España ha estado a punto de despeñarse por un abismo. Las nuevas medidas de Zapatero nos permiten separarnos del precipicio pero existen diez mitos que impiden que nos alejemos.El primer mito consiste en decir que los problemas que hemos sufrido en las últimas semanas son el resultado del ataque de voraces especuladores que están en contra de España. La prensa adoptó esta lamentable posición casposa y maniquea. La realidad es que a lo que el Gobierno ha llamado especuladores no son otra cosa que los inversores y los gestores de los ahorros de millones de personas que huyen de aquellos políticos en cuyas promesas y medidas dejan de confiar.
El segundo es la teoría del contagio. La analogía con los virus no tiene cabida en este caso. Los virus se contagian indiscriminadamente. En cambio, para llegar a padecer la crisis de la deuda pública hay que comprar -más bien emitir- muchas papeletas. Se trata de una enfermedad económica que sólo se le pega a países con gobiernos manirrotos que se dedican a gastar más de lo que ingresan, saltándose a la torera las normas de equilibrio presupuestario.
El tercer mito consiste en pensar que las soluciones principales pasan por estimular artificialmente el gasto. Estas medidas keynesianas pueden resolver el problema de unos pocos, que recibirán como agua de mayo el gasto que el estado realiza en sus productos con el dinero del mismo contribuyente que no estaba dispuesto a comprarlos voluntariamente. Sin embargo, para la mayoría se traducirán en un empeoramiento de su bienestar. La demanda debe ser el refrendo de que la producción está hecha de forma económica y es valorada, y no el instrumento político para mantener producción que nadie quiere. La solución para el conjunto de la sociedad pasa por fomentar el ahorro y la capitalización como formas de sustentar las actividades más valoradas y evitar el sobreendeudamiento.
La falacia del gasto social La cuarta falacia consiste en presentar las políticas de gasto público de Zapatero como gasto social. Gastar lo que no se tiene y dedicarse a pedir prestado para cumplir promesas electoralistas tiene poco de social. El resultado son los impuestos elevados, la baja competitividad y el paro, claramente asocial. Con todos sus defectos, el modelo social europeo es mucho mejor que esta política antisocial de ZP. La idea europea de lo social ha consistido en generar mucha riqueza para luego detraer una parte vía impuestos y gastarla desde la administración pública en asuntos que al político de turno le resultan sociales. El modelo de Zapatero se parece al argentino: gastar sin medida en fines a los que pongo la etiqueta de social con cargo a préstamos que endeudan y entrampan a la sociedad.
La quinta falacia cuenta que España es demasiado grande para caer. En realidad España no es ni grande ni pequeña. Su incapacidad para generar la riqueza con la que cumplir los compromisos de pago es monumental. En ese sentido, España es demasiado grande para ser rescatada; un argumento adicional para quitar la pesada losa del gigantismo estatal que pesa sobre los emprendedores y acometer las reformas estructurales que permitan la generación de empleo y el crecimiento económico.
El sexto mito habla de que España no es Irlanda, queriendo decir que Irlanda estaba mucho peor que nuestro país. La realidad es más bien la contraria. Irlanda es un país que ha hecho casi todos los deberes, que ha hecho las reformas estructurales pendientes en España, que se ha vuelto competitiva, que atrae enormes inversiones internacionales, que ha transformado exitosamente su modelo productivo en uno basado en las nuevas tecnologías. El problema de Irlanda ha sido la burbuja inmobiliaria asociada a la enorme expansión del crédito de los bancos irlandeses, que se financiaron en Europa a los bajos tipos del BCE. El gobierno irlandés terminó de meter la pata al endeudar al país para rescatar a los bancos. Ojalá España fuera el país dinámico y competitivo que es Irlanda.
El séptimo consiste en pensar que en España tenemos impuestos bajos y que queda mucho margen para subidas impositivas. La realidad es bien distinta. Tenemos una presión fiscal baja y, sobre todo, una baja recaudación fiscal en términos comparativos, porque el intervencionismo gubernamental ha provocado mucho paro y baja productividad. En realidad los españoles sufren altos tipos y tienen que asumir un enorme esfuerzo fiscal que pesa como una losa sobre las familias, los trabajadores y los empresarios. Más impuestos significaría la muerte por asfixia de la economía española.
El octavo es creer que podemos cambiar el modelo productivo en uno fundamentado en la alta tecnología y el conocimiento por decisión política. Según Zapatero se puede forzar ese cambio con subvenciones a las energías verdes y crear así un millón de empleos. El modelo productivo cambia continuamente y basta con mirar atrás para darse cuenta. Pero el cambio, para que sea sostenible, lo debe decidir la sociedad civil. Los políticos tienden a equivocarse en esa apuesta porque no sufren los costes y sin embargo se ponen las medallas de elegir lo políticamente correcto.
Para dirigirnos hacia un tejido productivo basado en el conocimiento y las nuevas tecnologías necesitaríamos una enseñanza de calidad, algo de lo que carecemos en aquellos tramos educativos altamente regulados por nuestros políticos sin una sola universidad entre las primeras 200 del mundo, y una energía barata, que tampoco tenemos debido al empeño de los dos partidos principales en subvencionar formas de producción energéticas demasiado verdes como para competir en el mercado sin necesidad de ser continuamente subvencionadas.
