Actualizado el 23 de Marzo de 2008, a las 20:57
QUÉ HARÁ CON LA JUSTICIA EN SU SEGUNDO MANDATO
De la Ley a la Ley, pasando por Zapatero
El presidente tiene prisa por tomar posiciones en la Justicia. No ha esperado a ser investido para transmitir sus propósitos. Lo ha hecho esta semana, a través de una instrucción del fiscal general del Estado y de un globo sonda en El País.
Los fiscales ya pueden dirigir a la Policía sin control de los jueces, y el Gobierno quiere reformar el CGPJ para intervenirlo y nombrar una gestora cuando el mandato en funciones se prolongue "demasiado tiempo".
El control judicial del cambio de régimen político y la eventual persecución de opositores se perfilan como objetivos del asalto final a la Justicia. Libertad Digital repasa los antecedentes de ese proceso, para conocer mejor lo que dará de sí.
LD (V. Gago) El Gobierno ha emitido los primeros signos de las posiciones que piensa tomar en la Administración de Justicia durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La Instrucción del Fiscal General del Estado a sus subordinados para que ordenen diligencias a la Policía Judicial, aunque exista una instrucción judicial abierta, y el globo sonda lanzado a El País sobre una reforma legal que permitirá al Gobierno intervenir el Consejo General del Poder Judicial cuando éste se encuentre en funciones, son dos señales muy claras de la importancia que el Gobierno del PSOE va a dar al control de la Justicia en los próximos años. La prioridad está totalmente justificada. Sin el apoyo de decisiones judiciales favorables, los pilares del proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero no aguantarán.
El Estatuto de Cataluña, la reforma del Estatuto vasco –incluida la probable creación de un órgano de co-gobierno con Navarra–, la imposición lingüística de los nacionalistas, la eventual persecución policial y judicial de elementos opositores como periodistas o plataformas cívicas,... todos los resortes del cambio indoloro de régimen pasan por recortar la independencia de los jueces y fiscales, y por eliminar los últimos escrúpulos legales para usar a la Policía como instrumento contra la Oposición.
El modelo de Zapatero consiste en ir de la Ley a la Ley para reformar el sistema como le exigen sus fáusticos socios. A diferencia de la Transición, ahora el cambio no llegará por un acuerdo de la sociedad, sino para la exclusión de la mitad de ésta a manos de la hegemonía cultural y política de la otra mitad.
El experimento con la Justicia ya se ha intentado durante el anterior mandato, y ahora recibirá un impulso a gran escala para garantizar, hasta donde el poder del Gobierno pueda manipular las instituciones, el respaldo legal a las operaciones básicas del cambio de modelo político: Estatuto de Cataluña, evolución hacia un Estado Libre Asociado en el País Vasco –con Navarra dentro, probablemente–, negociación con ETA sobre los presos, aislamiento o, en su caso, criminalización de periodistas, líderes de movimientos cívicos y cualquiera que se oponga con cierto éxito al Gobierno.
Las primeras medidas y anuncios son harto elocuentes, en esa dirección. Convertir a los fiscales, que dependen jerárquicamente de un superior nombrado por el Gobierno, en instructores policiales fuera del control de los jueces abre la puerta a detenciones-espectáculo. No hay nada nuevo en ello. El Gobierno ha venido practicando el escarnecimiento policial y judicial contra opositores –cargos públicos del PP y simples afiliados del PP, el presidente de la principal asociación de víctimas del terrorismo, periodistas,...– durante el anterior mandato.
Con nuevos poderes policiales en manos del fiscal general del Estado, no cabe sino esperar que esa tendencia se acentúe a medida que el cambio de régimen de la Ley a la Ley lo demande para erradicar obstáculos legales y políticos.
La otra medida anunciada esta semana es aún más explícita de su intencionalidad política. Según El País, el Gobierno prepara una reforma legal para poder intervenir directamente el Consejo General del Poder Judicial bajo determinadas condiciones, entre otras, que sus miembros hayan concluido el mandato y se encuentren en funciones durante "demasiado tiempo".
El Gobierno podrá disolver el CGPJ y nombrar una comisión gestora de cinco miembros, una vez vencido un plazo determinado del mandato en funciones. De creer lo anunciado por el diario pro-gubernamental este sábado, la reforma eliminará, en la práctica, la independencia judicial y la separación de poderes del Estado. El mandato en funciones de los miembros del CGPJ es una atribución contemplada expresamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial (Artículo 115.2) y no reviste ninguna anomalía, desde el punto de vista de la legitimidad y operatividad del Gobierno de los Jueces.
El Gobierno quiere limitar el mandato en funciones de los jueces, no para reforzar su independencia, sino para intervenirlo directamente con una comisión gestora. Todo un aviso de lo que le espera a las instituciones de la Justicia en los próximos años. Para hacerse una idea ajustada de lo que puede dar de sí otro mandato de Rodríguez Zapatero en la calidad del Estado de Derecho, basta con repasar algunos antecedentes significativos de los últimos cuatro años:
DETENTIONES CON PRUEBAS FALSIFICADAS POR POLICÍAS
El lunes 24 de enero de 2005, Isidoro Barrios y María Antonia de La Cruz, un jubilado y una ama de casa de Majadahonda afiliados al PP, fueron detenidos por sorpresa, cuando se encontraban en comisaría declarando voluntariamente por una falsa denuncia del entonces ministro de Defensa, José Bono, que aseguró haber sido víctima de una agresión durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo celebrada en Madrid dos días antes.
