El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha suspendido una conferencia que iba a pronunciar en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por las protestas en los días previos de algunos grupos antisistema.
Fuentes del arzobispado de Madrid informaron hoy a EFE que la movilización entre los grupos antisistema para evitar que se llevara a cabo el acto, desaconsejó la celebración del mismo.
Rouco Varela tenía previsto pronunciar una conferencia en la Facultad de Económicas de la UAM en su campus de Cantoblanco sobre "El Dios desconocido para los españoles del siglo XXI" de cara a la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará en Madrid el próximo mes de agosto. EFE
Bajo el título "El Dios desconocido para los españoles del siglo XXI", el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, tenía previsto pronunciar una conferencia en la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero no le han dejado.
A lo largo de la semana en distintos edificios de la universidad han aparecido pancartas incitando al boicotear la conferencia, además, los detractores del arzobispado intensificaban su ofensiva con convocatorias para "reventar" la intervención de Rouco. Desde distintas páginas web, se exhortaba a acudir al encuentro con "cualquier material, así como tus mejores ideas para protestar" y anunciaban que tratarían por todos los medios de impedirlo.
La delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, se vio obligada a transmitir a mons. Rouco Varela su recomendación de que no acudiera a la cita ya que no podía garantizar su seguridad.
Así es como grupos antisistema han impedido a los universitarios escuchar al cardenal, y a mons. Rouco Varela ejercer su derecho a la libertad de expresión, todo ante la pasividad de la Delegación del Gobierno de Madrid.
COMUNICADO DE PRENSA
Ante la cancelación de la conferencia "El Dios desconocido para los españoles del siglo XXI" que el cardenal Antonio Mª Rouco Varela iba a pronunciar en la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Observatorio Antidifamación Religiosa desea manifestar lo siguiente:
1. El tenor de las protestas (de una pequeña parte de la comunidad de estudiantes) por la presencia del cardenal en esta universidad pública fue subiendo de tono en los últimos días, de tal manera que se llegó a recomendar: "Puedes traer cualquier material, así como tus mejores ideas para protestar".
2. Es un episodio deplorable el hecho de que en un país que se llama democrático un ciudadano no pueda acudir por motivos de seguridad a donde le hayan invitado a pronunciar una conferencia sobre un tema como hablar de Dios.
3. Este Observatorio se ha puesto en contacto con la Facultad de Económicas de la UAM y no se le han dado razones de por qué se ha suspendido.
4. Este Observatorio se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno en Madrid y aún no han aclarado los pormenores de su negativa a proporcionar la seguridad total del cardenal Rouco Varela.
5. Denunciamos que esta situación, junto con la que se vive en la Facultad de Económicas de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), en la que quien quiera asistir a Misa debe hacerlo, nos retrotraen a épocas lamentables de nuestra Historia del siglo XX que en absoluta nos gustaría volver a contemplar, más concretamente «una laicidad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresivo como se vio en la década de los años 30», como dijo Benedicto XVI antes de aterrizar en España hace ahora apenas un mes.
6. Lamentamos que en España no quede garantizada suficientemente la libertad religiosa, lo que denunciaremos ante las instancias nacionales e internacionales que sean pertinentes.
7. Manifestamos nuestra perplejidad ante un Gobierno que afirma defender los Derechos Humanos no se tome en serio al defensa de esta libertad religiosa (que es uno de esos Derechos Humanos) y o bien observe pasivamente cómo no se respeta o bien trabaje activamente por violarlo, como en el caso del Valle de los Caídos donde, unilateralmente y "por motivos de seguridad", ha sido clausurada la basílica para el culto pero no para las visitas turísticas. Por todo lo cual, este Observatorio insta a las autoridades públicas a que garanticen de forma efectiva el derecho a la libertad religiosa en este país.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha preguntado al Gobierno de Marruecos si la Administración de Justicia del país vecino está investigando la muerte del ciudadano español Baby Handay Buyema y el violento conflicto que se produjo en El Aaiún, según fuentes jurídicas. Sigue así el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 el criterio de la Fiscalía, que pidió al juez que acreditara, por medio del envío de una comisión rogatoria, si había una investigación abierta por las autoridades alauís en relación con los citados hechos.
Previamente fuentes del Ministerio Público se mostraron partidarias de investigar el supuesto asesinato y los altercados, aunque condicionaron la apertura de diligencias a que la Fiscalía de Marruecos no estuviera estudiando el caso. Y ya se encargó el ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de su reunión con su homólogo alauí, Taib Cherkaui, de confirmar efectivamente que el Reino de Marruecos se disponía a abrir una investigación relacionada con los hechos.
