En los próximos días visitará de nuevo España Grégor Puppinck,Director delECLJ (European Center for Law and Justice). Con este motivo, Profesionales por la Ética organiza en Madrid el próximo lunes 13 de diciembre una charla-coloquio en la que el prestigioso abogado francés, experto en la protección de los derechos humanos el ámbito europeo, abordará el tema "Laicismo, prejuicios anticristianos y fobias en Europa".
El European Centre for Law and Justice, cuya sede oficial se encuentra en Estrasburgo, nació para salvaguardar y proteger los derechos humanos y las libertades civiles de los creyentes europeos y reúne hoy a relevantes abogados europeos especializados en estas cuestiones. El ECLJ representa los intereses de Italia y de otros 21 estados europeos en el llamado caso Lautsi, proceso seguido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la demanda de una madre contra el Estado italiano por una supuesta vulneración de sus derechos al mantener el crucifijo en el aula de una escuela pública. Este caso se encuentra pendiente de un nuevo pronunciamiento de la Gran Cámara del Tribunal, que se espera precisamente para las próximas semanas.
Charla-coloquio con Grégor Puppinck, Director del ECLJ:
Lunes, 13 de diciembre a las 20.00 horas, en los Salones Riofrío (Salón Genovés, calle Marqués de la Ensenada, 16 – Plaza de Colón) de Madrid. Al finalizar se servirá un vino español. Aforo limitado. Es imprescindible la confirmación de asistencia en el teléfono 609511041 o en la dirección coloquiosmadrid@profesionalesetica.org.
La reunión, que se celebrará en el Hofburg Congress Centre de la capital austriaca, tiene por objeto debatir acerca de la libertad de religión y creencias en la región OSCE. Una de las sesiones se dedica a la educación.
En el marco de este evento intervendrá Leonor Tamayo, responsable del área internacional de Profesionales por la Ética, para denunciar ante la comunidad internacional el conflicto ocasionado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y su agresión a las creencias y convicciones de miles de padres españoles.
No es la primera vez que el conflicto de EpC es denunciado en instituciones internacionales. En junio de este mismo año, Profesionales por la Ética lo presentó en Bruselas ante el Grupo Popular Europeo; en septiembre, el European Centre for Law and Justice (ECLJ) expuso la problemática de los padres españoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El pasado mes de octubre, la EpC española protagonizó dos intervenciones en el marco de la Asamblea de la OSCE celebrada en Varsovia.
«Con estas denuncias», explica Leonor Tamayo, «explicamos que la agresión a las libertades de los padres españoles constituyen un problema global porque vulneran derechos fundamentales reconocidos no sólo en la legislación española sino también en la normativa europea e internacional».
«De hecho», asegura Tamayo, «en la documentación preparatoria de la reunión del 10 de diciembre, la OSCE pide a los estados participantes que respeten la libertad de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales».
A las denuncias del conflicto de EpC en foros internacionales hay que añadir las demandas presentadas en marzo y julio pasados por 321 españoles objetores ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Su nombre es bien conocido para todos aquellos que gustan de leer sobre las claves de la Historia reciente de España. No en vano, Jesús Palacios es autor de libros como Los papeles secretos de Franco o Franco, mi padre, coescrito éste con uno de los grandes hispanistas actuales, Stanley G. Payne. Ahora, con 23-F, el Rey y su secreto (Ed. Libros Libres), aborda uno de los temas más delicados de la España contemporánea.
-¿Todavía se puede aportar algo sobre el 23-F? -Mi libro cierra el círculo de los enigmas en torno al golpe. El propio Stanley G. Payne ha dicho que es "el capítulo final del 23-F". Los hechos están contrastados tras largas conversaciones con fuentes que han contado los objetivos y procedimientos tal y como fueron. Es lo más próximo a la verdad del 23-F.
-Afirma usted que el golpe no fue, como dice la historia oficial, un golpe involucionista... -No fue un golpe de involución ni lo tramaron militares descontentos. Al contrario, yo destaco cómo las Fuerzas Armadas permanecieron leales a la Corona durante toda la Transición. El 23-F fue un golpe del sistema contra el sistema, para corregir el sistema, que es como decir corregir la deriva negativa de la Transición.