En noveno lugar nos encontramos con ese mito según el cual estaríamos mejor con la Peseta. Detrás de esta afirmación suele esconderse la intención de devaluar la moneda como forma de solucionar nuestro excesivo endeudamiento. Esta puede ser una solución aparentemente indolora para quienes se han endeudado demasiado pero es un fraude de cara a los acreedores. Incumplir los compromisos de esta manera tiene como resultado de largo plazo que los inversores no se fíen de un país y que sea mucho más costoso financiar proyectos empresariales. Difícilmente una solución de este tipo puede beneficiar el crecimiento sostenido y el desarrollo económico general de la sociedad.
El último consiste en pensar que la compra de deuda española por parte del BCE es una solución ideal o definitiva. La muerte de las monedas ha llegado siempre cuando los políticos trataban de solucionar los problemas causados por sus políticas manirrotas con la creación de nuevo dinero. Lo que para España puede ser una solución momentánea de cara a evitar la adopción de las necesarias medidas estructurales y de ajuste, no hace sino trasladar el problema a la moneda y poner en peligro esta institución que es básica para el progreso económico a largo plazo.
Casi el 40% de los españoles se declara "poco o nada satisfecho" con la Constitución de 1978 y cerca de la mitad asegura lo mismo cuando se le pregunta sobre el funcionamiento de la democracia, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre, hecho público este jueves.
Esta encuesta, en la que se evalúa la opinión que tienen los ciudadanos sobre la Carta Magna y distintas instituciones del Estado, pone de manifiesto que el 54% es partidario de reformar la Constitución, principalmente para reformar la Justicia y el sistema autonómico.
El sondeo revela también que está extendida la percepción de que las empresas y los bancos tienen más poder que el Gobierno o el Parlamento, y que tres de cada cuatro españoles creen que la democracia funciona peor en España que en el resto de la Unión Europea.
Con la participación de representantes de un buen número de asociaciones y movimientos que trabajan activamente a favor de la vida y la familia, esta tarde se inaugura en Zaragoza el Congreso 'Ayudar a la familia hoy', organizado por la Delegación Episcopal de Familia y Vida de Zaragoza y cuyas jornadas concluirán el próximo domingo con la inauguración del Centro de Orientación Familiar (COF) de Zaragoza.
En el Congreso se abordarán, con diferentes ponencias y mesas redondas, temas como la fundamentación de la familia en el amor, la necesidad de ayudas a la familia, el trabajo de los COF o los diferentes aspectos de la convivencia humana en la lógica del amor.
En paralelo al desarrollo del programa general, está también prevista la celebración de unas jornadas.jóvenes, que, entre otras actividades, comprenderán la elaboración de un manifiesto de los jóvenes por la familia y la vida.
Para ver el programa y la información completa sobre el Congreso 'Ayudar a la familia hoy": pinchar aquí.
Otegi ha sido absuelto de un delito de enaltecimiento del terrorismo por su mitin en Anoeta el 14 de noviembre de 2004. En el acto se profirieron vivas a ETA y se mostraron fotos de etarras. La Audiencia alega que sólo defendió "la conveniencia de un diálogo" para "resolver el conflicto".
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha anunciado este jueves que el domingo 19 de diciembre se reabrirá "definitivamente" la basílica del Valle de los Caídos, después de colocar un túnel, una especie de 'finger' aeroportuario, a la entrada del templo.
Jáuregui ha dicho ante la Comisión Constitucional del Senado que, tras un año con problemas de seguridad porque la escultura de la Piedad de Juan de Ávalos, situada justo en la entrada, sufría desprendimientos, en los próximos días estará terminada la obra que permitirá reabrir el templo para su uso religioso.
(EP) - El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, ha tildado de "intromisión no adecuada" de la Iglesia sus calificaciones hacia algunas leyes del Gobierno como de "laicismo agresivo" y sus intentos de "mandatar" a cargos públicos que tienen fe católica a "actuar de alguna manera".
En este sentido, Jáuregui ha señalado, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que las manifestaciones de la Iglesia sobre la tramitación de normas "que rozan" con su código moral, "no corresponden a una actitud de respeto a la democracia y hacia la soberanía popular".
No obstante, ha admitido que algo "importante" que acepta la Iglesia es que reconoce que su valoración sobre determinadas iniciativas legislativas "puede formar parte del debate público", siempre que, según ha apuntado Jáuregui citando a Habermas, "transforme sus principios teológicos en argumentos razonables".
Así, ha afirmado que no le parece "mal" que se escuche el punto de vista de una "concepción biológica cristiana, si es que cabe decir eso" o "sobre la manera en que hay que regular el fin de la vida", aspectos en los que, a su juicio, hay que escuchar a la Iglesia católica así como a otras Iglesias. En todo caso, ha indicado que es la soberanía popular a través de Las Cortes las que tienen que hacer las leyes porque, según ha precisado, "la ley es de los hombres no es de Dios".
TEMAS CON VISIÓN PROGRESISTA
Por otra parte, el ministro de Presidencia ha advertido a la Iglesia de que "falta" que se escuche su voz en materias "coincidentes con una posición progresista de la vida", como la manera de tratar al inmigrante, de incluir al excluido, de buscar la paz y la solidaridad en relación con la política fiscal.