A la denuncia de la Liga se unión días después la de la familia del fallecido, que utiliza el mismo abogado que la primera. Los querellantes acusaban a los ministros alauís de Interior, Defensa y Exteriores de ser los responsables de los hechos. Les implican en un delito de "lesa humanidad" y argumentan que, al existir un ciudadano español y referirse a un terreno con históricos vínculos con nuestro país, la competencia es de la Audiencia Nacional. Les acusan de genocidio, lesiones, torturas, secuestro y asesinato. La querella apelaba asimismo al principio de justicia universal promulgado en otras ocasiones tanto por los magistrados del tribunal como por la Fiscalía y el propio Gobierno.
Hoy, tras conocer por los medios de comunicación la decisión del juez, los querellantes aseguran a LA GACETA que hasta el momento el tribunal no les ha notificado ninguna novedad, tampoco el que vaya a cursarse una comisión rogatoria para preguntar a Marruecos si está investigando.
Tanto la Liga como la familia del muerto solicitaban que la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, declarara como testigo y explicara hasta qué punto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) conocía los precedentes que iban a derivar en el posterior conflicto del Sáhara.
Tras conocer el criterio del fiscal, los querellantes emitieron una nota de prensa y argumentaron que su denuncia parte del principio de que el Sáhara "es territorio español". "El genocidio no se ha cometido en Marruecos", añadía el texto. Se ha producido, continuaba, en un territorio "ocupado ilegalmente por Marruecos en el que Marruecos no tiene jurisdicción y en el que España sigue siendo formalmente la potencia administradora". El Reino alauí, considera, "invade la soberanía española". Aun así, entiende la Liga, "procede analizar la cuestión desde la perspectiva de la jurisdicción universal", ya que "mediante los acuerdos de 1975 se produjo de facto un abandono de responsabilidades por parte del Gobierno de España".
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se han acusado mutuamente de no trabajar por los 4,8 millones de parados y de minar con su actitud la confianza internacional en España y en su capacidad de salida de la crisis.
Durante el pleno de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, Sáenz de Santamaría ha reprochado a Rubalcaba que 4,8 millones de españoles no encuentran trabajo porque el Gobierno "no quiere hacer el suyo", no propone "soluciones" y no hace "reformas". A su juicio, lo único que hace el Gobierno es "buscar culpables en todas partes menos donde están, sentados en el Consejo de Ministros".
Para el vicepresidente, en cambio, son los 'populares' los que están "en la tumbona" mientras el Gobierno aprueba medidas contra el paro como el 'plan E' o la próxima regulación de las agencias privadas de colocación. "Sin su ayuda", ha recalcado Rubalcaba. Es más, ha recordado que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ni siquiera agotó su tiempo durante el último debate monográfico sobre empleo, y sólo usó "18 minutos para hablar de su empleo, que es lo que le preocupa más al señor Rajoy".
PP: Bruselas "no se fía" del Gobierno
En su primera intervención, Sáenz de Santamaría ha emplazado al Gobierno a explicar porqué, según la Comisión Europea, España es el único país de la UE donde todo el ajuste de la crisis ha caído en el empleo, y por qué Bruselas no para de pedir a España que haga reformas: "Porque no se fían de ustedes", ha espetado.
A su juicio, no cabe duda de que "España va a salir de la crisis", pero que este Ejecutivo es "incapaz" de sacarla. "España, qué gran país si tuviera buen Gobierno", ha apuntado, mientras Rubalcaba le ha advertido de que la economía española tendría más confianza internacional si Gobierno y oposición trabajasen "juntos", y no con el Ejecutivo trabajando sólo y la oposición "esperando a que la crisis le lleve a la Moncloa".
Según el ministro, "lo peor" es que el propio PP es que sabe "perfectamente" que su actitud no está ayudando a España. "Lo peor para ustedes es que los españoles también lo saben", ha advertido.
Rubalcaba se ha remitido al programa de reformas que acababa de anunciar Zapatero, y la portavoz 'popular' ha redoblado su ataque apuntando directamente al nuevo 'número dos' del Ejecutivo, tal como viene haciendo el PP desde que se remodeló el Gobierno: "A usted le gusta mucho asumir cargos y muy poco asumir responsabilidades", ha subrayado.
PP: Rubalcaba ha fracasado
Así, ha considerado que la derrota del PSC en las elecciones catalanas del domingo es la muestra "del fracaso" del nuevo Gobierno. "El suyo también, lo suyo más que un efecto está siendo una contraindicación", ha añadido.
