El Gobierno presentará el próximo 28 de enero el proyecto de ley con la reforma de las pensiones. Después de casi un año anunciando una modificación en el sistema de prestaciones de jubilación de la Seguridad Social, parece que ahora la fecha es definitiva. Antes de la próxima primavera se conocerá el texto final.
Las propuestas del Pacto de Toledo no han sido demasiado explícitas sobre la cuestión, pero Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, ya ha adelantado que el Ejecutivo seguirá adelante con sus planes. Entre lo anunciado, destaca el retraso a los 67 años de la edad de jubilación y la ampliación del período de cálculo de 15 a 20 años(o incluso a 25). Ambas medidas supondrán un recorte de las pensiones públicas.
Sin embargo, es muy difícil escuchar a un político, de cualquier partido, reconocer que habrá una rebaja en las prestaciones de jubilación. En las declaraciones públicas, los responsables de todos los partidos se esconden detrás de la palabrería habitual: "Es un sistema solidario", del que hay que garantizar su "sostenibilidad" y que hay que reformar para que sea "más justo". Tras cada frase hay un engaño a los ciudadanos. Las siguientes son 10 de las más evidentes falsedades o trampas de la próxima reforma:
1. "La reforma es INELUDIBLE" (Valeriano Gómez, 30 de noviembre):
Ésta es la única verdad de la lista, pero esconde una gran mentira tras ella. Es evidente que la reforma del sistema de pensiones era inaplazable. Las pensiones las pagan los trabajadores, y cada vez hay más jubilados (por el aumento en la esperanza de vida) y menos trabajadores (paro, retrasar la incorporación al mercado, menos nacimientos, etc.)
Los cálculos de los expertos dicen que en 2016 la Seguridad Social entrará en déficit, es decir, ingresará menos en cotizaciones de lo que paga en prestaciones. Y diez años después quebrará puesto que se acabará el Fondo de Reserva (lo que se llama, equívocamente, la hucha de la Seguridad Social). En este momento, no habría dinero para pagar más pensiones. Por lo tanto, es cierto que la reforma es "ineludible".
Lo que no está tan claro es que la aprobada sea la única reforma posible. Cuando los políticos hablan de que cada vez hay más jubilados y menos trabajadores (la trampa demográfica) dan por sentado que la mejor manera de resolver este problema es recortar las pensiones.
Nunca se les pasa por la cabeza el encaminarse, poco a poco, hacia un sistema de capitalización en el que cada trabajador vaya ahorrando su propia pensión a lo largo de su vida laboral. Esto evitaría todos los cálculos sobre la sostenibilidad del sistema, ya que cada uno tendría lo acumulado en su cuenta de ahorro y podría haber una prestación no contributiva para los más desfavorecidos.
2."Hay que seguir avanzando en la CONTRIBUTIVIDAD del sistema" (Decálogo del PP sobre pensiones)
Esto quiere decir que hay que rebajar las pensiones para que no se caiga el chiringuito. Todos los partidos defienden ampliar el período de cálculo: esto es lo que se esconde detrás de la preciosa palabra "contributividad". Así, para calcular la pensión, en vez de tenerse en cuenta los últimos 15 años de vida laboral, como hasta ahora, se contarán los veinte, treinta o todos los años de vida laboral. Casi todo el mundo gana más con 65 años que con 35, por lo que esta ampliación del período de cálculo supone una rebaja de facto de las pensiones de la mayoría de los españoles.
3. "La elevación del período de cálculo ha hecho más JUSTO el sistema"(CelestinoCorbacho, 25 de agosto)
Es un argumento parecido al del apartado 2, pero le aporta un matiz interesadamente maligno. A primera vista, es evidente que lo más "justo" es que cada uno reciba en función de lo cotizado a lo largo de su vida laboral y no en los últimos quince años. Con la normativa actual, alguien que trabaje de los 20 a los 50 y se quede en paro recibirá la pensión mínima; mientras que alguien que no haga nada hasta los 45 pero cotice desde entonces podría recibir la máxima. Nada que objetar a que esto cambie.., ¿o sí?
El problema de esta argumentación es que intenta equiparar de forma sibilina un sistema de capitalización y uno de reparto (el actual). En el primero, desde el primer día de trabajo se va llenando la bolsita del trabajador gracias a su esfuerzo. Así, en un sistema de capitalización sí que cuenta toda la vida laboral, sea como sea ésta (si se empieza a los 16 años o a los 25, si se deja de trabajar con 40 ó con 60, etc.)
Mientras, en el sistema actual, la pensión depende de una decisión política. Lo de ampliar el período de cálculo es una excusa para evitar la quiebra de la Seguridad Social, pero es una decisión política igualmente. Si dentro de diez años es necesario, los partidos pedirán que cuenten sólo los primeros años para evitar fraudes (dirán que hay personas con contratos falsos para cobrar una pensión) o introducirán cualquier otra modificación que les parezca oportuna.
Con el ahorro individual no hay ese problema, ya que la cuantía que se cobra no depende del capricho del político de turno sino del esfuerzo del ciudadano. Es normal que a nuestros diputados esto no les haga ninguna gracia (da libertad a los ciudadanos y les quita poder a ellos).
4. La Seguridad Social es la "COLUMNA DEL ESTADO DEL BIENESTAR" (José Luis Rodríguez Zapatero, 13 de septiembre)
Este tipo de metáforas les encantan a los políticos. La imagen es memorable: una columna (ellos) que sostiene algo muy pesado (los jubilados) que no se cae gracias a su esfuerzo (reforma de las pensiones). El problema es que es mentira.
Ni el sistema de pensiones es robusto ni los españoles lo necesitamos en su actual formato. De hecho, cuando los políticos hablan de "Estado del Bienestar" quieren que nos acordemos de los pobres, de los más expuestos a una dificultad. Pero, ¿es tan bueno el sistema actual con los más desfavorecidos?
