Llega a mis manos por pura causalidad esta obra maravillosa. La leí, la devoré, en un par de noches. El autor, psicoanalista judío, recoge en esta obra sus personales impresiones e intuiciones intelectuales a propósito de la vida en los campos de concentración de la Alemania nacionalsocialista.
El libro, a pesar de lo que pueda parecer, no es un panfleto ideológico lleno de prejuicios, sino un maravilloso ensayo que tiene momentos realmente extraordinarios, acerca de la capacidad del ser humano de sobrellevar y hacerse fuerte en el sufrimiento, encontrando el sentido de la vida. Para comprender lo que dice el autor es preciso tener en cuenta el concepto que para Víctor Frankl tiene el sufrimiento. El sufrimiento no se ve o analiza por el autor como el puro dolor, en oposición al placer, sino como una posibilidad extraordinaria en la que el hombre, si sabe sobreponerse, es capaz de ver el sentido de la vida, a través de atribuir un sentido a su sufrimiento.
Para el autor, el sufrimiento se convierte entonces – cuando se le da un sentido, que siempre es un sentido que se encuentra en otro, o en otra cosa y no en uno mismo- en sacrificio, y eso hace al hombre más fuerte, más maduro. Es por ello que el autor se refiere al sufrimiento omnipresente. Porque el hombre, para ser tal, para poder vivir dignamente, se ve constantemente obligado a asumir sacrificios, a vivir en el sufrimiento, en la renuncia de uno mismo, en beneficio de otros, y sólo así puede hallar cada día, y en cada momento, el sentido de su vida.
Es indiscutible que la posición intelectual de Frankl, al menos en este libro, viene mediatizada por su experiencia en los campos de concentración nazis durante la segunda guerra mundial donde él mismo vivió y compartió extraordinarios sufrimientos y privaciones con otros muchos hombres y mujeres, y advirtió que aquéllos que en esas terribles circunstancias eran capaces de encontrar un sentido a su vida, cada día, eran los únicos capaces de sobreponerse a las dificultades. Para el autor, el sufrimiento es una acción positiva que conlleva crecimiento madurativo. Cuando la libertad exterior queda negada, se le abre al hombre la posibilidad de alcanzar el máximo con su libertad interior.
Es claro, que frente a las posiciones de Freud y Adler -que él mismo cita al final del libro- para Frankl, en el hombre, además de lo psico-somático hay también una dimensión espiritual, y será precisamente ésta, ahí donde se encuentra lo más propiamente humano, el lugar en que tomará pie para desarrollar la logos-terapia. El hombre halla el sentido de su vida, de su sufrimiento, de su hacer, y de su sentir, en el otro, o en otra cosa; nunca en sí mismo.
De esta forma, el hombre se trasciende, sale de sí mismo, pero lo hace por sí mismo, por ese el autor lo llama autotrascendencia. Pero es más allá de las cuestiones digámoslo, así, técnicas, la obra es interesante por lo que tiene de conocimiento del comportamiento humano, de sus motivaciones y necesidades, de sus aspiraciones, sueños, privaciones, traiciones y heroicidades. Y por su conclusión: el hombre sano es el que busca cada día el sentido de su vida, y lo halla en el otro, o en el Otro.
Como expresión de solidaridad, cercanía y apoyo a todas las víctimas de la intolerancia, de las agresiones y de las persecuciones por motivos religiosos, especialmente a raíz de la reciente masacre en Iraq, el Jueves 16 de Diciembre, a las 19,30 horas, en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid (C/Julián Romea 23), se celebrará un acto público a favor de la libertad religiosa de los cristianos que sufren persecución e intolerancia.
El acto está organizado por los promotores de la Carta de Bienvenida de la sociedad civil española a Benedicto XVI, que fue respaldada por más de 35.000 firmas, y en él participarán, junto con destacados representantes de la sociedad española, tres Pastores de la Iglesia católica de Irak: el Arzobispo Siriaco-Católico de Bagdad, el Obispo Caldeo-Católico de Babilonia y el Obispo Siriaco-Católico de Mosul.
En el mismo acto se dará también lectura a la Declaración 'Por la libertad religiosa en el mundo', que transcribimos a continuación y que está abierta a la adhesión de cuantas personas se sientan identificadas con su contenido. Para realizar esta adhesión basta enviar un correo, con el nombre y apellidos, a la dirección de correo electrónico bienvenida.bxvi@gmail.com
El pasado 31 de octubre, mientras se celebraba la misa dominical en la iglesia católica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Bagdad, un terrible atentado acabó con la vida de cincuenta y ocho fieles allí congregados, incluidos tres sacerdotes. Aquella trágica masacre fue un aldabonazo que abrió los ojos de muchas personas sobre la situación en que viven las minorías cristianas en diversos países de Asia y África. Porque desgraciadamente el atentado de Bagdad no fue un hecho aislado. Las Naciones Unidas han afirmado que "muchos cristianos están en el punto de mira de ataques sistemáticos". Son, en efecto, millones los cristianos que están sufriendo la intolerancia y violaciones continuas del ejercicio de su libertad religiosa. Nadie podría pensar que en el comienzo del siglo XXI esté teniendo lugar un éxodo de personas y grupos de grandes proporciones por motivos religiosos. Y este trágico fenómeno se está desarrollando en medio de un muro de silencio, como si la libertad de creencias no nos afectara y concerniera a todos.
Constatamos, con grave preocupación, que la libertad religiosa está siendo objeto de agresión en los últimos años desde distintos flancos, con creciente virulencia en algunas partes del mundo. A veces se trata de mayorías que imponen su concepción de la vida a las minorías y pretenden eliminar el disentimiento. Otras veces se trata de minorías intolerantes que tratan de imponer a la mayoría un espacio público del que se hayan extirpado las expresiones de religiosidad vivas en una sociedad. Nadie puede pretender que la práctica religiosa quede limitada al ámbito privado.
