El presidente de la FAME, Jesús Navarro Jiménez, militar (R) y abogado, ha señalado que la Ley 50/1969, Básica de Movilización Nacional, que regula la militarización del personal civil, por necesidades de la defensa nacional o cuando situaciones excepcionales así lo exijan" y que regula sus "deberes y derechos" (art. 11), así como el "fuero aplicable" (art. 18), y que no es otro que el Código de Justicia Militar (actuales leyes penal, disciplinaria y procesal militar), está derogada y no ha sido sustituida por una nueva.
En efecto, la citada Ley de Movilización (y militarización) debía de haber sido sustituida por una nueva, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 1980 (art. 14), pero ese mandato nunca llegó a cumplirse y, por tanto seguía vigente la ley de 1969 (como vigente sigue la Ley de Navegación Aérea de 1960, invocada por el Gobierno al Decretar el "estado de alarma"). Pero la nueva L. O. de Defensa de 2005 derogó la de 1980 (reformada en 1984), y no previó la sustitución de la Ley de Movilización que, por cierto, durante el primer mandato del Gobierno popular había sido "deslegalizada" (rebajada a rango reglamentario) por la Ley 17/1999, de Régimen del Personal Militar de las FAS.
Pero es que sin proyectar, tramitar y aprobar una nueva Ley de Movilización/Militarización de los "recursos humanos y materiales y de todas las actividades cualquiera que sea su naturaleza" para "satisfacer las necesidades de la defensa nacional o las planteadas por circunstancias excepcionales" (según se estableció en 1980), el Gobierno socialista propuso al Parlamento, y fue aprobado a través de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, la derogación total de la Ley de Movilización de 1969, creando un vacío legal sobre la materia de movilización y militarización de aquellos recursos, que ahora se ha puesto de manifiesto, pues no hay "ley habilitante" que permita la militarización de los controladores, así como la definición de sus deberes y derechos y el fuero que les resulta aplicable.
El Gobierno ha invocado el art. 8º.5 del Código Penal Militar que define quienes son "militares" a efectos de aplicación de ese Código, y que son, además de los militares profesionales (sean o no de carrera), los alumnos de las academias militares y los militares de complemento, "los que con cualquier asimilación militar presten servicios al ser movilizados o militarizados por decisión del Gobierno".
Así es que se han cometido graves errores en el RD de declaración del "estado de alarma" y militarización de los controladores, que podrían dar lugar a la declaración de nulidad radical por los Tribunales de Justicia, ya que para que dicho personal pudiera ser movilizado o militarizado hacía falta una Ley habilitante, que está totalmente derogada, y, además, para poder aplicar el Código Penal Militar hay que conceder a los militarizados la "asimilación" a un empleo militar (ya sea el de Soldado, Cabo, Sargento, Teniente, etc., según tengan o no la misma categoría o responsabilidades dentro de su organización), de manera que de acuerdo con ese grado de asimilación sepan cuales son los superiores jerárquicos a los que tienen que obedecer, porque así lo exige al art. 8º.5 del CPM. de 1985 y la organización jerarquizada de las FAS.
Marruecos está jugando muy bien sus bazas. Por un lado, aprovecha la debilidad del Gobierno Socialista para abrir frentes de discordia que no interesan para nada a Zapatero en este momento en el que su imagen está más discutida que nunca. Además, juega con la ausencia de una política exterior del Gobierno de España, cuya única hoja de ruta a la fecha ha sido la del buenismo y no la de una política firme, clara y con objetivos muy concretos: defender la españolidad de Ceuta y Melilla, sin que por ello tenga que perjudicar las convenientes buenas relaciones que interesa a ambos países.
El Gobierno Zapatero, a través de la ministra de Sanidad, se niega a aplicar las resoluciones del Consejo de Europa, que garantizan el derecho a la objeción de conciencia de todo el personal sanitario.
Profesionales por la Ética ha lanzado esta semana una campaña para exigir a Leire Pajín, Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, y a los Consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas para exigirles que respeten y garanticen la libertad de conciencia, salvaguardando el derecho fundamental a la objeción de conciencia frente al aborto y la eutanasia de forma clara y sin matices y sin obstaculizarlo en modo alguno.