-¿Y qué errores había que corregir? -Había que poner orden en plena descomposición de la UCD. Suárez, ya en el año 80, era un problema para la democracia: es un año de gran vacío de poder. Así, la nomenclatura política –de Felipe González a Manuel Fraga, de la Conferencia Episcopal a la CEOE y los barones de la UCD– hace presión sobre las más altas esferas para reformar la Constitución, quitar de ella el término "nacionalidades", corregir el Título VIII, que regula el sistema autonómico y reconducir a los nacionalismos mediante la reforma de la ley electoral.
-Da usted protagonismo en su libro, como no podía ser menos, al general Armada, pero también al Cesid e incluso a Estados Unidos... -Y hasta a Tarradellas, que hizo suya la frase de que "España necesita un golpe de timón". Armada tenía que ser presidente de un Gobierno de excepción, en el que habría representación pluripartidista. El Cesid fue el eje de la operación, y Estados Unidos dio su apoyo.
Las premisas de las relaciones hispano-marroquíes en los últimos 35 años o eran falsas o han quedado invalidadas. Marruecos lo sabe y, lo que es peor para ellos, en España empieza a saberse. A Marruecos se le acaba el tiempo para seguir lucrándose de este modelo de relaciones que cambiará cuando España proceda a la reevaluación de las mismas.
Miembros del Cuerpo Nacional de Policía desplegados en la frontera de Melilla con Marruecos han denunciado que desde ayer vienen soportando una nueva provocación por parte de activistas marroquíes. En este caso, se trata de la colocación de altavoces a gran volumen a escasos metros de donde se hallan los agentes a través de los cuales se proyecta música árabe "a todas horas" dificultando su labor, informó a Europa Press la Confederación Española de la Policía (CEP).
Fuentes de este sindicato policial han precisado que los altavoces están colocados en dirección a territorio español "en zona de nadie" entre Marruecos y Melilla, es decir, a escasos metros de las instalaciones de la Policía en el paso fronterizo de Beni Enzar.
La música --sobre la que de momento se desconoce su contenido-- comenzó ayer por la tarde y pasadas las 20.00 horas de hoy martes seguía sonando con fuerza. Los agentes han manifestado su malestar y denuncian las dificutades para trabajar al tener que soportar música a gran volumen a escasos metros de un puesto de trabajo que, recuerdan, exige concentración.
En la zona se encuentran desplegados funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Jefatura de Policía de Melilla dedicados a labores fronterizas y de documentación y efectivos de la Unidad de Interveción Policial (UIP) desplazados desde la Península.
Un grupo perteneciente al 'Comité de Coordinación para la Liberación de Melilla' se ha concentrado este martes frente a la Delegación del Gobierno de Melilla y ha desplegado una bandera de Marruecos y una pancarta con la leyenda "Ceuta y Melilla, ciudades marroquíes" antes de huir al intervenir la dotación de la Guardia Civil que presta la vigilancia en el organismo oficial.
En una rápida operación, que tuvo lugar pasadas las 14,00 horas, un grupo entre diez y 15 personas se situaron en la Plaza de España, justo enfrente de la representación de la Administración Central, y desplegaron una bandera del reino alauí de grandes dimensiones. Además también abrieron una sábana blanca en la que habían escrito en letra azul "Ceuta y Melilla, ciudades marroquíes" y lanzaron panfletos en los que llama a los melillenses a participar en la marcha sobre Melilla que realizarán este sábado.
A los integrantes de este grupo, todos ellos jóvenes, les dio tiempo a hacerse fotografías y videos de esta acción ante la reacción de los efectivos de la Guardia Civil que vigilaban la puerta de la Delegación del Gobierno.
La Policía Nacional les busca por la ciudad para su identificación y la apertura de la correspondiente notificación tras protagonizar este incidente contra la soberanía española en el propio centro de Melilla.
La detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en una comisaría de Londres esta mañana no cambiará los planes de la página web de seguir publicando documentos, ha indicado un portavoz de la misma, asegurando que ésta seguirá funcionando desde la capital británica y otras partes del mundo.
"WikiLeaks está operativo. Seguimos el mismo ritmo que se había fijado antes", señaló el portavoz de la página Kristinn Hrafnsson desde Estocolmo, citado por Reuters.
"Cualquier acontecimiento relativo a Julian Assange no cambiará los planes que tenemos con respecto a las publicaciones de hoy y de los próximos días", ha asegurado el portavoz, precisando que la operación será dirigida por un grupo de personas desde Londres y otros lugares.
Según informa el diario 'The Guardian', uno de los que ha estado publicando en los últimos días los cables diplomáticos estadounidenses, Assange acudió a la comisaría acompañado por sus dos abogados en Reino Unido, Mark Stephens y Jennifer Robinson.
