Salgado ha reconocido que el ministro de Fomento, José Blanco, ya había puesto en alerta al Gobierno. "Había indicios que esto podía suceder desde el día anterior y el ministro de Fomento ya nos comunicó los problemas que había en Galicia", ha señalado. Asimismo, Salgado ha insistido en que el Ejecutivo "tiene todos los instrumentos para enfrentarse al chantaje de unos controladores que han tomado a la sociedad española como rehén".
Desde la perspectiva económica, la ministra ha reconocido que "era una situación difícil de prever hace tres días y lamenta las pérdidas económicas que provocará". No obstante, ha asegurado que "si los controladores hacen frente a esta situación, el lunes se estará hablando de otra cosa".
Respecto a un posible estado de alarma, ha señalado que "habrá que evaluar si se ha cumplido o hay que tomar este segundo paso". Salgado ha precisado que el estado de alarma "significa un paso más en la obligación de que los controladores tienen de realizar su trabajo". Además, la ministra ha explicado que "aquellos que no cumplan con su deber pasarán a disposición judicial y podrán tener penas de prisión".
"Desde Fomento se han seguido todos los protocolos hasta el decreto en el que toman los militares las torres de control. La operación se está desarrollando con todos los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico", ha aclarado la vicepresidenta del Gobiernoen una entrevista concedida a la Cadena SER.
EL pasado 29 de septiembre, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, envió una carta a un diario para desmentir unas declaraciones de José Amedo. El vicepresidente negaba haber participado hace años en una reunión con el abogado del ex subcomisario de los GAL. Para dar contundencia a su desmentido, Rubalcaba acudía a su habitual dureza lingüística: "No conozco al abogado del señor Amedo. Tampoco al propio Amedo. En este último caso es relativamente fácil de entender: no me relaciono con delincuentes".
Las duras palabras del ministro, quien a menudo se deja traicionar por la soberbia y la prepotencia, fueron inmediatamente contestadas por el ex funcionario de Policía. Amedo se presentó, al día siguiente, en la comisaría de Pozuelo de Alarcón y les dijo a los policías que estaban de guardia que quería denunciar al ministro del Interior por las injurias vertidas contra su persona. Imagínense la cara que pondrían aquellos guardias: ¡una denuncia contra el jefe supremo! Pero no tuvieron más remedio que redactar el atestado número 13.604. Amedo se quejaba en su escrito por el calificativo "delincuente" utilizado contra él por el ministro del Interior. Señalaba que, en todo caso, sería "ex delincuente", porque su pena se había extinguido en 2008.
Pero el policía se explayó en el antepenúltimo párrafo de la denuncia: "Quiere dejar claro que cuando el denunciante ha cometido determinados delitos en la lucha contra el terrorismo de ETA fue como consecuencia de las órdenes que el dicente ha recibido del Gobierno de Felipe González Márquez del que el señor Rubalcaba formaba parte, como así determinó el Tribunal Supremo de nuestro país". Y no le falta razón a Amedo. En el asunto de los GAL, el ex presidente y algunos de sus colaboradores interpretaron el papel del Capitán Araña, aquel personaje (Aranha) del siglo XVIII que embaucaba en los puertos de España a los jóvenes para que combatieran en América, pero él nunca se embarcaba. El Gobierno de González implicó a decenas de funcionarios en la guerra sucia contra ETA pero, cuando vinieron mal dadas, eludieron su responsabilidad y abandonaron a su suerte a los encausados. Muchos de ellos, como el propio Amedo, acabaron con sus huesos en la cárcel.
Es cierto que Rubalcaba, cuando los GAL secuestraron a Marey a finales de 1983 y posteriormente asesinaron a 27 personas e hirieron a muchas más, no formaba parte del Gobierno, pero sí ocupaba un cargo de responsabilidad en el área de Universidad y Educación. Pero, en 1988, cuando se abrió el caso Batxoki/Consolation (sumario 1/88) ya era secretario de Estado de Educación y, entre 1992 y 1993, alcanzó la cartera de Educación y Ciencia. De allí Felipe González se lo llevó a La Moncloa nombrándolo ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno. Estamos hablando del periodo 1993/96, los años más duros del felipismo, en los que se desató una sucia y dura campaña contra jueces, fiscales y periodistas para ocultar la corrupción y el crimen de Estado.
De ahí que el policía Amedo afirme que se convirtió en "delincuente" porque se lo pidió un Gobierno democrático presidido por González y del que formó parte, como director general, secretario de Estado, ministro o portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba. Nadie puede negar que Amedo fuera condenado a 108 años de cárcel por dos acciones terroristas de los GAL pero, por paradojas de la vida, aquel caso Batxoki/Consolation, como mantenía la semana pasada, no se ha cerrado. Sigue abierto en la Audiencia Nacional –si no lo prescribe la inanición judicial– y puede provocar muchas situaciones de infarto.
Ese Gobierno del que formó parte Rubalcaba llevó a cabo un sinfín de irregularidades, monstruosidades jurídicas, invectivas, intrigas, conjuraciones, conspiraciones, presiones y también extorsiones para que no se supiera la verdad sobre los GAL. A quienes nos oponíamos a que la guerra sucia quedara en el olvido nos sometieron a todo tipo de tropelías. Otros compañeros de la prensa iniciaron una cruzada para que no vieran la luz los papeles del Cesid –claves para la investigación judicial– argumentando que era documentos secretos y confidenciales que no podían ser desclasificados. Ahora, en cambio, se ponen las botas difundiendo los papeles de WikiLeaks, que tienen el mismo porte que los del Cesid. Sólo una diferencia: no afectan a los GAL y a Felipe González. Rubalcaba, que en aquellos años del oprobio dirigía el Gabinete de crisis desde La Moncloa, prefiere que Amedo siga con la boca cerrada. Para lo que también lucharon algunos de sus compañeros de Gabinete, como el entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch. He tenido acceso al contenido del documento que, el 1 de febrero de 1994, le remitió Amedo desde la prisión de Guadalajara. En él le narraba todos los incumplimientos del Gobierno y las maniobras de Garzón en su juzgado antes de abandonarlo para convertirse en el número dos de Felipe González. No tiene desperdicio. El entonces Notario Mayor del Reino –actual alcalde de Zaragoza– se tragó el papel, privando su contenido a los jueces que instruían causas sobre los GAL, tanto en España como en Francia.
