Lo cierto es que sigo muy cabreado con los controladores aéreos. POR NO HABER CONTRATADO A UN GUIONISTA que les hiciera un buen documental.
Porque realmente merece un documental, el asunto. Que en España, en el año 2010, haya empleados públicos trabajando 28 días al mes; sin permisos de maternidad; con cambios de turno arbitrarios y sorpresivos; haciendo más horas extra de las que permite la ley; teniendo que trabajar 1670 horas al año independientemente del tiempo que estén de baja (¿qué pasa si te operan de algo chungo y estás tres meses en cama? ¿Luego NO SALES DEL CURRO EN NUEVE MESES?)… Todo eso es para hacer un documental. Pero si además resulta que esos empleados son los que, básicamente, manejan las vidas de cientos de miles de personas cada día… Eso es para echarse a temblar.
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
1. Una Ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las Leyes.
'El País' tiene un filón con los cables diplomáticos estadounidenses y el Ejecutivo tiene un problema de imagen con la filtración de WikiLeaks. En este sinvivir diario por el que les trae el diario de Prisa, la penúltima entrega pintaba una serie de retratos al vitriolo por parte de los embajadores en Madrid sobre miembros prominentes del Gobierno y del PSOE. Y la verdad es que muy pocos se salvaban de los descarnados perfiles, apenas el Rey –un "formidable aliado" que "tiene influencia real sobre Zapatero cuando quiere utilizarla" y ahí apuntaban al nombramiento del ex director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, como embajador en Washington– y alguno más. UN ASTUTO, UN
Encantador
"Zapatero es un político astuto, como un felino en la jungla", rezaba el titular de primera plana del rotativo de Prisa, aunque en el de páginas interiores preferían este otro: "Zapatero lleva mal que le den clases de algo". Y así se entiende que estemos como estamos. Algún juicio duro de pasada sobre su relación con la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, a la que "no tiene lealtad personal" y de la que el embajador de turno aseguraba que la dejaría caer "en el momento que deje de serle útil". Acertó de pleno. También había buenas palabras para Alfredo Pérez Rubalcaba: "Muy capaz, serio, encantador; es el más impactante miembro del Gobierno".
Y si José Antonio Alonso era despachado como un hombre "muy leal" a Zapatero, en el capítulo de los que había que seguirles la pista se encontraban dos nombres: el secretario general de Presidencia, Bernardino León, y la ministra de Defensa, Carme Chacón. Del primero advertía un cable que es el "chico de oro del Ejecutivo" llamado a mayores responsabilidades en el futuro; de la segunda, "lista" pero "inmadura políticamente", había que seguirla con la "vista puesta en el futuro".
Los peor parados
Quienes se llevaban la peor parte en los informes eran el actual ministro de Fomento, José Blanco, y el ex titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. A Blanco lo retrataban como una "persona no fiable", que "no mira a los ojos de sus interlocutores cuando estrecha la mano" pero con el que "debe mantenerse el contacto [...] para continuar enviando mensajes a Zapatero". Un correveidile, vamos.
Ahora, que para retrato al vitriolo el de Moratinos, al que dejaban por los suelos: "No es el más brillante miembro del Gabinete", "egoísta", "impredecible", "se considera a sí mismo puente entre EE UU y Estados complicados como Siria, Cuba, Irán y algunos elementos palestinos", etc. Atención a esta frase lapidaria para un diplomático: "Es dado a gritar a los embajadores extranjeros y castigarlos a la menor oportunidad para ponerlos en su sitio".
No faltaba en la galería, aunque sin ubicación clara, José Bono, un "sabueso mediático" que aunque "se presenta a sí mismo como amigo de Estados Unidos, sus intervenciones en la venta de armas a Venezuela, la salida de las tropas de Irak y otros asuntos ponen en entredicho esa imagen".
Mentirosos
Para poner la guinda al pastel, José Yoldi arremetía contra la doble moral de Gobierno y Fiscalía en el 'caso Couso'. "Ministros y fiscales alardearon de apoyar a los Couso, pero les engañaron", adelantaba la entradilla de un artículo en el que podía leerse lo siguiente: "A la vista de lo expuesto, o a López Aguilar y Conde-Pumpido no se les entendió o a alguien no le dijeron la verdad. Aunque todo parece indicar que al fiscal general y al ex ministro les es de aplicación aquella frase que decían los indios en las películas del Oeste: 'Gran jefe blanco habla con lengua de víbora". Jau.
Otro aviso
Ernesto Ekáizer, en 'Público', hacía su propio análisis sobre la crisis del fin de semana con un dato curioso: "La marcha atrás de los controladores ante el estado de alarma, la movilización y la militarización del conflicto sorprendió al propio Gobierno, según fuentes consultadas". Otro más curioso aún: "El convenio vencido en diciembre de 2004 y en el último año los enfrentamientos públicos y privados hacían presagiar un enfrentamiento al estilo del pulso que mantuvieron los sindicatos con Ronald Reagan en 1981".
Y si Ekáizer tildaba a los controladores de "aristocracia obrera engordada por los Gobiernos del PP y del PSOE", eso no le impedía hacer una valoración menos triunfalista de la solución dispensada: "El primer ministro, perdón, vicepresidente primero, ha salido reforzado personalmente, pero el coste de imagen, militarización mediante, se dejará sentir. La procesión irá por dentro. Y algunos, como los mercados, que echan un pulso a diario al Gobierno, de momento van arrancando al Ejecutivo aquello que quieren".
Desdichas socialistas
La jornada estaba de bajón entre los periodistas de izquierdas. Ni siquiera se libraba del contagio pesimista Enric Sopena, que en 'El Siglo' hacía un repaso de la cascada de "desdichas" que se han tragado el cambio de ministros de este otoño: "Los graves sucesos acontecidos en el Sáhara Occidental, con el Gobierno de Marruecos por medio y en plan amenazador, dañaron la imagen del socialismo español. Luego se le echó encima la realidad política en formato catalán. Las elecciones del 28 de noviembre condujeron al PSC a una debacle sin precedentes. El desplome socialista superó las expectativas más pesimistas […].