La abogada explicó al diario que su cliente, hasta anoche, no había tenido ocasión de poder conocer "en un idioma que entienda" los cargos que pesan en su contra en Suecia, puesto que estos estaban en sueco y él habla sólo inglés.
Por otra parte, según el rotativo, Assange dará a conocer una declaración en vídeo a lo largo del día y está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de la City de Westminster antes de las 12:30 horas (una hora más en España), a menos que un juez autorice que la audiencia, en la que se evaluará su estradición a Suecia, sea más tarde.
Asimismo, las fuentes consultadas por el 'Guardian' indican que aunque Wikileaks había amenazado con dar a conocer un código de encriptado que publicaría todos los cables que quedan (hasta la fecha en la página web sólo están accesibles cerca de un millar de los más de 251.000 totales) si su fundador era detenido, por el momento no está previsto hacerlo.
Un cable confidencial incluido entre los documentos filtrados por Wikileaks revela que Estados Unidos vio en el presidente de la Generalitat y del PP regional, Francisco Camps, "un buen candidato" para liderar la formación nacional en el que caso de que ésta sufriera "una sacudida".
Así, el cable, enviado a Washington desde la embajada estadounidense en Madrid en abril de 2006, señala sobre Camps que, "a pesar de ser relativamente joven, su altura nacional ha crecido sustancialmente" y añade que, por ello, "parece un buen candidato para convertirse en el líder nacional del PP en el caso de que se produjera una importante sacudida" en el partido.
El representante de Estados Unidos hace también un recorrido por la trayectoria política de Camps y explica que, "ungido por Eduardo Zaplana, siguió sus pasos hasta llegar a ser el presidente de la Generalitat valenciana y del PP regional".
Añade que "desde que fue elegido en 2003, rompió con su antiguo mentor y trabajó duro para forjar su propia identidad política, tanto en la Generalitat como nacional".
"Después de trabajar con los partidos para acordar la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano en 2005, se ha convertido --aseguraba el documento-- en la cara de futuro del PP para la cooperación bipartidista".
Se cumplen siete meses del triunfo del Partido Conservador en las elecciones británicas. Espacio de tiempo más que suficiente para que David Cameron haya mostrado en la escena internacional que es un líder solvente y su país, un socio fiable. Es en el contexto doméstico donde está encontrando más trabas. Sin embargo, las viene superando y con nota.
El diputado popular Agustín Baamonde, junto con sus compañeros de escaño, Francisco Cerviño, del PSOE, y Bieito Lobería, del BNG, presentaron una propuesta legislativa por la que se intentará que el Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y de la Marina Mercante adecúen los distritos marítimos y los accidentes geográficos a la toponimia oficial de la comunidad autónoma gallega. Esto se traduciría en dejar de "castellanizar los topónimos" con los que se da nombre a las embarcaciones.
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El auto, según la nota, reconoce la potestad para ello del Ejecutivo, ejercida en el ámbito de la actividad parlamentaria, "que en modo alguno constituye un acto susceptible de control en vía jurisdiccional contenciosos administrativa".
Además, informa de que la Sala achaca a los recurrentes "que confunden o pretenden confundir, voluntaria o involuntariamente, el acuerdo de la Mesa de la Cámara con el escrito en que el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios da traslado a aquella de la disconformidad del Gobierno".
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, subrayó que, con esta decisión del Supremo, "las quejas y acusaciones que recibió el Gobierno quedan deslegitimadas y carentes de razón".
El 83% de los directivos españoles descarta acometer algún cambio en sus plantillas en el primer trimestre de 2011, en tanto que sólo un 6% espera incrementar la contratación y un 10% asegura que recortará puestos de trabajo, según el último estudio de Manpower sobre proyección de empleo.
Los resultados del estudio muestran una desaceleración en la destrucción de empleo, ya que se incrementa el porcentaje de directivos que no prevé cambios en sus plantilla respecto al último trimestre de este año (81%).
Para el director general de Manpower en España, Raúl Grijalba, todo esto refuerza los pronósticos de estabilización del mercado laboral.
Por zonas geográficas, y teniendo en cuenta la estacionalidad, sólo los directivos de la zona Norte (Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco) prevén una contratación positiva para el primer trimestre de 2011.
Por el contrario, los más pesimistas son los directivos de la zona Noroeste (Asturias, Castilla y León y Galicia), que presentan la proyección de empleo más negativa de todas las regiones.