La carta iba dirigida al mismo Belloch que unos años antes, en 1989, había firmado un duro manifiesto contra los GAL, elaborado por el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (Cedri). El manifiesto denunciaba el terrorismo de Estado desarrollado desde el Gobierno de Felipe González y no tenía desperdicio: "Su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado descubren los cimientos enfermos de la democracia española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y gobernantes".
Pero la misiva de Amedo le llegaba a Belloch en el momento más dulce de su vida. Era ministro de Justicia y aspiraba a metas mayores. Resumo algunos de los párrafos de un documento que, en la actualidad, está en poder del presidente de la Audiencia Nacional y del fiscal general del Estado.
Espero que no suceda lo mismo que hace 16 años:
Cuando el caso que me mantiene en prisión saltó a la prensa y comenzó a judicializarse, D. José Barrionuevo, ministro del Interior, y D. Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, me pidieron asumir el tema con el fin de garantizar la estabilidad del Estado... Corcuera y Vera nos rogaron después no complicar la continuidad de los aparatos del Estado, ni la del Gobierno apelando a nuestra responsabilidad. Nos garantizaron un indulto.
Una vez pactado nuestro silencio se decidió ir a juicio a no defendernos para proteger la continuidad del sistema.
Una vez confirmada la sentencia se nos ruega no recurrir al Constitucional para no retrasar el indulto. Picamos el anzuelo. Indudablemente, esa sentencia hubiese sido anulada por el TC o en Europa. Pero, inequívocamente, al quedarse sin los "cabezas de turco, Amedo y Domínguez", la prensa hubiese continuado con el escándalo y se corría el riesgo de que se descubriese la verdad.
Recientemente he podido saber que usted, en conversación privada, ha dicho que "a nosotros no se nos ocurra hablar" y eso que es un recién llegado… Me imagino que no estaba al corriente de todas esas situaciones... Indudablemente, las puede comprobar y darse cuenta de nuestra dignidad en comparación con la de los demás… Nuestro silencio demuestra nítidamente la clase de personas que somos comparativamente con quien dirige el supuesto estado de Derecho.
Amedo le adelantaba al ministro que su esposa y la del otro policía, Míchel Domínguez, pensaban poner en conocimiento del Rey la situación que estaban atravesando. Finalmente, lo hizo él a través de una carta que le remitió al monarca el 18 de abril de 1994. Le decía que no estaba dispuesto a seguir manteniendo una farsa judicial y política: Tendré que legitimar mi postura personal y familiar situando política y judicialmente a quien pretende olvidar sus promesas… El señor Amedo no está dispuesto a consentir que le sigan manipulando. La abyección política no se seguirá interponiendo en mi honesto proceso y comportamiento con cuantas personas me han tratado durante estos largos años.
Como pueden leer, toda la línea argumentaria de Amedo gira en torno a su pacto con el Gobierno de Felipe González. Silencio a cambio del indulto y de otra promesa que no se desvela: una suculenta cuenta en Suiza con dinero de los fondos reservados que recompensara los daños económicos sufridos y que sirviera para mantener a su familia y rehacer su vida cuando saliera de la cárcel. ¿Y para qué un pacto? ¿Por la cara bonita del policía de Lugo? O porque se pretendía ocultar la implicación del Gobierno en los GAL.
Pero el acuerdo se hizo añicos cuando el Ejecutivo creyó que tenía controlado el caso GAL. Principalmente, cuando Garzón fue abducido por Felipe González antes de las elecciones de 1993 y por la complicidad de las más altas instancias de la Justicia. Además, La Moncloa disponía del mayor grupo mediático del país que le servía de altavoz. En aquellos años, al felipismo no sólo le importaba la defensa de la razón de Estado en la lucha antiterrorista, estaba más preocupado en perpetuarse en el poder. Para ello, no dudó en quebrar el sistema judicial e institucional del país. Me río del caballo de Pavía.
Por todo ello, me sorprenden las palabras de Rubalcaba llamando delincuente a Amedo. El subcomisario, como reconoce en su denuncia, fue condenado a 108 años de cárcel y pagó por sus delitos. El partido del Rubalcaba también pagó sus excesos cuando fue castigado en las urnas en las elecciones de 1996 y pasó a la oposición, pero los jefes supremos de los GAL jamás pisaron un juzgado ni se sentaron en el banquillo. No es mi cometido acusar ni condenar a nadie desde un periódico, sólo me resisto a que se escriba nuestra historia reciente con páginas en blanco o con borrones. Que se sepa la verdad política y judicial.
Y, sobre todo, que no saquen pecho quienes no merecen sacarlo. Amedo fue un delincuente cuando formó parte de los GAL, pero quienes impartieron las órdenes o después pretendieron encubrir con trampas y subterfugios las tramas de la guerra sucia fueron igual de delincuentes. No dispongo de una varita mágica ni de la lista de todos sus componentes, pero algún día se sabrá. Termino con una frase de Julio Anguita, el de la "pinza" con Aznar: "Algunos son personajes de Rinconete y Cortadillo, pero pretenden que los tratemos como del país de los Nibelungos".