En paralelo, la organización WikiLeaks viene difundiendo filtraciones que confirmarían una doble moral del Gobierno Zapatero en relación a EE UU y sus semiocultas barbaridades en Irak y Guantánamo. Tales revelaciones sobre todo erosionan a Zapatero y a determinados ministros y altos cargos". ¿La conclusión de Sopena? "Entre los mercados especuladores y las desdichas políticas, al PSOE le espera, al parecer, un tiempo adverso y prolongado. ¿Sobrevivirá Zapatero ante tanta desgracia? Razonablemente, no".
El estado de alarma decretado por el Gobierno es el hecho más grave en los 32 años de democracia tras el golpe de Estado del 23-F y los atentados del 11-M, en los que con más de 1.000 víctimas se paralizó todo el tráfico de cercanías de Madrid en pleno periodo electoral. El Gobierno de José María Aznar afrontó los hechos con sus poderes ordinarios, sin acudir a la declaración de un estado de alarma que estaba, en este caso, nítidamente incluido en los supuestos que regula la Ley Orgánica 4/1981.
De acuerdo con el contenido del real decreto aprobado, el Gobierno de Zapatero reconoce su incapacidad para restablecer la normalidad mediante sus poderes ordinarios. El artículo 1 de la Ley Orgánica señala este presupuesto de carácter jurídico y político para la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Y así lo corrobora la exposición de motivos del real decreto aprobado, una auténtica autoinculpación que reconoce la incapacidad del Gobierno para "restablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos" y para ejercer el poder ordinario del Estado.
Después de una exposición de motivos surrealista, el estado de alarma decretado por el Gobierno Zapatero, no cumple los dos requisitos que se exigen conjuntamente en la ley: "Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, (servicios mínimos esenciales) y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo (terremotos, incendios, accidentes graves, catástrofes naturales y epidemias)".
El Gobierno ha forzado la declaración de estado de alarma, ya que el mecanismo constitucional, el estado de excepción, previsto expresamente para restablecer el normal funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, hubiera supuesto un auténtico escándalo ante el mundo y una crisis política y económica de efectos devastadores, regresando a los tiempos más oscuros de nuestra historia.
Toda esta vulnerabilidad constitucional, se acentúa con la pretensión de convertir en personal militar a los controladores aéreos, por la vía de un real decreto y con amenaza subyacente de la aplicación del Código de Justicia Militar. La Constitución declara que la jurisdicción militar se desarrolla en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.
Las informaciones que se difundieron desde La Moncloa el viernes por la tarde, informan de que en el gabinete de crisis constituido ha participado el consejero togado militar y se suelta la liebre de un supuesto delito de sedición, con el fin de doblegar a los controladores, en un ejercicio de amenaza desde el Gobierno.
¿Es posible, ante la gravedad de los hechos, que Blanco nos dé una explicación solvente sobre las razones para incluir esta medida en un decreto ley, que es un procedimiento legislativo excepcional, que plantea dudas sólidas de su aplicación retroactiva, modificando condiciones laborales vigentes y que, sin duda, no requiere una norma con rango legal para regularse en caso de ausencia de convenio? ¿Es posible que el ministro de Fomento diga la verdad sobre las causas del déficit de AENA derivado de la amortización de las infraestructuras aeroportuarias, que se han realizado sin una planificación estratégica, situando aeropuertos en ciudades sin tráfico aéreo? ¿Nos contará Blanco por qué no tiene otro argumento más sólido que la demagogia del sueldo de los controladores, cuando después de siete años de Gobierno Zapatero ni se han ofertado más plazas, ni se han contratado controladores procedentes de la UE, ni se ha habilitado la licencia civil de los controladores militares?
Demasiadas preguntas sin respuesta de un Gobierno que ha mentido cuando dice en la exposición de motivos del real decreto "que han fracasado todos los intentos para poner fin a la situación de catástrofe pública existente".
Nunca un Gobierno democrático ha violentado la Constitución de esta manera. Los derechos y libertades fundamentales, la legalidad y la seguridad jurídica no pueden quedar al albur de los ensayos de química política de Zapatero, Rubalcaba y Blanco. España necesita una Ley de Huelga, que reclama la Constitución delimitando el contenido del derecho, para que no se reproduzcan estas situaciones. Y España necesita un Gobierno capaz de explicar a los ciudadanos la realidad de los problemas, de ofrecer confianza y que no engañe ni manipule a la opinión pública.
J. N. Figgis dice: "Habrá una batalla inevitable y terrorífica entre quienes creen y quienes no creen que los únicos derechos son los derechos del Estado y la única autoridad es la autoridad de la República". Zapatero, apoyado por sus cónsules Rubalcaba y Blanco, ha actuado como Catilina que fue derrotado en las elecciones del año 63 a. C. Informado Cicerón comenzó su discurso en el Senado oponiéndose a los poderes excepcionales que pretendía asumir: "Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia".
*Ignacio del Río es jurista y fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
El Gobierno parece haberle tomado el gusto a su proclamación del estado de alarma y acaricia la idea de prolongarlo, si las circunstancias lo hiciesen oportuno, es decir, si, como hasta ahora, no se le ocurre algo mejor. Que unos centenares de controladores persuadidos de su fuerza y literalmente enloquecidos hayan sido capaces de forzar al Ejecutivo a proclamar el estado de alarma, algo que nunca había sucedido en los anales de la democracia española, indica muy claramente las graves limitaciones en cuanto a capacidad e iniciativa que aquejan a este Gobierno falsamente renovado, porque su presidente sigue al frente de la mesa del Consejo de Ministros con Rubalcaba de hombre fuerte.