Según Sáenz de Santamaría, Rubalcaba fue ascendido para lograr "remontar" electoralmente, pero hay 70.000 parados más desde la remodelación del Ejecutivo y para "impulsar la acción política", pero se han "aplazado las reformas".
La 'popular' ha aludido incluso veladamente a la crisis del Sáhara Occidental al afirmar que a Rubalcaba se le encomendó "hacer olvidar a los españoles que el Gobierno recorta derechos sociales", pero que la oposición ha tenido que recordarle incluso "los Derechos Humanos".
En ese punto, el vicepresidente ha dicho haber escuchado su "ejercicio de oposición", pero de oposición "de la de recitar temas, no de la política", y ha insistido en que el Gobierno trabaja por los desempleados, aunque sin la ayuda del PP.
En ese sentido, ha citado algunas de las medidas que acababa de mencionar Zapatero, como la rebaja de impuestos a las pymes y la privatización parcial de Loterías y Apuestas del Estado y de AENA para reducir deuda, "tener más margen de maniobra presupuestaria" y dedicarse por ejemplo a las políticas activas de empleo.
De acuerdo con la información publicada hoy por HazteOir.org, el Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir el recurso de amparo interpuesto por dos familias de Salamanca objetoras a Educación para la Ciudadanía (EpC).
Se trata del segundo recurso de amparo admitido a trámite por el TC contra los fallos del Tribunal Supremo (TS) que anulaban la del TSJ de Castilla y León que habían reconocido el derecho de los padres a objetar ante la ideologizante asignatura. El primero de los recursos había sido admitido el 26 de octubre.
Según la misma información, elabogado que tramita estos recursos, Francisco José Ramos Vega ha afirmado que "de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2007 del Tribunal Constitucional, "la demanda de amparo debe especificar los derechos fundamentales cuya tutela se pretende, y que han sido vulnerados por un acto administrativo o por una resolución judicial y, además, deberá especificar la "especial trascendencia constitucional", que justifique una decisión sobre el fondo. La admisión a trámite del recurso no prejuzga el resultado del mismo, pero sí implica que el TC ha encontrado fundamento suficiente para entrar en el fondo del asunto".
"En el presente caso -añade Ramos Vega,- hemos invocado la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, garantizados por los arts. 16, 1 y 27, 3 de la CE, vulneración que ha tenido lugar mediante el acto administrativo que denegó a los padres el derecho a que sus hijos fueran exentos de cursar la materia de EpC".
Junto a ello, los demandantes de amparo han alegado que el presente recurso tiene especial trascendencia constitucional, que justifica una decisión sobre el fondo, por las siguientes razones:
1- En el presente recurso se plantea, por primera vez, una faceta de un derecho a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia, sobre el que no hay doctrina del TC, como es la objeción de conciencia en el ámbito educativo. 2- La vulneración de los derechos fundamentales que se denuncia trae su origen en disposiciones de carácter general, concretamente, en los Reales Decretos que establecen las enseñanzas mínimas de Educación para la Ciudadanía. 3- Los distintos Tribunales Superiores de Justicia han dictado, sobre el mismo tema, resoluciones judiciales contradictorias. 4- Los dos casos que pretenden el amparo no constituyen casos aislados, sino que la cuestión planteada en estos recursos trasciende claramente el caso concreto, pues de hecho, en España, se han presentado más de 52.000 objeciones de conciencia a EpC".
Como añade Lourdes Ruano Espina, presidenta de Salamanca Educa en Libertad, "la admisión a trámite de estos recursos implica que el TC ha entendido que existe fundamento suficiente para entrar a examinar el fondo del asunto, y pronunciarse sobre la vulneración de los derechos fundamentales invocada, dada la especial trascendencia del recurso de amparo, para la correcta interpretación y aplicación de la Constitución, que se puede considerar acreditada. Se trata, pues, de una buena noticia para los padres objetores, que confían aún en que la máxima instancia judicial en España proteja los derechos fundamentales que les asisten, por el hecho de ser padres, a que sus hijos sean educados y formados conforme a sus convicciones."
En el mismo sentido se expresa Marisa Pérez Toribio, presidenta de la federación España Educa en Libertad, "Esta noticia confirma que el conflicto de EpC no quedó cerrado con las sentencias del Tribunal Supremo. Es inexplicable que el Gobierno obligue a los padres a emprender largas batallas judiciales, cuando podría resolver definitivamente este conflicto renunciando a imponer a nuestros hijos una formación moral contraria a nuestras convicciones. Confiamos en que el TC reconozca cómo se han vulnerado los derechos fundamentales de tantas familias."
