupción y el abuso de poder. Lo insostenible es que, al mismo tiempo que sucede eso, resulte que quienes deben llenar de contenido la función simbólica que justifica delegar en una familia la representación de todas las demás, se conviertan en motivo de bochorno colectivo. «Un símbolo que no simboliza, ¿para qué sirve?», enfatiza Gomá. El Rey y los Príncipes de Asturias deberían tener muy en cuenta esta reflexión porque «la vulgaridad de vida banaliza la Corona y vacía el trono».
pedroj.ramirez@elmundo.es
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