Ante esta realidad, los abajo firmantes:
Queremos, ante todo, expresar nuestra solidaridad, cercanía y apoyo a todas las víctimas de la intolerancia, de las agresiones y de las persecuciones por motivos religiosos, sea cual sea el credo que profesen. El mundo que proclama la libertad como patrimonio común de la humanidad no puede abandonar a su suerte a quienes están sufriendo la violencia, coacción o discriminación por motivos religiosos.
Manifestamos que la libertad de religión y de creencias es una libertad esencial y un bien precioso para cualquier sociedad, como proclama el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Hacemos un llamamiento a todas las instituciones públicas, organizaciones sociales y personas en general para adoptar una conducta de defensa activa de la libertad religiosa, al ser uno de los pilares en que deben basarse la paz, la justicia y la libertad en el mundo.
Instamos a impulsar en el ámbito internacional iniciativas encaminadas a promover la libertad religiosa y de creencias de todos, personas y grupos, mayorías y minorías, sea cual sea su actitud ante la religión, así como a eliminar toda forma de intolerancia y discriminación por razón de las propias creencias.
PISA 2009 Results presents the findings from the most recent PISA survey, which focused on reading and also assessed mathematics and science performance. The report comprises six volumes:
Volume VI, Students on Line: Reading and Using Digital Information, explores students' use of information technologies to learn (forthcoming - June 2011)
PISA 2009 marks the beginning of the second cycle of surveys, with an assessment in mathematics scheduled for 2012 and one in science for 2015.
La Consejería de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat llevará a la Fiscalía el programa electoral de Plataforma por Catalunya(PxC), que se quedó a las puertas del Parlament, para que determine si hay indicios de delitos de incitación al odio y al racismo, tipificados en los artículos 510 y 511 del Código Penal.
Así lo ha anunciado a Europa Press el secretario de Inmigración en funciones de la Generalitat, Oriol Amorós, quien ha avanzado que "se llamará al fiscal para informarle sobre el programa de PxC, como se ya hizo en el caso del edil del PP en Badalona Xavier Garcia Albiol" por fomentar el odio a los rumanos en un folleto que vinculaba inseguridad e inmigración.
El secretario ha afirmado que los diez puntos del programa electoral de la formación liderada por Josep Anglada son "mentira", y que los ocho referentes al control de la inmigración "hacen apología del odio hacia los vecinos diferentes".
A su juicio, la Ley de Partidos Políticos es una "norma coyuntural para frenar a los independentistas vascos que hacen apología de la violencia, pero ante los que hacen apología de la violencia hacia sus vecinos, no dice nada".
Un partido con "público preocupante"
Para Amorós, PxC es un partido con un público "pequeño, pero preocupante" --es la octava fuerza política en Cataluña--, que ha aprovechado el desconento de los ciudadanos por la crisis para "fomentar la desagregación y el odio entre los que sufren". En este sentido, ha expresado su malestar por la "extensión del discurso racista" de cara a las elecciones municipals.
"Se debe decir muy claro que el modelo de PxC es injusto, mentiroso e ineficiente", ha remarcado, y ha considerado que se debe deslegitimar a la formación con argumentos y hechos, evitando un "frente común" de los partidos y las entidades sociales para no publicitarla. Además, ha apostado por una ofensiva "emocional" contra la intolerancia, creando espacios de interacción entre inmigrantes y autóctonos.
En un balance al frente de la Secretaría, ha señalado que la crisis ha dificultado su trabajo, pero ha asegurado que se han puesto las bases para gestionar la inmigración desde el consenso político y social. "Es un trabajo hecho que traspasaremos con la mayor diligencia, honradez y ganas de ayudar a los que vengan, porque con la inmigración no se juega", ha concluido Amorós.
Más de 75.000 votos
La Plataforma per Catalunya (PxC) de Josep Anglada logró sextuplicar sus votos en sólo tres años, al pasar de los 12.000 votos en las elecciones locales de 2007 a los 75.321 votos en estas autonómicas. Obtuvo cerca de un 2,5 por ciento de voto, aunque experimentó un retroceso en sus feudos.
El programa electoral de PxC incluye propuestas como la repatriación de personas porque "el aforo está lleno; la priorización de los catalanes en la escuela, la sanidad y el empleo, y la negación del padrón municipal para los inmigrantes sin papeles.
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha exigido al Gobierno central que cese los envíos de inmigrantes irregulares a la Comunidad Valenciana, además de una financiación "acorde" con la realidad migratoria valenciana.
Blasco ha comentado en un comunicado que el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, y su Gobierno, mandan a la Comunidad inmigrantes irregulares en lugar de la financiación que merece "por cantidad y porcentaje de población inmigrante y por recursos de acogida", ha especiicado.
En este sentido, ha criticado que el Gobierno ha recortado el Fondo de Acogida e Inmigración en un 65% y ha aprobado otro recorte del 40% para 2011, es decir, de 25 millones de euros pasará a destinar 2,5 millones de euros, "poniendo en serio peligro las labores humanitarias y la cobertura de las necesidades básicas a estas personas, que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad", ha recordao.
Por este motivo, ha reclamado al Gobierno socialista que destine para la inmigración el triple de lo que dedica en la comunidad para atender a las 884.622 personas inmigrantes que residen en tierras valencianas.
Por otra parte, un total de 5.388 inmigrantes irregulares han llegado a la comunitat en los últimos cuatro años. 5.090 han sido remitidos por el Gobierno desde Canarias, Ceuta y Melilla para que la Generalitat se haga cargo de ellos, pero a éstos hay que sumar los 298 inmigrantes que han llegado en patera a las costas valencianas desde 2007 y de los que también se hace cargo el Gobierno autonómico.
Los nacionalistas marroquíes, con el visto bueno de Rabat, han decidido calentar la marcha a Melilla del sábado en "defensa de los intereses supremos de Marruecos" cortando los suministros de agua que desde el país norteafricano llegan a la ciudad española.
