Sindicatos policiales ven 'cuestionable y corrupta' la medalla a Bermúdez
FERNANDO LÁZARO
13/12/2011
PORTADA
El SUP y la CEP la consideran motivada por el «agradecimiento» de Interior
Los sindicatos de la Policía SUP y CEP (mayoritarios en el Cuerpo) censuraron ayer la concesión de la medalla al mérito policial al juez Gómez Bermúdez por imponer la versión oficial en el juicio del 11-M. Ambas organizaciones consideran el reconocimiento «cuestionable» y «corrupto» y una concesión del Ministerio que entonces dirigía Rubalcaba al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia en «agradecimiento» a su labor.
Los principales sindicatos de la Policía se mostraron ayer muy críticos con los argumentos esgrimidos por el Ministerio del Interior para condecorar con la medalla al mérito policial con distintivo rojo (pensionada de por vida) al magistrado que juzgó el 11-M y que ahora preside la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Como publicó ayer EL MUNDO, el Ministerio del Interior, cuando aún estaba dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, premió a Javier Gómez Bermúdez por imponer la versión policial en el juicio por la masacre de Madrid.
La propuesta de concesión de esta medalla establece como «hecho diferencial» la forma en que dirigió la vista oral sobre la masacre y subraya que «su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba (...), no permitiendo que el juicio derivara en derroteros confusos». Los sindicatos hablan de «corrupción» a la hora de valorar la concesión de Rubalcaba a este magistrado. La consideran una decisión «cuestionable» y que está motivada por el agradecimiento de Interior a su gestión.
«Desde hace muchos años venimos denunciando el sistema corrupto imperante en la concesión de recompensas profesionales en el Cuerpo Nacional de Policía», indica el
mayoritario Sindicato Unificado de la Policía (SUP). Aclara que la norma de concesión de las recompensas es «preconstitucional (de 1964)». «No obstante, nunca, ningún Gobierno desde 1984, ha adoptado ninguna medida para resolver esta situación. En estos momentos (y en años anteriores) hemos denunciado ante los tribunales la concesión irregular de medallas rojas sin que hasta el momento hayamos obtenido una resolución favorable a nuestra demanda», insiste el SUP.
El sindicato liderado por Sánchez Fornet entiende que conceder una medalla a un magistrado «no deja de ser la constatación de que no existe una efectiva separación de poderes, y que las prácticas corruptas han proliferado tanto, y durante tantos años, que han pasado a formar parte de la cotidianeidad».
«Con independencia de las distintas teorías sobre los autores del 11-M, las informaciones difundidas por EL MUNDO deberían suponer la revisión exhaustiva de todo lo actuado en lo que se refiere a la implicación de Jamal Zougam, aplicando la máxima de que vale más que un culpable sea exculpado a que un inocente sea condenado. Hay indicios que, moral y jurídicamente, deberían llevar a una revisión de las pruebas y a un nuevo juicio», finaliza el comunicado del SUP.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) asegura que la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo para el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional «es una decisión cuestionable, inapropiada y que no guarda la distancia mínima que debería regir las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo». Aclara que la relación profesional de los funcionarios policiales que se dedican a la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado se produce con los jueces de instrucción «y no con los jueces de lo Penal, que son los que juzgan. Se debe guardar esa distancia mínima que respete el principio de la independencia judicial».
La CEP entiende que el juez Gómez Bermúdez «no ha realizado, en modo alguno, una intervención de las que merecen una pensión vitalicia y que, en el caso de los policías, implican un riesgo cierto para su vida, en actuaciones de desarticulación de comandos o de detención de peligrosas bandas de atracadores».
Al igual que el SUP, denuncia lo obsoleto de la normativa, que se basa «en un Decreto de la Jefatura del Estado de 1943 y que impone un criterio de subjetividad incompatible con una labor policial eficaz. En la Policía no es suficiente con protagonizar una intervención con riesgo para la vida del funcionario sino que, además, la Administración debe considerar que merece esa medalla. En la Policía las medallas se conceden, no se ganan. Y mientras no se avance en desterrar esta arbitrariedad seguiremos asistiendo a situaciones como las conocidas hoy».