Nadie razonable puede exculpar a los controladores, y hay que esperar que recaigan sobre ellos las sanciones ejemplares que prevea la legislación. Los controladores, sin embargo, no están sometidos al escrutinio político, y es el conjunto de las acciones del Gobierno en relación con la situación de base y en relación con el conflicto presente el que merece ser sometido a disección sin que debamos dejarnos impresionar por las solemnes proclamas que ha ido realizando para envolver en una nube de buenas intenciones una actuación, cuando menos, notoriamente imprudente, improvisada y política y jurídicamente chapucera.
Son muy numerosas las voces autorizadas que advierten de que el decreto de estado de alarma puede ser radicalmente inconstitucional, pero, aun sin pronunciarnos sobre ese extremo, parece evidente que el Gobierno ha querido tapar con gruesos brochazos su incapacidad para evitar que se produjese una situación de caos como la del último fin de semana. No se elige un Gobierno para que se dedique a ganarle pulsos a colectivos mesiánicos, o para que haga exhibición de la panoplia de recursos legales que tiene a su alcance ante cualquier conflicto.
Lo que cabe esperar de un Gobierno es que sepa afrontar las dificultades antes de que se haga inevitable el conflicto, antes que la cerrazón de algunos pueda causar daños irreparables al conjunto de los ciudadanos. Y eso este Gobierno no ha sabido hacerlo. Conforme a su oportunismo habitual, se ha dejado deslizar por el camino fácil; en lugar de enfrentarse al desafío de los controladores con firmeza y paciencia, parece haber preferido un escenario en el que pueda producirse un escarmiento, si es que finalmente no acaba escaldado en los tribunales.
No se trata sólo de que las medidas bordeen la constitucionalidad, sino de que este Gobierno no sabe actuar más que a trompicones, es incapaz de trazar una estrategia minuciosa y seguirla paso a paso sin trastabillarse. Nos parece muy peligroso y altamente significativo que este Gobierno haya decidido dar un golpe de autoridad sobre la mesa y refugiarse en la legislación militar con Rubalcaba de líder.
Mucho antes de llegar ahí, tendría que haber acometido una serie de reformas legales, la ley de huelga, por ejemplo, en la que estuviesen perfectamente previstos escenarios como el que hemos vivido, pero seguramente sus prejuicios ideológicos y sus alianzas sindicales le impedirán hacer tal cosa, con grave quebranto del interés y los derechos de todos los españoles.
El Gobierno ha procedido con notoria imprudencia, con la precipitación propia de quien no conoce bien sus recursos, y ha puesto en peligro la integridad del ordenamiento legal con la excusa fácil de la autoridad y la eficacia. Se trata de un precedente muy peligroso que pretende prolongar durante dos meses más, suscitando, efectivamente, más alarma si cabe, conscientes como somos de los abundantes tics totalitarios del Gobierno.
La sensación de vivir en una realidad paralela que tenemos desde el 14-M de 2004 alcanzó otro crescendo el sábado cuando se nos anunció que en una reunión extraordinaria el Gobierno, por llamarle algo, había proclamado el estado de alarma nacional ante la insumisión de los controladores aéreos. "Consejo de Ministro", en singular, lo rotulaba con acierto la CNN, ya que en esta jefatura decadente sólo hay un caudillo plenipotenciario, Alfredo Pérez Rubalcaba, que hace su santa voluntad cuando y como se le antoja.
Pues sí. Érase un país a un hombre pegado. Era un hombre superlativo. ¿Sus métodos favoritos? El decreto, el real decreto y el decretazo. En nombre de la democracia socialista. En cuanto al presidente cesante, sigue huido de la realidad. Tras la última macarrada internacional, ese "Always Marruecos" que le farfulló al amigo Gaddafi, ZP ha vuelto a ese limbo tan suyo. Así que tenemos a Rubalcaba haciéndoles el trabajo a todos, incluso a José Blanco, el penúltimo miembro solvente de este Gabinete garbancero.
Y como a Rubal le inquieta el tema de la comunicación, el domingo por la mañana daba una entrevista para explicarnos bien-bien de qué va esto. Comentemos algunas de las perlas que nos dejó el presidente regente. Primera. Los controladores se han atrevido a poner en cuestión la normalidad de este país. ¡Como si este país fuera normal! Segunda. Tenemos nuestros problemas, pero también nuestras ventajas comparativas. ¡Pero si España es el hazmerreír de Occidente! Tercera. Es evidente que va a haber responsabilidades. ¡Las suyas, suponemos! Cuarta. Todas las elecciones tienen su aquél. ¡Sí, y las del 14-M tuvieron su aquelarre!
Con estas y otras divagaciones despachaba el presidente regente un suceso gravísimo que ha humillado a cientos de miles de ciudadanos y generado pérdidas millonarias a los sectores del transporte aéreo, aeroportuario y turístico. La prensa extranjera resaltaba, una vez más, nuestra bananera imagen mundial. Nada nuevo bajo el sol.
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha considerado hoy que la proposición de dos partidos marroquíes de llevar a la ONU una moción para la entrega de Ceuta y Melilla es una "provocación dirigida a enturbiar y tensionar" las relaciones bilaterales.
En declaraciones a Efe, el regidor autonómico considera que tal reivinicación "carece de todo fundamento, ya que la españolidad de Ceuta y Melilla está basada en poderosas razones jurídicas, políticas e históricas, al margen de ser la voluntad mayoritaria de ceutíes y melillenses".
El presidente ceutí ha sostenido que la defensa de la españolidad de ambas ciudades "debe concernir a un mandato constitucional y por ser cuestión que afecta a nuestra integridad territorial".
Vivas ha señalado: "La respuesta debe ser serena porque nos acompaña la fuerza de la razón y tiene que ser amparada por la unidad por cuanto es un asunto que nos concierne a todos". EFE
El Ministerio de Ciencia e Innovación maneja un presupuesto de 5.400 millones de euros, de ellos 689 millones se dedican a programas de investigación científica y desarrollo. País Vasco y Cataluña reciben más del 70% del total de ayudas que el Ministerio dirigido por Cristina Garmendia destina a estos programas.