El pasado domingo, los responsables políticos de las ciudades limítrofes de Beni-Enzar, Farhana y Beni-Chicar amenazaron con cortar el suministro de agua procedente de varios pozos que abastecen Melilla.
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La convivencia con Marruecos nunca ha sido fácil. Y menos desde que en noviembre de 1975 Marruecos protagonizó la Marcha Verde sobre el Sáhara occidental, ocupando una provincia española ante la pasividad del régimen de Franco, que agonizaba en sus últimos días de vida. Desde entonces han sido continuas y recurrentes las agresiones y provocaciones del régimen alauí al reino de España.
Ahora, cuando sólo quedan unos días para terminar el año, se produce una nueva provocación. En la noche de este martes 7 de diciembre, un grupo de marroquíes, encabezado por el alcalde de la localidad fronteriza de Beni Enzar, el también senador Yahyia Yahyia, y el regidor de Beni-Chicar Mohamed Aurag,trató de apoderarse de dos manantiales que abastecen a la ciudad autónoma de Melilla. Así lo confirmaron a Libertad Digital fuentes del PP y fuentes empresariales de la ciudad autónoma. El siguiente paso en su acoso a la localidad española ha sido amenazar con cortar en breve el suministro.
Según señaló El País, el alcalde de Beni Enzar afirmó que expulsaron a los guardas, "pusimos a otros remunerados por nuestros ayuntamientos, cambiamos los candados y, en una fecha que aún no se puede precisar, cortaremos el agua". Una vez allí, izaron la bandera marroquí y pusieron el himno nacional de Marruecos.
Tal y como confirman varias fuentes a LD, esta afrenta no supone un verdadero perjuicio para Melilla ya que, de cortar el suministro, la afectación sería mínima. Uno de los dos manantiales abastece fuentes públicas y otro de ellos lleva agua a una parte mínima de la ciudad. Por otro lado, los provocadores marroquíes son conocidos por sus habituales bravuconadas. Tanto es así, que el alcalde de Beni Enzar, Yahyia Yahyia, ha tenido problemas con la justicia española y también con la italiana.
Pero estos matices no restan importancia a lo que supone una nueva afrenta y una nueva provocación por parte de autoridades marroquíes a sueldo de Mohamed que ponen en cuestión la soberanía española de Ceuta y Melilla.
En la cabeza de todos está la crisis del islote de Perejil en julio de 2002. Nueve días en los que la tensión entre ambos países fue tal que hizo necesaria la intervención militar del Tercio de la Armada para restablecer el statu quo en territorio español. No era más que un pedazo de tierra y roca. Marruecos provocó y España reaccionó recibiendo el apoyo de la UE y la Alianza Atlántica (OTAN).
Sólo en el último año, han sido varias las provocaciones de Marruecos. Recordemos algunas de ellas.
17 de Mayo 2010: el primer ministro de Marruecos, Abás El Fasi, pidió al Gobierno de Zapatero "abrir un diálogo" para acabar con lo que denominó "ocupación" de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. También reclamó las islas, españolas, frente a la costa.
Concretamente, Abás El Fasi dijo que "llamamos a la amiga España a abrir un diálogo con Marruecos para poner fin a la ocupación de estas dos ciudades marroquíes (Ceuta y Melilla) y de las islas vecinas expoliadas, dentro del marco de una visión de futuro". En su alocución, el primer ministro apuntó que la "visión" de futuro que se abra sobre Ceuta y Melilla y los islotes "deberá tener en cuenta los intereses comunes de los dos países y las nuevas realidades estratégicas y geopolíticas".
Agosto 2010:una nueva polémica llegaba con el verano. En pleno mes de agosto creció la tensión en la frontera de Marruecos con Melilla. Colectivos marroquíes alentados por el régimen de Mohamed VI iniciaron una campaña de acoso, insultos y amenazas contra las mujeres policías españolas que trabajaban en el control de aduanas. La gota que colmó el vaso fue la aparición de carteles en los que se amenazaba y ridiculizaba a las mujeres policías y se les tachaba de ser matones de discoteca. Ante el desamparo del Gobierno y del ministro del Interior.
19 de octubre de 2010:el Gobierno continúa con su política de buenas formas y amistad con los vecinos del sur. En un acto solemne, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero otorga la más alta condecoración, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, a Driss Jettou. El condecorado no era otro que el ministro del Interior marroquí y máximo responsable de las fuerzas auxiliares y concretamente de los gendarmes que invadieron el islote de Perejil.
26 de octubre de 2010:días después de que España condecorara a Driss Jettou con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, policías marroquíes inician una represión en los campamentos de saharauis en El Aaiún que desata una importante crisis que se prolonga durante días. En el desarrollo de la crisis, la opacidad del régimen de Mohamed VI es total. El supuesto compromiso del PSOE y del Gobierno socialista con el Sáhara (que adquirió por primera vez Felipe González en 1976) se ve en entredicho. Las afrentas de Marruecos fueron constantes. La opacidad informativa fue total. Los periodistas españoles no sólo fueron expulsados de la zona, sino que también hubo agresiones.
25 de noviembre de 2010: pese a todo, continúa la política de amistad y buenas relaciones con el vecino Marruecos. El ejecutivo de Rodríguez Zapatero justifica su falta de firmeza en la crisis del Sáhara Occidental con la necesidad de mantener unas buenas relaciones con un vecino estratégico. El secretario general de la Presidencia del Gobierno, Bernardino León no dudó en decir que la crisis de Perejil fue el ejemplo de "por dónde no deben ir los tiros".
3 de diciembre de 2010: Marruecos sigue insaciable ante la pasividad española en la crisis del Sáhara. La suave condena del Congreso español sobre los disturbios de El Aaiún violentaba los ánimos de Rabat. Marruecos amenazaba con cambiar las relaciones bilaterales. El reino alauita convocaba un pleno monográfico de su Parlamento para examinar la situación y ha organizado una marcha "por la liberación" de Ceuta y Melilla.