Sólo uno de los diez sectores industriales recogidos en este estudio, el de Actividades Sociales, estima una proyección de empleo neta positiva para el primer trimestre del próximo año. En el lado opuesto, los directivos del sector del transporte, almacenamiento y comunicaciones son los más pesimistas.
En comparación con las previsiones de los dirigentes de otras partes del mundo, los directivos españoles se sitúan entre los menos optimistas.
Según el estudio, 32 de los 39 países encuestados prevén proyecciones de empleo positivas para el primer trimestre del próximo año, con India, China, Taiwán y Brasil a la cabeza.
En Europa, los directivos de Turquía presentan las previsiones más altas del continente, seguidos de alemanes y suecos. Los directivos de Grecia, República Checa, Austria e Irlanda registran previsiones inferiores más negativas que las de España.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajó en un avión militar el pasado 25 de noviembre desde Madrid a Barcelona para acudir a un mitin del PSOE. Además, contó con la escolta de un avión de combate, según denuncian a LA GACETA fuentes militares y confirman controladores aéreos consultados al respecto.
Fuentes socialistas han confirmado a este diario que Zapatero prefirió viajar en avión, al contrario de lo que había hecho en los otros dos desplazamientos a Barcelona durante la campaña de las elecciones catalanas, cuando viajó en AVE. De momento, estas fuentes no confirman quién costeó el viaje. Un dato importante teniendo en cuenta que se trataba de un acto de partido –por ello, voluntario– y no de un evento al que Zapatero tuviera que acudir como jefe del Ejecutivo.
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Nunca, en más de tres décadas, se había usado esa norma tan excepcional. El PSOE ha marcado este puente con una novedad… constitucional. Aunque los pitos y abucheos en la calle revelan que quien de verdad alarma es el presidente.
¿Estado de alarma? Ya se decidirá si el decreto cumple o no los requisitos legales. Pero aquí la sorpresa es que para garantizar un servicio público Zapatero ha suspendido derechos constitucionales y ha recurrido a las Fuerzas Armadas, militarizando civiles. Desde luego que la situación era impresentable y más en un país que depende tanto del turismo. Pero no estoy seguro de que sea un acierto para dominar un conflicto laboral utilizar una posibilidad extrema que no se empleó ni en el 23-F ni en el 11-M. Ahora, 32 años después –y contra los controladores–, resulta que sí.
Había dos derechos constitucionales enfrentados: el de todos los ciudadanos a desplazarse libremente por España y el de unos trabajadores a defender sus condiciones laborales. José Blanco, desde Fomento, tiene mucho que explicar sobre la situación de los controladores. Por meses se ha querido forzar la postura de éstos, no negociar realmente, arrinconarlos, y el Gobierno ha dejado que se crispe un sector estratégico que debía cuidar especialmente. La semana pasada supimos por qué: Zapatero quiere privatizar los aeropuertos rentables para tapar un agujero de casi 15.000 millones de AENA.
Rubalcaba ha adoptado la pose de hombre de Estado. Esperará heredar. Pero un Gobierno debe solucionar problemas, para eso tenemos Constitución, no crear caos. Esta salida teatral, veremos si chapucera, extrema, igual tiene sentido para el PSOE pero no para los viajeros, ni para los trabajadores ni para los derechos ciudadanos.
Se les aplica y se les amenaza indistintamente con la justicia militar o la civil, con parte de una y parte de la otra según interés gubernamental y a golpe de opinión pública.
Aunque sólo un país de nuestro entorno tiene una Ley de Huelga (Italia) y en otros la regulación suele ser generalista y son los juzgados y tribunales los que con sus pronunciamientos perfilan los aspectos más específicos, España es el único caso en el que la referencia es una norma preconstitucional: un real decreto aprobado en 1977. Una suerte de limbo jurídico del que se aprovechan colectivos para órdagos salvajes como el del sábado (los controladores) o gobernantes autoritarios como los que han decretado un estado de alarma que presenta serias objeciones jurídicas.