El desequilibrio entre Comunidades se hace patente en la nueva remesa aprobada gracias a las enmiendas a los Presupuestos Generales cuya cantidad total asciende a 48 millones de euros. Al País Vasco se le han asignado trece proyectos por un valor de 34 millones de euros, entre ellos el de mayor cuantía, casi 9 millones de euros. A Cataluña se le han asignado 5 millones de euros, gracias a nueve enmiendas de CiU y a Canarias 3 millones.
De estas cantidades adicionales, las demás comunidades se tienen que repartir 7 millones, se da la circunstancia de que, por ejemplo Valencia recibe 1.000 veces menos que el País Vasco. La Ministra alega que los proyectos se asignan en función de su calidad y no de su ubicación geográfica.
José María Aznar: "Estoy de acuerdo con quienes desde el Gobierno reclaman patriotismo. Porque efectivamente la situación de España hoy reclama patriotismo. En lo que no estoy en absoluto de acuerdo es en que esos mismos dirijan esa apelación al patriotismo sólo a los demás, como si ellos estuvieran exonerados de cumplir ese mismo deber"
• Patriotismo es el compromiso con la nación, con España y los españoles. • Patriotismo es el compromiso con la continuidad histórica de la nación española. Es mantener el espíritu de reconciliación expresado en nuestra transición democrática. Y es también no excluir a los que simplemente piensan de modo diferente. • Patriotismo no es silencio ante los errores, que han sido muchos y muy graves. • Patriotismo es cultivar lo que nos une y no exacerbar lo que nos separa. • Patriotismo es saber que la diversidad nos distingue pero no nos enfrenta. • Patriotismo es confianza en los esfuerzos que los españoles estamos dispuestos a hacer si se nos piden con sinceridad y con ejemplaridad. • Patriotismo es tener muy presente que los españoles hemos sabido responder con éxito a los muchos retos que se nos han planteado: la consolidación de la democracia, la incorporación a Europa, la derrota del terrorismo, la modernización de nuestra economía, la entrada en el euro: es decir, cuando se nos han propuesto objetivos comunes, ambiciones compartidas por difíciles que fueran o por exigentes que resultaran. • Patriotismo es no hacer pasar los errores por mentiras piadosas. • Patriotismo no es el refugio para ocultar los daños que están causando al país.
"En estos momentos críticos para España, de tanto crédito dilapidado, de tanta confianza perdida, de millones de familias angustiadas, de casi 5 millones de parados y de destrucción brutal de empresas, es imprescindible recordar que los españoles, guiados por buenas políticas, fuimos capaces de alcanzar grandes logros"
"Hoy es tiempo de patriotismo. Es decir, es tiempo de hablar de esfuerzo, de unidad, de integración, de coraje, de responsabilidad, de trabajar duro y de pensar en el interés de los españoles, especialmente de aquellos que más lo necesitan"
Hay muchas razones para considerar el anarcocapitalismo un escenario superior al de la democracia. Muchas personas no lo conciben por su apego al sistema. No se dan cuenta de que pueden existir sistemas diferentes. Es la fatal arrogancia de los demócratas. El pensamiento único les invade y convierte en establishment de una sociedad colectivista.
Uno de los fallos de la democracia es que su sistema de mayorías sólo es operativo en comunidades reducidas, donde todos los miembros de la comunidad se conocen y pueden argumentar entre sí, o también, en un sistema con una democracia duramente delimitada. El sistema de un hombre, un voto, siempre llevará al populismo. Algo tan claro ya lo vieron los padres fundadores de los Estados Unidos (Democracia frente a República). Acertadamente, los padres fundadores asemejaron democracia con la semilla de la Oclocracia, donde los gobiernos y políticos dirigen un país a través de las emociones de sus ciudadanos. Es el famoso pan y circo al que hemos asistido en los últimos 100 años. Su cúspide lo vemos ahora con dirigentes como Zapatero en España, Obama en Estados Unidos y Hugo Chávez en Venezuela. No venden gestión de gobierno, sino ilusiones y trucos de magia. La democracia se estructura en una oligarquía política y usa las armas de la oclocracia para llegar al Poder y legislar.
Un gobierno que domina a más de cuarenta millones de personas no puede ser efectivo bajo un sistema democrático. Las opiniones son demasiado diferentes, los intereses demasiado contrapuestos y las presiones políticas, demasiado acusadas. Uno de los enemigos de la democracia es el volumen. Imaginemos un mundo mundial. ¿Quién sería mayoría? China, la India y Rusia, probablemente. ¿Se imagina qué ocurriría? Tales gobiernos usarían la fuerza de la ley y la política para vivir a costa de occidente. Tendríamos altos impuestos y nos impondrían su cultura mediante la ley. Por supuesto, sería para nuestro bien común.
Este crecimiento de la democracia ha venido por el aumento del Estado, el EstadoNación. Un gobierno de gobiernos que se ha ido creando mediante guerras, asesinatos y tratos políticos. Algo totalmente opuesto al concepto voluntario de los medios económicos de Oppenheimer.
Expresado de una forma más llana. No sólo el gobierno es demasiado grande, también los pilares en los cuales se fundamenta, como el concepto de Estado Nación y Democracia. Una sociedad anarcocapitalista, basada en el principio de "no agresión" y en la voluntariedad de los actos, ha de pasar inevitablemente por la desaparición del Estado Nación y la democracia. Éstos son conceptos que han crecido más que el propio individuo, absorbiendo y transformando, no en un medio para servirlo, sino en un fin mismo. El individuo, pues, es una herramienta más para servir al sistema.
Muchos liberales clásicos añaden otra variable a su utópico sistema de gobierno limitado, estado nación (y el sentimiento de éste, el patriotismo) y democracia. La quimera de la "Sociedad Abierta". Otra absurdidad más incompatible con el sistema actual. El concepto de sociedad abierta proviene del filósofo Henri Bergson, que la definió como el de un gobierno transparente, justo y atento a las inquietudes de sus ciudadanos. Hemos necesitado un Wikileaks para que muchos vean que esto no puede existir y que los gobiernos precisamente se caracterizan por vivir a costa de sus ciudadanos, de mentirles y otorgar derechos a grupos de poder privilegiados, los lobbies.