El vicepresidente en funciones de la Generalitat, el republicano Josep-Lluís Carod Rovira, se despedirá de su departamento por todo lo alto. Ayer entregó el último paquete millonario de subvenciones públicas. Casi nueve millones de euros destinados, principalmente, a la promoción internacional del catalán, pero también a las más variopintas iniciativas, que han encontrado en el Gobierno catalán una mina de oro.
Así, por ejemplo, el Espacio África-Cataluña obtendrá 40.000 euros para "contribuir a la promoción, difusión y sensibilización de la cultura catalana en África. Pero también la sociedad de beneficencia de Naturales y Descendientes de catalanes obtendrá nada menos que 120.380 euros para actividades extraordinarias. Las asociaciones de gays y lesbianas se despedirán del Gobierno que más les ha mimado con 50.000 euros para un Encuentro del espíritu.
Entre los cientos de miles de euros que irán a parar a a las federaciones deportivas catalanas, la Asociación Fistball Cataluña recibirá 43.000 euros. Se trata de un híbrido entre el voleibol y la pelota vasca, absolutamente minoritario pero ligada a la Plataforma Pro selecciones Catalanas. La difusión de la lengua a través del etiquetaje en catalán de productos de consumo será premiada con 31.000 euros.
Òmniun Cultural, entidad soberanista que organizó la macromanifestación tras la sentencia del TC sobre el Estatuto y a la que TV3 permitió emitir anuncios gratuitamente, recibirá nada menos que 382.000 euros para cuatro proyectos distintos. Pero más sorprendentes aún son los 295.000 euros que se destinarán a la promoción del valenciano a través de tres entidades que operan desde Barcelona. En esta misma línea, se encuentran los 594.510 euros de La Bressola, una fundación de escuelas que promueve la inmersión lingüística en la Cataluña norte.
La nueva Ley del Cine, a la que se opusieron productores y distribuidores, necesitará de mucho empuje económico para cumplirse, ya que no es rentable en ningún caso. Así, las distribuidoras que operan en Cataluña se repartirán más de medio millón de euros en el doblaje de películas extranjeras. Además, se destinarán casi 200.000 euros para subtitular largometrajes en los distintos festivales catalanes y también en el ámbito cultural cada ejemplar de la revista Cataluña recibirán 18.636 euros.
La Memoria Histórica también tiene su cuota de subvenciones en Cataluña, por lo que el vicepresidente ha decidido regalar casi 125.000 euros en ayudas "para la realización de actividades que contribuyan a recuperar y divulgar la memoria de la Guerra de Sucesión y sus consecuencias". La investigación y publicación de obras sobre la historia contemporánea de Cataluña ha obtenido 149.000 euros. Carod Rovira, como republicano catalán que es, no se olvidó de los pueblos sin Estado, a cuya promoción destinará 51.000 euros, más 40.000 que irán a parar a la Fundación Soberanía y Progreso.
El vicepresidente catalán ha pasado siete años recorriendo el mundo entero para abrir delegaciones de la Generalitat y difundir la cultura catalana. Es por eso que distribuirá por todo el mundo 390.060 entre todos los casales catalanes, en particular los de sudamérica.
A pocos días de su retirada definitiva, Carod ha tenido un recuerdo para sus retoños de las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña con 3.300 euros.
La situación de cierre súbito y total del espacio aéreo sería realmente insólita si no estuviésemos desdichadamente acostumbrados a los continuos disparates, consecuencia de la imprevisión y el desbarajuste de un Gobierno a la deriva y sin timonel, superado en todos los frentes por su impericia, su dejadez y su estúpida insolencia. Un Ejecutivo descabezado, con un presidente noqueado que ya hace tiempo ha hecho dejación de sus funciones y un hábil y experimentado Rubalcaba que ha tomado con decisión el timón de esta nave sin rumbo.
En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno no es el responsable único del mal de fondo, a saber, la escandalosa situación de privilegio de los controladores y su chulería sindical. No se nos escapará ni un solo gesto de complacencia con la actitud hipócrita, bravucona, insolidaria y enteramente execrable de los controladores, dispuestos a explotar de manera inmisericorde los privilegios de los que gozan. La actitud de los controladores puede considerarse como un fiel reflejo del exacerbado particularismo insolidario que cunde por doquier en esta España a punto de la bancarrota, y que obstaculiza gravemente la salida de la crisis.
El Gobierno reacciona ahora con furia e indignación, cuando siempre ha tratado con algo más que delicadeza las pretensiones, tan insolidarias y ridículas como las de los controladores, de los dirigentes sindicales de su cuerda. Sólo una ley de huelga podría poner algo de orden en esta pelea sin reglas en que los distintos sindicatos vienen convirtiendo las huelgas que convocan. No deberíamos pasar por alto que el cáncer que permite los despropósitos de los controladores es de naturaleza sindical: un grupo cohesionado de trabajadores que abusa de su poder de intimidación y su capacidad de hacer daño para obtener un estatus laboral y profesional que, aunque en el caso de los controladores resulte sangrante, no es de distinta naturaleza que el perseguido por la dialéctica sindical. Si hubiera un mínimo de mercado para poder satisfacer la necesidad de controlar los vuelos, los controladores no pasarían de tener un salario de tipo medio, pero han sabido organizarse para mantener bajo control el númerus clausus que les ha permitido chantajear de manera persistente, al menos hasta ahora. Algún representante de los controladores ha asimilado la responsabilidad de su función con la de un cirujano, nada menos. Además de que la comparación no se tiene en pie, no estaría de más que cotejásemos las respectivas éticas profesionales, y que se nos dijera dónde es posible encontrar a un cirujano que deje al paciente en la mesa de operaciones por haber rebasado el horario legal.