En Reino Unido, la referencia es la Ley de Sindicatos, cuya última enmienda se introdujo en 2004; Alemania se rige por las decisiones del Tribunal Laboral Federal; y Francia por el Código del Trabajo. Lo inaudito, se mire como se mire, es un caso como el de España. Donde está contemplado como fundamental el derecho a la huelga (artículo 28.2 de la Constitución) pero no está regulado por la correspondiente ley orgánica. Con lo cual el texto de la Carta Magna suena a brindis al sol: "Se reconoce el derecho a la huelga... La ley que regule el ejercicio de ese derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales...". La norma que se aplica es el mencionado real decreto aprobado por el primer Gobierno de Adolfo Suárez, en 1977, es decir un texto preconstitucional. Ante esta anomalía, hemos ido tirando con el parche que supone la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (singularmente la sentencia de 1981), que ha ido interpretando el real decreto, a golpe de conflictos laborales y movilizaciones.
Nadie en estas tres décadas le ha puesto el cascabel al gato, en parte porque a los sindicatos no les ha interesado llegar a un acuerdo con los partidos y la patronal. Una ley de huelga les hubiera dejado sin el margen que les concede la ambigüedad y la indefinición para presionar con los servicios mínimos. Se pudo ver gráficamente en los paros salvajes del Metro de Madrid, el pasado mes de junio, cuando los sindicatos convirtieron al usuario en rehén de sus reivindicaciones políticas contra la presidenta Esperanza Aguirre.
Sólo Felipe González abordó un proyecto de ley de huelga, en 1993, al que se oponía la CEOE. El texto fue ratificado por el Congreso y el Senado, pero cuando la Cámara alta lo devolvió a la Carrera de San Jerónimo, González convocó elecciones generales. Y ahí quedó todo. Además de ser preconstitucional, el real decreto de 1977 no ha sido eficaz en materia de servicios mínimos, por lo que sería deseable un gran acuerdo entre los agentes sociales para acabar con estos 30 años de anomalía.
Así lo argumentan expertos en Derecho Laboral consultados por LA GACETA. Una ley de huelga abordaría y fijaría servicios mínimos, obligaciones de cada parte, límites que deben imponerse y contemplaría aspectos que habitualmente quedan en el aire, como la actuación de los piquetes. Ciudadanos y trabajadores, empresas y administración sabrían a qué atenerse y no nos encontraríamos con el recurrente chantaje de colectivos gremiales como los controladores, los pilotos o los conductores de metro que aprovechan los cuellos de botella de los periodos vacacionales para convertir al usuario en rehén.
Una ley de huelga habría evitado, en fin, el doble atropello que ha sufrido España en el aciago puente de la Constitución: el de los controladores contra el ciudadano y el del Gobierno contra la legalidad con un decreto de dudosa constitucionalidad.
Así es como ha querido resolver el Gobierno de Zapatero la situación de los controladores aéreos. Un día anunció la privatización de parte de AENA y al día siguiente decretaba su militarización. Auguro recursos a gogó porque, aunque lego en constitucionalismo, entiendo lo que leo, y no se han cumplido algunas de las prescripciones del artículo 116.2 de la Constitución ni de la ley orgánica aplicable.
El estado de alarma es la primera vez que se decreta en los 32 años de Constitución y por algo será. Su activación abre posibilidades nada tranquilizadoras. ¿Cuándo se decretará y cuándo el Gobierno mirará para otro lado? Miró para otro lado en la huelga salvaje del metro, el pasado junio, que afectó a la libre movilidad de casi tres millones de personas en la Comunidad de Madrid. La entonces vicepresidenta, Fernández de la Vega, exigió al Gobierno de Esperanza Aguirre que lo resolviera. Miró para otro lado en la huelga de transportistas de junio de 2008, que amenazó el abastecimiento de la población, y ese riesgo entra de lleno en uno de los supuestos de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio. El estado de alarma puede ser utilizado con miras partidistas. Y hay que recordar que en situaciones excepcionales no se pueden convocar elecciones (art 116.5 de la Constitución). Veremos si se prorroga y hasta cuándo.
La "normalidad" no existe en estado de alarma. No se ha vuelto a la "normalidad", como dijo Rubalcaba, por más que la medida fuese legal.
Más allá del estado de alarma se constata que al Gobierno le encanta gobernar por real decreto. Ya van 35. ¿Cómo no recordar el real decreto de los recortes sociales, el llamado zapaterazo? Incluso Duran i Lleida, cuyo voto salvó a Zapatero aunque ahora quisiera olvidarlo, lo criticó sin piedad. El Gobierno recurre al real decreto porque, a la hora de convalidarlo en el Congreso, confía en conseguir algún apoyo, aunque resulte costoso.