Normalmente, las personas que menos dinero ganan son las que más tiempo trabajan. Un universitario, que luego será directivo, pasa hasta los 18 años en el colegio, luego hace una carrera, después un master y quizás un curso de idiomas, etc... Puede que empiece a trabajar con 28 años y quizás consiga una prejubilación pagada por su empresa a los 60. Sin embargo, posiblemente pueda acceder a la pensión pública más elevada (sus cotizaciones son muy altas) y lo más seguro es que la complemente con una privada.
Mientras, su vecino, que deja la escuela con 16 años, trabajará hasta los 65. Sin embargo, como su base de cotización es baja cobrará una pensión bastante escuálida. Y si tiene la mala suerte de ser despedido con 55 años, cobrará el mínimo. No le servirá de nada haber empezado a trabajar 12 años antes que el universitario (y esto no cambiará mucho aunque se amplíe el período de cálculo, lo más importante seguirá siendo la base de cotización). Además, tampoco tiene plan de pensiones privado.
Eso sí, el Gobierno y la oposición se preocupan por él y le aseguran una paga mensual de unos 590 euros tras cinco décadas en la obra. Todo muy social y muy justo, sí señor. Por cierto, con un sistema de capitalización, habría empezado a llenar su bolsa una década antes que su vecino universitario, con todo lo que eso supone a su favor.
5. "Debemos pensar en la SOSTENIBILIDAD del sistema" (María Teresa Fernández de la Vega, 30 de enero)
Esta metáfora es casi tan bonita como la de la columna e igual de falsa. El sistema es "sostenible" porque la paga la deciden los políticos. Si dentro de 60 años, hubiera 10 millones de trabajadores y 50 millones de pensionistas, el sistema también podría ser sostenible: sólo habría que fijar una prestación lo suficientemente baja. A 50 euros al mes de pensión media, también esa situación sería "sostenible" y habría pensiones públicas.
De hecho, el sistema con las prestaciones actuales es insostenible, como se explicó en el apartado uno. ¿Y qué hacen los políticos para que no se caiga su castillo de naipes? Bajar las pensiones, como ya se ha hecho otras veces. Pero si cada uno se ocupa de ahorrar a lo largo de su vida, ¿qué más da cuantos jubilados y trabajadores haya? La pensión no la pagarían las cotizaciones sino las cuentas de ahorro, y siempre serían sostenibles.
6. "En el caso de España, [la UE] reconoce la SOLIDEZ de nuestro actual sistema de pensiones" (Elena Salgado, 17 de noviembre)
Lo que reconocía la UE es que con el sistema actual la quiebra absoluta llegaría a partir de 2030 (los expertos de Fedea lo adelantan a 2026). El sistema no es "sólido" y por eso hay que reformarlo. Además, lo que esconde esta palabra es la mentira de que ésta será la última reforma. Los políticos hablan de "esfuerzo" y ocultan al ciudadano que el fin no son los 67 años, ni la ampliación de 15 a 20 del período de cálculo. Según Juan Rubio-Ramírez, Javier Díaz-Giménez y Julián Díaz-Saavedra –economistas de Fedea- la Seguridad Social quebrará como muy tarde en 2042, con o sin reforma.
Es decir, que si sigue el actual patrón de envejecimiento, los trabajadores menores de 40 años lo tendrán muy crudo para cobrar una pensión pública mínimamente digna. Esto, según Salgado, es un sistema "sólido". Por lo tanto, a esta reforma le seguirán otras para ampliar la vida laboral al menos hasta los 70 años, ampliar el período de cálculo a toda la vida laboral y reducir aún más las pensiones públicas. No será el último cambio y lo saben, pero no lo dicen.
7. "...la necesidad de que se traslade, PROGRESIVAMENTE y en un marco más FLEXIBLE, la edad de jubilación más allá de los 65 años" (Valeriano Gómez, 6 de diciembre)
Lo de la "flexibilidad" es precioso porque parece esconder la posibilidad de que los trabajadores españoles puedan organizar su vida laboral, decidir si se jubilan antes o si trabajan más allá de los 65. En realidad, lo que esconde esta frase es que todos tendremos que trabajar hasta los 67 (y luego hasta los 70), y que los que quieran dejarlo antes se verán fuertemente penalizados. Esto nunca se admitirá: se hablará de "incentivos" para alargar la vida laboral... Claro, el incentivo será que el que no lo haga cobrará una pensión de miseria.
8. "Tiene que haber un control más estricto de las PREJUBILACIONES" (Elena Salgado, 30 de enero)
La satanización de las "prejubilaciones" es otra constante en los políticos españoles. Es cierto que no es muy lógico que con el dinero de todos se paguen retiros anticipados como el de RTVE (echaron a todos los mayores de 52 años) o los de empresas en problemas, en los que el Estado asume parte del coste para evitar conflictos.
Pero, ¿qué tiene de malo que una persona se ponga de acuerdo con su empresa para dejar de trabajar a los 55 años cobrando el 80% de su salario? Pues tiene de malo que alguien que sigue currando gana más que un prejubilado y, por lo tanto, también cotiza más. Por eso a los políticos no les gustan las prejubilaciones, porque así la poca solidez del sistema se hace más patente.
En un sistema de capitalización un trabajador normal podría prejubilarsecuando quisiera, en función de lo que hubiera ahorrado. Pero volvemos a lo mismo, seríamos más libres y los políticos menos poderosos: un escenario que parece ser terrible para sus señorías.
9. "Podemos afrontar la necesidad de los cambios, aunque nos cueste ESFUERZOS" (José Luis Rodríguez Zapatero, 14 de julio); la reforma "no perjudicará excesivamente A NADIE" (Isabel López i Chamosa, 6 de octubre)
Estas frases no sólo son mentira sino que bordean el cinismo más descarnado. Cuando el presidente del Gobierno dice que hay que hacer reformas "aunque nos cueste esfuerzos", hay que preguntarse por qué habla en primera persona del plural. ¿"Nos"?