Es necesario acabar de una buena vez con el chantajismo de los controladores y, ya de paso, con las actitudes paralelas de otros colectivos con capacidades similares. Mucho nos tememos que el Gobierno, debido a su costumbre de meterse en charcos en los que nadie medianamente sensato se dedicaría a chapotear, no acierte a hacerlo, y que en este asunto, en el que convenía un máximo de cabeza fría y de previsión, haya podido sembrar las bases para que futuras sentencias judiciales otorguen a los controladores opíparas recompensas e indemnizaciones a costa de nuestras sufridas espaldas.
El Gobierno ha optado por enseñar los dientes calculando que el gesto sería bienvenido por una opinión pública absolutamente harta de los controladores y convencida de que sus privilegios carecen de cualquier justificación razonable. Pero este Gobierno está tan acostumbrado a recular que no es razonable suponer que vaya a acertar cuando decide ponerse valentón. Al margen de que el asunto sea disparatadamente inadecuado para hacer una demostración de fuerza, la verdadera cuestión está en si este Gobierno sabe defender los intereses de los ciudadanos frente a la agresión de un grupo insolidario pero razonablemente bien asesorado sobre cuáles son los derechos que, por insólitos que nos parezcan, les conceden las leyes vigentes.
El Gobierno ha hecho alarde de su don de la inoportunidad. Hace ya muchos meses que era consciente de la actitud chulesca y chantajista de un colectivo que no ha dudado en ningún momento en tomar como rehén a la ciudadanía. Pero, en vez de atajar y reconducir el problema con antelación, ha esperado al último y peor momento posible para sacar el decretazo de las horas. ¿Por qué no lo hizo público hace un mes o no ha esperado a que pasaran las fiestas? Un gran error de cálculo y un síntoma más de la prepotencia e ineficacia de un Gobierno agónico que, al declarar el estado de alarma no ha hecho sino confirmar el estado de ánimo en el que vivimos la mayoría de españoles. El hecho de que el responsable político máximo de tantas trapisondas y despropósitos, Zapatero, se esconda tras Rubalcaba no deja de caracterizar todo este esperpento como una alarma, otra más, entre las muchas que causa el presidente.
El Ejecutivo debía haber resuelto hace tiempo este conflicto y no le hubiese faltado apoyo social para hacerlo, por dura que hubiese sido la solución; pero esperar a que se consumaran las amenazas y responder con gran aparato orquestal no es lo que se espera de un Gobierno previsor y prudente. A pesar de la reapertura del espacio aéreo español, este asunto ha puesto en evidencia el grado de alarma que Zapatero causa en su propio Gobierno. ¿Meterá la pata ante la opinión pública?, ¿dirá alguna inconveniencia?, ¿cuál será esta vez la propuesta iluminada o el error técnico en que incurra el presidente? Como es posible que todo eso suceda, lo mejor, mantienen en su entorno, es que Rubalcaba tome las riendas.
Querían poner contra las cuerdas al ministro de Fomento y lo han conseguido, pero el precio, tomar como rehén a todo un país, ha sido muy alto. Los controladores merecen el castigo más duro que la ley contemple para estos casos porque, a pesar de que la razón les acompañaba en buena parte de sus reivindicaciones, con su irresponsabilidad la han perdido por completo.
Ahora bien, no son ellos los únicos culpables de este caos, ni mucho menos, el primero es el Gobierno. Por decreto, recortó sus sueldos y forzó turnos de trabajo y descansos porque tenía que rebajar costes para seguir haciendo aeropuertos en León o en cualquier otra provincia, rentables electoralmente pero innecesarios, y, al mismo tiempo, lavar la cara de una AENA deficitaria para, en un momento dado, cuando las cuentas del Estado no cuadraran, como ahora, venderla para enjugar el déficit. Y no se le ocurre otra cosa mejor que dar vía libre a la privatización a las puertas de un puente en el que miles de personas se desplazan cuando sabía que las torres de control se habían convertido en un polvorín laboral. Y entonces, también por decreto, envía a los militares a los aeropuertos a forzar a los controladores a trabajar bajo la amenaza de la cárcel y, por supuesto, por decreto impone por primera vez en democracia el estado de alarma. Se sirve del decretazo para bajar sueldos a controladores y funcionarios, veta un día sí y otro también debates en temas tan sensibles como la congelación de las pensiones… ¡¿Y éstos son el diálogo y el talante de los que tanto presumía Zapatero?! Pues menos mal…
Que no hay proyecto alguno para sacar a España de la situación en la que se encuentra es ya una evidencia, pero esta improvisación permanente que les hace aparecer desbordados un día sí y otro también, este desgobierno permanente, tiene que tener consecuencias. Si hubieran estado al frente de cualquier empresa privada, estos gestores llevarían años engrosando las listas del paro. ¿Podemos permitirnos el lujo de que sigan dirigiendo todo un país?
Madrid es en este momento una pura especulación. No hay corro político al que uno se acerque en el que, de entrada, no se te reciba con esta pregunta: "Y elecciones generales, ¿cuándo?". Lo más sabio en este trance es apelar a la condición de periodista y no a la de profeta de pacotilla y vocecilla (vulgo Aceves) y exclamar algo así como esto: "Me pagan por decir lo que pasa, no por adivinar lo que va a pasar". Lo corriente es que la respuesta no convenza a casi nadie, porque ahora mismo el interés es doble: por una parte, el del público en general, que, harto ya de las ocurrencias carísimas, insólitas y depredadoras de Zapatero, pide que cuanto antes se acabe esta pesadilla; por otra, la de los llamados (a veces no se sabe por qué) "creadores de opinión", especímenes, casi siempre fatuos, entre los cuales destacan los políticos de la oposición y los periodistas en general.
En esta segunda categoría además, y para este menester, hay que incluir a miembros reputadísimos del Partido Socialista, nueva y vieja guardia, que ya están convencidos de que lo de Zapatero no es que no dé más de sí, es que da mucho de no, es decir, da mucho de inconveniente, inapropiado y, desde luego, de letal. Todos estos, unos y otros, se debaten en esta tesitura: o elecciones o Zapatero. Pues ustedes verán.