En una sociedad enorme, de millones de personas, no entra en la lógica que todos los católicos toleren a anticatólicos. Racistas a antirracistas. Keynesianos a 'austriacos' y ecologistas a antiecologistas. Todos aquellos grupos que no sean netamente liberales —que siempre serán minoría— y defiendan valores colectivistas, ya sea desde la parte del socialismo o conservadurismo, harán lo imposible para acallar a su grupo rival. Todos ellos crearán lobbies para presionar al gobierno de turno y que éste actúe en su conveniencia para hundir al opositor. Ocurre lo mismo que con la democracia, el concepto de sociedad abierta sólo puede producirse en grupos pequeños. A medida que crece, los medios políticos usan esta idea, mediante la oclocracia, para imponer su corporativismo e intereses personales.
La democracia ha crecido demasiado. Es insostenible. El Estado Nación es el principal pilar que la mantiene derecha. Así como los hombres se agrupan a medida que avanza su vida, escogiendo a amigos que le asemejan o buscando parejas que son iguales a ellos, lo mismo ha de ocurrir en grandes conjuntos de masas. El anarcocapitalismo es la solución a un sistema podrido donde cada persona forma sociedad con sus pares y similares, olvidando las imposiciones políticas de dónde ha nacido. De hecho, en Estados Unidos ya existe: las HOA (Home Ownership Associations). Las únicas fronteras son privadas y voluntarias. Así como la globalización económica es el camino a una mayor prosperidad, la globalización política de un Gobierno mundial o un Estado Nación es la garantía de una sociedad atrapada en las fauces de sus políticos, viciada por el populismo (oclocracia), el robo (impuestos), la guerra y la violencia de la ley.
Sólo conseguiremos libertad plena cuando la democracia caiga junto al concepto de Nación Estado. Entonces sí que podremos hablar de una sociedad abierta real donde grupos de individuos se reúnan en un espacio físico para convivir sin necesidad de políticos ni estados.
A través de un documentado reportaje, firmado por el periodista Domingo Pérez, el diario ABC denunciaba ayer la 'generosidad' de las subvenciones públicas a la Fundación Mujeres, cuya Presidenta es Elena Valenciano, Secretaria de Política Internacional y Cooperación Social del PSOE. En tiempos de una gravísima crisis económica que debieran estar marcados por la austeridad en el gasto público, esta Fundación ha recibido 1,7 millones de euros de diversas administraciones públicas para programas que, en una buena parte de los casos, están directamente orientados a inculcar de la ideología de género a través de la educación de los niños.
Según declaraciones de Teresa García-Noblejas, secretaria general de Profesionales por la Ética, que se incluyen en el referido reportaje de ABC, 'la Fundación Mujeres pretende introducirse, con sus materiales educativos, en la intimidad de las familias'. Detrás —añade— 'está la obsesión de reconstruir la sociedad empeñándose en que los niños se comporten como niñas y al revés, para evitar unos supuestos estereotipos sexistas, resultado, según estas feministas radicales, de la educación y no del sexo de los alumnos. Se trata de vigilar todo, de examinarlo todo y de intervenir en todos los aspectos de la vida del niño, desde la familia hasta el patio del colegio, para cambiarle su identidad sexual y convencerle de que no está claro si es hombre o mujer. Es sencillamente demencial».
Sandra Moneo, diputada del PP, preguntó a Leire Pajín en última la sesión de control al Gobierno por el ahorro que suponía la supresión del Ministerio del aborto, el que dirigiera Bibiana Aído. En su respuesta, la nueva megaministra (Sanidad, Política Social e Igualdad) prefirió explicar que «este Gobierno trabaja desde la austeridad». Luego, sí, ya en el turno de réplica cifró la cantidad en 900.000 euros. Llama la atención la laxitud que le confiere el Gobierno al concepto de austeridad, sobre todo cuando la aplican con los afines. Como ejemplo, la asociación de una compañera de periplos caribeños de Pajín, la Secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, con la que viajó a Cuba para entrevistarse con las autoridades del régimen castristas; los disidentes no tuvieron esa suerte. Valenciano es, además, presidenta de la Fundación Mujeres, una organización que desde que el PSOE llegó a La Moncloa en 2004 ha recaudado vía BOE en subvenciones 1,7 millones de euros.
Todos los palos
Esta organización, especializada en la promoción de la ideología de género, toca todos los palos imaginables: lo mismo organiza un curso de sexualidad para adolescentes, como adoctrina al personal docente, promociona los derechos de la mujer en Ecuador, o monta un congreso sobre el «empoderamiento» de las mujeres africanas. Además forma en «lenguaje no sexista» y prepara talleres de igualdad para niños. Sin olvidar sus campañas de prevención contra la violencia de género o sus guías para las mujeres maltratadas, o sobre conciliación laboral y personal.
Casualmente sus ingresos a cuenta de los presupuestos generales del Estado se dispararon con la creación del Ministerio de Igualdad, en marzo de 2008, y a pesar de que la crisis económica entraba en sus peores momento. La aparición en la escena ministerial de Bibiana Aído destapó aún más el tarros de las subvenciones para la entidad de Valenciano.
El 23 de diciembre de 2008 el Instituto de la Mujer concedía a la Fundación Mujeres 144.300 euros. Se dedicaron a un «Observatorio de medios de comunicación para la visibilización y trato correcto de las violencias de género en Colombia» (62.500); a la «interlocución y negociación del proceso del caribe colombiano con perspectiva de género y derechos humanos» (36.900) y para la «Formación en comunicación y género para mujeres de organizaciones sociales en América Latina y el Caribe» (44.900). Por lo visto, cuestiones aunque muy lejanas geográficamente claves para una sociedad española que por entonces superaba los tres millones de parados.