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), consideraba que la proposición de dos partidos marroquíes para llevar a la ONU una moción para la entrega de Ceuta y Melilla es una "provocación dirigida a enturbiar y tensionar" las relaciones bilaterales.
7 de diciembre de 2010: grupos marroquíes convocan una marcha "por la liberación" de Melilla para este sábado, una vez suspendida la marcha sobre Ceuta por el escaso eco mediático que tendrían debido al caos aéreo español, las organizaciones marroquíes convocaban para el próximo sábado otra hacía Melilla en la que se pide la liberación de la ciudad autónoma.
¿Cómo respondió España ante el pulso de Perejil?
11 de julio de 2002: un pelotón de gendarmes marroquíes ocuparon el islote Perejil, cuya soberanía es española pese a que Marruecos la discute (igual que hace con Ceuta, Melilla y Canarias). Rabat afirmó ese mismo día por la noche que el islote era marroquí y que no pensaba abandonarlo.
Una lancha de la Guardia Civil, instó a los marroquíes a abandonar el islote. Lejos de acatar las órdenes, los gendarmes marroquíes izaron dos banderas del reino alauí en las peñas de la isla, en señal de soberanía sobre el territorio. Así lo confirmó el ministro de Exteriores marroquí al responder al Gobierno español diciendo que "la isla se encuentra en las aguas territoriales marroquíes, según la legislación de Marruecos".
La UE y la OTAN presionan a Marruecos para que abandone el islote y consideran que la ocupación es hostil. Cinco días después de la ocupación del islote, Marruecos relevó a los doce gendarmes en el islote por un grupo de doce infantes de marina, un cuerpo de más alta cualificación desde el punto de vista militar. Mientras tanto, llegaba a Ceuta un grupo de operaciones especiales del Tercio de la Armada dispuesto y con capacidad para tomar Perejil. Por la noche, el Gobierno de Madrid anuncia la retirada indefinida de su embajador en Rabat, que abandonó por carretera la capital marroquí en dirección a Ceuta.
17 de julio de 2002: la bandera española vuelve a ondear en el islote del Perejil, tras una exitosa operación conjunta desarrollada por las Fuerzas Armadas españolas, que supuso la recuperación del islote. Tras la operación, un destacamento del Segundo Tercio de la Legión de Ceuta permaneció durante unas horas en el islote para garantizar la soberanía, y el despliegue militar se reforzaba con la presencia naval española en las aguas de la zona.
20 de julio de 2002: España y Marruecos llegaron a un acuerdo sobre Perejil avalado por la diplomacia de EE UU. El islote recuperó el statu quo que tenía con anterioridad a la ocupación marroquí. Dos días después, ambos países confirman el acuerdo sobre el islote.
El desafío marroquí contra la soberanía española de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúa. Ayer, el Comité de Coordinación para la Liberación de Melilla convocó de nuevo a la ciudadanía marroquí para participar, este sábado día 11, en una marcha que partirá a media mañana desde la localidad de Beni Enzar en dirección a la ciudad autónoma. Esta convocatoria se produce tras el anunció de la denominada marcha verde hacia Ceuta prevista para el pasado sábado y que, finalmente, quedó aplazada sin fecha.
Según informó ayer esta organización en un comunicado, la manifestación se desarrollará bajo el lema "La marcha por la liberación" y está destinada a protestar contra lo que ellos consideran "enemigos" de la unidad territorial de Marruecos.
El motivo de la protesta, según aducen los organizadores, es la persistencia de las "camarillas colonialistas españolas en su política hostil y ofensiva hacia los supremos intereses" de Marruecos. El comité convocante explicó, asimismo, que la marcha pretende manifestar la "más firme y enérgica repulsa a la actitud de belicosidad manifestada por el Parlamento español", por considerar que "atenta contra la soberanía nacional de Marruecos", en alusión a la resolución del Congreso de los Diputados que condena los hechos ocurridos en el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui próximo a El Aaiún de principios del mes pasado.
Pero van más allá en sus reivindicaciones. El Comité de Coordinación para la Liberación de Melilla condena el "ensañamiento" del Partido Popular español contra el pueblo marroquí.
Además de la marcha, anunciaron una serie de medidas de boicot hacía España y varias exigencias al Gobierno marroquí, como la de pedir visado a los españoles que accedan a su territorio, que desista de su papel de "gendarme" para controlar la inmigración de subsaharianos, así como que se haga un "boicot" económico a Melilla o se corte el suministro de algunas fuentes que proporcionan agua a la ciudad española.
Esta convocatoria llega poco después de que el Gobierno marroquí anunciara la necesidad de replantearse "el conjunto" de sus relaciones con España y de que la Cámara baja marroquí instara a "concluir la recuperación de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las islas Chafarinas ocupadas".
El Gobierno vigilará
Ante esta nueva afrenta marroquí, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación seguirá "con atención" y en contacto con las autoridades marroquíes la marcha hacia Melilla, según informó ayer una portavoz del departamento que dirige Trinidad Jiménez. De esta forma, la Embajada de España en Rabat se mantendrá en contacto con las autoridades del reino alauí "para ver cómo se desarrollan los acontecimientos" y para que la marcha discurra siempre pacíficamente.
A veces el mejor medio para protegerse reside en denunciar el peligro que no es lo que hacen Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. En su momento, lo quiso hacer Manuel Zelaya en Honduras y lo inspiran los hermanos Castro en Cuba; todos, dispuestos a señalar otros enemigos de la democracia en Iberoamérica para que nadie se fije en ellos, sus peores enemigos.
La llamada cláusula democrática aprobada en la última Cumbre Iberoamericana de Mar de Plata, para condenar sin remisión y con castigo ejemplar cualquier golpe de Estado, sirve para señalar un peligro que ya no está de moda en la democracia en Iberoamérica, a base de escamotear otros peligros y protagonistas identificados que sí lo están.