La campaña, en la que colabora también la plataforma cívica HazteOir.org, promueve que los ciudadanos escriban a las autoridades sanitarias con la mencionada petición y para recordarles que el pasado 7 de octubre la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ratificó, al aprobar la Resolución 1763 (2010), el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios frente a la 'práctica de un aborto (…), eutanasia o cualquier acto que pueda causar la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón'.
Para sumarse a esta iniciativa, basta pinchar aquí o entrar en el banner habilitado en el lado superior izquierdo de la portada de nuestra web-site.
El informe, que ha sido presentado en el 'Meeting on Freedom of Religion' organizado por la Organización Europea para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) en Viena, señala un listado de las diferentes formas de discriminación que sufren los cristianos, entre las que también destaca la "dificultad" de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones religiosas.
Igualmente, ofrece una relación de los casos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de la eliminación del símbolo de la cruz en los lugares públicos de Italia, Alemania o Inglaterra.
El documento concluye con una serie de recomendaciones a los gobiernos de los países europeos, a la Unión Europea y a las instituciones internacionales. Entre ellas, pide a los gobiernos de Europa que reconozcan y condenen la intolerancia o la discriminación que sufren los cristianos en el viejo continente.
Por otra parte, el documento revela que el libro 'Angeles y Demonios', escrito por Dan Brown, favorece la difusión de "estereotipos negativos" con respecto a los cristianos y apunta que la comedia británica 'Coronation Street' presenta al cristianismo "como un hecho ridículo y absurdo".
La elaboración del documento ha durado casi cinco años y contempla hechos como la limitación de conciencia y de expresión, difamación e insultos a los medios de prensa o la eliminación de los símbolos religiosos en lugares públicos en países como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suecia y Turquía.
Sufren la llamada prisión del silencio. Su único delito, el ser periodistas. Dawitt Isaac, Nay Phone Latt, Hu Jia, Anakurban Amanklytchev, Shi Tao, Agnès Uwima... y así hasta 270 nombres de todo el mundo. Reporteros Sin Fronteras (RSF) recordó ayer que 149 informadores y 112 ciberdisidentes cumplen condena en condiciones infrahumanas por "divulgar informaciones molestas, reclamar respeto por las libertades individuales o negarse a someterse a la censura".
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Malén Aznárez, vicepresidenta de la sección española de RSF, denunció su situación y reclamó atención para que estas víctimas de la censura no sean condenadas a una segunda cárcel, la del olvido. Así, explicó la importancia de avergonzar a los Gobiernos que retienen a estos periodistas que, según Aznárez, "muchas veces son muy bien tratados por intereses económicos por los países occidentales".
La lista del "deshonor", como la llamó la vicepresidenta de RSF España, la encabeza el paladín de la represión: China. Irán y Eritrea le siguen y Cuba, por primer año, se cae de este "miserable ranking", por la liberación de los 53 presos políticos arrestados en 2003 en la llamada Primavera Negra. Pero todavía quedan 13 disidentes, entre los que se encuentran tres reporteros, Pedro Argüelles Morán, Héctor Maseda Gutiérrez e Iván Hernández Carrillo. Ayer sus compañeros Ricardo González Alfonso, Miguel Galbán Gutiérrez y Fabio Prieto Llorente pidieron justicia desde su recién estrenada libertad. Una libertad que calificaron de "destierro" porque el Gobierno de La Habana sólo les permite ser libres fuera del suelo cubano.
"La sociedad de mi país está enajenada, vive a base de represión y de propaganda mentirosa del Gobierno", lamentó Prieto y denunció que estas liberaciones no son sinónimo de apertura, sino de "reacomodo" del régimen de Raúl Castro, que a su juicio, "es igual o peor" que el de su hermano, Fidel. Para este disidente cubano el Gobierno pedía cadena perpetua, pero un juez "benévolo" le condenó a 20 años de cárcel. Durante siete años vivió encarcelado en una celda minúscula, oscura y aislado del resto de presos. Pero ésta, según recalcó, no es la historia más dramática. La más dura, la más heroica es la que aún sufre su colega Pedro Argüelles Morán. "Él sí que es un héroe", dijo con voz entrecortada, mientras explicó la "penosa" situación por la que está pasando este periodista cubano, otra víctima "colateral" del Gobierno de los Castro.