Los políticos españoles tienen un sistema propio de pensiones, muchísimo más favorable que el del común de los mortales, y que no cambiará en nada con esta reforma. Por eso, cuando López i Chamosa dice que los cambios no perjudicarán "excesivamente a nadie" tiene razón: a nadie de su entorno, ni a ninguno de sus compañeros de escaño, ni a los de la bancada popular. Sólo perderán los ciudadanos... vamos, casi nadie.
10. "Los criterios de SOLIDARIDAD están garantizados" (Tomás Burgos, PP, 15 de diciembre)
El sistema es tan "solidario" y está tan "garantizado" que los políticos no quieren que compartamos con ellos las reglas del juego. Así, según publicaba hace unos días ABC, las normas para diputados y senadores seguirán siendo diferentes a las de los demás.
El resumen de las diferencias más notables entre uno y otro sistema es el siguiente. En primer lugar, para cobrar una pensión los diputados sólo tienen que "trabajar" 7 años en la Cámara, mientras que el resto de españoles necesita al menos 15 años cotizados, que tras la reforma seguramente pasarán a ser 20 ó 25. No sólo eso, sino que esos 7 años en las Cortes les garantizan el 80% de pensión, mientras que 15 años cotizados (20 ó 25 tras la reforma) para un trabajador normal sólo sirven para cobrar un 50% de la pensión que corresponda a su base de cotización.
Además, diputados y senadores pueden jubilarse con 60 años sin que se les rebaje la prestación, algo que para el resto de los mortales está prohibido hasta los 65 y que pronto pasará a estar fijado en los 67 (y más adelante en los 70).
Y para cobrar esa pensión completa y máxima, los parlamentarios españoles sólo necesitan acreditar 12 años en las Cortes, mientras que al resto de los trabajadores le exigen al menos 35 años cotizados (y seguramente esta cifra pasará a ser de 40 años tras la reforma).
El sistema es "tan solidario" y está "tan garantizado" que los políticos españoles quieren que sólo lo disfruten sus ciudadanos. Ellos seguirán sacrificándose con su propia contabilidad... También cobrarán de los planes de pensiones privados que les paga el Congreso y de alguno más que se han buscado ellos mismos. Pero esta inversión la tienen casi sin saber por qué: no es necesaria, ya sabemos que la Seguridad Social es "sostenible", "sólida", "justa", "flexible"... ¿Verdad?
El blog "Anonymousvalenciano" ha puesto en marcha un ataque contra páginas web de políticos y del gobierno, con el fin de protestar por la "Ley Sinde".
Esta tarde a las 18:00 horas, estaba previsto un ataque contra la web del PSOE, que ha aguantado el ataque frente a la web del PP y CIU que han sido bloqueadas.
Para mañana, a la misma hora, está previsto un ataque contra la página web del Congreso de los Diputados.
Estas son sus reivindicaciones, a favor de la libertad.
Nosotros, los soberanos, exigimos a gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la inmediata retirada de la Comisión con competencia Legislativa Plena, el desarrollo de la Disposición Adicional de la Ley de Economía Sostenible que desarrolla el procedimiento para cerrar webs de intercambio de archivos.
Nosotros, los ciudadanos somos libres de prestar nuestras películas o canciones a quien queramos. Y no necesitamos el permiso del Ramoncín de turno, cuyo único objetivo es seguir pegándose la vida padre a nuestra costa. Tampoco queremos seguir lucrando a una industria anacrónica y obsoleta que no quiere, o no sabe, adaptarse a la modernidad. Están condenados a desaparecer. Es simplemente una cuestión de tiempo.
Nosotros, las sufridos trabajadores, empresarios, autónomos, estudiantes, que por culpa de las codicias de la élites apenas llegamos al fin de semana, le exigimos al gobierno que deje de legislar para los poderosos y lo haga para los débiles.
Nosotros, Anonymous, advertimos al gobierno, que de perseverar en su error, nosotros perseveraremos en la lucha. Aquellas Instituciones que aprueban leyes contra ciudadanos, de cuya soberanía son depositarios, dejan de ser representantes para convertirse en tiranos.
Nosotros, Anonymous, convocamos a todos los ciudadanos libres a acceder libremente a la web del congreso de los diputados, a partir de mañana a las 18:00 horas.
La gran frase de Cervantes en su gran obra, el Quijote, cobra hoy más sentido que nunca: " La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre; por libertad así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida"
Además, del agujero estatal, el incremento de las inversiones en País Vasco y las Islas Canarias no supondrá un gran avance para los ciudadanos de esas comunidades pues la mayoría de los servicios que cubrirá esos presupuestos ya estaba previsto con anterioridad.
En el caso del PNV, el pacto supondrá el traspaso de 20 políticas para el desarrollo del Estatuto de Gernika. Entre otros asuntos destacan las políticas activas de empleo y de los aspectos de la inspección de trabajo relacionados con las competencias del Ejecutivo vasco. El Gobierno y el PNV también han previsto un ambicioso programa de inversiones en el País Vasco que afectará al desarrollo de la Y vasca, al puerto de Pasajes y al Centro de Neutrones.
También será transferida la inspección de trabajo, en las mismas condiciones que ha sido transferida a Cataluña y se mantendrá la rebaja del 50% en los vuelos a los residentes canarios. Asimismo, el acuerdo implica el reconocimiento de las aguas entre las islas del archipiélago como propias de la comunidad y no internacionales, y que pasarán a denominarse 'Aguas Canarias'.