La "triconvocatoria"
Pues bien, la primera reflexión especulativa sobre la oportunidad de las elecciones generales es, curiosamente, de índole legal. La pregunta es: ¿se pueden o no convocar estos comicios al tiempo de los municipales y autonómicos? Y existen discrepancias. El pasado lunes en El Gato al Agua, que sextuplicó en audiencia al programa-remedo de la televisión de El Mundo, el antiguo secretario de Estado de Comunicación en tiempos de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, sostenía que no, que la "triconvocatoria" era imposible porque no se pueden abrir colegios con más de tres urnas. Sin embargo, un letrado de la Junta Electoral Central consultado al respecto sostiene una opinión contraria: "No existe –dice– restricción alguna sobre la coincidencia; la convocatoria es una potestad constitucional del presidente del Gobierno; esto es todo lo que hay regulado". Por tanto: Zapatero, preso de un ataque de racionalidad, patriotismo y decencia, que no va a tener, eso denlo por cierto, puede disolver las Cortes Generales cuando le venga en gana, incluso, lo dicho, para que los españoles nos pronunciemos el día 20 de mayo no ya en tres urnas, sino en cuatro: Congreso, Senado, ayuntamientos y autonomías. Con varias excepciones regionales: Galicia, Cataluña y el País Vasco, que gozan de un estatus electoral autónomo y separado, y Canarias, cuyos ciudadanos tendrán ante sí nada menos que cinco urnas: la quinta, la correspondiente a los cabildos insulares.
Hasta aquí, las generales de la ley; a partir de aquí, regreso a las especulaciones. Los socialistas más torticeros, los que creen que Zapatero es no ya un obstáculo, sino un obús en la tripa del partido, abundan en estos días en una trapisonda realmente villana. Dicen algo así: "Damos por cierto que vamos a perder las elecciones generales y damos por cierto que Zapatero se va a presentar; por tanto, ¡acelerémoslas!, vamos a votar en febrero, entonces Rajoy gana, forma Gobierno y a continuación tiene que tragarse el inmenso marrón de poner en marcha las reformas más impopulares; por ejemplo, el recorte de las pensiones: llegamos así al mes de mayo, con Rajoy quemado en apenas tres meses, y nosotros podemos recuperar alguna de las autonomías y alcaldías que ahora, según las encuestas, nos están negadas".
Se trata de una martingala bien urdida, pero de muy difícil práctica que, sin embargo, están manejando algunos de los varones regionales (me resisto a llamarlos "barones" con "be" de jerarquía al trío Vara-Barreda-Griñán), que están ateridos de pánico ante la posibilidad, cada vez más cierta, de que en la primavera próxima sus chollos sempiternos se vayan al garete. El más audaz y también el más preocupado resulta ser el extremeño Fernández Vara, al que la política inmensamente nociva de su todavía jefe Zapatero le está haciendo literalmente la puñeta. "Aquí –me decía esta semana un aborigen de la tierra– a Vara, como las cosas sigan así, no le van a votar ni las encinas ni los cochinos". ¡Cómo si éstas y éstos en vez de bellotas y jamones hubieran producido votos para Ibarra y su extraño (procedente del Partido Popular) sucesor!
"Están alteradillos"
Pero, votantes todos, de Extremadura o de Baleares, que de todo hay, pierdan, como Dante, toda esperanza. Este tipo va a llegar al final porque, según dicen sus leales, "tiene un proyecto para España". No se rían, lo dice, el tipo lo cree. Hace unos días y en un cenáculo madrileño pero a la hora de almorzar, tres funcionarios eventuales de La Moncloa, descamisados y con pacharán cercano, discutían a gritos muy indiscretos sobre la solución. Aquella tarde, un samaritano que ocupaba la mesa conjunta y que me había visto departir con un amigo ante las únicas alcachofas que este otoño no se han helado en Navarra, me comunicó: "Estaban alteradillos y les oí decir: 'Todo depende de lo que quiera Rubalcaba". En la perversa mente del ministro multiusos no ingresa nadie, ni sus más próximos; por tanto, resulta insensato adivinar qué es lo que ahora mismo perpetra el vicepresidente.
Rubalcaba es más listo que leal, y más homicida (políticamente, quede claro) que suicida, lo cual induce a pensar en que no tiene la menor intención de inmolarse con su jefe; como tiene más horas de política que muescas las pistolas de Clint Eastwood, lo probable es que aconseje una rápida sucesión. Veinticuatro horas después de la hecatombe catalana, un antiguo y muy estrecho colaborador de Zapatero que le abandonó harto de discutir con un orate (confesión propia) se expresaba así: "Esto de la sucesión es lo que se le puede estar ocurriendo".
"¿Dónde están los mercados?"
Ahora bien, ¿eso cómo se hace? Rubalcaba tendría que lidiar a los correveidiles y a los ambiciosos que desean, y lo dicen, unas primarias socialistas para decidir el candidato que vaya a enfrentarse a Rajoy. Antonio Miguel Carmona (no te asustes, Carmona, que lo que vaya a contar de ti lo dijiste en público) apostó por está vía, lo cual quiere decir que los dirigentes más conspicuos de Madrid, y es de suponer que de otras regiones, estén también por esta solución, que, desde luego, entraña peligros para el PSOE, donde cada episodio de este jaez es una pelea de gallos que suele terminar con el degüello del más débil, pero en la actual situación no resulta la vía menos apropiada; ¿o es que alguien piensa que el partido se va a poner de bruces ovacionando a un Rubalcaba al que detesta media organización? Pues no.