Poco después, el reparto presupuestario de Aído volvía a favorecer a la Fundación de Valenciano a la que entregaba 405.000 euros para «el diseño y ejecución de acciones de impulso y promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas». Trinidad Jiménez desde Sanidad también fue generosa con la fundación presidida por su compañera de partido y en 2009 la concedió 75.000 euros «para la realización de programas específicos orientados al desarrollo de las estrategias de salud».
No sólo llegan subvenciones del Ejecutivo central. Sus cursos y actividades son sufragados por innumerables entidades locales y autonómicas. Así, en su memoria de 2009 reconoce haber recibido en subvenciones y donaciones 2.197.194,73 euros. Esta asociación es especialmente activa en colegios públicos y aulas municipales en su empeño de «didáctico» a la infancia y a la juventud. Alardea de que en 2009 posibilitó que 6.697 adolescentes recibieran talleres de prevención; 1.575 alumnos asistieran a los «talleres de corresponsabilidad»; 374 alumnos de infantil participaran en talleres de igualdad; y 812 jovenes de entre 13 y 17 años pasaran por sus talleres de educación afectivo-sexual, «Ni ogros ni princesas».
Ante este panorama Teresa García-Noblejas, secretaria general de Profesionales por la Ética, denuncia que «la Fundación Mujeres pretende introducirse, con sus materiales educativos, en la intimidad de las familias, calificando, por ejemplo, de "comportamiento sexista" el que una madre ponga el termómetro a sus hijos. También imparte talleres afectivo-sexuales a menores sobre el deseo sexual, las prácticas sexuales y la orientación sexual, temas que no corresponden a ninguna Fundación o entidad sino a los padres, que tienen derecho a elegir la educación afectiva y moral que desean para sus hijos».
«Por último —añade—, está la obsesión de reconstruir la sociedad empeñándose en que los niños se comporten como niñas y al revés, para evitar unos supuestos estereotipos sexistas, resultado, según estas feministas radicales, de la educación y no del sexo de los alumnos. Se trata de vigilar todo, de examinarlo todo y de intervenir en todos los aspectos de la vida del niño, desde la familia hasta el patio del colegio, para cambiarle su identidad sexual y convencerle de que no está claro si es hombre o mujer. Es sencillamente demencial».
El Gobierno amenazó a los controladores civiles con despedirlos, encarcelarlos y embargarles sus bienes y sus cuentas. Les sustituirían teóricamente sus colegas militares. El modelo que inspiró al Ejecutivo fue la huelga salvaje de controladores que Ronald Reagan afrontó en 1981 y que solucionó reemplazando a los huelguistas por militares. Pero esta ecuación nunca hubiera podido cumplirse en España y el Gobierno era consciente de ello.
De hecho, el pasado fin de semana, en plena crisis y con los servicios de control del tráfico aéreo ya militarizados, sólo fueron requeridos aisladamente alguno de los 240 controladores aéreos de las Fuerzas Armadas que hay en activo, según la Sociedad Española de Control de Tránsito Aéreo (Sodecta), la asociación que agrupa al 85% de los controladores militares.
En primer lugar, la sustitución de civiles por militares tiene –sigue estando en los planes del Ejecutivo– importantes impedimentos legales. Los controladores civiles consiguieron el pasado 15 de octubre, un día antes de que expirara el plazo legal, la licencia europea obligatoria para poder controlar el tráfico aéreo en todos los países de la UE. Sin embargo, el Ministerio de Defensa no hizo las gestiones necesarias para que sus homólogos militares dispongan de la licencia europea.
En Sodecta sospechan que el motivo de este retraso es evitar que los controladores militares puedan dejar las Fuerzas Armadas, una vez que el Gobierno comience a privatizar los servicios de tráfico aéreo que en la actualidad presta AENA. Las mejoras para el personal militar serían sustanciosas. Mientras que un controlador uniformado cobra de media 20.000 euros al año, en el sector civil el sueldo medio ronda los 200.000 euros anuales.
Así, en estos momentos, los controladores militares sólo cuentan con un certificado de aptitud expedido por el Segundo Jefe del Estado del Aire (Sejema), un permiso que no tiene equiparación en ningún otro país del Viejo Continente, según explican en Sodecta. Con la legislación actual, los controladores de las Fuerzas Armadas españolas no pueden regular el tráfico civil.
El segundo impedimento legal que habría paralizado el cielo español durante semanas es el requisito de la habilitación, el certificado que acredita a un controlador –civil o militar– para un destino en concreto. La habilitación se conoce como "ojt", siglas de la expresión en inglés "on the job training", en castellano, "entrenamiento en el puesto de trabajo".
Al ser movilizados para una función distinta a la que realizan habitualmente, los controladores militares habrían requerido de un periodo de adaptación. Desde Sodecta apuntan que este periodo de formación "puede llegar a durar hasta un mes, dependiendo de la dificultad del aeropuerto de destino". La legislación estipula, además, que sea un controlador civil ya en servicio el que acredite que el recién llegado ha obtenido la pericia requerida para el puesto.
Si los controladores civiles se hubieran negado a estampar su firma para ser sustituidos, se habría puesto en marcha un procedimiento abreviado por el que los militares se habrían formado en simuladores, pero esta fórmula también habría exigido varios días de plazo. En todo ese tiempo, el espacio aéreo habría quedado cerrado casi por completo, con el coste político que ello habría acarreado para el Gobierno.
El otro gran inconveniente es de tipo numérico. Sumando a los controladores militares en activo los que se encuentran en otros destinos –que hayan hecho el curso de especialización pero no estén ejerciendo– la cifra total ronda los 700, pero algunos de ellos, señalan desde Sodecta, "no han visto nunca una torre ni un centro de control". "Muchos hicieron el curso en la Escuela de Tránsito Aéreo de Salamanca, pero han ocupado otros destinos que no tenían nada que ver con la navegación aérea", aseguran. Además, se trata de militares que están repartidos por toda la geografía nacional, alistados en los dos Ejércitos y la Armada. Los controladores militares no forman parte de un cuerpo común, como lleva tiempo reclamando su asociación profesional.