Él también formaba parte del Grupo de los 75. Fue detenido el 18 de marzo de 2003 y condenado a 20 años de prisión. Pero no aceptó su liberación. "Prefirió no vivir en el destierro. Quería trabajar en Cuba, pero su deseo le devolvió a la cárcel", lamentó su compañero.
Apoyo a Assange
Situaciones de vergüenza que no solamente se dan en Cuba y que se asemejan, según denunciaron ayer, a la que está viviendo el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. "Si no le apoyamos en el aspecto informativo, somos tan cómplices como cualquier Gobierno cómplice de la censura", reivindicó Prieto.
EL Gobierno chino está desorientado por el premio Nobel que ayer recibió Liu Xiaobo: años de propaganda comunista en China y dirigida al resto del mundo resultan de repente inútiles. El Partido trataba de persuadirnos de que los chinos solo aspiraban al desarrollo económico, de que alababan al régimen por la tasa de crecimiento, que no deseaban la democracia y que esta idea era occidental y ajena a la civilización china. Sin embargo, Liu Xiaobo lleva veinte años diciendo lo contrario y es totalmente chino: no es un invento de Occidente, sino un ilustrado clásico, arraigado en una antigua tradi...
Liu "ha sido sentenciado a un largo encarcelamiento por expresar pacíficamente sus puntos de vista sobre las reformas políticas en China. Reitero mi llamamiento para su liberación inmediata", afirmó Ashton en un comunicado.
En este día "dedicado a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo", la jefa de la diplomacia europea señaló que sus pensamientos están con Liu, condenado a once años de prisión por ser coautor de la llamada "Carta 08", un documento que pide la democratización de China.
También el presidente del Parlamento Europeo (PE), Jerzy Buzek, reclamó la liberación de Liu y su mujer (en arresto domiciliario). "Es un día triste para los derechos humanos", apuntó Buzek en relación a la "silla vacía" que esperaba a Liu Xiaobo en la ceremonia de entrega del Premio Nobel, en Oslo.
"Debemos mantenernos firmes contra la regresión, relativización y regionalización de los derechos humanos", añadió el presidente del PE, quien subrayó que "los valores humanos básicos deben ser respetados para todas las personas sin importar su religión, cultura o sistema político bajo el que viven".
El periodista cubano Guillermo Fariñas no podrá recoger el premio Sajarov que le otorgó el Parlamento Europeo porque el Gobierno cubano no ha iniciado los trámites para la emisión de su permiso de salida de la isla, informó a Europa Press la madre del opositor, Mercedes Hernández.
Mis hijos me dicen continuamente que estoy obsesionada con su educación, con sus calificaciones, con que lean y lo cierto es que es verdad. Me importa muchísimo su formación, pues no hay día que no me venga a la cabeza las palabras de mis padres: "Hijos, la herencia que nosotros os hemos dejado es vuestra educación. Creemos que ha sido nuestra mejor inversión". Y lo que funciona para una familia, debería funcionar para una ciudad, región o país. Pues esto que parece tan obvio, no debe estar en claro.
El suspenso de la educación española –con los últimos datos del Informe PISA– vuelve a ocupar los titulares de los medios de comunicación. Ahora bien, dicho esto, creo que estos resultados se deben matizar. Me paso la vida discutiendo con mi amigo Roge sobre si las medias sirven para algo, pues se engloban dentro de un mismo resultado situaciones muy distintas. Me explico: si uno hace un estudio pormenorizado de este informe, no todas las comunidades autónomas de España suspenden, y teniendo en cuenta que la educación es una competencia que está completamente descentralizada, todo parece indicar que distintos modelos educativos tienen diferente éxito.