No son menos amenazadores que los espadones, porque con el paso del tiempo y el ascenso de la razón práctica se ha descubierto la democracia manipulada, la democracia controlada, eso que se empeñan en denominar la democracia participativa y el socialismo del siglo XXI. Bueno, en realidad y por desgracia ya la descubrió Adolf Hitler en Alemania, que obtuvo el poder mediante elecciones intachables, lo que le posibilitó instalar la dictadura, suprimir partidos, eliminar el Parlamento y asesinar a sus adversarios.
Realmente ya no es necesario sacar las tropas a la calle para quedarse con el poder de un país y para que el Gobierno de turno acabe invadiendo y desvirtuando las demás parcelas de la institucionalidad del Estado. El afán devorador de los personajes enunciados en este artículo nos anuncia una sucesión interrumpida de mandatos apoyada en elecciones amañadas, pero elecciones al fin, justificada por esa verdadera democracia y para la salvación nacional. La coartada es magnífica y guarda todas las consideraciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Cumbre de Mar de Plata, con infinito desprecio para todas las formas de democracia liberal tan pujantes en Iberoamérica que han ido perfeccionándose en beneficio de sus países, introduciendo medidas progresistas, respetando los mandatos presidenciales y la separación de poderes.
No interesan, en comparación con estos fenómenos tan excitantes de tergiversación de la democracia, con elites corruptas y arrogantes, jueces dependientes y periodistas amordazados, omnipotencia de los servicios secretos y politización de las fuerzas armadas, donde sin embargo se extiende un silencio estentóreo en torno a la dictadura cubana de los Castro y de manera patética el presidente. Rafael Correa intenta disfrazar una simple una revuelta policial como un golpe de Estado contra su persona.
El estado de alarma nunca había sido utilizado en nuestro país y por ello carecemos de jurisprudencia constitucional interpretativa. Ha sido una decisión política adoptada por un Gobierno cuyo presidente recibe un rechazo popular mayoritario, y por ello mismo forma parte del debate político: unos quieren aprovecharse de sus supuestas ventajas; otros resaltar sus deficiencias. Aquí y ahora me centro fundamentalmente en aspectos jurídicos. Y en concreto en una pregunta: ¿es jurídicamente viable la prórroga del estado de alarma decretada el pasado día 4?
Algunos dudan de que la paralización obvia de los servicios públicos producida por la huelga salvaje sea encajable en el apartado c) del art. 4 de la Ley Orgánica de 1 de Junio de 1981 debido a que creen que además de esa paralización debe darse una circunstancia adicional, como, por ejemplo, una calamidad. Los que defienden esa tesis no aclaran qué habrían decidido ante la gravedad de la situación vivida. Sería interesante conocer alternativas eficaces.
Seguramente para atajar esa interpretación rigorista que paralizaría la capacidad de actuación del Gobierno, el propio decreto en su preámbulo alude a que la situación creada es una "una calamidad pública de enorme magnitud" y una "situación de catástrofe pública". No olvidemos que este territorio es propio de conceptos jurídicos indeterminados, susceptibles de ser jurisdiccionalmente controlados, por lo que sería conveniente que se pronunciara el Tribunal Constitucional, delimitando el alcance de los mismos.
Conviene retener un dato: el elemento común a los estados de alarma, excepción y sitio reside en que "circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes públicos ordinarios" (art. 1 de la Ley 4/1981). Ante esa situación, el Gobierno tiene la obligación de "asegurar el restablecimiento de la normalidad" (art. 2). Para cumplir esa obligación de restablecer la normalidad el Gobierno puede apelar al estado de alarma. Otra cosa es la militarización. Sería conveniente de nuevo que los tribunales se pronunciaran sobre este extremo, de indudable importancia. Militarizar a civiles es asunto muy serio.
Pero vamos ahora al objeto de este análisis. La ley 4/81 establece una duración máxima del estado de alarma: 15 días. Pero, teniendo en cuenta que el supuesto que permite su declaración reside en una situación de anormalidad, no debe entenderse que en cualquier circunstancia el Gobierno puede decretar ese estado por 15 días.
No. La duración del estado de alarma es la propia de la situación de anormalidad que se trata de corregir. Si la situación anormal dura uno, dos o tres días, no puede aplicarse el plazo de 15 días, porque, insisto, es un plazo máximo que debe ser relacionado con el objetivo esencial: restablecer la normalidad. No caben interpretaciones extensivas en materias tan básicas.
El Gobierno tiene que "dar cuenta" al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información requerida (art. 8.1) Debió de hacerlo "inmediatamente" (art. 116 2 Constitución). Es el momento del debate político. Es el marco adecuado para que la oposición pida explicaciones de por qué se llegó a una situación insostenible, no anticipando condenas a controladores, sino pidiendo explicaciones concretas de una acción de Gobierno, porque es perfectamente compatible un estado de alarma correctamente dictado con una actuación calamitosa previa del Gobierno, por imprevisión, negligencia u otras consideraciones.
Creo que el Congreso podría acordar el cese del estado de alarma, en vista de que ya no hay anormalidad. Pero en cualquier caso no es jurídicamente aceptable que acuerde una prórroga, porque ya no existe el elemento soporte: la situación de anormalidad susceptible de calificarse como calamidad pública. Ya funcionan normalmente los servicios suspendidos. El estado de alarma no está para atajar posible conflictos futuros. Atiende al ahora, no a un hipotético mañana.
Lo dice con toda claridad el art. 15.2, referido al Estado de excepción: "Si persistieren las circunstancias que dieron lugar al estado de excepción". El fundamento es el mismo para el de alarma. Si se prorroga por el Congreso sería, en mi opinión, un fraude de ley, porque se utilizaría un mecanismo excepcional para fines distintos de los previstos en el Ordenamiento Jurídico. Por ejemplo, para cortocircuitar una posible huelga legal, para pedir prestaciones personales obligatorias, para impedir la convocatoria de elecciones anticipadas (art. 116.4 de la Constitución). Y no está la situación para actos con fuerza de ley cometidos, precisamente, en fraude de ley. El art. 55.2 dice: "La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes". Conviene saberlo.