13/12/2011
PORTADA
El SUP y la CEP la consideran motivada por el «agradecimiento» de Interior
Los sindicatos de la Policía SUP y CEP (mayoritarios en el Cuerpo) censuraron ayer la concesión de la medalla al mérito policial al juez Gómez Bermúdez por imponer la versión oficial en el juicio del 11-M. Ambas organizaciones consideran el reconocimiento «cuestionable» y «corrupto» y una concesión del Ministerio que entonces dirigía Rubalcaba al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia en «agradecimiento» a su labor.
Los principales sindicatos de la Policía se mostraron ayer muy críticos con los argumentos esgrimidos por el Ministerio del Interior para condecorar con la medalla al mérito policial con distintivo rojo (pensionada de por vida) al magistrado que juzgó el 11-M y que ahora preside la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Como publicó ayer EL MUNDO, el Ministerio del Interior, cuando aún estaba dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, premió a Javier Gómez Bermúdez por imponer la versión policial en el juicio por la masacre de Madrid.
La propuesta de concesión de esta medalla establece como «hecho diferencial» la forma en que dirigió la vista oral sobre la masacre y subraya que «su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba (...), no permitiendo que el juicio derivara en derroteros confusos». Los sindicatos hablan de «corrupción» a la hora de valorar la concesión de Rubalcaba a este magistrado. La consideran una decisión «cuestionable» y que está motivada por el agradecimiento de Interior a su gestión.
«Desde hace muchos años venimos denunciando el sistema corrupto imperante en la concesión de recompensas profesionales en el Cuerpo Nacional de Policía», indica el
mayoritario Sindicato Unificado de la Policía (SUP). Aclara que la norma de concesión de las recompensas es «preconstitucional (de 1964)». «No obstante, nunca, ningún Gobierno desde 1984, ha adoptado ninguna medida para resolver esta situación. En estos momentos (y en años anteriores) hemos denunciado ante los tribunales la concesión irregular de medallas rojas sin que hasta el momento hayamos obtenido una resolución favorable a nuestra demanda», insiste el SUP.
El sindicato liderado por Sánchez Fornet entiende que conceder una medalla a un magistrado «no deja de ser la constatación de que no existe una efectiva separación de poderes, y que las prácticas corruptas han proliferado tanto, y durante tantos años, que han pasado a formar parte de la cotidianeidad».
«Con independencia de las distintas teorías sobre los autores del 11-M, las informaciones difundidas por EL MUNDO deberían suponer la revisión exhaustiva de todo lo actuado en lo que se refiere a la implicación de Jamal Zougam, aplicando la máxima de que vale más que un culpable sea exculpado a que un inocente sea condenado. Hay indicios que, moral y jurídicamente, deberían llevar a una revisión de las pruebas y a un nuevo juicio», finaliza el comunicado del SUP.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) asegura que la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo para el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional «es una decisión cuestionable, inapropiada y que no guarda la distancia mínima que debería regir las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo». Aclara que la relación profesional de los funcionarios policiales que se dedican a la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado se produce con los jueces de instrucción «y no con los jueces de lo Penal, que son los que juzgan. Se debe guardar esa distancia mínima que respete el principio de la independencia judicial».
La CEP entiende que el juez Gómez Bermúdez «no ha realizado, en modo alguno, una intervención de las que merecen una pensión vitalicia y que, en el caso de los policías, implican un riesgo cierto para su vida, en actuaciones de desarticulación de comandos o de detención de peligrosas bandas de atracadores».