Tras esta última votación, la propia vicepresidenta económica, Elena Salgado, restó importancia al veto, asegurando que serán aprobados en el Congreso, en segunda vuelta. Salgado subrayó que la reforma de la educación y la del sector energético son esenciales para hacer más competitiva la economía española. De la reforma laboral apuntó que ya está en marcha, aunque reconoció que sus resultados solo serán visibles cuando la recuperación económica cobre intensidad.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Eloy Velasco que pidiera a Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas Fontán para que fuera juzgado de los "graves actos criminales" de los que se le acusa en España.
El terrorista, que fue acusado por sus compañeros de ser el enlace entre ETA y las FARC disfruta en Caracas de un nivel de vida muy superior al del resto de los venezolanos y pertenece a la clase alta funcionarial que ha creado el régimen de Hugo Chávez.
La reacción de Venezuela fue inmediata. Su embajador en España, Isaías Rodríguez, aseguró que no exitía "ninguna sintonía" entre el Gobierno de la República Bolibariana y ETA, e indicaba que se había tratado de "descalificar" al presidente, Hugo Chávez. El embajador fue más allá al insinuar que ciertos testimonios de etarras pudieron obtenerse irregularmente, palabras que le obligaron a aclarar que no quiso acusar con ellas a España de soborno o torturas. Mientras, Zapatero decía esperar explicaciones de aquel país.
Pero no se detuvieron las críticas a Velasco -a quien el ministro de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, vinculó con la "mafia" del ex presidente José María Aznar.
Asimismo, Chávez arremetió contra la prensa española a la que acusó de haber organizado una campaña mediática que "pretende convencer al mundo de que en Venezuela hay campos de entrenamiento de terroristas" de ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Los exabruptos hicieron rebrotar la tensión al considerarlos Zapatero inaceptables y al responderle Chávez que no entendía cómo podía poner en peligro las relaciones bilaterales por defender a Aznar.
En este clima, hubo varios cruces de acusaciones y de palabras conciliadoras entre ambos Gobiernos
En año electoral en el que el Gobierno intentará limitar frentes de polémica, Venezuela aparece en el horizonte con la incógnita de si propiciará que continúe la sinuosa relación bilateral vivida en 2010. EFE
La rabia periodística y las verdades ocultas del 11M
20 de Diciembre de 2010 - 16:29:25 - Federico Jiménez Losantos
Contra la celebérrima frase de Pedro Pacheco, la Justicia en España no es "un cachondeo" sino, en el peor de los casos, un crimen, y en el mejor, una tragicomedia que a menudo deriva en astracanada. Astracán es Garzón. Tragicomedia, la de los jueces y fiscales que deben aplicar un Código Penal criminófilo o unas instrucciones de Cándido que dejan la prevaricación y la prevarigalupación en fósiles criminógenos. Y tiene que ser horrible padecer la vocación, atesorar la formación y servir a la profesión de juez o de fiscal para tropezarse, un día sí y otro también, con casos que explican por qué, para la opinión pública española, la corrupción más extendida, tras la de los políticos, es la de la Justicia. Y ello, pese a no serlo la de los jueces, como demuestra el aserto, suscrito por los propios jueces en privado y por la ciudadanía en público, de que la sentencia depende "del juez que te toque". Eso, en primera instancia. A partir de ahí, todo empeora, porque la politización crece escalón a escalón y lo que puede ser lotería, sesgo ideológico o arbitrariedad –achaques inevitables pero compatibles con la independencia judicial- se convierte en fechoría legal.
En este paisaje desolador, surge de vez en cuando alguna sorpresa que te priva de la seguridad intelectual del pesimismo a cambio de una moderada esperanza en la mejoría de lo que no debió enfermar pero dábamos por muerto. Eso sucede con la sentencia que rechaza el recurso de Sánchez Manzano, jefe de los Tedax durante el 11M y cabeza visible de la ocultación, manipulación o destrucción de pruebas de la masacre, que no contento con su debe, quiso aumentar su haber utilizando la administración de justicia contra los periodistas que denunciamos sus errores y algo más que errores: presuntos delitos atroces. Sánchez Manzano se querelló contra El Mundo en la persona de cuatro profesionales destacados: el director Pedro J. Ramírez; el director adjunto Casimiro García Abadillo; el primer investigador de los "agujeros negros" Fernando Múgica; y yo, como columnista.. La sentencia en primera instancia no sólo rechazó esas acusaciones sino que cargó las costas a Manzano. Esta, le quita las costas a Manzano pero carga la suerte, en el mejor sentido taurino del término, a favor del esfuerzo periodístico, que se recompensa en sí mismo, como ayuda imprescindible de una sociedad libre y capaz de controlar los desafueros del Poder, y recompensa a los estamentos que desde el Estado no hacen lo que deben, por malicia o nesciencia. Manzano ocultó al juez la naturaleza tramposa de la mochila de Vallecas, Manzano mintió o se contradijo –forma suprema del oficio de mentir- en la Comisión Parlamentaria y el Juicio de Gómez Bermúdez. Pero la fiscalía y el juez son ruedas mayores en ese gigantesco mecanismo del que Manzano sería ruedecilla, "peón en el gran ajedrez", que dice la sentencia. Y es el propio Poder Judicial el que en la sentencia sale peor parado, mientras el empeño periodístico por averiguar la verdad queda enaltecido. Si los periodistas decentes fuimos a la guerra contra los indecentes que se inventaban terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos, los jueces decentes deben enfrentarse, a su modo pero lo hacen, a la dramática insuficiencia de voluntad en investigar la verdad del 11M.