Las responsabilidades de los controladores deben ser dirimidas por la justicia. Ahora bien, ¿quién juzga al Gobierno por sus responsabilidades políticas? Si la Fiscalía busca a los inductores del caos en los aeropuertos, debería ir directamente al Consejo de Ministros y llevarse a Pepiño Blanco por su decreto en el viernes más inoportuno del año. Un decreto en el que las horas obligatorias de capacitación en el destino llevan a la sociedad al medievo, tiempo en el que el aprendiz trabajaba para aprender el oficio sin retribución. Decreto que lleva los derechos del obrero a los inicios de la revolución industrial, época en la que el obrero tenía la obligación de recuperar las horas perdidas si padecía enfermedad o paraba por maternidad.
El Gobierno de Zapatero ha puesto en evidencia lo que le importan las conquistas sociales. Con la huelga salvaje del metro de Madrid, el Gobierno instaba a Esperanza Aguirre a dialogar y negociar respetando los derechos de trabajadores y usuarios. Decían que eso era gestionar. ¿Qué es entonces tomar los aeropuertos con los militares?
No me ha sorprendido que, con Rubalcaba al frente, el Gobierno haya interpretado mal la Constitución y haya utilizado a los militares de forma torticera. Los aeropuertos han vuelto a la normalidad pero sigue en vigor el estado de alarma ¿Desde cuándo existe el estado de alarma preventiva? ¿En qué ley se establece? El único motivo para que España esté en situación de alarma es que Zapatero siga en La Moncloa. Sin aeropuertos hemos estado cuarenta y ocho horas con seiscientos mil afectados. Sin un bien de primera necesidad, como es el empleo, llevamos dos años y medio con casi cinco millones de afectados. ¿Quién actúa contra el responsable de esa situación?
Los controladores están criminalizados por lo que cobran. Puede que sea excesivo, pero lo cobran porque los ministros de Fomento se lo han concedido. Por cierto, los últimos siete años, los ministros han sido del PSOE.
"Agua pasada". Así ha calificado un balbuceante Alonso las acusaciones de Zarrías de que el PP estaba detrás del sabotaje de los controladores. Alonso no ha querido desmarcar al PSOE de estas graves acusaciones. Mientras Blanco ya saca pecho como ejemplo de "responsabilidad" y "valentía".
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció anoche en Intereconomía TV que su partido instará a la reprobación del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, en el Congreso de los Diputados ya que no van a permitir que un cargo público al que "pagan todos los españoles" se dedique a faltar el respeto a la oposición. Esta petición se produce días después de que el número dos de Manuel Chaves insinuara que el PP estaba detrás de la huelga de controladores.
Para Sáenz de Santamaría estas declaraciones son "impresentables en un secretario de Estado". "Además no es la primera vez que el señor Zarrías se dedica a cargar contra la oposición", continuó la portavoz popular, quien también le acusó de estar cobrando un salario del Estado por "no hacer su función" y "por insultar día sí y día también al PP".
La portavoz popular responsabilizó además al presidente del Gobierno y a Alfredo Pérez Rubalcaba de "cada palabra que diga Gaspar Zarrías". "Este señor ha llegado a quebrantar la ley de un español, un voto", concluyó la diputada del PP –recordando el episodio en el que Zarrías votó 'a dos manos' en el Parlamento andaluz–.
El Partido Popular está decidido a elevar el tono de las críticas al Gobierno por la gestión del caos aéreo al punto incluso de plantearse solicitar la dimisión del ministro de Fomento, José Blanco, como máximo responsable político de lo ocurrido. Aunque Mariano Rajoy se limitó en el recepción del Día de la Constitución a decir que "exigiré explicaciones" en la comparecencia del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo jueves, fuentes populares consultadas por LA GACETA aseguran que habrá exigencia de responsabilidades y que todo apunta a la cabeza de Blanco.
En este sentido, ya ayer, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Gobierno ha actuado con imprevisión, sin calcular lo que podría pasar cuando el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el decreto que regulaba las horas de los controladores aéreos, y por eso cree que el Ejecutivo "tiene que explicar si esto se podía haber solucionado de otra manera o si podía haberse evitado". Aunque la portavoz popular se quedó ahí y no quiso aclarar si solicitarán o no mañana jueves algún tipo de cese, fuentes populares que preparan la intervención de Rajoy ante el pleno aseguran que es muy probable que se culpe a Blanco además de a los propios controladores.
El PSOE pide unidad
En el Gobierno preparan esa comparecencia sólo admitiendo –y así lo dirá Zapatero en la tribuna, según fuentes socialistas– que "intuían pero no sabía" el alcance del órdago que los controladores iban a lanzar en la tarde noche del viernes.
La comparecencia será de formato reducido, no requiere de votación y los grupos no tendrán más de 15 minutos para fijar posición. Pese a todo, en el Grupo Socialista se la han tomado muy en serio y por eso ayer el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, insistía en la necesidad de que "todos los grupos lancen un mensaje unitario" para dejarle claro a los controladores que no pueden volver a repetir una acción como la del fin de semana pasado.
Alonso, de hecho, está estos días en contacto permanente con todas las fuerzas del arco parlamentario y según sus propios cálculos "las cosas no van mal". Conscientes de que es la primera vez que se decreta un estado de alarma en democracia, y que no es destacartable la solicitud de una prórroga que sí requiere de aprobación del Congreso, el portavoz socialista está dispuesto a admitir que se critique la acción del Gobierno sólo hasta cierto punto.
Los planes del PSOE pasan por encajar algún golpe del PP –aunque pidan la dimisión de Blanco apoyarán las medidas–, esperan recabar el apoyo de los grandes grupos nacionalistas y se preparan para recibir fuertes críticas del ala izquierda del hemiciclo. En este sentido, el diputado de IU Gaspar Llamazares ya reiteró ayer, como viene haciendo en los últimos días que el Gobierno "debe retirar el estado de alarma cuanto antes. Y si es hoy, mejor".