El Gobierno enseña sus tics autoritarios también en sus vetos a iniciativas parlamentarias de la oposición. Aduce que suponen aumento de gasto, pero hasta Zapatero el asunto se había resuelto por la vía del diálogo. El Gobierno ha vetado 79 iniciativas de la oposición; la más llamativa la propuesta del Partido Popular para suspender la congelación de las pensiones. Este veto está en el Tribunal Supremo a instancias del PP. El Gobierno de González vetó en una ocasión y el de Aznar no vetó ninguna iniciativa de la oposición.
Zapatero llegó a Moncloa prometiendo buen talante, buen rollito, y que el Parlamento se convertiría en el eje de la vida política. No ha sido así. Sólo dialoga con quienes le dan la razón, y eso no supone diálogo, sino la entrega del discrepante. En cuanto al Parlamento, utiliza el veto e incumple sistemáticamente las mociones y las proposiciones no de ley que pierde. Tampoco debemos sorprendernos; el Gobierno que gozamos no va a pasar a la Historia como cumplidor de sus compromisos.
El inefable Bono declaró el Día de la Constitución que quien chantajea al Estado siempre pierde. Ya nos gustaría a muchos que fuese cierto. Los piratas somalíes chantajearon en los secuestros del Playa de Bakio y del Alakrana y hubo también chantaje en el secuestro de siete cooperantes en Mauritania. Se pagó el rescate o se adelantó el dinero, un préstamo que hacía al Gobierno partícipe de un delito. En el caso del Alakrana, el propio CNI se encargó de hacer llegar a domicilio, a la cubierta del barco, los millones de euros del rescate. De lo dicho pomposamente por Bono, nada de nada.
Con el real decreto del estado de alarma Zapatero ha querido aparecer como un tipo duro en sus horas más bajas. Pero el español de a pie se pregunta por qué no traslada esa firmeza, por ejemplo, a sus relaciones con Marruecos. Nuestra política exterior se basa en bajar la guardia, en un buenismo suicida.
El Gobierno concedió en 2005 la Gran Cruz de Isabel la Católica, que hay que echarle cuajo, al general Hosni Ben Sliman, jefe de la Gendarmería marroquí, personaje sobre el que recae una orden de busca y captura de la Interpol por presunto delito de asesinato, a instancias del juez francés Patrick Ramaël. En 2010 ha recibido la Gran Cruz de Carlos III el ex ministro y ex jefe de Gobierno marroquí Dris Jettou, cerebro de la ocupación de la isla de Perejil. Hace poco Rubalcaba recibió en su despacho al buscado Ben Sliman y no lo puso a disposición de la Justicia gala.
¿Por qué tanta delicadeza de Zapatero ante Marruecos y sus jerarcas en lugar de esgrimir la mano dura que ha mostrado a los controladores? ¿Qué se teme de Marruecos? ¿Qué calla Rabat? La opción manu militari, la firmeza, se entendería si no se convirtiese en debilidad cuando y con quienes le peta al presidente políticamente insepulto.
* Juan Van-Halen es académico correspondiente de la Historia y senador.
El motivo de la reunión es solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial para que garantice los recursos y medios necesarios que permitan afrontar con garantías este caso. Es decir, se pide que los Juzgados y Tribunales españoles puedan resolver todos los procesos sin excesiva dilación.
En la carta enviada al Presidente del Tribunal Supremo se detalla que los daños acontecidos en los últimos días puede que se conviertan en "uno de los mayores retos" de la Justicia española, ya que "la reclamación de varios cientos de miles de afectados pueda causar un colapso judicial sin precedentes".
Responsabilidad del Estado
Vericat ha asegurado además que "los controladores son los principales responsables" de lo que ha ocurrido, y por tanto tendrán que indemnizar a los afectados sólo "en parte", ya que "no van a poder responder económicmente de las indemnizaciones" que se van a solicitar.
En este sentido, el abogado ha expresado que de ser así, AENA y el Estado "tendrán que responder ante este daño", pues la situación ha sido "de tan gravedad y tan extraordinaria" que desde el bufete consideran que "no puede salir gratis".
Asimismo, Vericat ha dicho que más de 5.000 personas afectadas por la situación ya se han puesto en contacto con su despacho, y según los cálculos del bufete de abogados "más de 40.000 personas pueden terminar sumándose a esta acción judicial".
Respecto a las reparaciones que van a solicitar, Vericat afirma que los afectados van a imponer "una reclamación contenciosa administrativa contra AENA", en la que además de los daños económicos van a solicitar "un daño moral" evaluado en 10.000 euros.
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