O las verdades, que es la gran aportación de esta sentencia, tan bien trabajada y con tanto esmero que parece el testamento laboral de un juez decente a orillas de la jubilación. Lo que dice sobre las verdades del 11M es muy importante: la verdad judicial no siempre coincide con la verdad de la realidad, de los hechos, y la verdad periodística puede no coincidir tampoco ni con la real ni con la judicial ni con la policial –que en el caso del 11M han venido a ser lo mismo-. Lo valioso es buscar la verdad honradamente, de forma "pertinaz" como se dice del periódico y los cuatro denunciados del mismo por Sánchez Manzano. Y está claro que el periódico sirvió, servimos, a la búsqueda de la verdad. Tan claro como que Manzano sirvió a su ocultación. Como la propia sentencia de Gómez Bermúdez, a cuyo lado Bacigalupo es un penitente de la cofradía de la Sagrada Venda de la Justicia, cuyas tres mayúsculas traicionó al proteger obscenamente a González de los "estigmas" del juicio del GAL. Este es el único pero, aunque menor, que yo le pongo a la soberbia pieza de García Paredes y sus compañeros: que evita, mediante el perdón de las costas, la estigmatización de Manzano es lo que sí ha sido y sigue siendo una "campaña" para estigmatizar a los poquísimos medios que hemos denunciado la monstruosa estafa policial y judicial del 11M, y que llevamos a cuestas, cirineos rebotados, esta cruz de demandas y querellas cuyo fin no es otro que exhibir la fuerza policial y judicial de los que se han hartado de mentir y, por ende, delinquir en la instrucción y juicio del 11M. Es verdad que Sánchez Manzano queda retratado explícitamente, pero sólo de forma implícita la fiscalía y los dos jueces, del Olmo y Bermúdez, cuya parte en la estafa del 11M es posterior y más grave, porque tragan lo más vomitivo, que es la manipulación de pruebas. Es reparo aparentemente menor, pero no tanto.
Sin embargo, hay un argumento digno y dignificador, genuinamente navideño, que es el de la "rabia periodística" viendo que la verdad de los hechos se escapa. Se atribuye a Unamuno la frase "no sabe indignarse", contra un colega de letras en libros o periódicos. Y es, en efecto, la peor crítica que puede hacerse a los medios que tratan de encontrar la verdad oculta de hechos atroces. Toda la información y, en mucha mayor medida, toda la opinión tiene que estar llena de esa "rabia periodística", que traduce la rabia ciudadana ante un despotismo que borra huellas de sus crímenes y confunde el juicio moral sobre los criminales. A esa rabia ética del individuo ante el Poder debe sumarse siempre el columnista, el opinador, y si lo hace honradamente, acierte o se equivoque, hará bien. Y si no, hará muy mal. Hay que saber indignarse, hay que tener rabia periodística a los perros rabiosos de la impunidad, a los policías y jueces que no cumplen con su obligación, a los medios de comunicación que, por malicia, cálculo o pereza, tampoco hacen lo que deben, cuando no hacen directamente de perros rabiosos de los que en vez de perseguir delitos los cometen. O incluso se querellan contra los que los denuncian, en una reiteración delictiva y delictuosa de sus fechorías.
Pero, en fin, hay sentencias como ésta en las que hasta el carbón resulta dulce. Es Navidad. Felices Pascuas.
Estas son las 5 mentiras del Gobierno sobre el Valle de los Caídos, los 5 motivos por los que es necesario mantener la presión sobre Zapatero y el PSOE para que dejen de cercenar la libertad religiosa y de culto.
Iniciativa per Catalunya ha iniciado una campaña contra la capilla de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Ningún político catalán se ha pronunciado hasta la fecha.
Cuando Benedicto XVI alertaba de que regresa una ola de laicismo similar a la de los años treinta, no exageraba.
Aprovechando su visita a Barcelona, los comunistas de Iniciativa per Catalunya han movilizado a sus bases contra la presencia de la capilla en la Facultad de Económicas y Empresariales situado en el campus de Diagonal de la Universidad de Barcelona.
Cachorros comunistas
El pasado 3 de noviembre los cachorros comunistas constituyeron la pomposa Asamblea de Estudiantes para reclamar contra la cesión del aula Schumpeter como capilla, debido a la fusión de Económicas y Empresariales y la desaparición de la antigua capilla.
El 11 de noviembre celebran la Jornada por una Universidad Laica: una iglesia ardiendo como logo, folletos, panfletos, conferencias...
Todo un despliegue del mejor marketing de la izquierda, con violencia incluida: "Los cristianos son como ratas: apunten bien".
Algunos profesores apoyan la expulsión del hecho religioso de la universidad. Es el caso de Joan Francesc Pont Clement, profesor del Departamento de Derecho Financiero y Tributario, y de Enric Canela, profesor de Bioquímica.
El miércoles 17 de diciembre la Asamblea de Estudiantes interrumpe la liturgia y se dirige contra una de las profesores presentes en la misa.
Los siguientes miércoles han tenido que ser los guardias de seguridad de la UB quienes custodien la capilla de Económicas frente a los eventuales ataques de la radical Asamblea de Estudiantes. El asunto ha saltado a los medios de comunicación porque los cristianos no se han arredrado. Defienden el derecho de ser creyentes y de asistir a misa en la universidad.
El decanato, de perfil
Un derecho reconocido en la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Previamente, en 1979, la Universidad de Barcelona había acordado conceder el servicio de asistencia y formación religiosa al Arzobispado de Barcelona. Una decisión que se concreta en un convenio firmado en 1988, todavía vigente.
La decana Elisenda Paluzie se defiende de las críticas de los laicistas afirmando que "existen otras salas de estudio habilitadas". El decanato se pone de perfil. Respecto al convenio firmado en 1988, dice que es seña de la UB respetar los acuerdos firmados, aunque también sugiere que "los tiempos y las opiniones cambian".
La ONG pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha constatado que al menos once miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos ciudadanos saharauis perdieron la vida durante el desalojo del campamento saharaui de Gdeim Izik el pasado 8 de noviembre de 2010 y en el subsiguiente estallido de violencia registrado en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental.
