Una leyenda sobre los periodistas indica que no leen los periódicos; pues bien, en el caso de El Mundo podemos desmentirlo, ya que ayer domingo se apresuró a dar como propia la noticia que LA GACETA había dado el sábado sobre la grabación de todas las llamadas telefónicas de los controladores, también las de sus números privados, establecida por el Gobierno.
Rubalcaba no se anda con chiquitas: lo malo es que creen que el ordenamiento legal es papel mojado cuando se interpone a sus designios, a sus planes totalitarios. Ahora desmiente sus "intervenciones", pero ¿por qué creerle? Ya es desmesura declarar un estado de alarma por su incapacidad para meter en cintura a los controladores, pero tienen tan buena imagen de sí mismos que las cautelas les parecen melindres. No se dejan impresionar por el hecho de que ningún Gobierno democrático haya recurrido jamás a ese estado de excepción que exige la existencia de un grave peligro para el conjunto de la nación que no se pueda combatir por otros medios. Rubalcaba, como un nuevo Luis XIV, cree que el Estado es él, y que si él se ve amenazado, el Estado se encuentra en peligro. Ésta interesada confusión ha propiciado que el estado de alarma se prolongue una primera vez, y ya veremos lo que da de sí esta prórroga. Mientras tanto, y llevados de su peculiar sentido de la responsabilidad, que consiste en que el Gobierno no tenga que dar explicaciones a nadie, haga lo que haga, los hábiles telefonistas han sido dedicados a escudriñar las conversaciones privadas de los controladores, a ver si por fin descubren que toda la trama se origina en algún primo del PP, lo que daría al asunto la conveniente dimensión política que muchos de sus seguidores echan lastimosamente en falta.
La patrimonialización del poder es un riesgo moral que afecta a todos los Gobiernos, pero el PSOE ha dado muestras más que suficientes de que se trata de una perversión que no se condena en sus códigos éticos. La ley deja de serlo siempre que les convenga, y por el tiempo que les resulte útil. Ningún precepto ético o legal es suficientemente sólido como para impedirles hacer lo que les place. Ellos establecen, por ejemplo, fuertes normas de incompatibilidad para los demás, pero se las saltan cuando el caso les afecta. Ellos consideran que recibir unas baratijas como regalo es grave quebranto de la ley, pero se asombran de que se pretenda empapelar a Bono por los millonarios dones y permutas con que le han beneficiado sus innumerables y generosos amigos inmobiliarios.
Hay que recordar a este Gobierno que el estado de alarma y la militarización de los controladores también tienen sus límites. Es muy grave que se viole el derecho a la intimidad de cualquiera, incluso si fuese un delincuente, si eso no se hace con las debidas cautelas y bajo la tutela judicial correspondiente. No se trata ya de la discutible legalidad de una medida como la que hemos dado a conocer al público, sino de que nos asusta la avilantez con la que el Gobierno se toma a beneficio de inventario todas las disposiciones que previenen la arbitrariedad y el abuso de poder. Ni siquiera los controladores, que se han ganado a pulso por su insolencia la repulsa de la mayoría de los españoles, merecen un trato vejatorio por parte del Ejecutivo y de sus aparatos policiales. Tienen derecho a la intimidad, tienen derecho a la tutela de las leyes y de los jueces, tienen derecho a defenderse, y el Gobierno no puede pretender que le apoyemos cuando pisotea los derechos esenciales, aunque sea con el propósito de vencer a los controladores.
Según el comunicado de Interior, "La vicepresidencia primera del Gobierno y el Ministerio del Interior desmienten rotundamente la información publicada por el diario El Mundo en su edición de este domingo".
La noticia en cuestión, firmada por Antonio Rubio, señalaba que "Rubalcaba ordenó al CNI pinchar los móviles de los controladores". En este sentido, explicaba que, según la información a la que había tenido acceso, el operativo "se puso en marcha el 4 de diciembre tras declararse el estado de alarma de acuerdo con lo dispuesto en dos notas internas del Centro".
Para rematar, el comunicado concluye: "El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, nunca ha ordenado la interceptación de las comunicaciones de ningún ciudadano".
Pese a todo, el comunicado de Interior no desmiente que la "interceptación de comunicaciones" se terminara produciendo. Simplemente se limita a señalar que Rubalcaba nunca las ha ordenado.
Decir que los focos se han concentrado esta semana en Juan Ignacio Lema es sólo un pretexto. Muy pocos españoles saben quién es Juan Ignacio Lema Devesa; pero si decimos que se trata del presidente de Aena nombrado por el ministro José Pepiño Blanco, la cosa cambia. Sin embargo, elegirlo a él para este rincón sigue siendo un pretexto o un símbolo del estado de alarma que padecemos hoy por décimo sexto día consecutivo, y él no es ni el único ni el máximo responsable de este desastre.
Lema es ingeniero aeronáutico y economista; no consta que se haya familiarizado con el derecho, así que no le es especialmente reprochable que no se haya opuesto ni a la ilegalidad del decreto que estableció el estado de alarma al margen de los requisitos legales, ni a la militarización de los controladores aéreos basada en una legislación derogada, ni al espectáculo ignominioso de la decisión parlamentaria de prorrogar este atropello. Pero le es atribuible, en cambio, la consideración de "don Ángel Siseñor" que se está ganando a pulso: le dicen lo que ha de hacer, y lo hace sin hacerse preguntas. Lo último es la nota enviada a los controladores anunciándoles que los teléfonos que usen están intervenidos.
Según contaba ayer LA GACETA, los controladores sabían que sus teléfonos estaban pinchados desde hacía mucho tiempo, y la única novedad que aprecian es que ahora es muy probable que se escuchen esas grabaciones sin que medie una reclamación como exige la ley. Interesante cuestión: el estado de alarma, ¿autoriza a una empresa, o al Gobierno, a hacer eso? ¿Dónde está el soporte legal de semejante conducta? Preguntas como éstas no son filigranas de maniático formalista, ni mucho menos, porque según cómo se contesten pueden ser una prueba más de que el Gobierno, con la complicidad de los partidos políticos que no se han opuesto, ha asestado un hachazo al Estado de Derecho (que no se les cae hipócritamente de la boca), del que ya veremos cómo nos recuperamos, si es que lo hacemos alguna vez.