Al igual que el SUP, denuncia lo obsoleto de la normativa, que se basa «en un Decreto de la Jefatura del Estado de 1943 y que impone un criterio de subjetividad incompatible con una labor policial eficaz. En la Policía no es suficiente con protagonizar una intervención con riesgo para la vida del funcionario sino que, además, la Administración debe considerar que merece esa medalla. En la Policía las medallas se conceden, no se ganan. Y mientras no se avance en desterrar esta arbitrariedad seguiremos asistiendo a situaciones como las conocidas hoy».
Zapatero critica que se hable del caso
13/12/2011
ESPAÑA
En una de sus últimas entrevistas como jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero habló ayer en ABC Punto Radio sobre el 11-M, a propósito de las nuevas revelaciones sobre el caso publicadas por EL MUNDO. El presidente del Ejecutivo en funciones admitió que, «como en todo proceso judicial», en éste «se pueden plantear nuevas circunstancias», pero aun así criticó que se siga informando sobre el asunto. «Hubo un proceso judicial con todas las garantías y una sentencia. Creo que está bastante zanjado. El 11-M marcó la vida pública española, nos ha dejado una herida muy fuerte. Hay mucha gente que sigue padeciendo mucho y cada vez que se reabre este debate, sufre», dijo.
ESPAÑA
En una de sus últimas entrevistas como jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero habló ayer en ABC Punto Radio sobre el 11-M, a propósito de las nuevas revelaciones sobre el caso publicadas por EL MUNDO. El presidente del Ejecutivo en funciones admitió que, «como en todo proceso judicial», en éste «se pueden plantear nuevas circunstancias», pero aun así criticó que se siga informando sobre el asunto. «Hubo un proceso judicial con todas las garantías y una sentencia. Creo que está bastante zanjado. El 11-M marcó la vida pública española, nos ha dejado una herida muy fuerte. Hay mucha gente que sigue padeciendo mucho y cada vez que se reabre este debate, sufre», dijo.
Garzón consigue otra vez recusar a cinco jueces del Supremo
MARÍA PERAL MADRID
13/12/2011
PORTADA
La Sala del 61 del Supremo, integrada por miembros de sus cinco salas, aceptó ayer la recusación del juez Garzón contra los cinco magistrados que iban a juzgarle por ordenar las escuchas ilegales a los abogados del caso Gürtel. Es la segunda vez que Garzón consigue cambiar al tribunal, lo que también ha logrado en la causa por las desapariciones del franquismo.
La Sala del 61 del Supremo aceptó ayer la recusación promovida por el juez Baltasar Garzón contra el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Perfecto Andrés, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, a los que correspondía juzgarle por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales relacionados con las escuchas ilegales a los abogados del caso Gürtel.
Es la segunda vez que Garzón logra cambiar al tribunal encargado de su enjuiciamiento. El pasado 13 de junio, la Sala del 61 apartó a cinco magistrados que iban a integrar el tribunal que debía juzgarle por prevaricación continuada en la causa sobre el franquismo. Era la primera vez que se estimaba la recusación de una Sala del Supremo y en esa ocasión afectó a Saavedra, Adolfo Prego, Juan Ramón Berdugo, Francisco Monterde y Joaquín Giménez.
La Sala del 61 consideró que esos cinco jueces tenían que ser sustituidos debido a su falta de imparcialidad objetiva, al haber decidido la iniciación de la causa y haber resuelto los recursos interpuestos durante la fase de instrucción.
Éste es el mismo argumento utilizado ahora para apartar al tribunal que inicialmente iba a celebrar la vista por las escuchas a los defensores que actúan en el proceso Gürtel, escuchas ordenadas por Garzón y declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Madrid.
No sólo se ha repetido el argumento sino también la votación de junio: ahora, al igual que entonces, 13 magistrados se han pronunciado a favor de las recusaciones y dos en contra. Estos últimos son el presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, y el magistrado más antiguo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Mariano de Oro-Pulido.