Los incidentes, según los datos recabados por la ONG, dejaron un saldo de unos 200 saharauis detenidos y objeto, en buena parte de los casos, de torturas y abusos --incluyendo dos casos de violación-- cuyas señales podían verse todavía en los cuerpos de los saharauis en el momento de ser entrevistados por la organización, que denuncia que hasta el momento Marruecos no ha emprendido investigación alguna "a pesar del peso de la evidencia".
En su informe 'Derechos pisoteados. Protestas, violencia y represión en el Sáhara Occidental' publicado este lunes, la ONG ha calificado de "intolerable" este comportamiento, por el que exige a Marruecos que los responsables sean llevados ante la justicia.
En el documento, AI asegura que las fuerzas marroquíes que procedieron a desalojar el campamento se encontraron con "seria resistencia" de algunos de los residentes, con el resultado de nueve miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes muertos a manos de manifestantes saharauis "en circunstancias todavía no del todo claras, pero en la mayoría de los casos debido a puñaladas", una acción que Amnistía Internacional "deplora y condena".
AI detalla que otros dos miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes fallecieron como consecuencia de la violencia desatada el 8 de noviembre en El Aaiún, uno de ellos, de nombre Nourredin Ouderham en el acto por una puñalada en el cuello, y el otro, Ali Zaari, arrollado por un Land Rover, que falleció tras nueve días de convalecencia "con fracturas en piernas y caderas", según explicaron sus familiares a la ONG.
SAHARAUIS MUERTOS, UNO CON PASAPORTE ESPAÑOL
Los dos saharauis fallecidos, uno de ellos "con pasaporte español", murieron en El Aaiún "en circunstancias pendientes de aclaración", según AI. El primero se trata de Brahim Daudi, de 42 años y padre de dos hijos. La información recabada por Amnistía es conflictiva: las autoridades informaron a su mujer que Daudi había fallecido a causa de un ataque de asma un día después de los incidentes en el campamento, contradiciendo a informaciones divulgadas previamente por medios oficiales que apuntaban a la neumonía como causa de la muerte.
En cualquier caso, Amnistía resalta que su viuda asegura que su marido jamás había tenido problemas médicos, y que a día de la publicación del informe no ha tenido acceso al cadáver para su entierro de acuerdo con la tradición saharaui, ni ha recibido certificado de defunción o informe de la autopsia.
El segundo fallecido se trata del ciudadano saharaui con pasaporte español Babi Gargar Brahim Ould Mahmud Hamadi, de 26 años de edad, quien fue arrollado por un vehículo policial que se dio a la fuga el día de los incidentes en El Aaiún, según informaron familiares y testigos presenciales. Las autoridades marroquíes aseguran que el vehículo se trataba de un coche particular.
DETENIDOS, TORTURA Y ABUSOS
En cuanto a la cifra de detenidos, AI asegura que todos los cerca de 200 detenidos en las protestas en el campamento y en la ciudad son saharauis. De ellos, a día de publicación del informe, 130 siguen a la espera de juicio. La ONG destaca que ningún marroquí ha resultado detenido "ni en relación a los disturbios contra la comunidad saharaui en El Aaiún ni sobre las alegaciones de tortura, palizas y maltrato recibido por detenidos saharauis".
"En algunos casos, los entrevistados habían sido golpeados con tanta violencia que les habían roto las extremidades, causado heridas o les habían hecho perder el conocimiento", aseguran los delegados de Amnistía, quienes aseguran que "muchos de los entrevistados tenían heridas visibles en su cabeza, rostro, espalda o articulaciones", las cuales eran "consistentes con sus alegaciones".
AI cita ejemplos de saharauis que parecen haber sido "claramente golpeados por las fuerzas de seguridad" en circunstancias que no suponían una amenaza a las fuerzas de seguridad marroquíes. Es más, AI denuncia que las acciones de los agentes marroquíes parecían ir deliberadamente destinadas a castigar a los manifestantes que hubieran expresado su respaldo al derecho de autodeterminación del Sáhara.
"Algunos de los detenidos alegan que fueron golpeados en el momento en el que rechazaron jurar lealtad al rey de Marruecos o a confirmar su nacionalidad marroquí", apunta el informe.
Además, se tiene constancia de otras "formas de tortura y otro tratamiento cruel, inhumano y degradante", en particular respecto a dos casos de violación, uno de los cuales fue denunciado por el detenido --no se especifica su sexo-- ante el juez de turno.
FALTA DE INVESTIGACIÓN DE ABUSOS
AI denuncia que no se tiene constancia de que "las autoridades marroquíes --ni la Fiscalía del Reino ni los jueces-- hayan emprendido medida alguna para realizar investigaciones sobre las fuerzas de seguridad para hallar a los responsables de los abusos". En este sentido, la ONG recuerda a Rabat su obligación de llevar a cabo "investigaciones rápidas e independientes" sobre estas acusaciones de tortura de acuerdo con los tratados humanitarios internacionales de los que Marruecos forma parte.
De igual modo, AI asegura que 19 de los saharauis detenidos han pasado a disposición de un tribunal militar en Rabat, acusados de "atacar la seguridad del estado". AI expresa "inequívocamente su rechazo al juicio de civiles en tribunales militares", ya que estos tribunales "ofrecen menos salvaguardas para un juicio justo" y "plantean dudas sobre su independencia e imparcialidad".
Un profesor de la Línea de la Concepción, ha sido denunciado ante la policía por hablar del clima que favorece la curación del jamón ibérico en su clase. El denunciante, la familia de un alumno musulmán que pretende acogerse al artículo 525 del código penal que establece multas contra quienes ofendan "los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa".