Los datos ponen de manifiesto que la España de las dos velocidades también tiene su reflejo en la educación. Mientras las regiones del norte del país obtienen resultados por encima de la media de la OCDE –así se observa que Madrid o Castilla y León están a la misma altura que los países mejor situados en el ranking, como Países Bajos o Reino Unido– las regiones del sur de España están muy por debajo de la media de la OCDE.
Igual que mis padres decidieron invertir en nosotros y no en coches maravillosos en su momento, algunas regiones como la Comunidad de Madrid han decidido apostar en serio por la educación (colegios bilingües, mayor reconocimiento al esfuerzo) como motor del crecimiento futuro, mientras que otras como Andalucía se han decantado por lo fácil, ordenadores de relumbrón pero con pocos retornos. Y si no, a los hechos me remito…
¡Especuladores, llévense su dinero de España cuanto antes!
La situación económica europea actual es tremendamente delicada. El rescate de Grecia y la insolvencia de Irlanda han puesto de manifiesto la verdadera viabilidad de las economías periféricas, los llamados PIIGS. Portugal parece ser el siguiente en declarar su insolvencia y la situación con España es incluso más crítica, ya que la magnitud de este rescate sería difícilmente abordable por el resto de los socios europeos.
Pocos se fían ya de las finanzas de los PIIGS, en especial la de España. El tan cacareado Fondo de Rescate de 750.000 millones de euros se presenta como insuficiente para salvar la situación española. En realidad, este Fondo no llegaría ni a unos 350.000 millones de euros en caso de tener que rescatar a España.
Poco ha tardado el Ejecutivo en culpar a los especuladores de todos los males de España y en hablar del famoso "ataque especulativo", que encarece la deuda y desestabiliza los mercados. Cualquier cosa antes que admitir su responsabilidad. Como si los problemas de España viniesen de tener unos puntitos más de deuda… En fin, que ya sabemos que para el gobierno todo aquel que compra deuda nacional es un inversor, y todo aquel que la vende o no compra es un malvado especulador que quiere hundir a España.
En realidad, sí que dependemos de los inversores/especuladores. Son los únicos que pueden salvarnos. ¿Cómo? ¿Comprando deuda nacional? No, todo lo contrario: llevándose su dinero de España inmediatamente. Cuanto más rápido, mejor. Ya tardan.
Hay dos principales motivos por los cuales esta huida de capitales sería un beneficio para todos.
El primero, porque es imprescindible dejar de financiar los despilfarros del gobierno español con cargo a nuestra riqueza. Es necesario que los inversores protejan el dinero y la riqueza de los depredadores estatales. Más adelante, cuando los tiempos les sean más propicios, podrán volverlo a traer, invirtiendo en España y enriqueciéndonos a todos. Pero ahora hay que evitar a toda costa que el gobierno siga dilapidando su riqueza para cumplir con sus objetivos partidistas, electoralistas y particulares, que no coinciden especialmente con los de los ciudadanos de a pie. En el momento en que una gran parte de inversores huya de España, al gobierno no le quedará más remedio que fomentar medidas que reviertan la situación: menos impuestos, menos burocracia, menos regulación y más seguridad jurídica.
El segundo y no menos importante motivo por el cual los especuladores deben abandonar sus inversiones en España es que de esta manera se forzaría al gobierno a realizar verdaderos cambios estructurales ante la amenaza de poder quebrar. Cambios que incluso un gobierno populista como el actual no podrá evitar. Ya hemos visto algunos de ellos, como la supresión de los ministerios de Vivienda e Igualdad. Cosa que parecía imposible estando un Ejecutivo tan marcadamente socialista como el actual en el poder. Pero no ha tenido más remedio. Y es que el actual Estado del Bienestar es insostenible. Simplemente. Sólo puede perpetuar sus crecientes funciones mediante más deuda y más afán recaudatorio… hasta la quiebra definitiva del país (ya se sabe que en algún momento las deudas se tienen que pagar con riqueza real). Así que la única salida que tendrá si no recibe financiación extra será limitar sus funciones si no quiere entrar en default.
Lamentablemente, esta parece ser la salida que nos queda a los españoles: que los inversores ayuden a que los Estados se limiten.