Si no hubiera motivos reales y objetivos de desconfianza en la solvencia y capacidad de recuperación de nuestro país, ¿por qué iban a renunciar estos "especuladores" a una inversión tan supuestamente segura y rentable como la deuda española?
Como en mayo, Zapatero ha vuelto a desdecirse y ha apurado hasta el último momento para activar el plan B de recortes. La situación volvía a ser límite: crisis de deuda y presiones de la UE. El presidente ha tenido que cancelar su presencia en la Cumbre Iberoamericana de Argentina.
Insuficientes y tardías pero en la dirección que viene reclamando el PP. Así valoró Cospedal las medidas anunciadas por Zapatero. Pero poco después, Montoro, sorprendentemente, las criticaba en el Congreso y Rajoy no cambió el guión que llevaba preparado. Y el viernes el Gobierno anuncia nuevas medidas.
Los rescates soberanos han fracasado. El mercado no duda de que habrá quitas (quiebras), agravándose así la crisis de deuda que vive la zona euro. Por ello, el BCE deja la puerta abierta a una compra masiva de bonos. Trichet pide crear los Estados Unidos de Europa. ¿La clave? Un Tesoro único.
Gil Lázaro realizó estas acusaciones durante su pregunta al vicepresidente en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento. Sin embargo, Rubalcaba no le respondió, alegando que es la vigésimo octava pregunta que le formulaba el Grupo Popular sobre este asunto. No obstante, adelantó que sí contestará las 270 preguntas sobre el caso que los populares han registrado en el Parlamento.
Gil Lázaro aprovechó una frase de Rubalcaba de esta misma mañana, en la que el vicepresidente hacía referencia a lo que saben los españoles, para afirmar que "lo que saben los españoles lo han demostrado este domingo en Cataluña".
Al hilo de esta afirmación, añadió que "lo que saben los españoles también de ustedes es que usted empeña en ocultar a la sociedad española la realidad del caso Faisán". Por ello, preguntó al ministro por qué ha hecho "caso omiso" a las reiteradas peticiones de "todos los sindicatos de policía que le han reclamado insistentemente una investigación interna sobre el chivatazo a ETA".
El vicepresidente primero dijo que esta era la vigésimo octava pregunta que respondía sobre este tema y alegó que, como "es imposible hacer una nueva (pregunta)" y como ésta ya la había contestado se remitió a lo que dijo sobre ello en su momento.
El diputado popular se quejó de que el ministro está siempre "en las mismas" para "no contestar" y seguir con esa "especie de rosario vergonzoso, de su huida parlamentaria de su responsabilidad".
Por ello, aprovechó otra de las acusaciones que había realizado Rubalcaba en una respuesta anterior al PP de esta misma mañana, acusándoles de estar en la "tumbona" mientras el Gobierno trata de solucionar los problemas del país y le espetó: "usted lleva tres años en la tumbona tratando de tapar el caso Faisán".
En este contexto, le recordó que tiene presentadas y registradas ante la cámara 270 preguntas escritas que son, dijo, "la investigación que usted tenía que haber hecho y que ha hurtado a la sociedad española". "No hay infundios y suposiciones, hay hechos", apostilló al tiempo que le instaba a constar "sí o no" y le advertía de que "si vuelve a eludir su responsabilidad, estará volviendo a acreditar lo que ya sabemos que trata de eludir la verdad a la sociedad porque esa verdad, para su vergüenza, le alcanza".
Rubalcaba respondió que contestará "con mucho gusto esas 270 preguntas". "Tenga por seguro", afirmó, pero añadió que no le va a ser "nada dicíficil contestarle porque sobre este asunto hay un sumario en la Audiencia Nacional que, dirigido por un juez, ha implicado una exhaustiva investigación de más de dos años".
En este punto, reprochó al PP que saben lo que hay en ese sumario, porque están personados en él y "saben las respuestas de las preguntas" que le han hecho. "Pero a usted no le interesa eso. Así que hasta el próximo miércoles", exclamó.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha pedido al PP que deje de poner palos en las ruedas y que por una vez arrime el hombro.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Salgado respondió así a la pregunta del portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, sobre qué elementos tenía el Gobierno para afirmar en septiembre que la crisis de deuda soberana en Europa ya se había superado.
Salgado criticó a Montoro y le dijo que es sintomático que en esta ocasión no hiciera mención a las declaraciones del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, quien ayer afirmó que el Gobierno español está "haciendo lo que debe hacer" y que tampoco comentara las palabras del portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios, Amadeu Altafaj, en la misma línea.
Según Salgado, al PP le da igual la verdad y lo que le gustaría, "en condicional, es llegar a Moncloa".