Hay una corriente, creciente, en el mundo musulmán y entre muchos de los inmigrantes musulmanes en España y Europa que busca limitar poco a poco y recurriendo a cuantos subterfugios legales puedan, nuestra forma de vida, nuestro ordenamiento jurídico y nuestras libertades. No ponen bombas, aunque ven con buenos ojos la violencia y el terrorismo jihadista, pero no por ello su trabajo deja de ser de zapa y demolición.
Las comunidades musulmanas en España, por ejemplo, apoyaron entusiastas la ley del matrimonio entre homosexuales. No porque creyesen en los derechos de esas parejas (a las que cuelgan o encarcelan en sus países), sino porque guardaban la esperanza de que después el gobierno acabaría legalizando la poligamia (que reconoce de hecho en cuanto a implicaciones legales).
Ahora empieza la batalla contra una de las señas de identidad más arraigada, conocida y exportable de España: el jamón. Se le ha construido museos llenos de turistas; se les de entre pan a nuestros hijos para que crezcan; se come en forma de tapas mientras se critica al gobierno en la barra de los bares; está en toda mesa que se precie; se ha utilizado en el cine, desde lo erótico hasta lo criminal; y, justo ahora, es un preciado regalo por la Navidad. España cuanta con una honda cultura del cerdo, guste o no a los musulmanes.
Ante denuncias como ésta queda claro que el talante y la multiculturalidad son un fracaso frente a los radicales, que son muchos. Ante la debilidad de nuestros gobernantes, al pueblo español nos queda nuestra mejor arma contra ellos: el jamón ibérico. Si les ofende, que se vayan.
El cineasta iraní Jafar Panahi ha sido condenado a seis años de prisión y se le ha prohibido hacer cine, escribir guiones o viajar el extranjero en los próximos 20 años, informó hoy su abogada, Faride Gheirat.
La abogada, citada por la agencia local iraní Isna, señaló que el director ha sido acusado de conspiración y propaganda contra el gobierno.
Además de la pena de prisión, a Panahi se le ha prohibido realizar películas, escribir guiones, viajar al extranjero y dar entrevistas a medios de comunicación locales o extranjeros.
La abogada indicó que "seguramente" presentarán una apelación y se solicitará la revisión de la sentencia.
FACUA y los firmantes del manifiesto 'Si es legal, es legal' piden a los portavoces de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde este martes se vota la Ley de Economía Sostenible, que no aprueben una norma elaborada "contra los intereses de los ciudadanos para favorecer a un poderoso lobby con un modelo de negocio caduco que no quiere reconvertirse".
En este sentido, FACUA invita a los usuarios a que envíen mensajes de correo electrónico a los portavoces de la Comisión de Economía, cuyas direcciones ofrece su web, FACUA.org, pidiéndoles que rechacen la Ley Sinde.
En el manifiesto elaborado por FACUA, que los usuarios pueden seguir suscribiendo en la web sieslegaleslegal.org, se denuncia que el Ministerio de Cultura viene desarrollando una "política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural".
Cierre de webs
"Con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible", denuncia el manifiesto, se pretende lograr "lo que las entidades de gestión no han conseguido hasta la fecha en los tribunales, ni por la vía penal ni por la civil: el cierre de páginas web que incluyan enlaces para descargar obras a través de las redes de intercambio de archivos P2P ".
Así, recuerda que una sentencia dictada por el titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes.
Los enlaces constituyen "la base misma de Internet", señala la sentencia. Y añade que las redes P2P, "como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet", tampoco vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
"El intercambio no lucrativo de obras culturales ha sido siempre una práctica social y moralmente aceptada", recuerda al manifiesto, "y también ha generado negocio para multitud de sectores que forman parte de la industria cultural: autores, editores, fabricantes de equipos de reproducción, grabación y soportes de almacenamiento, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones...".
FACUA advierte que los consumidores son los únicos que no obtienen lucro económico del acceso gratuito a las obras culturales, pero también son el único "sector criminalizado por la industria cultural y los gobiernos que se pliegan a sus intereses".
El manifiesto 'Si es legal, es legal' critica que "la industria se resiste a actualizar su modelo de negocio y adaptarlo a la nueva realidad de Internet, como ya hizo en momentos históricos anteriores con el nacimiento de la radio, la televisión o el vídeo doméstico".
"Porque los usuarios siempre han compartido la cultura. Lo hacían décadas atrás mediante el préstamo o intercambio de obras grabadas en discos de vinilo y después en cintas de cassette, para más tarde hacerlo con los CDs y los DVDs. Hoy lo hacen fundamentalmente a través de Internet".
El manifiesto concluye planteando que "ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura", y demandando "un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria".
La plataforma 'Sinderechos' ha convocado para este martes una concentración frente al Congreso de los Diputados para expresar su malestar contra la aprobación de la denominada 'Ley Sinde', coincidiendo con su aprobación en la Cámara Baja.
Las movilizaciones han sido convocadas, según informa el colectivo en su página web, al considerar que "patalear en las redes sociales no es suficiente" cuando lo "online no funciona en un país off line".
La concentración tendrá lugar a partir de las 9.00 horas en la plaza frente al Congreso. Igualmente, han sido convocadas movilizaciones en otras ciudades como Barcelona y Valencia, aunque sin fecha concreta.
En opinión del colectivo, Internet debería "ser sinónimo de libertad y no debería ser otra herramienta más del gobierno y de sus amiguitos con dinero".
No sólo la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible molesta a los internautas. También la forma en que podría llegar a aprobarse: en una reunión de la Comisión de Economía del Congreso el próximo martes, 21 de diciembre, sin debate previo en el pleno de la Cámara. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, considera que hacerlo de está manera "de tapadillo, un poco por la puerta de atrás" es lo que ha llevado a que "muchas de las páginas de enlaces a sitios de descargas estén ahora mismo cerrando en señal de protesta".