En todo caso, aunque se hubiera contado con todos los controladores militares disponibles, seguiría tratándose de un número insuficiente para hacerse cargo de todas las torres de control españolas. Habría sido necesario que cada uno de los 700 controladores militares realizara jornadas de 15 horas los 365 días del año para cubrir la carga de trabajo actual de sus colegas civiles (cada uno de los 2.400 controladores civiles debe realizar por ley 1.670 horas de trabajo efectivo al año). "El tráfico aéreo habría tenido que restringirse como mínimo un 70% durante semanas por la falta de personal".
El Gobierno doblegó finalmente a los controladores civiles, pero hay numerosos motivos para pensar que jugó la partida con faroles.
El PP ha mostrado su malestar por las críticas realizadas hoy por el presidente del Congreso, José Bono, contra el líder del partido, Mariano Rajoy, en el día de la Constitución, informaron a Europa Press en fuentes de la dirección de este partido.
El presidente del Congreso asegura, en una entrevista publicada por el diario 'El Mundo', que Rajoy "es un tesoro para el PSOE", por lo que "hay que mimarlo mientras descansa".
Fuentes del PP consideran "intolerable" que el presidente del Congreso se permita criticar al líder de la oposición el día de la Constitución, y "le denigra en público" mientras "le pide disculpas en privado".
Tras esas acusaciones, el presidente del Congreso, José Bono, ha telefoneado al líder del PP, Mariano Rajoy, para pedirle disculpas por la crítica que le lanza en una entrevista publicada hoy, en la que afirma que para el PSOE un dirigente como él es "un tesoro", han informado fuentes del Partido Popular.
El diario El Mundo ofrece la entrevista y en ella Bono señala lo siguiente, tras ser preguntado por la opinión que le merece el presidente de los populares: "Como persona no le juzgo, pero como líder es un tesoro para el PSOE. Haríamos bien mimándolo y colmándolo de atenciones mientras descansa".
Las declaraciones del presidente de la Cámara Baja han creado un gran malestar en las filas populares, cuyas fuentes puntualizaron tras leer la entrevista que Bono debería dar explicaciones por manifestarse así en el día en que se celebra el 32 aniversario de la Constitución.
El ex presidente de Castilla-La Mancha ha telefoneado al líder del PP para pedirle disculpas, lo que ha aceptado Rajoy.
No obstante, al entorno del presidente del Partido Popular las palabras de Bono le han sentado mal, ya que esa entrevista la concedió hace unos días y ha mantenido las declaraciones incluso a sabiendas de que se iban a publicar hoy.
Rajoy y Bono han coincidido en la celebración del aniversario de la Constitución en el Congreso.
De este modo, y conforme a las previsiones legales, los controladores de base podrían recibir un trato más favorable si prueban que fueron coaccionados para abandonar su puesto de trabajo, supuesto en el que se tendría más en cuenta la responsabilidad de los dirigentes, según ha reconocido el fiscal general del Estado,Cándido Conde-Pumpido, en una conversación informal con los periodistas.
Asimismo, confirmó que el procedimiento seguirá la vía ordinaria, puesto que al parecer no se ha registrado ninguna desobediencia militar, desde que este sábado se decretara el estado de alarma, por el cual los controladores comenzaban a estar sujetos al Código Penal Militar.
Vía ordinaria, pero no en la Audiencia Nacional
En este sentido, Conde-Pumpido ha matizado que la Audiencia Nacional (AN) no tiene competencias en este asunto, porque el delito contra el tráfico aéreo no está encuadrado dentro de los que corresponden a dicha instancia judicial (terrorismo, delincuencia organizada, etcétera).
Por tanto, la Fiscalía irá iniciando procedimientos en las distintas audiencias provinciales y, para depurar responsabilidades, irá citando allí a los controladores que con su abandono han perturbado la navegación aérea.
De hecho, la Fiscalía ya tiene en su poder el atestado, del que no ha trascendido su contenido, que elaboró en Madrid la Guardia Civil tras acudir al hotel donde los controladores se encontraban reunidos.
En cuanto a la duración del proceso, el fiscal general del Estado destacó que los "tiempos de la justicia" no son los "tiempos de la política", por lo que el asunto se abordará de "forma serena y pausada".
En cuanto a las penas susceptibles de aplicar, van desde los tres meses hasta los ocho años, correspondiendo la parte más grave a los dirigentes.
Contra el Estado de Alarma
Por otra parte, el Gobierno tiene claro que los controladores intentarán llevar a los tribunales la declaración del estado de alarma por la vía de lo contencioso administrativo alegando que no se han dado los factores contemplados en la legislación.
Sin embargo, el Ejecutivo cree que los tribunales acabarán respaldando su decisión entendiendo que hubo motivos suficientes para declarar el primer estado de alerta de la historia de la democracia.
En su discurso del acto institucional del aniversario de la Constitución de 1978, Bono ha explicado que celebrar la Constitución es un "acto vivo" y que, "a pesar de dictadores y caudillos, la idea de una España de ciudadanos libres e iguales, que ya proclamó la Constitución de 1812, latía con fuerza irresistible en el corazón de los españoles que se rebelaban y no soportaban la tiranía".
A su juicio, España no necesita hoy "acciones excelsas de personajes heroicos, sino actos cotidianos de trabajo responsable que, al multiplicarse por millones de personas, transforman la sociedad". "Esa es la razón para ser optimistas --sostiene--. No porque tengamos fe en la magia, ni en la burocracia, ni en las encuestas favorables, sino porque sabemos que el futuro es una sucesión infinita de presentes".