"Profundizar en estas áreas es esencial para la prosperidad de la economía", dijo Trichet, quien además añadió que las reformas estructurales son también "importantes" para que los países de la zona euro cumplan con su compromiso de déficit este año y el que viene. Trichet hizo esta consideración durante una comparecencia conjunta con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, organizada para dar a conocer las conclusiones del "V Seminario de Alto Nivel del Eurosistema y los Bancos Centrales de América Latina" que se celebra en Madrid.
Durante su intervención y en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, el presidente del BCE explicó que España es uno de esos países que debe cumplir con el objetivo de consolidar el déficit, aunque "no es el único". "Cumplir con el objetivo de consolidar el déficit público es algo muy importante", dijo Trichet, quien además manifestó que este propósito va apoyado por decisiones, es decir, por las reformas estructurales, algo que en su opinión "es importantísimo para aumentar el potencial de crecimiento".
A este respecto, añadió que en España ya se han tomado "importantes decisiones", como las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno, pero matizó que se debe profundizar en la del mercado laboral y la de las pensiones, prevista para el 28 de enero. Trichet también destacó que desde la creación de euro, ha habido economías que han crecido más rápidamente que otras.
Al principio aseguró, "España iba muy deprisa y Alemania muy despacito" y ahora que hay un ajuste o una vuelta al equilibrio, España crece más despacio y Alemania más deprisa. Esto, según el presidente del BCE, "es bueno para todos", ya que gracias al crecimiento de algunos países, otros pueden recibir ayudas. "Aunque eso no quiere decir que nos quedemos dormidos en los laureles", apostilló el presidente del BCE.
Preguntado por el aumento de la inflación en Alemania, Trichet manifestó que el BCE está garantizando la estabilidad de precios en toda la zona euro, y que esta "responsabilidad" la está cumpliendo desde el año 1999, algo de lo que dijo sentirse muy orgulloso. En este sentido, añadió que todas las decisiones del BCE van en esa dirección y mostró su confianza en que este objetivo se mantendrá en los próximos diez años.
Pasados los momentos más álgidos del caos provocado por el conflicto de los controladores aéreos, y alejándonos del debate acerca de la repuesta del Gobierno centrada en la declaración del estado de alarma (de su constitucionalidad, de su proporcionalidad), es hora de reflexionar sobre las enseñanzas que podemos extraer de los acontecimientos. El desarrollo de los mismos, en efecto, pone de manifiesto algo que la algarabía en torno a las circunstancias que han acompañado al cierre del espacio aéreo y a sus consecuencias impide ver. Y que muchos, además, están interesados en no ver.
En primer lugar, que estamos en presencia de un conflicto clamorosamente mal gestionado por las dos partes del mismo. En este caso, dada la naturaleza del trabajo desarrollado por los controladores, por una parte, y el carácter público de su empleador, por otra, se manifiestan con particular intensidad las características del moderno conflicto industrial. En este, en muchas ocasiones, las empresas tienen una clara posición de superioridad a medio y largo plazo, pero son también mucho más vulnerables en el corto plazo. Eso permite a los sindicatos ganar, por regla general, las batallas, pero les exige usar con moderación su capacidad de presión a corto plazo, porque el exceso de presión puede conducirles a perder la guerra.
Eso es lo que revaloriza el papel de la colaboración en las actuales relaciones laborales y lo que ha provocado el declinar del conflicto como instrumento fundamental de actuación en las mismas. Los representantes de los controladores no han sabido dosificar su capacidad de presión, han creído que ganando las sucesivas batallas ganarían la guerra y han minusvalorado las posibilidades de reacción de la otra parte. Por eso, han ido de victoria en victoria hasta la derrota final. Por su parte, las autoridades públicas, empresariales y políticas, no han sabido gestionar su posición de superioridad a medio y largo plazo y han creído erróneamente que esa superioridad debería también manifestarse en el corto plazo. Y ahora se encuentran ante una victoria obtenida por procedimientos excepcionales y que va a resultar muy complicada de administrar.