20-12-2010 - David Gómez / Cadena Ser.- Los ánimos ya estaban calientes en la Red desde que Wikileaks reveló las conexiones entre la Ley Sinde y los Estados Unidos, lo que se ha bautizado como "Sindegate. Varios cables que ya han sido publicados revelan, según Domingo, que "la Embajada de Estados Unidos ha influido directamente para que esta ley salga adelante".
Si eso sucede el martes, la Asociación de Internautas está dispuesta a llevar la medida "al Constitucional", pero de momento están tratando de convencer a los diferentes partidos con representación parlamentaria de que se opongan a ella. De hecho, en su página web se encuentran publicados los teléfonos y direcciones de correo electrónico de las oficinas de prensa o atención al cliente de los grupos parlamentarios, así como el listado de nombres de los portavoces de la Comisión de Economía, para que los internautas descontentos puedan trasladar su opinión a sus representantes.
El fiscal Antidroga de las Islas Baleares, Adrián Salazar, escrituró su chalé en Calviá muy por debajo de su valor de mercado, al igual que, como ha publicado LA GACETA, hicieron el fiscal jefe Anticorrupción, Juan Carrau, y su segundo, Pedro Horrach.
Adrián Salazar compró junto a su mujer, Virginia Basáñez, una parcela de 1.114 m2 en la exclusiva urbanización Nova Santa Ponsa, en Calviá (Palma de Mallorca), en marzo de 2004. Aunque el terreno se encuentra ubicado en una de las mejores urbanizaciones de la costa mallorquina, con viviendas unifamiliares aisladas, y su compra fue en pleno auge inmobiliario, el matrimonio lo escrituró en el Registro de la Propiedad por 108.000 euros (96,95 euros el metro cuadrado). Este diario se ha puesto en contacto con inmobiliarias de la zona, que han valorado el precio del terreno ese mismo año oscilaba entre 250 y 300 euros el metro cuadrado.
Lea la información completa en la edición impresa de LA GACETA.
Mariano Rajoy anunció ayer que el Partido Popular pedirá la comparecencia en el Congreso del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para aclarar las revelaciones de este diario acerca de la protección a la familia de Pumpido en el caso Malaya. El líder popular, en una entrevista en El Gato al Agua de Intereconomía TV, tachó de extremadamente graves los hechos revelados por LA GACETA y resaltó que resulta sintomático que desde el Ministerio del Interior nadie desmintiera ayer la información, lo que le lleva a pensar que "algo pasa".
Previamente, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, destacó tras la reunión del comité de dirección del partido que hoy ya se sabe sobre el caso Malaya que "se investigó a los investigadores y se detuvo" una línea de pesquisas que afectaban a una sobrina de Pumpido.
Lea la información completa en la edición impresa de LA GACETA
Además de la huelga, la reforma laboral también fue la causa de una nueva ruptura del maltrecho diálogo social entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, que se había reanudado en enero. Los sindicatos reiteraron en numerosas ocasiones que no lo harían mientras que el Gobierno mantuviera su compromiso de no recortar derechos ni protección a los trabajadores.
Tras la aprobación por decreto de la reforma laboral en junio, ratificada por el Congreso en septiembre, CC OO y UGT consideraron que había llegado el momento, ya que en su opinión esta reforma es lesiva para los trabajadores porque, entre otras muchas cuestiones, facilita y abarata el despido.
La reforma laboral tampoco gustó a la CEOE que abogaba por cambios más profundos en aspectos como la negociación colectiva, el despido o el absentismo, y por mantener su reivindicación histórica de recortar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Así, el diálogo social, que se había retomado en enero, tras la ruptura de julio de 2009, volvió a quebrarse y los sindicatos convocaron la huelga general, que ha sido la primera de estas características contra el Gobierno de Zapatero. No obstante, el presidente tuvo que afrontar antes, el 8 de junio, la huelga de los empleados públicos por el recorte salarial aprobado por el Gobierno en mayo.
Tras la huelga general, el aún ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció que abandonaría su cartera para incorporarse a las listas del PSC ante las elecciones autonómicas. Desde que Corbacho llegó al ministerio, en abril de 2008, la crisis provocó una enorme destrucción de empleo y elevó el número de parados a más de 4,5 millones, según datos de la EPA del tercer trimestre.
Legado de Corbacho
El nuevo ministro, Valeriano Gómez, que tomó posesión el 20 de octubre, e incluso, se manifestó en contra de la propia reforma laboral, se enfrenta así al legado de Corbacho. Entre ellas, unas cifras récord de desempleo y sin acuerdo entre los interlocutores sociales para acometer las reformas pendientes: la de las políticas activas de empleo, la de negociación colectiva y la de las pensiones. Para hablar de la reforma de las pensiones, Gómez compareció el 1 de diciembre por primera vez en la comisión del Pacto de Toledo y dejó claro que el Gobierno mantiene su idea de alargar la vida laboral, aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la prestación y reducir las prejubilaciones.
Con esa premisa de prolongar la vida laboral, ante la que "no hay salida", según el ministro, volverá a intentar negociar con la patronal y los sindicatos antes de que acabe el año en un diálogo que cada vez se torna más difícil, para poder tener preparado un proyecto de ley en los primeros meses de 2011.
Para impulsar el cambio en las políticas activas, Gómez elevó de rango la Secretaría General de Empleo y la convirtió en Secretaría de Estado, a cuyo frente situó a la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Luz Rodríguez.
Para la otra reforma pendiente, la de la negociación colectiva, la patronal y los sindicatos tienen como fecha límite el 20 de marzo para presentar su propuesta o de lo contrario el Gobierno decidirá al respecto, tal y como lo establece la reforma laboral. Por su parte, CC OO y UGT, después de su primera toma de contacto con el Gobierno tras la huelga general, el 12 de noviembre, se reafirmaron en las posiciones que les llevaron a convocarla. Así, 2010 termina con un conflicto social que continúa abierto.