"Parece que la Iglesia sólo se pronuncia cuando se trata de un código moral que afecta a la vida, a la familia, al aborto, pero la iglesia tiene mucho más que decir", ha agregado, al tiempo que ha apuntado que "la acción social de la Iglesia en muchos aspectos, con Cáritas, Manos Unidas, es formidable en España y todo el mundo".
Sin embargo, ha explicado, basándose en sus conversaciones con cardenales en Roma, que, en determinadas materias, la Iglesia considera que sus principios teológicos "no son objeto de negociación", como la vida. "La Iglesia no puede aceptar que entre vida y muerte haya zonas grises de debate público, entonces la opción es decir no, la vida hay que protegerla en todo caso y lo mismo cabe decir de la familia", ha señalado.
COLABORACIÓN "MUY ESTRECHA" PARA LA JMJ
En todo caso, ha asegurado que las relaciones entre el Ejecutivo y la Iglesia son "muy buenas", en un marco de "respeto y cooperación" y, en este sentido, ha recordado que España tiene "un acontecimiento muy importante" en agosto del próximo año, la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en la que, según ha explicado, están trabajando "de manera muy estrecha" con los organizadores, a través de una comisión mixta.
Concretamente, ha indicado que este marco de "cooperación" es el que establecen las leyes españolas de un país "aconfesional" que, según ha remarcado, construye "una laicidad positiva, incluyente, que reconoce el hecho religioso pero que se expresa desde el poder desde la reivindicación de su autonomía y de su aconfesionalidad".
LA IGLESIA, "CONFORME" CON LA FINANCIACIÓN
Finalmente, Jáuregui ha declarado que el modelo de financiación que establece que el ciudadano marque de una forma voluntaria a quién destina el 0,7 por ciento, ha beneficiado a la Iglesia pues, según ha apuntado, "muchos españoles" marcan en su casilla esta partida, lo que ha provocado "una ligera mejora" en la cantidad total de financiación en los últimos años. Por todo ello, el ministro cree que, el hecho de que la Iglesia no haya dicho nada al respecto, demuestra que "están conformes" con el modelo de financiación.
Uno de los diarios marroquíes más importantes, 'L'Opinion', aseguró este jueves que Ceuta y Melilla"forman parte geográfica, histórica y humanamente" de Marruecos y su "recuperación" constituye una etapa en el "proceso de liberación" del país.
Ceuta y Melilla suponen "una causa sagrada para el pueblo marroquí, que sigue movilizado detrás de su Rey para lograr su integridad territorial y para defender su soberanía", afirma el diario en su editorial.
Por ello, prosigue, "España debería mostrar realismo y coraje para no seguir yendo a contracorriente de la historia" y para "desembarazarse de las secuelas del franquismo y de la herencia colonial".
Según 'L'Opinion', Marruecos ha seguido históricamente un "proceso de liberación" cuyas etapas comenzaron con la guerra de la independencia "emprendida por el movimiento nacional en perfecta comunión con el Rey", prosiguieron con la "liberación" de "la zona norte de Tarfaya y Sidi Ifni (antiguo protectorado español al norte del Sáhara Occidental)" y de "las provincias de Saguia al Hamra y Oued Eddahab" (que conforman el actual Sáhara Occidental) y concluirán con la "recuperación" de Ceuta y Melilla.
Esta "recuperación", asegura el rotativo, se llevará a cabo "en el marco de unas negociaciones que pongan fin a este legado colonial, preservando al mismo tiempo las relaciones estratégicas que unen a las dos orillas del Estrecho de Gibraltar y consolidando sus vínculos de amistad, cooperación y buena vecindad".
Hoy, en portada de La Gaceta: "Chacón puso ya en estado de prealerta al Ejército del Aire horas antes del caos aéreo". En concreto, Chacón admitió ayer en la Ser que el ejército fue prealertado en la mañana del viernes, es decir, antes de la aprobación del decreto que desató el conflicto (el decreto que volvía a endurecer las condiciones laborales de los controladores).
Por tanto, el Gobierno sabía que la nueva vuelta de tuerca a los controladores podía desatar un plante masivo del colectivo.
A pesar de lo cual, el Gobierno - en lugar de esperar cuatro días, para que pasara el puente y el caos fuera el menor posible, cosa que podía haber hecho perfectamente - sacó de todos modos el decreto, desatando el caos.
Y, a continuación, para responder a un caos perfectamente previsto, decreta de modo ilegal el estado de alarma y pone a los controladores bajo jurisdicción militar, violando de forma clamorosa la Constitución.
Tenemos, por tanto, que el caos que se organizó hubiera podido evitarse perfectamente de múltiples maneras:
- el Gobierno podía haber contratado a nuevos controladores a lo largo del año y no lo hizo
- el Gobierno podía haber evitado que caducaran las licencias de los controladores militares el pasado 17 de octubre y no lo hizo
- el Gobierno podía haber retrasado cuatro días la aprobación del decreto que alteraba las condiciones laborales de los controladores, y no lo hizo
- el Gobierno (ése que negocia con los terroristas de ETA y los piratas del Alakrana) podía, en último término, haber negociado con los controladores, y no lo hizo
Y todo ello tiene como consecuencia la declaración de un estado de alarma ilegal, que restringe las garantías constitucionales, que militariza de manera inconstitucional a los controladores y que tiene como efecto la imposibilidad de convocar elecciones anticipadas justo en el momento en que España se tambalea al borde del precipicio de la quiebra. Estado de alarma ilegal que, para colmo, se pretende prolongar varios meses.