Lo más inquietante de todo es que personas como Juan Ignacio Lema están colaborando con los liberticidas convencidos de que obran bien, e incluso podría darse el caso de que se creyeran hasta unos heroicos patriotas. En estos días ya he oído repetidamente algo estremecedor: los ciudadanos, en su inmensa mayoría, no notan el estado de alarma, y siguen viviendo con toda normalidad. Exacto, justo lo mismo que decía el almirante Carrero Blanco cuando el estado de excepción de 1969. Sólo los que tienen algo que temer pueden inquietarse ante el estado de excepción, decían. Argumento falaz donde los haya, que justificaría un estado de excepción permanente, del que no se darían cuenta los que obedecieran sin rechistar.
Ya digo que el presidente de AENA es un pretexto, porque en realidad los focos se han concentrado esta semana en la prórroga del estado de alarma, y Lema es sólo una de las últimas poleas de este polipasto liquidador de la seguridad jurídica. Pero él también tiene su responsabilidad.
Con libros en varios idiomas, la biblioteca de Hermann Tertsch no sólo da indicio de una cultura en la mejor tradición del cosmopolitismo europeo, sino que entronca de modo directo con la vida y el trabajo de quien fue, entre los años ochenta y noventa, uno de los grandes cronistas de la caída de los regímenes del comunismo en la Europa oriental. De aquellos años como corresponsal centroeuropeo, los anaqueles de Tertsch rebosan de volúmenes –algunos firmados por intelectuales disidentes como Adam Michnik– con un propósito común: la defensa de la libertad del individuo frente a la imposición autoritaria. Años después, ahora desde sus columnas en Abc y su programa en Telemadrid, Tertsch se mantiene en esos mismos ideales. Buena prueba de ello es Libelo contra la secta (La Esfera), un libro que, rumbo ya a su tercera edición, narra "la agitada peripecia personal del autor en los años negros del zapaterismo".
-Causa espanto la narración de su salida de 'El País'... -La gente antigua de aquella casa, socialdemócrata e ilustrada, fue sustituida por una izquierda rencorosa y revanchista y muy poco culta. El proceso de degradación de Prisa y el PSOE han ocurrido a la vez: basta comparar a los ministros de González con el desecho de tienta que hay ahora. Es una selección negativa, la selección de lo peor.
-Los progres a usted no le han perdonado... -En la izquierda hay un resentimiento y una voluntad de aniquilar a quienes se rebelan contra sus verdades decretadas. Hay una parte de la izquierda que nos deportaría si pudiera. Nunca hacen frente a la crítica, siempre van contra el hombre. Te ignoran el tiempo que pueden, eso sí. Luego, funcionan a lo bolchevique, fijando lealtades, enemigos y apóstatas. Hoy hay muchos que siguen en medios de izquierdas, que se han quedado allí como eunucos, sin poder escribir en libertad. Yo me negué a eso.
-En el libro muestra su decepción ante unos españoles que "no han reaccionado" contra el zapaterismo... -Así es. ¿Cuánta gente está en desacuerdo y se sigue callando? Por triste que sea, si la crisis no estuviera aquí, seguiría habiendo tolerancia y pasividad hacia las mentiras del zapaterismo. Hay un gran miedo al poder, porque ellos intimidan. Pero no podemos permanecer adormecidos e indolentes. Yo me sublevo. Y creo que es sano sublevarse. Llega un momento en el que la mentira se integra en el sistema, y ante eso hay que tener valor para defender los valores, so pena de ser deshonesto. Y, si uno puede hacerse oír, el deber cívico, no ya el periodístico, es denunciar la situación. Y allá los que le llamen a uno "facha" o "judío nazi", como hacen.
-En estas circunstancias, ¿pueden cambiar las cosas? -Sí. Los españoles hemos hecho grandes cosas. Teníamos un orgullo de nuestra Transición. Por experiencia, le digo que ha sido ejemplar para Europa y América. De Hável a Geremek, todos los grandes del Este la admiraron.
Aquí, en España, casi no estamos prestando atención al asunto, quizá porque bastante tenemos con lo nuestro, pero el hecho es que nos hallamos inmersos en plena celebración del bicentenario de las independencias iberoamericanas. Hace 200 años, los españoles del otro lado del mar dejaron de ser españoles.
En 1810 comenzó la revolución de mayo en Buenos Aires. En septiembre de ese año, el cura Hidalgo se sublevó en México con el famoso Grito de Dolores (que es un sitio, no una señora ni un malestar). Cartagena de Indias (Colombia) se declaró independiente en 1811. El mapa del mundo cambió. Pero, ¿de verdad sabemos qué pasó?
Contra lo que pueda parecer, España está tomando parte en las conmemoraciones. Para ello se ha creado una comisión (como no podía ser de otro modo) cuya cabeza visible es nada menos que Felipe González, ex presidente del Gobierno español y actualmente agente destacado del financiero mexicano Carlos Slim. El señor González actúa en calidad de "embajador plenipotenciario extraordinario", que es un título casi pontificio. Poco más se puede decir. Hay una web oficial (bicentenarios.gob.es), donde es posible encontrar algunos materiales al respecto. Posible, sí, pero no necesariamente aconsejable, porque el perfil medio del relato oficial da más pena que otra cosa.
Lo de siempre
¿Qué atmósfera está cobrando la celebración oficial de este bicentenario? En general, puede definirse como una amplificación del discurso nacionalista de las repúblicas iberoamericanas; repúblicas que encuentran en la lejana fecha de la independencia su razón de existir. Los que hoy cortan el bacalao en México, Venezuela o Argentina se sienten herederos de Hidalgo, Bolívar o San Martín; es eso lo que legitima su poder. Por otro lado, como el discurso general es nacionalista y reivindicativo, hace falta un malo. Y ese malo es, naturalmente, España, la cual se presta gustosa al ejercicio de flagelación. Lo de siempre, en fin.
Si España fuera un país serio y sus intelectuales mantuvieran un cierto sentido crítico (de patriotismo mejor no hablar), tal vez alguien debería preguntarse si no estamos celebrando una fantasmagoría. Porque, en efecto, uno escucha los discursos oficiales del bicentenario y tiene la impresión de que festejamos la rebeldía de unos bravos pueblos oprimidos contra el reaccionario y abominable opresor. Pero hacen falta muy pocas lecturas para descubrir que las independencias iberoamericanas se parecen a esa imagen como un huevo a una locomotora.