Un centenar de controladores aéreos comenzará a declarar a partir de hoy ante la Fiscalía de Madrid, situada en la Audiencia Provincial de Madrid, por un delito de sedición con motivo del abandono de sus puestos de trabajo el pasado viernes, alegando la falta de adecuación de sus condiciones psico-físicas para el desempeño del cargo, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
El Ministerio Público acordó el pasado sábado citar a declarar a todos aquéllos controladores que abandonaron sus puestos de trabajo para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos del delito de sedición previsto en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.
La citación se enmarca en las diligencias de investigación número 322/10 incoadas este viernes como consecuencia de los hechos ocurridos en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Torrejón de Ardoz a raíz del abandono de sus funciones por parte de los controladores aéreos, alegando falta de adecuación de sus condiciones psico-físicas para el desempeño del cargo.
El Ministerio Público argumenta su posición en la finalidad de averiguar "las causas de dicho abandono, dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
A la vista del resultado de las diligencias que se han acordado, la Fiscalía de Madrid ha adelantado que adoptará las medidas que estime procedentes con el rigor y la proporcionalidad adecuados a las conductas desplegadas y al gran número de ciudadanos perjudicados en sus derechos.
Una vez decretado el Estado de Alarma, los controladores pasan a ser movilizados, por lo que podrían haber incurrido en un delito de "sedición" previsto en el Código Penal Militar.
La sedición militar
Este delito viene recogido en el artículo 91 del citado Código en el que se establece "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".
"Si los hechos tuvieren lugar en situación de peligro para la seguridad del buque o aeronave, frente a rebeldes o sediciosos, acudiendo a las armas o agrediendo a superior, las penas serán de diez a veinte años de prisión Para los meros ejecutores y de diez a veinticinco para los promotores, el cabecilla y, en todos los casos, para los oficiales y suboficiales", añade el precepto.
"Si le causare la muerte o lesiones al menos graves a un superior, se impondrá la pena de quince a veinticinco años de prisión a los promotores y demás responsables aludidos en el párrafo anterior, y de diez a veinticinco años a los meros ejecutores", agrega.
Rubalcaba, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, ha subrayado que el Gobierno va a impedir que esto vuelva a pasar y que mecanismos tiene para ello en la Constitución. "Hemos demostrado que no nos va a temblar el pulso para hacer, con la ley en la mano, lo que tengamos que hacer", ha añadido.
El vicepresidente primero del Gobierno ha señalado que los controladores tienen que dar cuenta de sus responsabilidades, porque "no se puede abandonar el puesto de trabajo, marcharse a casa pretextando no sé qué enfado y dejar tirado a los ciudadanos en los aeropuertos. Por tanto, hay que exigir responsabilidades y las vamos a exigir", ha manifestado.
Para ello, ha explicado que existe la vía laboral, es decir, la relación laboral de AENA con sus controladores; y la vía judicial, donde a su vez se abren dos canales: la vía penal, donde la Fiscalía reclamará responsabilidades, y la civil, abierta para todos aquellos que se vieron perjudicados por el caos aéreo provocado por los controladores (viajeros, aerolíneas, hoteleros...).
Rubalcaba ha señalado que este "intrincado jeroglífico jurídico" ya está en marcha y que será la justicia quien determine si hay que pagar y, en su caso, quién tiene que pagar.
El vicepresidente ha indicado que el conflicto de estos días con los controladores surgió a raíz del cálculo "peculiar" que hizo el colectivo sobre las horas que tenían que trabajar. Como algunos empezaban a abandonar sus puestos alegando que ya habían trabajado las horas estipuladas, empiezan a surgir problemas de personal, y esto se convierte, según Rubalcaba, en una "mancha de aceite que se va extendiendo".
"Los controladores sabían que iban a montarla, por eso lo paramos. Si no, la mancha de aceite se habría extendido también en Navidades", ha indicado el vicepresidente, que ha considerado que el argumento de los controladores de que el Gobierno les había provocado resulta "infumable".
"Desde que soy pequeño, mi vida y la de muchos españoles ha estado asociada a los controladores: en el verano eran el bañador, la playa y los controladores; en Semana Santa eran el tiempo y los controladores; en Navidad, los polvorones y los controladores. Han formado parte de nuestra vida, pero no para bien. De lo que se trata ahora es que de eso no pase y el controlador pase a ser como un maestro, un médico, es decir, un trabajador que cobra de la administración pero que no amenaza periódicamente a los ciudadanos para defender sus privilegios", ha dicho.
Acabar con los privilegios del colectivo
Para Rubalcaba, todo lo ocurrido "no es más que un episodio de una guerra que trata de desmontar un edificio de privilegios que se ha construido durante muchos años por parte de los controladores". El ministro ha añadido que nadie se atrevía con este colectivo hasta que llegó José Blanco al Ministerio de Fomento. "No puede haber 2.000 trabajadores que periódicamente le echen un pulso, no al Gobierno, sino a los ciudadanos y al Estado", ha comentado.
Preguntado por si la crisis de los controladores ha beneficiado de alguna manera al Gobierno, el vicepresidente primero ha indicado que, la noche de autos, cuando estalla el conflicto, en ningún momento salió en sus conversaciones con Blanco y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que esto podría mejorar la imagen del Gobierno.
"Es una crisis y a ningún Gobierno le gusta la crisis. piensas en poder arreglarlo y antes de tomar una decisión como la de declarar el estado de alarma uno se lo piensa mucho. no me gustan mucho los estados de, ni el de alarma, ni ninguno", ha comentado Rubalcaba, que ha agregado que si el Ejecutivo tiene que ir al Parlamento a prorrogar el estado de alarma, "vendrá".