En segundo lugar, y en lo que se refiere más específicamente a nuestras relaciones laborales y a su marco legal, el conflicto pone de manifiesto algunos de los males fundamentales de nuestra negociación colectiva. Los controladores aéreos tienen, en sus planteamientos, no en cuanto a la actuación en estos días, un punto de razón: las condiciones laborales de las que disfrutaban las tenían porque alguien, con competencias para ello, se las había reconocido.
Habría que plantearse cómo se llegó al convenio colectivo del año 1999, cómo se han producido las concesiones que se han producido y por qué ha sido imposible renovar el convenio colectivo y racionalizar sus contenidos. La respuesta a todas estas cuestiones está en nuestro sistema legal de negociación colectiva, que consagra un aberrante valor normativo de los convenios colectivos y una no menos aberrante vigencia ultraactiva de sus contenidos, cuya aplicabilidad se mantiene hasta tanto sean sustituidos por un nuevo convenio.
Esto determina que sea muy difícil renovar los contenidos convencionales y que los planteamientos negociadores sindicales pasen siempre por mantener lo ya adquirido y añadir nuevas conquistas laborales. Eso explica, al menos en parte, la hiperregulación y la rigidez de nuestras relaciones laborales y la continua pérdida de competitividad de nuestra economía. Y, por supuesto, la intensa destrucción de empleo que tiene lugar en la misma. Muchas empresas están hoy atrapadas en la misma ratonera convencional en la que se encontraba Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Por último, en tercer lugar, carece ya de cualquier justificación la falta de regulación del ejercicio del derecho de huelga. La pasividad legislativa al respecto ha consagrado una irritante situación de privilegio de sindicatos corporativos, arraigados en el sector público de la economía y en empresas encargadas de la prestación de servicios públicos.
En una sociedad compleja y vulnerable, en la que pequeños grupos de trabajadores tienen una capacidad de presión exorbitante, el legislador ha de marcar las reglas del juego. Y el papanatismo hiperprotector del derecho de huelga, propio de recién llegados a la democracia, no deja de ser, por engolada que resulte su proclamación, una farsa y tiene que ser abandonado.
Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo. Socio de Garrigues
Hay cuatro formas de relación con los problemas: crearlos, ignorarlos, resolverlos y evitarlos. Parece probado que el Gobierno de ZP ni resuelve ni evita problemas. Así que lo que les queda es crearlos e ignorarlos. Zapatero dice que decretó el estado de alarma para restablecer la normalidad. O sea, que cuando decrete el estado de normalidad, se dispararán las alarmas. Que la normalidad se imponga en los aeropuertos significa volver a la rutina. Es decir, que se sigan perdiendo las maletas, que los vuelos se retrasen por causas que nadie acierta a explicar, que haya cancelaciones por la huelga de pilotos o del personal de tierra y que ir desde Barajas a la T-4 se valide como un trecho del Camino de Santiago... En fin, una jornada normal en un aeropuerto español.
La normalidad es un valor en alza. Hasta el presunto socialista José Montilla presume de ser el increíble hombre normal. Aquí todo el mundo puede reivindicar la normalidad, salvo Intereconomía, pues si lo hace, el ministro Sebastián le calza una multa.
LA GACETA adelantaba ayer el desarrollo de la comparecencia de Zapatero para marcar la diferencia entre su gestión y sugestión. Y lo hacía, este periódico, indicando que la sesión parlamentaria comenzaría "con una explicación inicial de Zapatero y le seguirán los grupos parlamentarios, EMPEZADO por Mariano Rajoy". Más vale estar empezado, como Mariano Rajoy, que acabado, como Zapatero.
Mariano visitó la hemeroteca para recordar los adjetivos, "inútil total con dosis importantes de caradura", que Rubalcaba dedicó al ministro del PP Arias Salgado por retrasos ocurridos en algunos aeropuertos. Si leves demoras sirven para calificar al ministro de inútil y caradura, lo ocurrido estos días es para poner verde a Blanco.
Rajoy tiró primero la frase, como el que arroja un hueso a un perro hambriento y, después, puso nombres y apellidos a su autor, aunque a esas alturas todos miraban ya a Pepiño.