Los virreinatos no eran colonias. Los criollos no eran un pueblo oprimido. Las gentes que mandaban allí y las que mandaban aquí eran aproximadamente la misma gente. Las luchas por la independencia no fueron levantamientos contra un poder extranjero, sino guerras civiles entre facciones opuestas de criollos. Una de esas facciones era partidaria de la independencia por razones múltiples y variadas, donde la influencia británica no era la menor de las fuerzas.
La facción independentista vio en la invasión napoleónica de España una oportunidad de oro para levantarse. Al principio, el levantamiento no fue antiespañol, sino antifrancés: las Indias recogían la legitimidad de un poder –la Monarquía borbónica– que se había entregado al enemigo. Pero eso fue sólo al principio: enseguida se vio que los levantamientos escondían una ambición más amplia. Lo que se desencadenó a partir de ahí fue una sucesión de guerras civiles. Guerras de españoles americanos contra españoles americanos. Así se llegó a las famosas emancipaciones. El discurso oficial español, abonado desde hace años a construir nuestra propia leyenda negra, prefiere acercarse a los discursos nacionalistas iberoamericanos. Pero eso no quiere decir que no haya materiales útiles para conocer la verdad.
José Antonio Ullate ha escrito un libro utilísimo para situar en su verdadero contexto el problema: Españoles que no pudieron serlo (Libros Libres, 2009). El historiador y político colombiano Pablo Victoria ha aportado dos volúmenes que debería ser obligatorio leer en nuestras escuelas. Uno de ellos, Al oído del rey (Áltera, 2008), es una exposición imprescindible de las verdaderas causas que movieron a la independencia. El segundo, La otra cara de Bolívar, es una feroz desmitificación, exhaustivamente documentada, del Libertador por antonomasia, convertido hoy en tótem por la Venezuela de Chávez.
Por cierto, que este libro fue publicado en Colombia por Planeta con gran éxito, pero la editorial de Barcelona no se ha tomado la molestia de distribuirlo en España. Y otra recomendación: el volumen Modernidad e independencias, coordinado por François-Xavier Guerra (Encuentro, 2009), que es una excelente fuente documental para conocer la realidad americana antes de las emancipaciones.
No podemos esperar que Felipe González vaya a leer a estos autores, pero sí sería bueno que los opinadores españoles, a la hora de hablar sobre el asunto, tengan el coraje intelectual de alejarse de los tópicos emancipatorios; que sólo sirven para mantener en el poder a las actuales castas políticas del otro lado del mar. Las independencias no fueron el justo grito de rebeldía de un pueblo oprimido, sino una larguísima sucesión de guerras civiles entre las elites criollas. No puede extrañar que los indios, en su inmensa mayoría, sintieran profunda antipatía hacia los libertadores. Eso debe tenerse en cuenta a la hora de hacer balance.
Y ya que de hacer balances históricos se trata, igualmente recomendable sería trazar el de unas naciones –las iberoamericanas– que desde su independencia hasta la fecha de hoy han conocido alteraciones sin cuento, continuas dictaduras, frecuentes matanzas, recurrentes épocas de carestía y otras calamidades que, ciertamente, es difícil achacar a España. Por mucho que los propios españoles nos empeñemos en echarnos la culpa de cuanto desaguisado aflora en el mundo.
Es una ortografía "científica" y "razonada", además de "coherente, exhaustiva y simple". Así la definió Salvador Gutiérrez Ordóñez, lingüista y académico, encargado de coordinar los trabajos de la última edición surgida de los esfuerzos filológicos de la Real Academia. Al tiempo, se trata de la primera ortografía panhispánica, surgida del trabajo "codo con codo y en pie de igualdad" de la Academia Española junto con sus "academias hermanas" de América y Filipinas.
Precisamente en virtud de esa vocación panhispánica se ha producido uno de los cambios más polémicos de una norma que nació envuelta en polémica y que fue motejada de "ortografía yeyé", por la nueva denominación de la "i griega". El cambio en el que han cedido los hispanohablantes peninsulares es en el caso de palabras como "guion", "truhan" o "Sion", que en España se pronuncian como bisílabos –y, por tanto, podían acentuarse– y en América como palabras monosilábicas, por lo que no llevaban tilde. Esta última, la americana, ha sido la opción vencedora.
En vista del revuelo mediático causado, los académicos, en su reciente reunión en Guadalajara (México) para ratificar la ortografía, optaron por suavizar su discurso y "recomendar" y hacer "propuestas de futuro" en vez de imponer los cambios. Estas propuestas de futuro, de clara intención pedagógica destinada a las nuevas generaciones, afectan a las denominaciones de las letras como "i griega"/"ye", "be" y "uve"/"be larga" y "be corta", o la acentuación de los pronombres demostrativos ("este", "ese", "aquel") y de "solo" cuando equivale a "solamente". Las opciones de los académicos en favor de "ye" o de la no acentuación de las palabras recién mencionadas se quedan en recomendaciones, por lo que no cometerá falta quien escriba "sólo pienso en leer", por ejemplo. Se opta por poner "c" en "Catar" por "Qatar", en éste y otros casos similares.
Las mayúsculas y minúsculas también varían: por importantes que sean, cargos como el de papa o el de príncipe deben ir en minúscula por ser nombres comunes. Y se refuerza la transliteración a la española de los nombres extranjeros: "sexi" por "sexy". Los académicos también insisten en la importancia de cuidar la ortografía a la hora de utilizar las nuevas tecnologías.
Los análisis prospectivos de Goldman Sachs, respetados por quienes tienen poder para influir en el devenir del capitalismo global, calculan que dentro de 20 años, cuando España esté quizá lamiéndose de nuevo las heridas por el centenario de la República, el peso relativo de nuestra nación será tres veces menor, en un entorno europeo decadente frente al agresivo empuje de otros grupos humanos.