En cambio, la Sala del 61 decidió por unanimidad no aceptar la recusación contra el magistrado Manuel Marchena, cuya incorporación al tribunal de las escuchas quería ser vetada por Garzón sobre la base de que es el instructor del proceso por los pagos de Nueva York. En este tercer asunto se investiga al juez de la Audiencia Nacional por supuestos delitos de cohecho y prevaricación. Sin embargo, no existe una causa legal que permita apartar de una causa a un magistrado por su actuación en un proceso distinto, por lo que Marchena permanecerá en la Sala que juzgará las escuchas de Gürtel.
Marchena puede ser, además, el ponente de la sentencia en sustitución de Maza, según indicaron ayer fuentes de la Sala. Si se sigue el criterio de sustitución adoptado en la causa del franquismo, el resto de los magistrados serían Joaquín Giménez, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Andrés Martínez Arrieta.
El juicio está señalado para el 17 de enero, después de que Garzón consiguiera gracias a las recusaciones la suspensión del señalamiento fijado para el 29 de noviembre.
13/12/2011
PORTADA
La Sala del 61 del Supremo, integrada por miembros de sus cinco salas, aceptó ayer la recusación del juez Garzón contra los cinco magistrados que iban a juzgarle por ordenar las escuchas ilegales a los abogados del caso Gürtel. Es la segunda vez que Garzón consigue cambiar al tribunal, lo que también ha logrado en la causa por las desapariciones del franquismo.
La Sala del 61 del Supremo aceptó ayer la recusación promovida por el juez Baltasar Garzón contra el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Perfecto Andrés, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, a los que correspondía juzgarle por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales relacionados con las escuchas ilegales a los abogados del caso Gürtel.
Es la segunda vez que Garzón logra cambiar al tribunal encargado de su enjuiciamiento. El pasado 13 de junio, la Sala del 61 apartó a cinco magistrados que iban a integrar el tribunal que debía juzgarle por prevaricación continuada en la causa sobre el franquismo. Era la primera vez que se estimaba la recusación de una Sala del Supremo y en esa ocasión afectó a Saavedra, Adolfo Prego, Juan Ramón Berdugo, Francisco Monterde y Joaquín Giménez.
La Sala del 61 consideró que esos cinco jueces tenían que ser sustituidos debido a su falta de imparcialidad objetiva, al haber decidido la iniciación de la causa y haber resuelto los recursos interpuestos durante la fase de instrucción.
Éste es el mismo argumento utilizado ahora para apartar al tribunal que inicialmente iba a celebrar la vista por las escuchas a los defensores que actúan en el proceso Gürtel, escuchas ordenadas por Garzón y declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Madrid.
No sólo se ha repetido el argumento sino también la votación de junio: ahora, al igual que entonces, 13 magistrados se han pronunciado a favor de las recusaciones y dos en contra. Estos últimos son el presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, y el magistrado más antiguo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Mariano de Oro-Pulido.
En cambio, la Sala del 61 decidió por unanimidad no aceptar la recusación contra el magistrado Manuel Marchena, cuya incorporación al tribunal de las escuchas quería ser vetada por Garzón sobre la base de que es el instructor del proceso por los pagos de Nueva York. En este tercer asunto se investiga al juez de la Audiencia Nacional por supuestos delitos de cohecho y prevaricación. Sin embargo, no existe una causa legal que permita apartar de una causa a un magistrado por su actuación en un proceso distinto, por lo que Marchena permanecerá en la Sala que juzgará las escuchas de Gürtel.
Marchena puede ser, además, el ponente de la sentencia en sustitución de Maza, según indicaron ayer fuentes de la Sala. Si se sigue el criterio de sustitución adoptado en la causa del franquismo, el resto de los magistrados serían Joaquín Giménez, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Andrés Martínez Arrieta.
El juicio está señalado para el 17 de enero, después de que Garzón consiguiera gracias a las recusaciones la suspensión del señalamiento fijado para el 29 de noviembre.
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