¿Por qué solo varios meses?
Ya puestos, instauremos el estado de alarma permanente, hombre.
P.D.: Ayer se sumaba Telemadrid al coro de medios que cuestionan la legalidad del estado de alarma y de la militarización de los controladores, con declaración en ese sentido de Jiménez de Parga y de José Luis Requero.
Pero, a pesar de la clamorosa ilegalidad de la medida, el Congreso va a dedicar una sesión de mero trámite a debatir el primer estado de excepcionalidad de nuestra democracia.
¿Cómo es posible que nuestra clase política haga eso? Pues porque nos dejamos, evidentemente. Los españoles hemos demostrado, con nuestra reacción (o, más bien, con nuestra ausencia de reacción) que estamos bizcochables.
Jáuregui ha llevado ante la Cámara un informe detallado sobre las subvenciones concedidas entre 2006 y 2010 en virtud de la Ley de Memoria Histórica, y que ascienden a 19,476 millones de euros para 642 proyectos.
De esta cantidad, casi un tercio, 5,92 millones de euros (el 29 por ciento), se han destinado a 150 proyectos de localización y exhumación de fosas. Según estos datos, 2010 ha sido el año en el que se han destinado más fondos a este fin, 2,2 millones de euros, muy por encima de las cifras de los primeros años de vigencia de la ley: 725.175 euros en 2006; 549.673 en 2007; 1,1 millones de euros en 2008 y 1,4 millones en 2009. El segundo importe más cuantioso, 2,6 millones de euros (un 13 por ciento del total) ha sido el asignado a 95 proyectos de recuperación de testimonios orales y escritos; seguido por los 2,15 millones que se han dedicado a archivos y censos en estos cinco ejercicios presupuestarios.
Documentales, cursos y exposiciones
Además, el Gobierno ha financiado documentales con 1,73 millones de euros, cursos y congresos por 1,29 millones de euros, exposiciones con 1,27 millones y publicaciones con 1,13 millones. Otro millón se ha destinado a monumentos o vestigios, 800.000 euros a estudios, 700.000 a homenajes y 749.000 quedan consignados como destinados a "otros" proyectos.
En cuanto a los destinatarios de las subvenciones, de un total de 193 beneficiarios han sido asociaciones, 40 fundaciones, 21 agrupaciones de familiares, seis sindicatos y 13 universidades (que han podido recibirlas por primera vez desde 2010).
El Senado había decidido acumular en una sola sesión la comparecencia de Jáuregui a petición propia para informar de los planes de su Ministerio con la que había pedido el PP para pedir información sobre estas subvenciones pero, a pesar de que el ministro ha traído consigo esta información, el 'popular' Joan Huguet ha insistido en pedir una comparecencia específica sobre las ayudas derivadas de la ley de Memoria Histórica.Jáuregui ha aceptado comparecer de nuevo.
El PP no se opone a exumar fosas
Además, el senador 'popular' por Baleares ha querido insistir en que el PP nunca ha puesto "reparo alguno" a la exhumación de fosas de víctimas de la Guerra Civil y en que es partidario de que todas ellas tengan "digna sepultura" porque, ha recalcado, los 'populares' no se consideran "herederos de aquella barbarie". A su juicio, es "injusto" que se alimente esa tesis: "Es como si yo dijera que los otros son herederos de los otros". Sí ha pedido, no obstante, que se dedique dinero a descubrir "absolutamente todas" las fosas, sin discriminación de ningún tipo, y "que de una vez por todos se deje de criminalizar a unos y a otros, vengan de donde vengan". En su réplica, Jáuregui le ha agradecido esa posición y ha confiado en que esa acabe siendo la de todo el PP, tras recordarle que, el pasado mes de mayo, el diputado 'popular' Jorge Fernández Díaz pidió que, debido a la crisis económica, se suspendiesen las subvenciones concedidas en virtud de la Ley de Memoria Histórica.
Parafraseando a Rubalcaba, no nos merecemos a un Gobierno que en lugar de dar explicaciones, perpetúe la alarma nacional. Tampoco nos merecemos que quienes marcan la agenda desvíen la atención con cortinas de humo sólo aparentemente casuales. Porque eso, mucha cortina aparatosa copando mediáticamente la actualidad, y nuevas dosis de alarma es lo que recibió España ayer, el mismo día en que el ciudadano exigía cuentas al Gobierno, en el Parlamento, por la caótica crisis de los controladores. Lo que ha acaparado los titulares en las últimas horas es la detención por parte de la Guardia Civil de Marta Domínguez, campeona mundial de atletismo, en el curso de una operación antidopaje. Cada uno es libre de invocar al azar, ¿pero no es demasiada casualidad que la detención se practique el mismo día que Zapatero comparece en el Congreso y que además de icono del deporte femenino, la detenida por la Guardia Civil de Rubalcaba sea militante del PP? ¿No es demasiada casualidad que justo ayer la Audiencia Nacional absolviera del delito de enaltecimiento del terrorismo a Arnaldo Otegui, proetarra para todos menos para Zapatero que lo considera "hombre de paz"?