En una sociedad como la nuestra, anestesiada por estériles disputas partitocráticas, fragmentada por paletos complejos localistas, víctima de una descomposición ideológica sorprendente que el pueblo acepta gustoso, puede parecer tarea baldía e inútil hacer frente a esta decadencia que parece imparable. Nuestros enemigos de dentro y de fuera lo hacen muy bien y el panfilismo de nuestra vulgocracia colabora eficazmente. Va siendo urgente que algunos grupos, por minoritarios que sean, logren elevarse sobre los inmediatismos coyunturales, cainismos maniqueos y tópicos perezosos que nos tienen paralizados, para afrontar con independencia y patriotismo el estudio de planes y programas que puedan favorecer que España mantenga su vigor y no sea simple pretérito histórico.
Quizá sea necesario que nos sacudamos leyendas negras y ataduras europeas que nos mantienen atrapados y dependientes. Quizá sea urgente frenar ese ridículo que nuestros mentecatos dirigentes van extendiendo a todos los grados educativos, consistente en formar cada vez más a los españoles en la lengua inglesa. Quizá sea determinante tomarnos en serio nuestra pertenencia a uno de los grandes grupos humanos realmente existentes: el formado por quienes hablamos español; una realidad integrada por 20 naciones cuyos intentos de unidad vienen siendo frenados desde hace siglo y medio mediante disolventes ideologías latinoamericanistas, panamericanas e indoamericanas. Quizá debamos procurar que España se integre en Hispanoamérica.
Roma, Atenas, Londres, París… La hasta hace bien poco plácida Europa del bienestar es hoy un polvorín a punto de saltar por los aires. No hay más que ver las violentas manifestaciones de las últimas semanas. Son jóvenes que han crecido en países, en hogares donde no había más que pedir para recibir –de papá o del Estado–, donde todo era posible, donde todo era –o parecía ser– gratis. Y lo peor es que lo era sin esfuerzo alguno por su parte.
Ésa es la cultura que hemos transmitido a las nuevas generaciones y por eso ahora estamos pagando las consecuencias. Se rebelan con rabia e impotencia ante un el futuro prometedor que hemos dibujado ante sus ojos y que hoy se ha desvanecido por completo. ¿Debemos reprochar su ira, sus actos de vandalismo? Sí, merecen una condena sin paliativos, pero alguna responsabilidad como individuos y como sociedad tenemos en todo esto. La crisis económica y financiera no ha sido más que la dolencia que nos ha alertado de que la Europa del siglo XXI padece un cáncer de dimensiones dramáticas. Y eso no se cura de la noche a la mañana y menos con aspirinas. Pero son pocos los que han tenido el coraje de explicar a la opinión pública lo que sucede sin tapujos, sin medias verdades.
Lo hemos visto en el último consejo europeo. Angela Merkel –bien es verdad que empujada por unos contribuyentes alemanes hartos de pagar la factura de la fiesta perpetua– se ha plantado con firmeza frente al resto de gobernantes europeos. Su negativa a las pretensiones de Sócrates o Rodríguez Zapatero, pidiendo un fondo de rescate más elevado para evitar que la desconfianza de los inversores hacia Portugal o España dispare aún más sus primas de riesgo, les ha puesto al fin, cara a cara, ante sus responsabilidades.
El destino de los países que gobiernan está en sus manos. ¿Habrá tomado nota nuestro presidente? ¿Se lo explicará a los ciudadanos el miércoles en el Congreso?
"¡Que les corten la cabeza!". El grito de un manifestante británico a los príncipes de Gales encerrados en su Rolls Royce durante los recientes disturbios en Londres puede descontarse como un mero susto sin consecuencias. Pero es también un símbolo de la radicalización de la calle europea ante los primeros y tímidos intentos de desmontar un elefantiásico Estado del Bienestar insostenible al que la crisis financiera de 2008 dio la puntilla.
Los últimos –los más recientes– han sido también los primeros. Grecia vuelve a arder, meses después de que miles de helenos tomaran las calles en las revueltas más violentas de las últimas décadas, saldadas con tres muertos, al conocerse que los griegos tendrán que recortar 20.000 millones de euros de gasto público en dos años. El miércoles pasado volvió a arder Atenas por las consecuencias de la deuda, y esta vez resultó herido el ex ministro de Transportes Costis Hatzidakis. Entre los primeros disturbios griegos y los de esta semana, dos millones de franceses mantuvieron el país prácticamente paralizado a lo largo de seis jornadas de huelga general contra el proyecto –triunfante– de retrasar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años a mediados de octubre; los estudiantes protagonizaron varias marchas vandálicas en Londres a partir del 9 de diciembre, cuando el Gobierno –incumpliendo un compromiso electoral de los Liberal Demócratas de Nick Clegg– triplicó el coste de las matrículas universitarias; también las tasas universitarias fueron el desencadenante de la violenta marcha de los estudiantes italianos el mes pasado en Roma; en Irlanda, el paso de la opulencia –el tigre celta– a la ruina y el rescate europeo fue tan rápida y violenta que dejó a los sindicatos sin fuerzas para organizar movilizaciones, lo que no impidió actos aislados, pero significativos como bloquear el Parlamento de Dublín con una hormigonera o cubrir las fachadas de varios bancos con enormes carteles anunciando "activos tóxicos".
Mientras, en España un Gobierno socialista aplicaba los primeros recortes al sueldo de los funcionarios y una congelación de las pensiones sin que la desangelada huelga general convocada por los principales sindicatos lograra paralizar al país. Una vez más, ¿es España diferente? No, en opinión del sociólogo Amando de Miguel. "Es sólo una cuestión de tiempo. Somos más lentos, pero la contestación llegará inevitablemente y será violenta". Los primeros y tímidos intentos de desmantelar el Estado del Bienestar europeo, herido de muerte por la crisis financiera que estalló en Estados Unidos en 2008, han provocado una contestación popular que, en opinión de los expertos, no hará más que agravarse a medida que la deuda europea haga imposible seguir sosteniendo el sistema. "La situación irá a más, y veremos un respuesta violenta", apunta De Miguel. "En cierto sentido, la situación es similar a la que vivió la Europa de entreguerras y que dio lugar al nacimiento de los fascismos".
"Es difícil movilizar a los contribuyentes –sostiene el sociólogo Gustavo Bueno– porque carecen de asociaciones que canalicen las protestas".
Ninguna de las protestas ha provocado cambios políticos, pero el calentamiento europeo no ha hecho más que empezar, y es probable que la amenaza de violencia en las calles modere la determinación de los líderes europeos, especialmente a los que, como Nicolas Sarkozy o José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrentan a elecciones a corto plazo.