También resaltó que el PP no valorara las medidas fiscales anunciadas hoy por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que benefician a las pymes y que han sido pedidas reiteradamente por el principal partido de la oposición.
Montoro aseguró que los palos en las ruedas los pone el Gobierno y su presidente desde que negó la crisis y permitió el ajuste que está destruyendo empleos y empresas.
A su juicio, las dudas sobre la credibilidad de España en los mercados internacionales no parten del PP, sino de la Comisión Europea que pone en entredicho la capacidad de crecimiento, lo que lleva a una situación difícil y de penalización de la financiación de la economía española.
Asimismo, destacó que las nuevas medidas anunciadas hoy por Zapatero son fragmentarias e inconexas y van en el sentido contrario.
Salgado también respondió a la pregunta del diputado de IU, Gaspar Llamazares, sobre los compromisos que ha obtenido el Ejecutivo de los principales empresarios para un reparto justo de la salida de la crisis, y la ministra aseguró que su concurso es absolutamente necesario para superar la crisis.
Asimismo, Salgado resaltó que también existe un diálogo abierto con los sindicatos, algo que negó Llamazares, que dijo que el Gobierno huye de la quema de cualquier rectificación en política laboral.
El diputado de IU criticó que la convocatoria de la reunión con los principales empresarios se produjera después de una carta de éstos al Rey "con contenidos inaceptables, ataques al régimen democrático, a la división de poderes y a nuestro país", aunque Salgado subrayó que la convocatoria empresarial fue anterior a esa misiva.
Por otra parte, la vicepresidenta también respondió a la pregunta del diputado del PP Ramón Aguirre sobre por qué la política económica del Gobierno sigue sin generar la confianza necesaria para salir de la crisis, a lo que Salgado señaló que la primera medida que hay llevar a cabo es no escuchar al PP.
Según Salgado, la confianza se genera entre todos y el Gobierno "hace lo que debe: austeridad, reformas y transparencia".
Aguirre le pidió al Ejecutivo que se ponga a gobernar porque si no, "otros desde Europa lo harán por nosotros".
Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo en la sesión de control a Gobierno en el Congreso, donde ha abierto la puerta al capital privado y a la gestión privada en régimen concesional de algunos aeropuertos, como el de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
Estas medidas se incluyen en un paquete de iniciativas que se aprobará el próximo viernes en Consejo de Ministros y con el que pretende favorecer la inversión y empleo.
Por su parte, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en respuesta a una pregunta del PP, ha dicho que con la decisión de "privatizar parte de Loterías y de Aena" se conseguirá "reducir deuda, tener más margen de maniobra presupuestaria" y de esta manera dedicarse "por ejemplo a políticas activas de empleo".
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado un nuevo paquete de medidas que, en materia laboral, implicará la aprobación, este viernes, de la regulación de las agencias privadas de colocación y la no renovación de la ayuda de los 426 euros a partir de la finalización del programa actual, que expira en febrero.
Durante la sesión de control al Gobierno y en respuesta a una pregunta del líder del PP, Mariano Rajoy, Zapatero ha avanzado además que a partir de febrero de 2011 los servicios públicos de empleo contarán con otros 1.500 orientadores, con el objetivo de generar actividad y facilitar la creación de empleo.
El presidente ha adelantado también que los funcionarios de nuevo ingreso se integrarán en el Régimen General y que el Régimen de Clases Pasivas "quedará a extinguir". Además, ha explicado que la regulación de las agencias privadas de colocación estaba contemplada en la reforma laboral y ha añadido que esta norma favorecerá la creación de puestos de trabajo.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha adelantado que el próximo viernes aprobará un paquete de medidas para favorecer la inversión económica y el empleo, que incluirá un cambio en el primer tramo del Impuesto de Sociedades que tributa al tipo reducido, que pasará de 120.000 euros a 300.000 euros.
Así lo ha adelantado Zapatero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde también ha dicho que se va a ampliar el concepto de empresa de tamaño reducido según el volumen de facturación, que pasará de 8 millones de euros a 10 millones de euros, lo que beneficiará, según ha estimado, a unas 40.000 empresas.
De la misma forma, se eliminará la obligatoriedad a todas las empresas de pagar cuotas a las Cámaras de Comercio y se generalizará la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades hasta el año 2015 y se adaptarán las medidas contempladas en la Ley de Economía Sostenible sobre la reducción de plazos y costes a la hora de crear una empresa.
que las medidas anunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, van en la "buena dirección" porque se estaba esperando algún tipo de reacción ante las últimas convulsiones de la economía.
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