Cuando remodeló el Gabinete, Zapatero dijo que éste iba a ser el Gobierno de "la explicación". Pero con un mago de la simulación como Rubalcaba tenemos justo lo contrario. Como si fuera una sucesión de muñecas rusas, un problema oculta a otro y éste a otro... El de los últimos ocho días es un ejemplo de libro. Primero fueron los nuevos tijeretazos económicos, harto impopulares; después el decreto-ley de los controladores; después la militarización de las torres de control y el estado de alarma; y ahora, dos episodios judiciales aparatosos.
La intervención de Zapatero en el hemiciclo nos dejó como estábamos... O peor aún, más alarmados si cabe. Mintió al decir que se vio obligado a adoptar medidas drásticas, porque ya había agotado sus posibilidades de actuación con los controladores. ¿Agotadas? ¿Por qué desde que se aprobó el decreto de febrero no resolvió la homologación de los controladores militares? ¿Por qué se esperó a octubre para convocar 150 plazas de controladores de torre que aún no estaban seleccionados? ¿Por qué se anunció en agosto un acuerdo del que nunca más se supo, como argumentó Rajoy?. El Gobierno ha tenido suficiente margen de maniobra (¡seis años!) para evitar que el conflicto le estallara en las manos y esperó hasta el puente de la Constitución provocando un doble atropello: contra los ciudadanos en los aeropuertos y contra la legalidad por las objeciones jurídicas que suscita tanto el estado de alarma como la militarización de los controladores. Zapatero tampoco fue capaz de resolver estas últimas. No explicó por qué no recurrió al estado de excepción y sí al de alarma, que se refiere a catástrofes, calamidades, crisis sanitarias o de desabastecimiento. Tampoco fue capaz de dar razón de la militarización del control aéreo, que puede ser inconstitucional (ya que, según el art. 117.5 sólo se debe aplicar en el ámbito castrense o en supuestos del estado de sitio). Ni por qué movilizó al Ejército la noche del viernes, horas antes de que aprobara el decreto de militarización. Y lo más inquietante de todo: dejó en el aire la posibilidad de prorrogar el estado de alarma, algo muy discutible jurídicamente. En lugar de afrontar los hechos y gobernar, como le instaron los grandes empresarios, Zapatero huye hacia adelante acumulando crisis tras crisis, mientras se acumulan botes de humo para distraer la atención.
La reciente declaración por el Gobierno del estado de alarma hace necesario aclarar determinadas cuestiones jurídico-constitucionales.
1. ¿Ha obrado el Gobierno conforme a la Constitución? No. El estado de alarma viene recogido en el artículo 116.2 de nuestra Constitución y se desarrolla en los artículos 4 a 12 de la Ley orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Esta situación de anormalidad constitucional que puede suponer una restricción de los derechos fundamentales, no es la única sino la de menor calado respecto de las otras dos que recoge también el artículo 116 y la normativa orgánica citada, los estados de excepción y de sitio.
Pues bien, el estado de alarma se puede declarar por el Gobierno, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca una de las "siguientes alteraciones graves de la normalidad: a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. b) Crisis sanitarias, tales como epidemias o situaciones de contaminación graves. c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garanticen el derecho de huelga y de cierre patronal, y concurra alguna de las circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad".
Parece obvio que no nos encontramos en ninguno de los supuestos a los que se refieren los apartados a, b y d, pero el Gobierno considera que sí se ha producido una "paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad". Y así es. Pero, o bien por desconocimiento, o bien por oportunidad política, olvidan que la declaración del estado de alarma debido a dicha paralización de servicios públicos esenciales debe venir acompañada por la concurrencia de "alguna de las circunstancias o situaciones contenidas en este artículo", es decir, catástrofes, crisis sanitarias o desabastecimiento de productos de primera necesidad. Por tanto, el caso que nos ocupa no se encuentra entre los regulados dentro de la normativa referida al estado de alarma.
2. Claro, pero... ¡algo tendrá que hacer el Gobierno! Pues sí, algo puede hacer. Pero debe hacerlo bien. Aparte de aplicar la legislación correspondiente, ya penal, ya administrativa, y sin entrar ni en actuaciones anteriores ni en la oportunidad política de aprobar un decreto que afecta a un sector tan inestable en un momento tan complicado como el puente de la Inmaculada –¡a quién se le ocurre!–, toda vez que el cierre del espacio aéreo se ha producido y se están conculcando tanto un derecho fundamental de los ciudadanos –el derecho a la libre circulación reconocido en el artículo 19 de la Constitución–, como impidiendo un servicio esencial, el Gobierno puede declarar el estado de excepción, pero no el de alarma. Me remito, en defensa de mi argumento, a la literalidad, esta vez, del apartado primero del artículo 13 de la Ley orgánica 4/1981: "Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto de orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción".