Europa se ha acostumbrado a un Estado del Bienestar de la cuna a la tumba que se ha revelado insostenible. "El gratis total para los servicios públicos se ha acabado", dice el director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo.
Para que los que dejan de trabajar cobren una pensión, lo primero que tiene que haber es trabajo. La reforma más urgente que precisa España es la laboral. Una reforma que permita que los españoles encuentren un trabajo, mejor o peor pagado, y que paguen impuestos. Sin cotizaciones, no hay pensiones. La reforma laboral, pendiente del reglamento, y aprobada hace unos meses no crea puestos de trabajo. Es urgente que los empresarios puedan despedir para contratar después. Lo segundo que tiene que pasar es que los salarios y la forma de vida en España tienen que empobrecerse. Somos más pobres como país, y tenemos que asumir que somos más pobres como individuos. Y, en tercer lugar tenemos que interiorizar que hay que devolver los miles de millones que tenemos en deudas. Me decía Luis Blázquez una noche de éstas, que el problema de la deuda es de vencimientos. De amortizaciones, pero también de montante. Por mucho que tengas los vencimientos alargados en el tiempo, si no ingresas para pagar, difícilmente dejarás de ser moroso.
Por arte de magia sabemos que en el tercer trimestre del año la deuda de comunidades autónomas y ayuntamientos ha crecido un 27% en tres meses. El ratio de deuda sobre el PIB de España está en el límite del 60%. Consistorios y autonomías deben el 10% del PIB. ¿Está el gobierno aflorando deuda? ¿Ha permitido a las comunidades endeudarse en el peor año de la crisis un 27% más?. Es inaudito. Llegó Moody's y descubrió el pastel. Zapatero y Salgado nos han arruinado sin que a uno se le mueva la ceja y a la otra un pelo.
Y como de ruina no se habla, porque eres antipatriota, resulta que iniciamos el debate de la jubilación. Bien. Según el Presidente, el alargamiento de la jubilación tiene que ser "flexible" hasta los 67 años. Ya. El problema no es jubilarse a los 67 años, el problema está en que ahora nos jubilamos a los 62 años de media. Dice el presidente que no es lo mismo jubilarse "del andamio que de operador telefónico". Pero si la política es acabar con las prejubilaciones, tendremos que entender que cuando dejas el andamio, habrá que trabajar de otra cosa. ¿ O no?. Y si vivimos más años con mejores condiciones de vida… ¿porque no se puede trabajar más años si, en teoría, estamos en iguales o mejores condiciones?. Convendría abrir el debate, porque es todo demencial.
Como demencial es el pastelón de las cajas de ahorros. Ahora resulta que para que no afloren pérdidas, el Banco de España les permite no provisionar contra resultados. Es un gigantesco solitario en donde todos nos hacemos trampas a ver si no nos pillan. Resulta que los planes de negocios de las cajas para el año 2011 dicen que van a ganar dinero… ¡Ya!. Por supuesto nadie apunta en ningún sitio los préstamos del FROB ( destinados no a sanear balance como se dijo, sino a prejubilar como todo el mundo sabía). Suma y sigue.
Como casi siempre que se toman medidas de carácter general, éstas suelen ser injustas. Así, el incremento de la edad de jubilación anunciado por el presidente del Gobierno puede ser aceptable para colectivos que podrían y desearían prolongar su edad de jubilación, pero existen otros muchos en los que esta medida es poco recomendable de cara al interés general. Si las empresas acuden a las prejubilaciones es por un tema de competitividad.
Recordemos que las que utilizan estos mecanismos son grandes compañías internacionalizadas que han demostrado una competitividad realmente puntera, bien por que es un sistema por el que reducen costes, el más habitual, bien porque se ha producido un desfase, normalmente tecnológico, del factor trabajo. Imponer por ley un retraso de ese mecanismo sin ofrecer una reforma estructural profunda de la formación continua en empresas y sin poner freno a la cada vez mayor diferencia salarial entre las nuevas incorporaciones al trabajo y los trabajadores en fase de salida, que es lo que permite la brutal reducción de costes, sólo va a provocar mayores despidos con un coste social que habría que cuantificar y una reducción aún mayor del salario de incorporación que compense esos mismos costes de despido.
Como en cualquier negocio, una cuenta de resultados deficitaria se arregla o bajando gastos o subiendo ingresos. Y esto último se puede hacer de muchas maneras sin incrementar la edad de jubilación, siendo la más sencilla y evidente el incremento de la base de cotización global del sistema, la cual viene definida por el salario de los trabajadores y por los años en los que reciben ese salario, pero esto último se puede hacer por arriba, como la reforma del Gobierno, o por abajo. ¿Por qué España no adapta el sistema de estudios de grado de cuatro años en vez de tres años como otros países? Ahí ya tenemos un año.
Es verdad que el nivel de formación de salida sería peor, pero en la mayoría de los casos suficiente, y podría acompañarse de un plan estructural de formación continua en la empresa donde el sistema universitario tiene mucho que decir aportando formación, investigación e innovación. La única medida anunciada realmente efectiva y justa es incrementar el periodo de cálculo de la pensión hasta 25 años. Eso, que inicialmente puede tener el efecto perverso de reducir la pensión, provocará un incremento de la base imponible agregada casi inmediata, y con ello de la recaudación. Y es que todos aquellos empresarios y profesionales que cotizan por el régimen de autónomos y que lo hacían hasta ahora por la base mínima hasta los 50 años, cotizando por la máxima los últimos 15 para cobrar la pensión máxima, deberán hacerlo ahora desde los 42 años, con un incremento, haciendo números gordos, de alrededor de 700 euros al mes, lo que supone al año cerca de 9.000 euros. Si se multiplica por casi dos millones de autónomos que potencialmente podrían asumir dicho incremento, aporta una cantidad que genera una credibilidad notable a la sostenibilidad del sistema que los mercados saben leer. Si no, al tiempo.
*Jefe del Departamento de Investigación del Instituto de Estudios Bursátiles.
La secretaria general del PP y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que el "sacrificio" que el Gobierno ha exigido a los jubilados con la congelación de las pensiones "ya se lo ha comido" el pago de los intereses de la deuda de España, y ha añadido que "encima" el Gobierno pretende que el PP colabore con él en "esta estafa permanente".