Pero, como siempre, esto es lo que hay. Por ahora, sin embargo, aconsejo –con la mayor humildad– que nadie dé pábulo a estas especulaciones. Zapatero se piensa –repito– que realmente tiene un "proyecto". No se lo creen más que él y cuatro pelotas adosados, pero es igual, eso le mantiene en el poder, que es lo que le/les importa. Si acaso, y si mayo resulta un terremoto mundial, entonces pensará en volver a León. Ni siquiera los líderes europeos, que tanto le detestan, le amedrentan un poquito. Merkel, ya se sabe, es una fracasada, Sarkozy un chulo, Berlusconi un pornógrafo, Cameron no existe... Ellos, ¿qué le van a decir de cómo gobernar? ¿Y los mercados? Pues, para finalizar, una anécdota: en la reunión de los empresarios Zapatero, dirigiéndose a Botín, le espetó: "Pero ¿y quiénes son los mercados?, ¿cómo se puede hablar con ellos?". El presidente del Santander estuvo a punto de darle su teléfono móvil.
3 de diciembre de 2010. - El Gobierno aprueba un real decreto que establece los criterios para computar el máximo de 1.670 horas anuales de tránsito aéreo.
- Los controladores aéreos de algunos aeropuertos se ausentan de sus puestos de trabajo alegando problemas físicos.
- Los controladores logran cerrar el espacio aéreo español a las 20:00 horas, salvo el de Andalucía, al abandonar masivamente sus funciones en protesta por la aprobación del nuevo modelo de gestión aeroportuaria.
- La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) califica de "espontánea" la protesta que ha obligado a cerrar varios aeropuertos españoles.
- El ministro de Fomento, José Blanco, reúne un gabinete de crisis en la sede de su departamento para buscar soluciones ante los más de dos mil vuelos afectados en esos momentos.
- El Gobierno da un ultimátum a los controladores para que cedan en su "chantaje" bajo amenaza de militarizar el control aéreo español.
- El Gobierno firma un decreto por el que el Ministerio de Defensa asume el control del espacio aéreo español.
- La Fiscalía de Madrid abre diligencias penales por posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición, que está penado con hasta 8 años de cárcel.
- Un grupo de controladores se incorpora a algunos de los aeropuertos afectados pero no inician sus funciones.
4 de diciembre de 2010.
- El Gobierno declara, por primera vez desde la proclamación de la Constitución y en Consejo de Ministros extraordinario, el estado de alarma tras el plante de los controladores.
- El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, comunica su decisión al líder de la oposición, Mariano Rajoy, y a los responsables de otras formaciones políticas.
- La USCA pide al colectivo que regresen a sus puestos de trabajo.
- El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, indica en rueda de prensa que los controladores que no asistan al trabajo estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el código civil-militar.
- El Partido Popular se ofrece a intermediar con los controladores ante la "incapacidad" del Gobierno.
- El Ministerio de Fomento anuncia a las 16.00 horas la reapertura del tráfico aéreo en España, tras más de 20 horas cerrado, una vez que la mayoría de controladores ha regresado a sus puestos de trabajo.
- Un avión carguero de la compañía DCS con destino a Barcelona es el primer avión que despega de Barajas tras la reapertura del espacio aéreo a las 16.40 horas.
- El primer vuelo de pasajeros, el UX 0740 de Air Europa, sale a las 17.40 horas del aeropuerto Barajas con destino al aeropuerto de Tenerife Sur.
-19,30 horas: Barajas ya está en condiciones de operar a pleno rendimiento, pero las compañías necesitan tiempo para organizarse. El resto de aeropuertos también van recuperando su ritmo habitual de trabajo.
Zarrías, en declaraciones a los periodistas en la sede del Partido Socialista, ha pedido al líder de los populares, Mariano Rajoy, y al vicesecretario de Comunicación del mismo partido, Esteban González Pons, que aclaren el contenido de lo que ha hablado el PP durante las últimas semanas. "Sería bueno que Rajoy y Pons respondieran a una pregunta, pues esa respuesta es hoy si cabe más urgente: qué han tratado con los controladores, de qué han hablado con ellos en las últimas semanas. Desgraciadamente, me espero lo peor", ha afirmado.
El PSOE ha salido en defensa del Gobierno y del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, apenas una hora después de que el Consejo de Ministros aprobara en reunión extraordinaria un decreto para establecer el estado de alarma ante el paro masivo de los controladores aéreos. Para Zarrías, la del Ejecutivo ha sido una actuación de "rapidez, contundencia y transparencia".
No así la del PP, cuya actitud, y la de su líder, ha reprochado, pues mientras el jefe del Gobierno ha estado "al frente de la nave" y de la respuesta a esa huelga ilegal de los controladores, Rajoy sigue "disfrutando del sol y de la playa" en Lanzarote, donde está retenido precisamente por el caos del espacio aéreo.
Así que Zarrías ha pedido explicaciones al PP por haber demostrado hoy su "poca vergüenza política".
Ha recordado a los populares que fueron ellos, con la Presidencia de José María Aznar, los que en 1999 firmaron un convenio con los controladores por el que estos recibirían un "salario anual de unos 600.000 euros". Además, el secretario de Estado de Política Territorial ha apostado por el recurso del Estado de Derecho contra "el chantaje y el secuestro" de los ciudadanos.
Debido a su paro masivo y a su resistencia a ir a trabajar, Zarrías ha considerado que los controladores han actuado como un "colectivo propio de organizaciones mafiosas y delincuentes".
Por su parte, el secretario de Organización de los socialistas, Marcelino Iglesias, ha manifestado en el municipio de Arcos de Salinas, en Teruel, que "la actitud de los controladores no es tolerable" y que ésta no puede quedar "impune".
Fuentes del sindicato han explicado que el texto se dirigirá contra los controladores según el artículo 409 del Código Penal, que señala que "a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Además, recoge que "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses".
Manos Limpias también está estudiando emprender acciones contra Blanco como responsable civil subsidiario "por no haber actuado en su función de 'in vigilando' del correcto funcionamiento de un servicio público".