En cuanto a las dudas sobre la legalidad de declarar el estado de alarma, Rubalcaba ha explicado que se estuvo discutiendo un par de horas el encaje jurídico de esto en el Consejo de Ministros extraordinario, al que se invitó al Fiscal General del Estado y al Abogado del Estado. "Ninguno puso pegas", ha apuntado el vicepresidente.
Este próximo 23 de diciembre entrará en vigor la última reforma de nuestro Código Penal. Entre sus novedades más destacadas está la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta ahora, una empresa radicada en España podía ser sancionada civil o administrativamente; en breve, podrá serlo también penalmente.
En EEUU esto viene siendo así desde hace un siglo, cuando el Tribunal Supremo estableció allá por 1909, en el casoNew York Central & Hudson River Railroad Co. v. US, el principio en materia penal de respondeat superior, es decir, una corporación debía responder penalmente por actos realizados por sus directivos o empleados dependientes de aquéllos. Con ello, empezó a tomar cuerpo la llamada responsabilidad penal colectiva y vicaria de las personas jurídicas, que es extraña a los principios penales clásicos y que, desde entonces, se ha ido propagando a otros ordenamientos jurídicos.
El abandono en las últimas décadas del principio clásico penal de societas delinquere non potest (ahora tildado de viejo axioma) se está produciendo en la práctica totalidad de los países de la OCDE. El proceso de esta armonización internacional escalonada del derecho penal está concluyendo con notable éxito. Esto supone aceptar una responsabilidad sin culpabilidad, desvirtuando el principio de individualización de la responsabilidad penal de las personas físicas, que ha inspirado todo el orden penal tradicional con la excusa de perseguir un bien superior (reducir la delincuencia empresarial).
Si algún directivo o empleado a sus órdenes realiza un delito en provecho de la empresa, puesto que ésta no puede ser encarcelada, lo normal será que se multe a la misma o se disuelva, lo que conlleva penalizar a la postre a terceros inocentes (accionistas o inversores). Aunque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las físicas, la experiencia americana nos indica que en aquellos procesos penales en que se ve afectada una empresa que no demuestre tener controles adecuados, ésta, las más de las veces, pecha con la responsabilidad. Llegado el caso, el directivo u órgano colegiado de dirección no pondrá reparos en que siga siendo así, entre otras cosas, porque al tratarse de ilícitos penales sus consecuencias difícilmente podrán cubrirse mediante póliza de seguro.
La delincuencia que se produce en el seno o al amparo de las grandes corporaciones (estafa, corrupción, defraudación fiscal y un largo elenco) es percibida en la actualidad como un problema, de ahí esta evolución de las nuevas funciones del derecho penal que lleva consigo una carga de profundidad: hoy, las empresas han de asumir cada vez mayores responsabilidades y, en cierto modo, deben también asumir tareas públicas y ponerse al lado del Estado para ir en la buena dirección moral que marquen los tiempos (responsabilidad social corporativa, preservación del medioambiente, defensa del consumidor, del trabajador, de los stakeholders y de otros involucrados...). La creciente responsabilidad de las personas jurídicas es un síntoma más de la moderna alianza entre el poder estatal y el corporativo, que, desde una perspectiva mundial, nos llevaría hacia la denominada gobernanza global, tan cara a tecnócratas y gestores del interés general.
Para el caso que nos ocupa, la constatación empírica de que la empresa se encuentra en mejores condiciones que el Estado para controlar el comportamiento de sus agentes y empleados implica exigir a la persona jurídica que adopte medidas de organización permanente que impidan la realización de hechos delictivos en su esfera de actuación y que, ante una acusación, confiese la infracción y repare, o bien actúe, como delegada del agente de autoridad frente a sus empleados y directivos para evitar o atenuar la sanción penal.
Las consecuencias de todo ello resultan algo inquietantes: cuando el delito se haya producido en el seno societario, se primará la colaboración de la empresa en forma de presentación de pruebas contra sí misma y se dañará la defensa de otros imputados (personas físicas a ella vinculadas) en el mismo proceso. Se pretende que el vínculo de fidelidad sea con el Estado y no entre los miembros de una organización privada. Hoy la mera imputación corporativa representa ya la pena y la falta de cooperación será la verdadera ofensa. Ante un ilícito societario, el método consistirá en lanzar unos ciudadanos contra otros dentro de las compañías para facilitar la labor fiscalizadora del Estado so pena de que paguen los platos rotos los inocentes socios o dueños.
Parece olvidarse que, para evitar fraudes o prácticas deshonestas por parte de las empresas, es preferible la combinación de la persuasión moral, la disciplina de mercado, la responsabilidad civil corporativa y, por descontado, la oportuna aplicación de sanciones penales contra personas físicas con poder de dirección que delincan, sin necesidad de transferir su responsabilidad penal a la corporación donde trabajan. La americanización del derecho penal que acarrea esta reforma para la galería no es siempre garantía de mejora.
P.D.: Todo lo arriba comentado no será de aplicación a las empresas y administraciones públicas según lo establecido en el nuevo art. 31 bis, punto 5 del Código Penal español reformado, ya que –se nos dice- no tendría sentido que se sancionen a sí mismas al salir el dinero del mismo contribuyente que las sostienen. Pero de rondón se blinda también a los partidos políticos y sindicatos patrios que no serán responsables penales de los delitos cometidos por sus dirigentes o representantes legales, como sí lo serán las empresas privadas, equiparando aquéllos a las empresas públicas y administraciones del Estado, obviando la existencia de afiliados y militantes a los que trasladar en última instancia la responsabilidad penal. Igualdad ante la ley, descanse en paz.
Por cierto, muy mal los lobbies de las asociaciones empresariales que se han dormido; sus homólogos sindicatos han sabido mover ficha para blindarse con la inmunidad penal frente a delitos –por ejemplo– de corrupción o fraudes de subvenciones (aunque pensemos todos que es muy improbable que esto suceda al tratarse de respetadas personas jurídicas que sólo miran por el trabajador).
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