3. ¿Y por qué se ha declarado el estado de alarma en vez del estado de excepción, con las implicaciones jurídicas que puede acarrear? Entre otras varias razones, la declaración del estado de excepción requiere la autorización previa del Congreso de los Diputados, debido a la suspensión de derechos que supone. Y ello conlleva necesariamente un mayor –y previo– control de la oposición de la medida excepcional a adoptar. Los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos no pueden regularse/restringirse/suspenderse de cualquier manera, y en el caso del estado de excepción aparecen muy acotados y con mayor control, insisto, por el Legislativo. Una somera lectura a los artículos 13 a 31 de la Ley orgánica de 1981 resulta más que suficiente: ¡incluso el Congreso de los Diputados puede modificar los términos de la solicitud de declaración y el Gobierno tiene que pedirle nuevamente permiso si quiere introducir novedades! (arts. 13 y 15) Cuidado, mucho cuidado... El fin no justifica los medios. Primero se convoca de urgencia al Congreso de los Diputados y acto seguido se reúne el Consejo de Ministros. Se declara el estado de excepción y no retorcemos nuevamente la Constitución. Sus 32 años de vigencia no merecen ser celebrados así.
A partir de aquí surgen muchas dudas. ¿Por qué el Congreso de los Diputados ha tardado cinco días en reunirse en lugar de hacerlo "inmediatamente", tal y como obligan el artículo 116 de la Constitución y el 165 de su propio Reglamento? ¿Qué opinan los sindicatos de clase sobre esta declaración de estado de alarma? ¿A qué se debe su mutismo? ¿Qué reacciones encontraríamos en la prensa y en los otros partidos si esta medida la hubiese adoptado el Partido Popular?
Es indignante que cualquier colectivo profesional ejercite mal su derecho de huelga tomando como rehenes a los ciudadanos. Quizás si se hubiese aprobado la ley de huelga que prevé el artículo 28.2 de la Constitución y en la misma se hubiesen regulado los límites de dicho derecho todo esto no hubiese pasado. Aprendamos de cara al futuro.
*José Manuel Vera Santos es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos.
De la misma forma que la caída del muro del Berlín el 9 de noviembre de 1989 marcó el final de una década, podríamos aventurar que la nuestra comenzó el 11 de septiembre de 2001 y todavía no ha concluido. Desde entonces una crisis latente recorre Occidente, que se ha demostrado incapaz de gestionar "el fin de las ideologías", superadas por una síntesis de liberalismo estatista que promueve la doctrina de la tolerancia infinita frente al multiculturalismo en la forma de un Estado del Bienestar que se financia a través de una expansión crediticia irreal.
Entonces, no solo se tambalearon los cimientos de las Torres Gemelas, sino que con ellas se pusieron de manifiesto las debilidades de las formas políticas bajo las que nos organizamos actualmente. El pánico y la indefensión se calmaron con una respuesta contundente que conllevó restricciones en las libertades que, en algunos casos, se mantienen hasta el día de hoy. Entre otros ámbitos, Internet, que permanecía virgen a la intervención estatal, empezó a ser objeto de preocupación y legislación; estos días comprobamos cómo la fuerza de los gobiernos recae sobre un hombre, Julian Assange, héroe para unos y villano para otros, por mantener un refugio de anonimato en el que volcar secretos -y cotilleos- de Estado. El debate sobre la neutralidad en la red forma también la agenda política, y su regulación podría, en lugar de garantizar un acceso libre, garantizar la intervención estatal para igualarnos por la base en el mundo virtual. Ejemplos que algunos podrán considerar banales pero que sin duda marcan la tendencia de los estados, siempre dispuestos a garantizar la seguridad de sus ciudadanos a cambio de un alto precio. Otro ejemplo es el de la hiperregulación de sectores como el energético debido a la alarma creada por un supuesto apocalipsis climático que no termina de llegar pese a sus heraldos. Recientemente en España se ha decretado uno de los estados de excepción previstos en la Constitución para desbloquear el cierre del espacio aéreo que causaron los controladores al abandonar sus puestos de trabajo y en el que de momento nos encontramos.
El mismo temor que nos lleva a sacrificar libertades es la misma pulsión sobre la que se ha construido el Estado del Bienestar. El miedo a una enfermedad a la que no podríamos hacer frente por nosotros mismos nos incita a delegar esa responsabilidad, aunque la falta de incentivos de mercado para la investigación impida encontrar remedios futuros. El miedo a perder el trabajo nos impele a legitimar un sistema de subsidios que, en lugar de ayudar al posible desempleado, encarece y dificulta la contratación. Y así con todas y cada una de las garantías del bienestar que el abrazo maternal del Estado nos ha ido ofreciendo hasta constreñir la capacidad creadora y equilibradora del libre mercado. Un sistema económico y socialmente insostenible que empieza a colapsar, pero que no por ello impide a la propia organización reestructurarse para no perder su hegemonía. Como si de una extremidad gangrenada se tratase, el Estado se deshará de sus políticas más inoperantes sin renunciar a mantenernos en un verdadero Estado de Alarma.
Así, en este estado de pánico perpetuo en el que nos encontramos sometidos, parecemos decididos a renunciar a la libertad para garantizar nuestra seguridad. Como un rebaño de ciudadanos pastoreado por una casta de políticos, no reparamos a preguntarnos si la cerca que levantan a nuestro alrededor nos protege de los lobos o es utilizada para mantenernos bajo control. El lobo no solo se encuentra entre nosotros vistiendo piel de cordero, sino que nos domeña con el cayado del pastor.