Así lo ha afirmado Cospedal durante la Junta Directiva Provincial del PP en Toledo, donde ha asegurado que si se quiere hacer una reforma de las pensiones "en condiciones" tiene que ir acompañada de una reforma fiscal y laboral que sean "claras, rotundas y contundentes", porque "la mejor" política social, ha dicho, es el empleo.
Cospedal ha hecho referencia a la "campaña de la ceja" del PSOE en las últimas elecciones para asegurar que "la única política" para salir de la crisis que tiene el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "es la de endeudarnos hasta las cejas", además de pedir "sacrificios a los más débiles de la sociedad", en relación a los pensionistas.
La 'número dos' del PP ha afirmado que "el mensaje" tanto de Zapatero como del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, es el de "un producto caducado", ya que los españoles "saben muy bien" que hay "más 4.700.000, más de dos millones de familias en paro" y que la política de dependencia de Zapatero "no es nada".
Asimismo, ha asegurado que el presidente del Gobierno ha "dejado sin financiación" a los discapacitados, en relación a la Ley de Dependencia, y ha asegurado que Zapatero ha dejado a este colectivo "sin la posibilidad de tener una vida integrada".
Para la presidenta regional del PP, "lo malo no es que Zapatero dijera en su día una cosa y hoy diga otra distinta", sino que haya dicho "lo contrario", por lo cual "no hay quien le crea". De este modo, ha afirmado que "lo que más está minando" a la economía de España es "la falta e credibilidad y de confianza" del presidente del Gobierno.
Los principales partidos españoles han confirmado que España llevará a cabo una suspensión parcial de pagos. El incumplimiento del compromiso no consistirá, por ahora, en un default de la deuda pública, que afectaría decisivamente a la posibilidad de financiación y refinanciación del Estado.Eso vendrá más adelante, si el Gobierno no recorta decididamente el tamaño del Estado y pone ya en marcha las reformas estructurales que eliminen las actuales barreras a crear empleo y empresas competitivas en este país. España se hunde, se desmorona, según la acertada expresión acuñada por Alberto Recarte. Por ahora, la suspensión anunciada se limita a incumplir las promesas de los pagos a los más débiles: los jubilados.
Resulta patético ver a los representantes de nuestra partitocracia en el Pacto de Toledo, vendiendo como deseable y necesaria una suspensión parcial de unos pagos que llevan años prometiendo falsamente como garantizados a medio y largo plazo. El acuerdo al que han llegado consiste básicamente en rebajar la ya de por sí baja pensión entre un 5% y un 10%, dependiendo de en cuántos años se amplíe el cómputo de la pensión (a 20 ó a 25 años) y obligar a los asalariados a pagar más por ella, forzándoles a trabajar más años.
A juzgar por las primeras declaraciones, la consigna oficial parece ser que, a la hora de explicar la medida, los políticos han de envolverla en palabras altisonantes como solidaridad y consenso. Pero no puede ser más falso.
La decisión no es ni solidaria ni consensuada. Se puede argumentar que no había alternativa, que después de años mintiendo a los españoles sobre la naturaleza fraudulenta de las pensiones públicas de reparto (cuyo funcionamiento está estrictamente prohibido en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista) había que reconocer la realidad, que el sistema público de pensiones es insostenible y que, en palabras del flamante premio Rey Juan Carlos de Economía 2010, Pedro Schwartz, se dirigen al abismo.
Pero argumentar que la reforma es solidaria es una nueva tomadura de pelo a personas que, con esta medida, los políticos reconocen haber empobrecido durante años. Ni es solidario el sistema monopolístico y coactivo por el que se enfrenta a unas generaciones con otras, ni tiene el más mínimo resquicio de solidaridad obligar a los mayores a pagar y trabajar más años para recibir menos pensión.
Tampoco es cierto que la medida haya sido consensuada. Un consenso surge del acuerdo de las partes, y es evidente que en el importante caso que nos ocupa sólo están de acuerdo en suspender parcialmente pagos los políticos, que nos obligan a participar en este sistema de pensiones que parece sacado de un manual de trilería. Los usuarios no aparentan estar muy de acuerdo, a juzgar por las encuestas.
El recorte de las pensiones llega en medio de la dramática situación financiera de España. La imagen que dan los políticos al llevar a cabo los recortes es que el sistema era tremendamente generoso. Nada más lejos de la realidad. Las pensiones no son altas.
Si el mismo dinero aportado por los trabajadores a lo largo de su vida laboral se hubiese dedicado a ser capitalizado sin restricciones políticas en el mercado, la pensión sería significativamente superior y sostenible. El problema no era la generosidad de las pensiones, sino la insuficiencia e insostenibilidad de un sistema que no tiene nada que envidiarle en su estructura al chiringuito financiero de Madoff.
Equilibrio presupuestario La solución a corto plazo de nuestra crisis financiera tendrá que venir por la vuelta al equilibrio presupuestario. Ese retorno a la sana norma de no gastar más de lo que se ingresa (especialmente cuando gestionas dinero ajeno) debe venir por el lado del recorte de gasto público, dado que la fiscalidad ya es extremadamente elevada y una nueva vuelta de tuerca impositiva podría terminar de asfixiar a España.
Ese es el contexto en el que se produce esta suspensión parcial de pagos en las pensiones. Pero para desterrar el déficit público habrá que mejorar la competitividad de las empresas y los trabajadores, de manera que se pueda generar empleo. Esa es la vía de aumentar la recaudación que ayude a equilibrar las cuentas y no la subida de tipos impositivos, que, en general, ya están por encima de la media comunitaria.
Y siendo todo esto necesario, las reformas no pueden quedarse aquí. El sistema de pensiones de reparto ha contribuido decisivamente a la crisis económica que sufrimos. Es parte de una maquinaria política y una filosofía perversa que sugiere a la población que puede haber inversión, crecimiento, elevado consumo y garantía de mayores rentas futuras sin necesidad de ahorrar.