Por su parte, la Fiscalía de Madrid, que abrió ayer diligencias por el plante de los controladores en el aeropuerto de Barajas y la base de Torrejón por un posible delito de sedición, citará a unos cien controladores para tomarles declaración a partir del jueves y no descarta tomar medidas cautelares en algunos casos.
También la Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Teresa Compte, ha acordado esta mañana abrir diligencias penales contra el paro sin aviso que llevaron a cabo los controladores de vuelo en esta comunidad.
El texto de los dos artículos -20 y 21- de la citada ley a los que se acoge la Fiscalía para abrir diligencias a los controladores es el siguiente:
Artículo 20.
Serán castigados con la pena de prisión menor, como reos de sedición, los tripulantes, pasajeros, empleados o personas concertadas con ellos, que en aeropuertos o aeronaves se alzaren colectivamente para cualquiera de los fines relacionados con la navegación aérea, que a continuación se expresan:
1.- Oponerse al cumplimiento de órdenes que dicten el Comandante de aeronave o Jefe de aeropuerto, en uso de sus atribuciones.
2.- Impedirles el libre ejercicio de sus funciones o ejecutar con otro fin coacción sobre ellos.
3.- Realizar algún acto de odio o venganza en sus personas o bienes.
Con la misma pena serán castigados los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el Comandante o Jefe respectivo.
Artículo 21.
Se impondrá la pena de prisión menor a prisión mayor:
1.- Si el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación o de variar la ruta.
2.- Si los tripulantes llegan a apoderarse de la aeronave o ejercer mando sobre la misma.
3.- Si se produce la sedición en el extranjero y determina por su trascendencia la intervención de la fuerza pública del país.
La Fiscalía de Madrid abrió diligencias penales el viernes por posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición, que está penado con hasta 8 años de cárcel.
El fiscal pidió a la Policía y a AENA que informasen de la identidad de los controladores que se ausentaron de sus puestos de trabajo, mientras que la Guardia Civil procedía a identificar a los controladores reunidos en un hotel próximo al aeropuerto de Madrid-Barajas.
Esta foto la distribuyó ayer la agencia Efe, participada por el Estado. Estos vehículos militares situados en la Terminal 2 del Aeropuerto de Barajas fueron la contestación de los expertos de marketing del gobierno al desafío de los controladores con su huelga salvaje. Pero detrás de esta foto hay mucho más. Este caos aéreo no [...]
El estado de alarma está recogido en el artículo 162 de la Constitución y desarrollado en una ley orgánica de 1981, que abre esta posibilidad ante terremotos, inundaciones, incendios urbanos o accidentes de gran magnitud, epidemias, desabastecimiento de productos de primera necesidad y, como es este caso, paralización de servicios públicos para la comunidad.
La declaración del estado de alarma ha de hacerse mediante decreto acordado por el Consejo de ministros, en cuyo texto habrá de determinarse el ámbito territorial, los efectos y la duración del mismo, que no podrá exceder de quince días.
Sólo se podría prorrogar con una autorización expresa del Congreso de los Diputados, que, en ese caso, debería establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.
El Gobierno ha de dar cuenta al Congreso de la declaración de ese estado y le suministrará la información que le sea requerida, así como los decretos que dicte en relación con el mismo.
Con su declaración, todas las autoridades civiles de la Administración Pública y los integrantes de los cuerpos de policía autonómicos y locales quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o naturaleza.
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes, según la ley orgánica.
Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto de culpa al juez, y se notificará al superior jerárquico a los efectos oportunos del oportuno expediente disciplinario.
Si fuesen cometidos por autoridades, las facultades de estas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por la autoridad competente durante su vigencia.
Con independencia de todo lo anterior, el decreto de declaración del estado de sitio puede limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
También se podrían practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, así como intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
Del mismo, modo, se faculta para limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, e impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios.
El Gobierno podría acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización militar de su personal con el fin de asegurar su funcionamiento.
Por otra parte, la ley regula que en caso de que el estado tuviera que declararse por motivos sanitarios, la autoridad competente podría adoptar otras normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, en materia de aguas y sobre incendios forestales.
La versión de los controladores es el ángulo que perfecciona la visión del conflicto. Ayer, varios de estos empleados de AENA denunciaron a LA GACETA que los negociadores de Fomento les presionaron por la mañana para que concluyeran su protestas, amenazándoles con embargarles todos sus bienes. Según estas fuentes, el personal de Fomento llegó a mostrarles expedientes de embargo listos para ser ejecutados. También explicaron que los negociadores del ministerio les aseguraron que si no finalizaban la huelga, además de perder su empleo, ingresarían automáticamente en prisión en aplicación del código penal militar.
Según las fuentes consultadas, estas presiones de Fomento son uno de los motivos que llevaron al secretario general del sindicato mayoritario Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, a pedirle a sus compañeros ayer por la mañana que se reincorporaran con "calma" a sus puestos de trabajo.
Otros controladores consultados por la LA GACETA denunciaron que el personal de las Fuerzas Armadas que se desplazó en la noche del viernes a las torres de control por orden del Gobierno se dedicó a intimidar a los responsables del tráfico aéreo para forzarles a retomar su actividad. "La situación es insostenible. Han venido a amenazarnos con pistolas, y en estos momentos ya puedo esperarme cualquier cosa", aseguró ayer esta controladora, perteneciente al servicio del Aeropuerto de Barajas, que prefirió no revelar su nombre por miedo a represalias. Según esta empleada de AENA, los mandos militares obligaron a los responsables civiles del turno de trabajo a poner en marcha el servicio, pero éstos se negaron.