Alerta contra quienes buscan titulares
En este sentido, quiso dejar claro que "el presente no es un trabajo reservado a una casta o profesión, y mucho menos a los vaivenes de los especuladores o de quienes solo quieren ganar el titular del día siguiente en un periódico, sino tarea vital de millones de personas que no desean retroceder". "Esa es la clave de esta hora, de este día y de ésta época: el deseo de avanzar de nuestro pueblo es la garantía de nuestro progreso", proclamó.
En su discurso, Bono ha incidido también en la unidad de los españoles, que se articula a través de "la tierra, el idioma, el clima, los valores, la historia.
"Nos unen muchas cosas pero a veces parece que nos esforzamos en poner en común solamente aquello que nos enfrenta --afirma--. Pese a nuestros empeños en exagerar diferencias, lo que nos une como españoles es mucho más que lo que nos separa, y por mucho que se empeñen algunos en separarnos, somos millones los que sabemos que, con la Constitución de nuestra parte, no hay peligro de ruptura".
España, garante de igualdad
En su opinión, "España es madre de muchos pueblos y es garantía de igualdad entre todos los españoles", por lo que "no es extraño que los enemigos de la igualdad también lo sean de la España que la garantiza.
En cualquier caso, cree que "no hay peligro de que en España nazca un español que tenga más derechos que otro". "La diferencia sí, pero desigualdad de derechos entre los españoles sería lo peor para la nación y para la justicia", concluyó.
El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, ha pedido disculpas a los usuarios por el caos que se ha vivido en todos los aeropuertos españoles desde que el pasado viernes se cerrase el espacio aéreo, y ha asegurado que la situación ha sido "terrible".
"Nos disculpamos de nuevo ante los usuarios afectados por el caos de hace dos días. Ha sido una situación terrible ocasionada por una presión de meses que explotó el viernes", asegura el portavoz en su página de Facebook.
Cabo también asegura que los portavoces de los controladores volverán a atender a los medios "a título particular" tras haber consultado con los abogados esta posibilidad. El portavoz explica que al estar bajo jurisdicción militar desde que se decretó el Estado de Alarma "hay que medir" lo que se dice, "al no saber exactamente qué implica esta anómala situación".
En la anterior comunicación publicada en su página de Facebook, Cabo aseguraba el Estado de Alerta obligaba a los portavoces a ser prudentes y a no hacer declaraciones hasta que los abogados aclarasen la situación".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reiterado que su formación apoyará el decreto de declaración de alarma aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el pasado sábado en un consejo extraordinario de ministros para hacer frente al caos áereo, que, según el Ejecutivo, ha sido provocado por los controladores, pero ha subrayado que también le exigirá "explicaciones" por la "lamentable" situación que ha vivido España.
Así lo ha señalado al líder del PP en declaraciones en la Cámara Baja, donde ha acudido a la recepción con motivo del 32 aniversario de la Constitución. Rajoy se paró un momento ante los periodistas para glosar las bondades de la Carta Magna y reiterar su posición respecto a lo sucedido este fin de semana, pero no aceptó ninguna pregunta.
"Apoyaremos el real decreto, pero el Gobierno tendrá que dar explicaciones al conjunto españoles de qué ha ocurrido para que todos los españoles hayamos vivido una situación tan lamentable como ésta", se ha limitado a señalar.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido la gestión de la crisis provocada por los controladores aéreos que ha llevado a cabo el Ejecutivo y no ha descartado pedir una prórroga del estado de alarma "en función de cómo evolucionen las circunstancias".
En declaraciones a los periodistas en el Congreso antes de asistir a los actos conmemorativos del Día de la Constitución, Zapatero ha considerado que lograr "restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas" demuestra que "el proceso de toma de decisiones, cómo, cuándo y quién debía informar, ha sido acertado".
Prorrogar el estado de alarma
Según ha apuntado, dependiendo de cómo evolucione la situación, el Gobierno decidirá o no prorrogar el estado de alarma decretado en principio para quince días y lo hará "teniendo en cuenta la opinión del conjunto de los grupos" parlamentarios.
De hecho, una eventual prórroga deberá ser sometida a votación en el Congreso.
Zapatero ha recordado que el Ejecutivo tiene facultades y medios para prever cualquier circunstancia que pueda producirse y ha asegurado que los Ministerios de Fomento y Defensa trabajan para tener "una nueva capacidad de reacción" si vuelve a registrarse el mismo problema.
"Que confío que no", ha recalcado ante los medios de comunicación.
El presidente se justifica
Ha justificado también que no haya comparecido personalmente mientras el Gabinete decidía cómo resolver la crisis aeroportuaria.
A su juicio, las primeras explicaciones debe darlas en la sede de la soberanía popular.
Zapatero, que comparecerá el jueves ante el pleno del Congreso en una sesión extraordinaria, ha recordado que la decisión de decretar el estado de alarma, una facultad que la Constitución atribuye al Gobierno, se inscribe precisamente dentro del título que regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes.
"Creo que el Parlamento ha de ser quien tenga la información exhaustiva en primer lugar en el menor tiempo posible", ha manifestado.
Ha rechazado así que se critique que haya sido el portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien haya comparecido ante los medios para explicar la evolución de los acontecimientos, una decisión que, ha señalado, forma también parte de la gestión de la crisis.
Los pasos dados por el Gobierno y cómo el Gobierno ha informado "han dado los resultados buscados y esperados", ha subrayado.
Encuentro con el Rey
El Rey ha celebrado en el Palacio de la Zarzuela su despacho semanal con el presidente del Gobierno, y ambos han analizado el caos generado por los controladores aéreos y la decisión de decretar el estado de alarma, han informado fuentes de la Casa Real.
Don Juan Carlos ha recibido a Zapatero tras regresar de Mar del Plata (Argentina), donde participó en la Cumbre Iberoamericana, y antes de que el jefe del Ejecutivo acudiera al Congreso de los Diputados para asistir a los actos de celebración del Día de la Constitución.
Zapatero anuló su viaje a Mar del Plata para aprobar las últimas medidas económicas y el Rey tuvo que firmar desde la localidad argentina el decreto con el que se decretó el estado de alarma.
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