Se falsificaron pruebas y se manipularon testimonios para incriminar a los dos militantes del PP, según se demostró en el juicio por detención ilegal contra Rodolfo Ruiz, comisario jefe de la Brigada de Información de Madrid; Javier Fernández, inspector jefe y José Luis González, inspector.
DETENIDO SIN ORDEN JUDICIAL
El miércoles 23 de enero de 2007, hacia las 9 de la mañana, agentes de la Policía Nacional llamaron a la puerta del domicilio de otro alcalde del PP para detenerlo. No estaban solos. Como en otras ocasiones, las cámaras de la agencia Efe y de TVE fueron oportunamente convocadas para servir la primicia a todo el país.
La Brigada de Información dirigida por la comisario María Concepción Vega Camaño, antigua asistente de Seguridad de Felipe González en La Moncloa, culminaba así una operación contra la corrupción urbanística que incluyó el espionaje telefónico al presidente de la Comunidad Autónoma y a su consejero de Medio Ambiente. El alcalde pasó 24 horas en los calabozos policiales, sin saber de qué se le acusaba y sin poder explicarse, mientras en el exterior, la Prensa divulgaba todos los datos de la investigación policial.
Otros cargos públicos del PP antes y después que él no tuvieron tanta suerte y fueron retenidos hasta 72 horas entre juicios paralelos alentados por las filtraciones policiales. Cuando, ya en libertad con cargos, el político pidió formalmente ver la orden judicial de su detención, el juez le contestó que no podía enseñársela porque no hubo tal orden. Pocos días después de la operación policial, el PSOE lanzó oficialmente al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, como candidato a la Presidencia autonómica de Canarias. El político del PP detenido sin orden judicial era Francisco González, alcalde de Mogán (Gran Canaria), y hoy sigue a la espera de un juicio, lo que no le ha impedido presentarse en las pasadas Elecciones locales y volver a ser elegido por mayoría absoluta.
EL COMITÉ MUNDIAL DE LIBERTAD DE PRENSA, EN ALERTA POR ESPAÑA
El 5 de diciembre de 2007, el entonces director de La Razón, José Alejandro Vara, fue condenado a seis meses de cárcel por no destacar en la portada del diario una rectificación. La petición de la pena partió de la Fiscalía y el juez la hizo suya. Casi al mismo tiempo, la Fiscalía solicitaba fianza de 700.000 euros para dos periodistas de El Mundo que habían investigado un caso de espionaje en la Junta de Andalucía, en el que estaría implicado el presidente Manuel Chaves. Las pruebas contra este político, mientras tanto, desaparecieron del juzgado.
El Comité Mundial de Libertad de Prensa denunció el intento de usar la Justicia para censurar a periodistas críticos con el Gobierno.
EL ESPECTÁCULO DEL TC
La noche del sábado 10 de mayo de 2007, en el límite del plazo para el cierre de las inscripciones electorales, el Tribunal Constitucional bendijo las listas de ANV-ETA que el Gobierno decidió no impugnar para cumplir su parte del acuerdo con la banda terrorista, forjado en reuniones secretas posteriores al asesinato de dos ecuatorianos en la terminal del Aeropuerto de Madrid Barajas, el 30 de diciembre de 2006.
Una semana antes, el 5 de mayo de 2007, el Tribunal Supremo había observado la incongruencia de pedir la prohibición de la mitad de las listas electorales y hacer la vista gorda a la otra mitad, como hizo el Gobierno.
El Constitucional no sólo dio por buena la decisión del Gobierno, sino que enmendó la plana al Supremo, señalando que habría sido "desproporcionado" prohibir todas las listas. Este comentario, que proporcionó al Gobierno un valioso aval a su política de cesiones encubiertas a la banda terrorista, dividió a los magistrados. Luego se supo que su inclusión en el texto de la sentencia obedeció a "un error informático", pero su utilización por el Gobierno como argumento de legitimidad ya era un hecho y, además, la Presidencia del TC nunca llegó a retirar ese comentario de la sentencia consolidada.
LOS ALBERTOS, UNA ESTAFA CON BULA
El martes 19 de febrero de 2008, el Tribunal Constitucional anula la condena a tres años y cuatro meses de prisión que el Supremo impuso a Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor.
Según quedó probado en la sentencia, Los Albertos estafaron a sus socios en Urbanor más de 3.000 millones de pesetas durante la venta de la sociedad a la kuwaití KIO. El TC consideró que el delito había prescrito cuando se presentó la querella contra Los Albertos, el 6 de enero de 1993.
En su voto particular, el magistrado Ramón Rodríguez Arribas advirtió que el TC puede haber invadido competencias interpretativas de la jurisdicción ordinaria sobre la prescripción de los delitos. También señaló que la doctrina del Constitucional podría sentar un precedente de impunidad de las infracciones penales probadas.
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