Los controladores aéreos doblaron ayer la rodilla ante la declaración de estado de alarma proclamado por el Gobierno. Y ello pese a que Blanco tenía indicios de que habría una huelga salvaje si se aprobaba el decreto que regularizaba su jornada laboral. Mientras tanto, amenazas del Gobierno para los huelguistas: embargo y penas de prisión. Y si faltara, poco Zarrías acusando al PP de conspirar con presuntos delincuentes.
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AENA ha asegurado que ya hay normalidad en todos los centros y torres de control, por lo que espera que los vuelos se movilicen a las 19.00 horas. De este modo la agencia aeroportuaria se ha puesto en contacto con la compañías aéreas para que empiecen a hacer sus planes de vuelo. No obstante, AENA recomienda a los pasajeros que antes de acudir a los aeropuertos llamen a sus compañías para asegurarse de la salida de su vuelo.
AENA estará en condiciones de hacer 30 operaciones a la hora en el aeropuerto madrileño de Barajas a partir de las 16.00 horas, previa autorización de Eurocontrol, según la empresa.
Para la jornada de hoy, y con anterioridad al conflicto, AENA tenía programados 4.300 vuelos, de los que hasta las 14.00 horas se han cancelado 1.148 de llegada y 1.100 de salida.
En estos momentos, se está recuperando la normalidad, ya que todos los controladores del turno de tarde se están incorporando a sus puestos de trabajo.
Según AENA, los siete centros de control aéreo que hay en España ya están trabajando a pleno rendimiento.
El primer centro de control que reanudó su actividad ha sido el de Barcelona, donde se han incorporado los 30 controladores que tenían que trabajar en el turno de tarde.
También han acudido los 13 trabajadores que tenían que incorporarse en dicho turno a la torre de control del aeropuerto de El Prat.
Además, ya están trabajando los 9 controladores previstos para cubrir el turno de tarde en el centro de control de Valencia.
A las 15.00 horas, antes del relevo del turno de tarde, que se está produciendo con normalidad, acudieron a su trabajo 109 controladores del total de 159 programados.
El primer vuelo salió a las 14.00 horas de Gran Canarias con destino a Luxemburgo, al que siguieron 6 más, aunque Fomento no ha precisado adónde volaron. EFE
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha garantizado hoy que no volverá a haber problemas en los aeropuertos en Navidades ni después y ha aseverado que el Ejecutivo está firmemente comprometido a impedir que una minoría como los controladores ponga en jaque el interés general.
En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Rubalcaba ha asegurado que ya están trabajando alrededor del 90 por ciento de los controladores, una cifra "normal" que está permitiendo que ya se esté operando la práctica totalidad de los vuelos, aunque Aena ha comunicado que tardará 48 horas en recuperar la normalidad absoluta.
Pero lo que ha querido dejar claro "sin sombra de duda alguna" es que el Gobierno no va a consentir que se vuelva a reproducir una situación como la vivida en las últimas 24 horas, tras la huelga masiva e imprevista de los controladores, que llevó al cierre del espacio aéreo español y dejó en tierra a más de 600.000 pasajeros.
"Esto no va a volver a pasar; tenemos mecanismos legales, y lo hemos demostrado, para impedir que vuelva a pasar", ha subrayado Rubalcaba, antes de hacer hincapié en la determinación del Gobierno para evitarlo.
Rubalcaba ha explicado que Aena está abriendo ya expediente a todos los controladores que hayan faltado a su puesto de trabajo sin razón o justificación alguna, sin perjuicio de las actuaciones penales que está desarrollando la Fiscalía o de las que pudieran derivarse de las denuncias que interpongan los ciudadanos en los juzgados.
"Habrá consecuencias sin duda para aquellos que de una forma irresponsable, inexplicable y muy dañina han abandonado sus puestos de trabajo", ha sentenciado.
Ante estos "sucesos gravísimos", ha constatado que el Ejecutivo ha cumplido "con su deber" y "ha hecho lo que tiene que hacer un gobierno, que es hacer que la ley se cumpla e impedir que los intereses generales se vean menoscabados por el chantaje de algunos ciudadanos".
"Y lo vamos a seguir haciendo. El Gobierno no va a permitir que se vuelva a producir una situación como ésta y para ello van a aplicar la ley con firmeza y determinación", ha apostillado.
Ha anunciado además que pedirá en las próximas horas su comparecencia en el Congreso para explicar las razones que han llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma, que durará 15 días, prorrogables si el Ejecutivo decide solicitar la pertinente autorización al Parlamento.
Una posibilidad que, según ha dejado entrever, el Gobierno no descarta.
La breve rueda de prensa se ha producido tras la reunión de la comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis, que ha presidido el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.
En esa reunión se ha analizado la situación actual, después de que los controladores comenzaran a incorporarse a sus puestos de trabajo tras el decreto sobre el estado de alarma, por el que ese colectivo ha quedado movilizado y ha pasado a depender de la jurisdicción militar, situación en la que seguirán los próximos quince días.
A partir de ahora, ha dicho el vicepresidente, procede hacer una evaluación somera de las repercusiones de esta "huelga salvaje" de controldores, un suceso "de una enorme gravedad que ha tenido consecuencias muy dañinas", tanto para las personas afectadas, como para las compañías aéreas, los hoteleros e incluso la imagen de España.
Pese a que todavía no han realizado ningún cálculo de las pérdidas económicas que puede haber ocasionado este paro masivo, ha considerado que "para ningún país es bueno un bloqueo de sus aeropuertos durante 24 horas".
Ante la posibilidad de una reanudación de las negociaciones, Fomento ha recordado que no volverá a conversar "mientras persista la postura" de este colectivo. No obstante, sí ha reconocido que hay una "línea de contacto" para "saber qué van a hacer".
Asimismo, ha apuntado que para que vuelva la negociación será necesaria la "normalidad", al tiempo que ha recordado que los que "se han levantado de la mesa" son los controladores.
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