Se trata de una farsa, una ilusión que sólo se puede mantener en condiciones muy concretas y, en general, sólo durante algunas décadas. De ahí la suspensión de pagos anunciada. La solución definitiva pasa por cambiar el sistema de pensiones, transformándolo en uno de pensiones de capitalización en el que los trabajadores deban ahorrar para obtener su pensión, sean dueños de unos fondos que se inviertan a largo plazo, ayudando a mantener la inversión en su sociedad, alejándola de gigantescos apalancamientos y burbujas financieras, y les permita jubilarse a la edad que les de la gana, en vez de ser forzados a trabajar hasta que les permitan dejarlo. Y aún convendría añadir una medida más: jubilar anticipadamente a esta generación de políticos cuyas políticas conducen a la suspensión de pagos.
El suplemento Mercados, del diario El Mundo, publica un "top 100 del derroche autonómico español". Millones de euros del bolsillo de los ciudadanos gastados en aeródromos donde no se puede aterrizar, altos cargos con sueldos vitalicios, subvenciones, museos de la boina y un escandaloso etcétera.
El Grupo Intereconomía ha conseguido recaudar 740.714 euros para luchar contra el paro. Después de 24 horas seguidas en este maratón de lucha contra el paro, todos y cada uno de los profesionales que forman el Grupo Intereconomía así como sus invitados y contertulios pueden decir orgullos que entregarán a Caritas la cifra de 740.714 euros para su lucha contra el paro.
Este maratón que inició Xavier Horcajo el sábado 18 de diciembre a las 22:00 y por el que han pasado los grandes rostros de Intereconomía TV ha finalizado con Antonio Jiménez y algunos de sus tertulianos de El Gato al Agua celebrando la increíble cifra conseguida.
La respuesta ha sido muy satisfactoria, demostrando, una vez más, que Intereconomía se mantiene fiel a sus principios e ideas y sus seguidores responden con compromiso ante los problemas de nuestra sociedad.
Los verdaderos ganadores han sido los españoles y su generosidad, que, en estos momentos tan difíciles, han demostrado que grano a grano se construye una montaña. Así, la sociedad civil vuelve a cumplir y con mucho las expectativas.
El pasado sábado me desplacé a Valencia para participar en la clausura del seminario Cuba: vísperas de libertad organizado por la Fundación Hispano-Cubana. Hice el trayecto desde Madrid en tren y a la vuelta me abordó un viajero, un pequeño empresario que me transmitió sus inquietudes ante los difíciles momentos que estamos atravesando. Me explicó que tiene tres empleados de los que seguramente tendrá que prescindir el próximo mes de enero. Lleva acumulando pérdidas durante muchos meses y ya no puede aguantar más.
Una vez me puso al corriente de sus zozobras, pasó a darme su interpretación de lo que está sucediendo. Hemos construido un Estado, me dijo, en el que una multiplicidad de Administraciones nos obligan a correr con el gasto de más de tres millones de empleados públicos, de miles de empresas públicas, de una absurda proliferación de normas y de las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos. Según su interpretación, nos vemos obligados a congelar las pensiones, a retrasar la edad de jubilación y a alargar el periodo de cotización para percibirlas porque un enjambre de políticos nacionales, autonómicos y locales consume ingentes recursos en funciones duplicadas, ineficientes o inútiles, u ocupan puestos superfluos creados únicamente para colocar a correligionarios, enchufados o familiares. Me manifestó asimismo su airada incomprensión por la a su juicio inexplicable atribución con carácter exclusivo a las comunidades autónomas de competencias como la Sanidad o la Educación.
En este terreno, me ilustró con el ejemplo de un pariente suyo muy próximo que a la hora de someterse a una delicada intervención quirúrgica en una comunidad distinta a Madrid, en busca del equipo mejor de España en la correspondiente técnica, ha debido sufragar a su cargo la operación debido a la fragmentación de nuestro sistema público de salud. Ésa es la voz de la calle. Ésa es la realidad que tarde o temprano nos estallará en las manos.
Igual que hiciera su segundo en dos ocasiones, Pedro Horrach, el fiscal jefe Anticorrupción de las Islas Baleares, Juan Carrau, escrituró su vivienda por menos de la mitad del valor de tasación que le concedió La Caixa. Sucedió en 1992, cuando Carrau adquirió un sobreático en un edificio de Palma de Mallorca y aseguró en el Registro de la Propiedad haberlo comprado por 54.091,09 euros (nueve millones de pesetas).
El mismo día, solicitó una hipoteca al banco de 85.343,72 euros (14.200.000 pesetas). La entidad tasó la vivienda en 117.557,97 euros (19.560.000 pesetas), más del doble de lo que Carrau consignó. Si hubiera tributado conforme al valor de tasación bancario, el fiscal jefe Anticorrupción no habría podido ahorrarse 3.966,68 euros (660.000 pesetas) que dejó de pagar a Hacienda.
Conocido en Baleares como el "azote del PP" y convertido por ello y gracias a su perseverancia en personaje mediático, Juan Carrau fue quien dirigió la investigación del origen del patrimonio del ex presidente autonómico Jaume Matas, centrando el arranque de sus pesquisas en el supuesto de que Matas habría adquirido una vivienda en el centro de Palma a un precio muy inferior al de mercado, acusándole por este motivo y entre otros supuestos delitos a raíz del caso Palma Arena, de falsedad en documento público y fraude fiscal.
En el año 2004 ETA estaba derrotada, aunque no hubiera desaparecido. Hoy ETA puede desaparecer, pero no necesariamente haber sido derrotada. Es más, existe el peligro cierto de que ETA pueda cosechar con la paz los logros, aunque sea parcialmente, que no consiguió a través de décadas de sembrar el terror en toda España. No basta con la desaparición de ETA, es necesaria, resulta imprescindible, la derrota total de ETA.
La derrota de los terroristas significa antes que nada que no hay un final pactado del terrorismo, que no existe condición alguna para cesar en su acción criminal, que al final del partido no se amaña un empate para poder concluirlo. Hace tiempo que las mesas de diálogo, las tomas de temperatura, los contactos, las verificaciones sobre la voluntad de los terroristas, las conversaciones y aproximaciones a los entornos, han perdido todo su sentido y resultan crontraproducentes. Hoy los únicos interlocutores con los terroristas deben ser los policías y los guardias civiles que los detienen y los jueces que los condenan. No hay más.