El Ejecutivo no ha aclarado si estirará el estado de alarma. También puede optar por instaurar el estado que mejor le venga, como el inspirado en la filosofía Pajín, "estado que me sale de los cojones", que puede abreviarse como "estado de cojones". Tal estado puede definirse como la aplicación de decisiones basada en los niveles de "testiculina" del que ordena y manda, lo cual, además de inútil, resulta peligroso. Estando en estado de alarma, es lógico que Zapatero se sienta un gran estadista. De cojones.
A José Luis Rodríguez Zapatero le pasa como al tripartito: que ya no tiene vuelta de hoja. Con Montilla llegó un momento en el que ni su supuesto suelo le salvó de la derrota. Y la prueba de que con Zapatero pasa lo mismo, es que Duran i Lleida ha acudido ya en auxilio de Rajoy. Ver al socialcristiano nacionalista defendiendo al Partido Popular de las insinuaciones miserables de Gaspar Zarrías es la evidencia definitiva; al igual que cuando los de Esquerra empezaron a colgar sus currículos en Internet, como les conté hace unos meses.
Ciertamente, Rajoy, a quien la que suscribe ha reprochado en no pocas ocasiones su exceso de Teledeporte y de lectura de las páginas del Marca, estuvo muy bien. Y no sólo por el requiebro parlamentario para dejar como lo que son a Blanco y a Rubalcaba, sino porque puso de manifiesto que existe una diferencia entre culpables y responsables políticos. Se le puede criticar que no incidiera algo más en la indefinición del Gobierno a la hora de aclarar si el estado de alarma va a continuar o no, pero, en general, dijo lo que se esperaba de él.
Lo más importante es que el Gobierno sabía que iba a ocurrir esto y no lo evitó; lo solucionó, y bien está, pero no lo evitó. Se sabía lo de los controladores de Santiago de Compostela. Hasta Ana Rosa Quintana ha confesado que tuvo un soplo y que, por eso, adelantó su viaje a Nueva York al jueves. Y en cambio, el Gobierno dejó que cientos de miles de personas se vieran atrapadas en la ratonera en la que se convirtieron los aeropuertos españoles. La solución fue correcta, pero siendo la actuación de los controladores una salvajada, se debía haber evitado.
Rajoy, en coherencia con lo que ha dicho hoy, no tiene otro remedio que aprobar el primer día de su futuro Gobierno una ley de huelga que diga, por ejemplo, que la huelga está prohibida para determinadas profesiones y en determinados sectores. También debe comprometerse a que la próxima vez que los sindicatos cierren el Metro de Madrid se haga con ellos lo mismo que Zapatero con los controladores.
Los nuestros mienten con descaro y los de tierras afectas a la Reforma hacen gala de una hipocresía que revuelve el estómago al más cínico de los comensales. En democracia, para bien o para mal, los políticos son expresión de la sociedad que los vio nacer.
El Gobierno ultima los preparativos para solicitar la prorroga del estado de alarma, decretado el pasado sábado en medio del caos aéreo y aeroportuario de nuestro país. El plazo expira el próximo domingo 19 y, tal y como adelantó ayer LA GACETA, el Ejecutivo quiere que en su reunión habitual de todos los viernes quede prorrogado ya el estado de alarma. El vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó ayer la puerta abierta a esa medida, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Nada más terminar su comparecencia fueron fuentes del Palacio La Moncloa las que anunciaron que, "de haber prórroga, el Gobierno la solicitará al Parlamento mediante el Consejo de Ministros. Vamos, que habrá no una, sino dos reuniones del Gabinete durante la próxima semana. Una para comunicar al Parlamento su intención de pedir la prórroga del decreto 1673/2010 y otra para sancionarlo una vez que lo hayan aprobado las Cortes.
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Asimismo, la portavoz de Consumo del PP en la Cámara alta, Carmen Riolobos, ha registrado una pregunta oral en comisión por la que reclama al Gobierno aclaraciones sobre el número de usuarios de líneas aéreas afectados y en qué medida se han visto perjudicados por esta causa.