¿Implica este razonamiento justificar o legitimar en algún modo un ataque terrorista, el bloqueo de la navegación aérea? Absolutamente no, de ningún modo. Siendo hechos muy distintos, solo son comparables en que sus únicos responsables son quienes los causaron: los terroristas en el primer caso y los controladores en el segundo.
Pero esto no debe impedir analizar las decisiones políticas desde una perspectiva crítica. De hecho, al no hacerlo caeríamos en una grave irresponsabilidadm pues jamás debemos olvidar las palabras de Jefferson advirtiendo que "el precio de la libertad es una eterna vigilancia" a sabiendas de que el poder a vigilar en nuestros días es el de las leyes que se atribuyen la capacidad de transformar la realidad. Leyes que pueden dictarse de forma provisional para atajar una situación de peligro inminente, real o imaginado, pero que terminan sumándose al acervo normativo para ser utilizadas de forma ordinaria en lugar de extraordinaria. Rara vez, cuando el Estado avanza restringiendo nuestras libertades vuelve sobre sus pasos deshaciendo el camino andado. Ahora más que nunca, los hombres celosos de su libertad deben -debemos- permanecer en un verdadero estado de alarma.
"Es intolerable que las únicas vacaciones que muchas familias iban a tener se frustraran porque unos señores abandonaran su puesto de trabajo. Hemos sufrido aquí en el mes de junio la huelga salvaje en el metro y francamente creo que no se puede tomar como rehenes a los ciudadanos", ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Por ello, ha reclamado la redacción de una Ley de Huelga y que "se cumpla" lo que establece la Constitución; es decir, que "la Ley debe regular el ejercicio del derecho a huelga".
Bajo el paraguas del "apoyo" al Gobierno, Rajoy ha constatado que "vivir" con Zapatero es ir "de sobresalto en sobresalto". Le acusó, en este sentido, de dejar que los problemas "envejezcan" ante su total "incapacidad". Sobre Blanco, apuntó que no será él quien le llame "inútil total".
En un pleno más largo de lo previsto, el presidente ha justificado la declaración del estado de alarma ante el caos aéreo. Habló de situación "calamitosa" y de "afrenta al orden público" sin aclarar cuánto durará. "No vamos a estar ni un día más ni un día menos" de lo necesario, dijo.
En declaraciones a los medios, tras el encuentro mantenido entre los representantes sindicales y el secretario de Estado de Transporte, Isaías Táboas, en el que estuvo también presente el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema. García apuntó que la primera reunión de esta comisión, que será nombrada por Fomento e integrada por representantes de AENA y de los sindicatos, tendrá lugar el próximo lunes, aunque se reunirá "diariamente".
"Si esta comisión se toma en serio el trabajo y los representantes del Ministerio de Fomento actúan con honradez y seriedad previsiblemente no habrá paros", ha afirmado, tras constatar la "voluntad en la mesa negociadora".
No obstante, aseguró que "la garantía" para que esto no ocurra está en que "no sea una tomadura de pelo" y confió en que no suponga "un pasar el tiempo" para "dejen pasar las fechas".
"Hay un compromiso público del ministro de Fomento, José Blanco, de que todo lo que afecte a los trabajadores habrá que negociarlo previamente con los sindicatos, aunque ya hay que poner entre comillas el creerle o no", ha afirmado el portavoz de CC.OO.
En esta línea, aclaró que pese a la creación de esta comisión, que se reunirá hasta perfilar "unos puntos en común" para negociar, se continuará adelante con las movilizaciones anunciadas, que "no fastidiarán al tráfico aéreo, ni repercutirán en los usuarios".
Acciones conjuntas
Por su parte el representante de UGT en AENA, Raúl Gómez, señaló que cada sindicato tomará una decisión de forma individual con respecto a las movilizaciones a llevar a cabo, aunque su intención es realizar actuaciones conjuntas.
"Hemos advertido al Gobierno de que no vamos a pasar por lo mismo que hasta ahora, donde ni el nivel, ni el poder de decisión eran suficientes", apuntó.
Los sindicatos habían advertido esta mañana de que no descartan "movilzaciones en todos los aeropuertos y centros de control", que podrían incluir "desde encierros a la propia convocatoria de huelga", si no se les da garantías sobre "cómo va a afectar" la privatización del 49% del gestor aeroportuario a los trabajadores.
Durante el encuentro los sindicatos aprovecharon para trasladar al secretario de Estado de Transportes su preocupación por mantener la viabilidad de los aeropuertos que "no son rentables", a lo que Fomento se ha comprometido a darles una contestación.
El líder sindical de CC OO recordó que de 47 aeropuertos que tiene la red, solamente 15 son rentables, y alrededor de 32 son deficitarios, que se mantienen con los ingresos del conjunto de la red.
"Si nos quitan Barcelona y Madrid, que son los dos aeropuertos que más ingresos dan a la red, ¿quien va a garantizar que el resto de aeropuertos vayan a funcionar?", concluyó.
Según señala en una nota el ente gestor Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el sindicato de este colectivo, USCA, "intenta engañar a la opinión pública negando que la decisión de los controladores aéreos de abandonar masivamente sus puestos de trabajo fue lo que obligó a cerrar el espacio aéreo".