La derrota de los terroristas significa en segundo término que no habrá impunidad para los asesinos ni para sus cómplices. Aspiramos a la paz, pero lo paz debe ser justa. El final del terrorismo no significa en ningún caso que desaparezcan las responsabilidades por los crímenes cometidos. Los terroristas deben cumplir sus penas íntegramente y lejos de recibir ningún privilegio penitenciario se les debe aplicar el régimen de prisión con el mayor rigor, por la especial atrocidad de sus acciones. Pagar por el daño causado no es solo un principio esencial de resarcimiento moral a unas victimas del terrorismo que han mantenido una fe democrática y una confianza en la Justicia admirables, sino un mecanismo de disuasión esencial frente a cualquier forma futura de terrorismo.
En tercer término, debemos buscar la derrota política y no solo policial del terrorismo. El proyecto de ETA no tiene solo una dimensión criminal, sino también un carácter totalitario que debe ser derrotado democráticamente, como lo fue el nazismo. Batasuna, por la ideología totalitaria, etnicista y antidemocrática que representa, no puede tener cabida en la democracia española, de la misma forma que el partido nazi no tiene cabida en la democracia alemana. La ausencia de Batasuna o cualquiera de sus franquicias de las urnas en las próximas elecciones municipales es de hecho lo más eficaz que podemos hacer para debilitar a ETA en estos momentos.
Es preciso por último ganar a ETA la batalla de la historia. No puede haber justificación alguna para esos criminales en la sociedad vasca. Los terroristas han deslegitimado con la sangre de cientos de inocentes los fines políticos que pretendían alcanzar con el terror. Es preciso que se avergüencen de su pasado, que pidan perdón a sus victimas, que se arrepientan de todos y cada uno de sus actos criminales. No podemos consentir que sean los derrotados los que escriban la historia y pretendan impartirla en las escuelas vascas. La historia es siempre la última batalla que debe vencerse.
Tenemos ahora ante nosotros una oportunidad histórica de derrotar definitiva y totalmente a ETA. Gracias al sacrificio de miles de victimas que jamás han claudicado ante el dolor, al heroísmo de miles policías y guardias civiles que han dejado lo mejor de su vida luchando contra ETA, a la valentía de cientos de fiscales y jueces que han juzgado y condenado con rigor a cientos de terroristas, al coraje democrático de miles de concejales que no han claudicado jamás ante las amenazas, al arrojo de cientos de periodistas que se han jugado la vida por ejercer su libertad de expresión, a la entereza de miles de funcionarios de prisiones que han custodiado a los terroristas sin miedo y a la determinación colectiva de una sociedad que hace ya tiempo gritó ¡Basta Ya! ante una barbarie que se hacía insoportable. Jamás perdonaríamos a quiénes desaprovecharan esta nueva oportunidad buscando atajos que pretendieran acortar la distancia para la desaparición de ETA, pero que en realidad nos alejaran definitivamente de la victoria.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha destacado la necesidad de "estar atentos" para que el Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero "dé una respuesta adecuada" a ETA al margen de anuncios de "alto el fuego, ceses definidos o indefinidos o treguas", porque "todo es exactamente igual".
En una entrevista a la emisora EsRadio Madrid 2, recogida por Europa Press, ha recordado que "esta gente lo que quiere es llegar a conseguir la independencia y el socialismo imponiéndolo a través de su proyecto totalitario.
Según ha advertido, a los miembros de ETA, además de dejar las armas, hay que "obligarles a que cumplan sus responsabilidades" por su actividad terrorista. "Hay que mirar mucho menos a lo que dice esta banda de asesinos y fanáticos y hay que estar atentos a que el Gobierno le dé una respuesta adecuada", ha remarcado.
Para Basagoiti, es "evidente" que ETA "quiere negociar", puesto que lo ha planteado en los últimos comunicados, en los que también ha señalado que "quiere ir a las municipales para hacer una negociación". En este sentido, ha vuelto a criticar el Ejecutivo central, un gabinete que es "bastante poco de fiar" porque no tiene "mucha credibilidad" conforme a la "experiencia" de anteriores negociaciones con la banda.
"Si quiere la derrota del terrorismo tendrá nuestro apoyo, si quiere nuestro apoyo para otras cosas no lo va a tener", ha subrayado el presidente del PP vasco. Además, ha recordado que ETA está actualmente "en un atolladero" por la acción política, judicial y policial del estado de derecho y, aunque "pretende presentar a Batasuna con cara de bueno", considera que corremos "el riesgo que siempre se produce cuando estamos cerca del final del terrorismo". "No cambiemos ahora, no vaya a ser que se vuelvan a reforzar. Hay un poco una estrategia de algunos del palo y la zanahoria: esto es peligroso, no vaya a ser que la zanahoria acabe levantando al que no se tiene que levantar nunca", ha añadido.
El juez Garzón intentó convencer a su compañero Grande Marlaska para que no realizara la operación en el bar Faisán centrada en la extorsión de ETA. Fernando Lázaro asegura en El Mundo, que el ahora juez suspendido llamó al magistrado en la víspera de la operación para que abortara la operación y para que no detuviera al jefe de la trama y dueño del bar, Joseba Elosua.
Destaca sobremanera que pese al secreto sumarial decretado por el propio Marlaska, el propio Garzón conociese la operación y le llamase desde Nueva York, donde en esos momentos impartía sus polémicos cursos. Esta llamada se produjo curiosamente cuando se estaban dando los últimos retoques al dispositivo que pretendía acabar con el entramado de extorsión.
De hecho, los investigadores se mostraron muy sorprendidos de que Baltasar Garzón conociese de antemano una operación tan importante pese a estar en EEUU y fuera de servicio.
De este modo, cuenta El Mundo que gente cercana a la investigación entendieron que alguien había avisado a Garzón para que llamara a Marlaska para que anulara la operación. Es decir, que actuara como mensajero.
Sin embargo, los problemas para Grande Marlaska no acabaron aquí. Una vez decidido a acabar con el aparato de extorsión, el juez pronto vio una vez destapado el chivatazo como desde la Comisaría General de Información habían incurrido en un retraso de más de dos días a la hora de notificárselo.
Después apartaron a la Guardia Civil del caso y más tarde intentaron quitárselo de en medio ofreciéndole un apetecible puesto como juez de enlace en Londres. Ante la negativa de abandonar el caso tuvo que ser Garzón el que se hiciera con el caso adelantando incluso su vuelta de Nueva York.
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