Riolobos ha indicado que "es lamentable la desaparición de Leire Pajín, en su calidad de responsable de Consumo, durante la crisis que ha afectado a cientos de miles de ciudadanos atrapados en numerosos aeropuertos". La portavoz 'popular' ha calificado a Pajín de "cobarde e irresponsable" por "marcharse de puente mientras las crisis aérea afectaba a cientos de miles de consumidores".
"Resulta increíble que una semana después todavía no haya realizado ninguna declaración ni ninguna actuación en defensa de los derechos de todos los ciudadanos perjudicados. Es lamentable que se haya marchado de puente, mientras que miles de personas se quedaban sin el, haciendo dejación de sus funciones como máximo responsable de los consumidores", ha alertado en un comunicado
El portavoz de USCA César Cabo ha asegurado este viernes que los controladores trabajan "bastante mejor" militarizados que bajo las órdenes de AENA y que el trato recibido por parte de los militares está siendo "respetuoso".
"AENA, como era juez y parte, decidía con menor precisión los aviones que cabían por ruta", ha afirmado en una entrevista a El Periódico de Catalunya.
Cabo reiteró que los controladores "no tenían la intención de hacer una huelga", pero que tras reunirse en asamblea y analizar el decreto aprobado por el Ministerio de Fomento, y al ver que se añadían más horas de trabajo y no se contaban las horas de baja de maternidad o por motivos de salud, el colectivo "se incendió".
"Se creó un clima que no era el idóneo para controlar aviones, muchos no se encontraban en condiciones, como cualquier trabajador que repentinamente se encuentra mal", ha explicado, para aclarar que los controladores que se encontraban reunidos en un hotel de Madrid estaban en asamblea y "fuera de turno".
El portavoz de USCA ha insistido en que fue AENA la que decidió cerrar el espacio aéreo cuando "muchos seguían trabajando". "Sin el decreto esto no hubiera ocurrido, no habría habido falta de plantilla y habría salida más del 95% de los vuelos, ya que cuando se decidió el cierre trabajaba más del 70%", ha afirmado.
Cabo se preguntó por qué Fomento no expedientó directamente a los controladores de Santiago y se decidió en cambio a sacar el decreto justo el día 3 de diciembre. "El Gobierno tenía la militarización preparada", opinó.
Preguntado por la presentación masiva de bajas injustificadas, Cabo indicó que habría que probar antes que esto ha sido así y recordó que la Fiscalía ya abrió en verano diligencias por este motivo y la inspección médica "no ha detectado ni una sola".
"Es un buen sueldo, que no llega a los 200.000 euros anuales, pero la situación laboral es asfixiante (...) y eso es lo que ha provocado esta explosión, desproporcionada y terrible", ha señalado.
Sobre la situación a la que se enfrenta ahora el colectivo a partir de ahora, con penas de hasta ocho años de cárcel, Cabo apuntó que habrá que ver cómo evoluciona el proceso y "afrontar las consecuencias".
"Una reacción desmedida, que no se repetirá"
Tras reconocer que los que más han perdido han sido los usuarios, a quienes pidió de nuevo disculpas, admitió que se les ha puesto una trampa en la que han caído.
"Ha sido terrible lo ocurrido, fue una reacción desmedida que no se repetirá, pero la gente debe entender que algo muy gordo nos ha inducido a una situación casi de suicidio colectivo. Una profesión no da este salto al vacío porque sí", ha defendido.
No obstante, aclaró que no se pueden confundir privilegios con derechos y apuntó que en 1999 había un 40% menos de aviones que ahora y que la plantilla no ha crecido en consonancia. "No han sabido resolver el problema formando a más controladores, lo han intentado a base de decretazos y poniéndonos a trabajar a capón", agregó.
Finalmente, consideró que Fomento y AENA también son responsables de lo ocurrido. "Se nos ha usado para que no se hable de la privatización de AENA, ni de la retirada de los 426 euros a los parados. Hemos sido el chivo expiatorio ante la sociedad", concluyó.
Quienes desde la oposición prefieren el fervor entusiasta de los afectados que se han quedado sin sus merecidas vacaciones al respeto a la más estricta legalidad cometen un gravísimo error por no denunciar al Gobierno.
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