"No contentos con haber secuestrado a cientos de miles de ciudadanos en los aeropuertos durante el viernes y el sábado, el sindicato de controladores intenta seguir engañando a la opinión pública afirmando que ningún controlador abandonó el viernes su puesto de trabajo y que Aena ordenó innecesariamente cerrar el espacio aéreo", se agrega.
En el comunicado, Aena "recomienda a los representantes de los controladores (o dirigentes de USCA)" que afronten sus responsabilidades por "los hechos que protagonizaron en los últimos días, en lugar de intentar esparcir informaciones y acusaciones falsas ante unos ciudadanos que conocen perfectamente lo que ocurrió ya que sufrieron sus consecuencias, como ha ocurrido varias veces en los últimos años".
En su "irresponsabilidad, los controladores aéreos tal vez están insinuando que Aena debería haber dejado que los aviones siguieran volando sin medidas de seguridad".
Aunque "la falsedad de esta información resulta obvia", Aena recuerda que sobre las 17.00 horas del viernes, "a la misma hora que en rueda de prensa el presidente del sindicato de controladores, Camilo Cela, aseguraba que no iban a tomar medidas contra el Decreto Ley aprobado por el Gobierno", los controladores comenzaron a abandonar sus puestos de trabajo.
Según AENA, "los controladores aéreos de turno en ese momento en las torres y centros de control de toda España empezaron simultáneamente a declararse no aptos para seguir prestando el servicio y abandonando sus puestos de trabajo".
Ante ese "abandono masivo", y para garantizar la seguridad del tráfico aéreo, Aena "tuvo que ir reduciendo paulatinamente la actividad en los centros y torres de control hasta llegar al cierre total cuando no hubo controladores en sus puestos para controlar el espacio aéreo", agrega.
En total 440 controladores abandonaron el servicio en España y como se detalla en un documento enviado por AENA, 175 correspondieron a centros de control y torres en Madrid, 71 en Baleares, 60 en Cataluña, 47 en las Islas Canarias y 10 en Valencia. Además se ausentaron 9 de Galicia y del País Vasco, 2 de Asturias y uno de La Rioja.
El fiscal jefe del Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha asegurado que los doce controladores citados en calidad de denunciados por un delito de sedición se han acogido a su derecho a no declarar, puesto que entienden que la competencia corresponde a la jurisdición militar con motivo del estado de alarma decretado el pasado sábado y la militarización del espacio aéreo ordenada por el Gobierno.
En una multitudinaria rueda de prensa, en la que estaban presentes más de medio centenar de periodistas, Esteban ha insistido en que si siguen la misma línea de no prestar declaración se dejará de citar a los próximos controladores para "evitar dilaciones" y se pedirá que se traslade la denuncia a un juzgado ordinario.
"La Fiscalía seguirá investigando a través de la policía para saber qué ocurrió el 3 y 4 de diciembre", ha dicho el fiscal jefe, quien mañana tomará declaración a otros seis controladores y el próximo lunes a otros ocho.
Respecto a su negativa a declarar, el fiscal se ha mostrado contrario a que esto se investigue por la jurisdicción militar al estimar que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretara la militarización del aeropuerto por el caos aéreo. Además, ha rechazado también que la competencia corresponda a la Audiencia Nacional al no prever el delito de sedición, recogido en el artículo 91 del Código Civil Militar.
DENUNCIADOS 175 CONTROLADORES
Esteban ha especificado que son 175 los controladores que se ausentaron de sus puestos de trabajo en Madrid, indicando que los primeros que han sido llamados a declarar son los que tenían constancia de que estuvieron reunidos en un hotel de Torrejón de Ardoz en el momento de los incidentes.
"Se las ha citado para tener la posibilidad de explicar la situación, pero no han querido", ha subrayado Esteban, quien ha adelantado que previsblemente se remitirá la denuncia a los Juzgados para que proceda a la investigación y se les cite a declarar ante un juez. Por ahora, la Fiscalía no tiene constancia de la interposición de ninguna denuncia ante los juzgados, si bien el sindicato Manos Limpias presentó el pasado domingo una querella por estos hechos.
Asimismo, ha señalado que el fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pmpido ha dado instrucciones para que las Fiscalías sigan una misma línea de actuación en su investigación.
Además, ha aclarado que podría enfrentarse hasta ocho años de prisión, pero que no se ha solicitado al no ser el momento procesal para ello.
"No se puede sugerir una pena porque no se ha iniciado el procedimiento", ha insistido.
SEDICION MILITAR
Este delito viene recogido en el artículo 91 del citado Código en el que se establece "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".
"Si los hechos tuvieren lugar en situación de peligro para la seguridad del buque o aeronave, frente a rebeldes o sediciosos, acudiendo a las armas o agrediendo a superior, las penas serán de diez a veinte años de prisión Para los meros ejecutores y de diez a veinticinco para los promotores, el cabecilla y, en todos los casos, para los oficiales y suboficiales", añade el precepto.
"Si le causare la muerte o lesiones al menos graves a un superior, se impondrá la pena de quince a veinticinco años de prisión a los promotores y demás responsables aludidos en el párrafo anterior, y de diez a veinticinco años a los meros ejecutores", agrega.
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